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Elecciones en Honduras: entre “profundizar el autoritarismo” o “restaurar la democracia”



Este domingo 28 se celebrarán elecciones generales en Honduras que marcarán la “continuidad del actual régimen político autoritario o su sustitución por un nuevo régimen que restaure la democracia y abra una nueva fase en la historia política del país”, señala el último informe de Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) de Honduras. Esta organización no gubernamental (ONG) es una de las referencias nacionales en relación a estudios de opinión pública, investigación y análisis en el país.

Según Gustavo Irías, Director Ejecutivo de Cespad, el resultado de las elecciones podría poner fin a doce años continuos de gobierno del conservador Partido Nacional de Honduras que se instaló a partir del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. En aquel momento, una alianza de sectores empresariales hondureños junto a las Fuerzas Armadas y el apoyo de Estados Unidos, derrocaron a Manuel Zelaya que, habiendo sido elegido por el Partido Liberal, inició un giro hacia la izquierda durante su gobierno que no pudo terminar. “Desde entonces, el Estado ha sido un botín para drenar sus recursos, evadir cargas fiscales y utilizar sus aparatos represivos en función de sus intereses. Es una élite inmensamente rica que ha construido un país con la mayor pobreza y desigualdad de toda Latinoamérica”, asegura Irías.

A partir del golpe de Estado, según Cespad, “se ha producido un proceso de remilitarización del Estado y la sociedad. Los militares se posicionaron, nuevamente, como el actor central en la gestión pública, rol institucionalizado a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Un aspecto central es que la seguridad pública ha sido militarizada por medio de la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que, con una periodicidad inicialmente temporal, ha terminado copando, de manera permanente, las tareas de seguridad”.

Asimismo, el informe señala que “se ha generado la concentración de todos los poderes del Estado en el Ejecutivo. Esta concentración, en principio, ha operado mediante la llamada Ley para la Optimización de la Administración Pública una normativa por la cual el Congreso Nacional ha renunciado a funciones propias, delegándolas al Ejecutivo, entre ellas, la potestad de “creación, modificación o suspensión de las Secretarías de Estado o de los Organismos e Entidades Desconcentradas”.

La instalación de un narco Estado

“Amparados en la crisis que provocó la ruptura constitucional del 2009, los grupos de narcotraficantes, presentes en el país desde los años setenta, escalaron sus acciones de los espacios locales a la institucionalidad pública nacional, controlando segmentos de esta institucionalidad e influyendo, mediante el financiamiento ilícito, en los resultados de las elecciones nacionales y locales”, asegura el Cespad.

Existen evidencias de que el grupo actualmente en el poder, presidido por Juan Orlando Hernández, ha estado implicado en diversas actividades corruptas, incluso en el tráfico de drogas. En marzo de este año, Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras fue condenado a cadena perpetua por un juez de Nueva York, por introducir 185 toneladas de drogas a Estados Unidos. Según la acusación fiscal esto se realizó con la colaboración de su hermano, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El presidente niega estar implicado, pero la oposición asegura que luego de dejar el gobierno seguramente será formalmente acusado y extraditado.

"Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida", dijo el juez Kevin Castel, quien condenó a Hernández.

Los fiscales del distrito sur de Nueva York aseguraron en su proceso que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue un “socio clave” de su hermano. "El acusado era un congresista hondureño que, junto a su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de narcotráfico violenta y auspiciada por el Estado", escribieron los fiscales al juez antes de la sentencia. Juan Antonio Hernández operaba "con total impunidad" gracias a la protección de su hermano que era el presidente de la República y contribuyó a la "putrefacción" de las instituciones de Honduras, enfatizó el Juez durante el juicio.

De acuerdo al análisis del director ejecutivo del Cespad, “esta dinámica descripta ha reconfigurado la élite hondureña, al grado que un sector de ese segmento, en los últimos meses, ha tomado distancia y ha roto con el actual régimen, formando un entramado en el que han quedado en posición de desventaja para hacer negocios, con reglas del juego de competencia desiguales, en las que los grandes beneficiarios han sido los sectores vinculados a las redes de corrupción. Esta reconfiguración se expresa en la actual disputa electoral, con un sector empresarial que se ha sumado a las fuerzas de oposición, en la apuesta por dar fin al actual gobierno del Partido Nacional”.

Amplia alianza opositora

Para Gustavo Irías, “las elecciones serán un cruce de camino entre la continuidad del actual régimen que ha dominado la gestión del Estado en los últimos doce años y la apuesta por dar fin a la autocracia electoral, en principio, para instaurar la democracia y probablemente iniciar una nueva fase en la historia del país, abocándose a la realización de reformas sustantivas esenciales para hacer frente a la multiplicidad de crisis que padece Honduras”.

Las fuerzas políticas que se enfrentan en las elecciones del domingo 28 de noviembre son prácticamente las mismas que en las últimas elecciones de 2017.

Por un lado, se encuentra el Partido Nacional que aspira a extender su mandato por cuatro años más. Su candidato a la presidencia es Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa, a quién se le considera un continuador de la gestión de Juan Orlando Hernández. El mismo Hernández ha desempeñado un rol muy importante en la promoción de Asfura, mediante la inauguración de obras públicas y un incremento de su papel mediático distribuyendo bonos y otros bienes de consumo de los hogares en situación de pobreza. Por otro lado, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción presentó, a principios del año, una demanda judicial contra Asfura y otros funcionarios municipales por la malversación de caudales públicos, fraude y abuso de autoridad. No obstante, el 1 de junio la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Asfura para que no se continúen con las investigaciones.

Por su parte, la oposición conformó la mayor alianza política en los últimos doce años. La candidata a la presidencia es Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación (Libre) de orientación de izquierda. Salvador Nasralla renunció a su candidatura presidencial por el Partido Salvador de Honduras y se sumó como vicepresidente en la fórmula. A su vez, otros partidos pequeños optaron por apoyar a Libre en lo que se considera como “la más amplia coalición de fuerzas políticas de oposición que se haya gestado en estos doce años de gobiernos del PN”.

Según Irías, “esta alianza va desde una derecha democrática, pasando por el centro, hasta llegar a sectores de izquierda. Su objetivo es dar fin con el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández. Además, los motoriza un programa mínimo que apuntaría a derogar algunas leyes que han desmontado el Estado de derecho, restablecer un ambiente apropiado para la reactivación económica, reformas democráticas del sector salud y educación; vacunación masiva contra la Covid-19 y abolir la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo”.

De acuerdo a la última encuesta de opinión pública publicada por Cespad previo a la veda, Xiomara Castro ganaría las elecciones con un 38% de los votos el próximo domingo. 

Fuente: ARN – Agencia Regional de Noticias. Especial de las elecciones en Honduras