Por César Porras
Las próximas elecciones generales de Costa Rica, se realizarán el 1 de febrero de 2026, jornada en la que se elegirá al Presidente de la República, sus dos vicepresidentes y se renovarán las 57 diputaciones de la Asamblea Legislativa del país. Más de diez partidos políticos han confirmado aspirantes para presidencia y curules legislativas.
En la segunda mitad de 2025 el oficialismo del país se destacó por anunciar su rearticulación bajo un nuevo esquema partidario, debido a, que la reelección presidencial inmediata está prohibida por la Constitución costarricense. Sectores afines al actual gobierno, impulsaron la creación del Partido Pueblo Soberano (PPSO), siendo este la nueva plataforma para continuar el proyecto político de Rodrigo Chaves en los próximos años.
El nuevo colectivo fue anunciado en julio de 2025 por la diputada oficialista Pilar Cisneros, resaltando que se conformará por medio de un bloque informal de cinco partidos aliados (PPSO, Motiva, Creemos, Partido Republicano Social Cristiano –PRSC– y Esperanza y Libertad), acordando competir con una única candidatura o movimiento y una “sola papeleta legislativa” (Coyuntura, 2025).
Esta coalición, surge con el fin estratégico de concentrar fuerzas y alcanzar la cifra de 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, y de ser necesario, generar reformas constitucionales (como la habilitación de la reelección inmediata) que ya se discute públicamente (Coyuntura, 2025). Es por ello, que el 24 de agosto de 2025 el PPSO celebró una asamblea cerrada en la que Laura Fernández (exministra de la Presidencia y Planificación) defendió ante la prensa la prohibición de acceso público, señalando que dicha reunión era “exclusivamente para asambleístas, la fórmula presidencial y los candidatos a las diputaciones” (Astorga, 2025).
En contraposición, los principales partidos de oposición han definido sus candidaturas de manera independiente, como es el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), fuerza tradicional partidaria, quienes ratificaron en abril de 2025 al economista Álvaro Ramos Chaves como su candidato presidencial, tras ser electo en una convención interna con más del 81% de los votos (Madrigal, 2025).
Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ratificó a Juan Carlos Hidalgo como aspirante único, quien se inscribió como precandidato antes del plazo límite y evitó así una primaria interna (Brenes, 2025). También, el Partido Liberal Progresista (PLP) nominó como candidato a la presidencia al diputado Eliécer Feinzaig, en agosto de 2025, acompañado de Tania Molina como candidata a la Vicepresidencia (Segura, 2025). El Frente Amplio acudirá a las urnas con el diputado Ariel Robles Barrantes, como su candidato presidencial, al ser el único precandidato inscrito (Villegas, 2025).
El emergente Partido Unidos Podemos eligió a Natalia Díaz Quintana (exdiputada y exministra de la Presidencia) como su candidata, con Jorge Ocampo Sánchez y Luis Diego Vargas como sus compañeros de fórmula vicepresidencial (May, 2025) y más reciente se sumó la ex primera dama Claudia Dobles, como la candidata oficial del Partido Acción Ciudadana.
En paralelo, la elección legislativa renovará las 57 diputaciones por papeletas provinciales proporcionales. Siendo, su composición muy estratégica en el próximo proceso electoral, dado que, además de dar gobernabilidad al próximo presidente, determinará la viabilidad de iniciativas claves, como es el caso de las ya mencionadas reformas constitucionales del oficialismo (Coyuntura 2025).
Temas de campaña
Ante diversas crisis y el aumento de problemáticas en el país, varios analistas han coincidido en que los próximos comicios deben centrarse en problemas estructurales que preocupan a los costarricenses. Por consiguiente, entre los temas prioritarios y claves destaca la seguridad pública, esto debido a, que Costa Rica cerró 2024 con una tasa de homicidios de 16,6 por cada 100.000 habitantes, uno de los niveles más altos de su historia (880 asesinatos).
Dicha problemática, se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de la sociedad costarricense, ante ello, expertos como Carlos Carranza, de la Universidad Nacional (UNA), subrayan la urgencia de replantear las estrategias de seguridad, advirtiendo que “no podemos permitir que sean algunos grupos quienes decidan quiénes viven o mueren” en ciertas zonas del país (Solano, 2025).
Otra de las temáticas que se destaca es la infraestructura vial, el deterioro de las carreteras y la congestión vehicular, que es otro problema crítico de la contemporaneidad del país. Esto se ve reflejado en un informe de la UCR, el cual indica que casi el 44,5% de la red vial nacional presenta deslizamientos o fallas estructurales que requieren atención prioritaria.
También, la educación será otro tema transversal, tras años de conflictos y bajo financiamiento, dando como resultado un sistema educativo considerado en crisis y con un gasto público mínimo histórico del 4.98% del PIB en 2025. (Solano, 2025). Además, la ética y transparencia pública, el sector agropecuario, turismo, entre otros estarán en la mira de los costarricense en el proceso electoral del próximo año.
El marketing político en acción
Ante lo expuesto, la comunicación política en Costa Rica se desarrolla en la actualidad bajo un entorno cada vez más mediatizado y conectado; siendo esto señalado en estudios recientes, resaltando que las redes sociales alcanzaron “una presencia muy relevante en la comunicación de las organizaciones” y han cambiado radicalmente la forma de difundir información electoral (Arce & Bonilla, 2023).
Como respuesta a esto, los equipos de campaña ya reconocen este cambio de paradigma y se preparan estratégicamente para las próximas elecciones. Aunado a lo anterior, los internautas constituyen un “sistema participativo” que, sin remuneración, genera valor político al compartir opiniones, contenidos y perfilamiento de electores en diversos canales de comunicación digital. (Arce & Bonilla, 2023).
Por ende, métricas como el engagement de los simpatizantes en redes sociales, será un activo que los aspirantes buscarán obtener y aumentar lo máximo posible. En consecuencia, se espera un uso intensivo de estrategias de marketing político digital, como la utilización de estrategias en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, grupos de WhatsApp y Telegram, hasta nuevos formatos como twitch, podcasts, entre otros para posicionar mensajes clave.
Ante esta transformación, se obliga a reforzar la información ciudadana durante el proceso electoral. Por ello, el Programa Estado de la Nación (PEN) ha actualizado herramientas como VotemosCR.com para el 2026, como respuesta en medio de una campaña fragmentada, ante la necesidad de orientación al “voto informado” (Torres, 2025).
Perspectivas finales
Las elecciones generales de 2026 en Costa Rica tendrán lugar en un contexto complejo y polarizado, con al menos diez partidos en contienda y demandas sociales no resueltas, la campaña exigirá a los candidatos articular propuestas claras sobre los temas de fondo descritos. Al mismo tiempo, la estrategia de comunicación se disputará en medios digitales muy dinámicos, exigiendo a los aspirantes una gestión optima de su imagen en redes sociales, para transmitir confianza a un electorado en gran medida indeciso. Por ello, el éxito del proceso dependerá de la calidad de la deliberación política y de la capacidad de los líderes para convencer a la ciudadanía mediante argumentos transparentes.
César Porras Umaña (Costa Rica) es politólogo de la Universidad de Costa Rica y Máster en Comunicación Estratégica con Énfasis en Marketing Digital y Relaciones Públicas de la Universidad da Beira Interior de Portugal. Posee interés en la comunicación política y marketing digital. LinkedIn: César Porras Umaña | Instagram: @ceporras_05
