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Elecciones presidenciales en Colombia 2022: La oportunidad de volver al camino de la paz



 

Por Daniela Castillo 

En los últimos cuatro años, Colombia tuvo un gobierno que no estuvo comprometido con la paz, causando el fortalecimiento del conflicto. Actualmente el país atraviesa una nueva elección presidencial y será el próximo gobierno el encargado de retomar el camino de la paz y cumplir lo pactado en La Habana. 

La paz siempre ha sido y será fundamental para el desarrollo de la humanidad y por esto, se debe entender el valor democrático de la paz y constituirla como un valor, un principio y un objetivo. Si la paz es un valor preciado de la sociedad, defenderla debe ser un principio ético que, al adquirir una forma jurídica, se transforma en un derecho fundamental. 

El 24 de noviembre de 2016, el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC-EP firmaron el Acuerdo Final de Paz (AFP) con el objetivo de ponerle fin a más de cincuenta años de conflicto armado interno que ha dejado más de 260.000 muertos, más de 9 millones de víctimas y un sinnúmero de daños colaterales. El AFP ha significado un cambio político donde ha habido una reconfiguración de la política colombiana, creando agendas y discursos claros, específicamente en aquellos que están a favor o en contra de la implementación del Acuerdo. Paralelamente, el acuerdo ha permitido un cambio social y cultural donde la discusión de la paz y la guerra se han convertido en un debate nacional y referente mundial. 
Para las elecciones presidenciales del año 2018, en Colombia existía un reto muy importante para la agenda de gobierno: seguir implementando el Acuerdo de Paz. El centro del AFP son las víctimas, pero en época electoral, la paz se convirtió más, en una bandera política que muchas veces pasó por encima del dolor de las víctimas y las atrocidades cometidas en el conflicto. Para ese entonces, Iván Duque era candidato a la presidencia por el partido político Centro Democrático, fue uno de los senadores que impulsó la campaña del NO para el plebiscito y en distintos escenarios de su campaña presidencial, afirmó que, si llegaba a la presidencia realizaría cambios estructurales en el AFP. Efectivamente, para agosto de 2018, Iván Duque fue electo como presidente de Colombia y con ello, cuatro años de grandes obstaculizaciones para la implementación del Acuerdo Final de Paz. 

El gobierno Duque no solo tenía la tarea de seguir implementando lo pactado en la Habana, sino también comenzar y fortalecer las mesas de diálogo que se estaban dando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a raíz del Acuerdo con las FARC. En el primer trimestre de su gobierno, Duque hizo trizas las posibilidades de tener un Acuerdo con el ELN, lo cual causó que este grupo armado siguiera en armas, con más reclutamiento, masacres y otras violencias a grandes escalas, acrecentadas en vísperas de elecciones, sin ninguna esperanza de tener el diálogo como el camino de la negociación, al menos por ahora. 

El Instituto Kroc emitió su informe anual en 2021 y allí se evaluaron los primeros cinco años del Acuerdo, de los cuales cuatro han sido del gobierno Duque. El panorama presentado no fue alentador. En primer lugar, sin desconocer los avances como los puntos 6 mecanismos de implementación y el 3 fin del conflicto, en los que superan el 40% de implementación completa, se destaca que los demás puntos no tienen ni el 30% de estado de implementación completa, incluso el punto 1 que es reforma agraria, uno de los ejes principales, tiene solo el 4%. Muchos actores internacionales ratificaron el apoyo al AFP y manifestaron preocupaciones por los retrasos que el Gobierno de Duque viene cosechando. Se afirma que la implementación del Acuerdo se hizo más lenta desde el 2019, tanto así que se sumaron aproximadamente diez años más para completar su totalidad. 
Actualmente Colombia se encuentra atravesando una época de nuevas elecciones presidenciales y el panorama se repite; la paz sigue siendo una bandera política y una discusión para la nueva agenda de gobierno en agosto 2022. Como se ha mostrado anteriormente, el gobierno actual ha retrasado la implementación del Acuerdo, por lo cual, el próximo va a tener grandes retos para enderezar el camino de la paz. No cumplir el Acuerdo incrementó la violencia; así, desde la firma del acuerdo hasta la fecha se han registrado 238 masacres, 292 excombatientes asesinados y 668 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados. Por esto, el próximo gobierno debería comprometerse con el cumplimiento del AFP y que su agenda 2022-2026 no vaya en contravía de lo pactado. 

Hoy en día, algunos precandidatos a la presidencia proponen realizar cambios a las condenas ya pactadas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otros quieren hacer uso del glifosato negando el cumplimiento de los programas de sustitución voluntaria, otros quieren seguir el mismo plan de lucha contra las drogas que ha demostrado no ser eficiente y hay otros que mantienen la narrativa de impunidad por tener en el congreso a excombatientes de las FARC-EP. Esto sin duda dificultará en un futuro el cumplimiento del Acuerdo y la sociedad colombiana tiene la posibilidad de escoger el gobierno que más favorezca el AFP teniendo en cuenta que es una herramienta transversal para el desarrollo del país. 

Sin duda, los desafíos en la política de seguridad se encuentran específicamente en el control territorial y cambio de mentalidad por parte de la fuerza pública. Por un lado, desde la firma del Acuerdo, muchas zonas en el territorio colombiano quedaron en medio del fuego cruzado y el Estado no hace la presencia necesaria, dejando desprotegida a la comunidad afrontando tragedias diarias. Por otro lado, la fuerza pública tiene una mentalidad y formación del 2006 donde era un contexto de guerra y se cree que en la actualidad va a funcionar, pero las necesidades actuales son diferentes y deben adaptar las estrategias a las necesidades de hoy. En términos de la inclusión social es fundamental acabar con los discursos de odio y la estigmatización que se tiene hacia la población excombatiente, solo de esta forma se podrán fortalecer los procesos de reincorporación y de reconciliación.

Por tal razón, uno de los retos debe ser el generar inversión adecuada para los proyectos sociales de la paz y a las instituciones que trabajan por los procesos de justicia transicional. Para el 2022 el cumplimiento del Acuerdo comprometerá el 3,1% del Presupuesto General de la Nación. Asimismo, el Estado deberá frenar el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y reanudar los diálogos con el ELN.

Finalmente, será fundamental que el Estado renueve una política de lucha contra las drogas, teniendo en cuenta el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y con una mirada más constructiva hacia la regulación.

La paz es más que el silencio de las armas, debe ser el resultado de consolidar una justa estructura social y económica del país, y, además, será fundamental que el próximo gobierno demuestre determinación y apoyo total al cumplimiento del Acuerdo con el fin de generar confianza en el proceso. La paz es la expresión necesaria al reconocimiento del derecho a vivir y el respeto por la vida digna para la realización plena de la humanidad. Ese es el camino que sin duda Colombia debe tomar. 

 

Daniela Castillo (Colombia) politóloga de la Universidad del Rosario, LLM en derechos humanos y justicia transicional de Ulster University y actualmente doctoranda en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Experta y asesora en temas de construcción de memoria histórica después del conflicto, con experiencia en sector público y privado para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, asesora política y técnica en temas de paz y experiencia en investigación. 
Twitter: @Daniela_C93
Instagram: @dccastilloo