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Reflexiones sobre el financiamiento político y la participación



Por Natalia Arbildo

Discutir el tema de financiamiento en medio de un escenario sombrío para la política, nos parece elemental. Vale la pena cuestionar el sentido de nuestra política actual. La política como toma de decisiones debería significar la cristalización de nuestros ideales colectivos. Sin embargo, hay que preguntarnos: ¿para quién se hace política?, ¿nos viene involucrando y representando a todos? Evidentemente la respuesta de la mayoría de personas sería un rotundo no. Y lo cierto es que nuestra política (entiéndase la política representada en el acceso a puestos de elección popular) está hecha para los más: los grupos empresariales que actúan como lobbies, los privilegiados y los poderes fácticos.

Acceder a puestos de representación política es, en su mayoría de veces, difícil para aquellos que forman parte de poblaciones sin acceso a privilegios: mujeres, indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, personas con discapacidad, LGTBI, etc. Lo cierto es que acceder a cargos de representación política es sumamente caro. En el Perú, de acuerdo a Ojo Público (2016), en los últimos años el costo de las campañas se ha incrementado significativamente, así de 27 millones de soles en el 2006, hemos pasado a 68 millones en el 2016.

Ante tal realidad, aparece un escenario con dos probables opciones: 1) candidatos con gran poder empresarial que desean acceder al poder político para gobernar de acuerdo con sus intereses y consolidar su poder económico; 2) candidatos sin el poder adquisitivo suficiente para solventar una campaña que se hipotecan al mejor financista (financistas que claramente no buscan el beneficio del país, como ya lo hemos visto claramente en el Caso Odebrecht). Es un círculo vicioso, el círculo vicioso de la corrupción. Y es que el sistema político la alimenta.

Sin duda alguna, el financiamiento de la política tiene un impacto real en la democracia. En América Latina, el estudio del financiamiento político se institucionaliza a inicios del siglo XXI, a partir de allí se presta atención a la equidad en la competencia electoral y a los distorsionadores del dinero en la política. La tercera ola democratizadora de América Latina en 1978 trajo consigo reformas y cambios que afectaron partidos políticos, sistemas de gobierno y procesos electorales. 

La tercera ola democratizadora trajo muchos temas de discusión en torno al financiamiento: tipos, limitaciones, transparencia, sanciones, así como el alto riesgo de la infiltración de dinero proveniente de actividades delictivas. Y es que en América Latina existen ciertas características importantes sobre ello, por ejemplo, se sabe que existe una tendencia al aumento de gasto en campañas electorales, en contraste con una disminución de cuotas de afiliados, presencia de dinero proveniente del crimen organizado, entre otros. Obedeciendo a este panorama, es necesario indicar que desde 1978 y hasta la fecha, se han producido avances importantes en torno a la regulación del financiamiento de los partidos políticos y campañas en América Latina, sin embargo, no ha sido suficiente. 

En ese sentido, si la utilización del dinero no es regulada o es mal regulada, se corre el riesgo de introducir distintas modalidades de riesgo: compra de influencias y conflicto de interés, inequidades electorales graves, desarticulación de los partidos y sistema de partidos, pérdida de credibilidad de la regulación del financiamiento político, utilización de financiamiento espurio o ilegal, entre otros. Y estos riesgos no son los únicos, sino que también es casi una certeza que, si no se democratiza el financiamiento, la política continuará siendo un espacio inequitativo y excluyente de ciertas representaciones políticas.

En la mayoría de casos solo participan en política quienes tienen poder adquisitivo o como mínimo quienes tienen necesidades básicas cubiertas. Para graficar esto Rendon (2006), nos indica que: 

•    La desigualdad social influye para que los ciudadanos no participen, porque muchas veces el lenguaje y el discurso de la política no permite el completo entendimiento de lo que el gobierno o los representantes de partidos políticos prometen, es por ello que muchas personas prefieren abstenerse de votar o de participar.

•    El nivel socioeconómico también puede ser un factor indirecto que influya sobre la participación ciudadana, pues, si el ciudadano posee un automóvil o algún otro medio de transporte propio, le será más fácil asistir a eventos tales como mítines, juntas de vecinos, e incluso, asistir a eventos de beneficencia o de ayuda; a su vez, si el ciudadano cuenta con el capital cultural y económico puede darse el “lujo” de asistir a actividades culturales, religiosas, deportivas, políticas, entre otras.

En suma, el financiamiento político es un tema medular pues no solamente abarca los riesgos del dinero ilícito, sino que también, su manejo inadecuado está convirtiendo a la política en una actividad de acceso restringido. De ahí que es revolucionario cuando representaciones populares ingresan a los espacios públicos, pues han roto la regla impuesta y se han hecho de un espacio para representar legítimas demandas. Democratizar el financiamiento, es democratizar la política misma.

 

Natalia Arbildo (Perú) es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Activista social y política enfocada en DDHH y juventudes. Ha sido columnista de Diario Correo, Diario La Industria y Mano Alzada. Exembajadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas. Ha sido secretaria de la Mujer de la Federación Universitaria de Lambayeque. Elaboró el reglamento contra el hostigamiento sexual en la UNPRG. Fundadora de Killa, programa educativo especializado en DDHH e igualdad de género. Es autora del libro Manual de Financiamiento Político.
Twitter: @nataliaarbildop
Instagram: @nataliaarbildop