Por Elda Magaly Arroyo Macías
La vulnerabilidad estructural de los gobiernos locales y la disputa por el sentido de lo público en territorios donde el Estado convive con poderes fácticos evidencia un punto de inflexión: el crimen organizado tiene capacidad real de incidir en las rutas políticas.
La violencia política en el ámbito municipal se ha convertido en uno de los indicadores más claros de la fragilidad democrática en México, un fenómeno que resuena en buena parte de América Latina. El homicidio de Carlos Manzo, alcalde michoacano con creciente proyección estatal, condensó tensiones que la región comparte: el arraigo territorial de organizaciones criminales, la vulnerabilidad estructural de los gobiernos locales y la disputa por el sentido de lo público en territorios donde el Estado convive con poderes fácticos. Su asesinato marcó un punto de inflexión: no solo eliminó a un liderazgo emergente, sino que evidenció la capacidad de los grupos criminales para intervenir en las rutas políticas hacia 2027 y, potencialmente, en el ciclo presidencial de 2030.
El liderazgo de Manzo había emergido en un contexto completamente adverso. Tras denunciar la opacidad en el método de designación de candidaturas, optó por competir como independiente, reviviendo un instrumento que se consideraba agotado en México. Su victoria alteró las lógicas tradicionales entre bloques partidistas y abrió un espacio simbólico inesperado: un alcalde que, vestido con camisa blanca y sombrero —muy lejos de la formalidad política convencional— proyectaba cercanía comunitaria mientras desafiaba estructuras locales dominadas por la violencia. Ese ascenso sumando a su estilo directo y a un discurso frontal frente al crimen, lo colocó en el radar regional. En Michoacán se hablaba de su potencial para competir por la gubernatura en 2027 y, en algunos círculos, incluso de una aspiración presidencial hacia 2030 bajo un formato similar al que lo llevó a triunfar en Uruapan.
La vulnerabilidad municipal en México —tema reiterado en estudios sobre seguridad y gobernanza local— implica que la figura del alcalde suele situarse en la línea más débil del Estado. En territorios donde la criminalidad disputa la legitimidad y las funciones cotidianas del gobierno, cualquier desafío altera equilibrios sensibles. El asesinato de Manzo no puede explicarse únicamente como un ataque personal: representó un mensaje dirigido a quienes intentan modificar las reglas tácitas entre autoridad y crimen organizado. Casos como este, observados también en Colombia, Ecuador y Guatemala, muestran patrones de captura territorial que adquieren relevancia continental.
La reacción social posterior confirmó su centralidad narrativa. Manifestaciones y actos de protesta surgieron en distintas partes del país, no como movimiento unificado, pero sí como un síntoma claro de desconfianza acumulada. La ciudadanía leyó el crimen como evidencia de un Estado debilitado, incapaz de proteger incluso a quienes ocupan un cargo público. La protesta derivó en expresiones de desorden, pero, sobre todo, en la instalación de una duda que afecta directamente los procesos electorales: ¿quién garantiza que una elección se desarrolle en condiciones mínimas de seguridad?
La disputa por el legado de Manzo ha amplificado el conflicto. Diversos actores han buscado enmarcar su figura para sostener lecturas contrastantes sobre la situación del país: desde quienes lo presentaron como un opositor genuino al crimen, hasta quienes lo incorporaron a sus propias narrativas sobre abandono del Estado o descomposición institucional. Su muerte se ha convertido en un campo de batalla semántico donde cada interpretación busca legitimar un diagnóstico distinto sobre la gobernabilidad del país.
El caso de Manzo altera las rutas electorales hacia 2027 y abre interrogantes para 2030. Su presencia representaba un liderazgo emergente fuera de la lógica bipartidista de polarización. La eliminación de esa figura reconfigura cálculos y deja un precedente que incide en la voluntad de participación de otros perfiles locales. Los asesinatos de autoridades municipales no solo modifican mapas políticos, también envían señales disuasivas que pueden limitar el surgimiento de candidaturas competitivas, especialmente en estados con altos niveles de captura territorial.
En clave para Latinoamérica, la relevancia del caso es evidente. La violencia política local ha adquirido centralidad en países donde las organizaciones criminales disputan funciones del Estado y moldean comportamientos electorales. Episodios recientes en Ecuador, Colombia y Brasil muestran dinámicas similares: asesinatos selectivos, control territorial, presión a candidaturas y uso de la violencia como mecanismo para influir en la deliberación pública. En este sentido, la muerte de Manzo no es un hecho aislado, sino un síntoma de una tendencia más amplia donde la democracia local se convierte en un espacio de alto riesgo.
Hablar de su caso es necesario para comprender la transformación del campo político en los próximos años. Su asesinato no solo truncó una trayectoria; expuso la tensión estructural entre la autoridad municipal y el crimen organizado, modificó la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado y evidenció los límites de gobernabilidad en territorios disputados. Para las campañas de 2026 a 2030 en América Latina, este caso funciona como una advertencia: sin fortalecer las capacidades locales y sin recuperar la legitimidad del Estado en el territorio, cualquier proyecto político queda vulnerable ante la violencia como mecanismo de control y silenciamiento.
Narrativas en tensión por la violencia
El asesinato de una autoridad municipal no solo altera el equilibrio político local, también abre una disputa inmediata por el sentido. En estos escenarios, el Estado intenta mantener la narrativa institucional —orden, capacidad de respuesta, investigación en curso— mientras que los grupos criminales operan desde marcos que buscan demostrar dominio territorial, capacidad de castigo y control sobre la agenda pública. La violencia, más que un acto operativo, se transforma en un mensaje. Y en territorios donde la presencia estatal es intermitente o insuficiente, ese mensaje suele llegar primero y con mayor contundencia.
Como se ha analizado en trabajos previos sobre la comunicación del crimen organizado (https://relatocompol.com/villanos-que-ganan-adeptos-los-recursos-propagandisticos-del-crimen-organizado/), los cárteles funcionan como auténticos entes comunicacionales: diseñan estrategias, eligen audiencias, segmentan territorios y difunden mensajes con objetivos específicos. La violencia es su principal herramienta persuasiva. Cada ataque, cada amenaza y cada escena pública está pensada para instalar interpretaciones inmediatas: quién manda, quién puede desafiar, quién puede morir. La intencionalidad no es solo destruir, sino producir sentido, moldear percepciones y condicionar comportamientos colectivos.
Frente a esto, la narrativa del Estado opera desde una posición más rígida. Las instituciones suelen responder a formatos formales —comunicados, conferencias, protocolos de seguridad— que, aunque necesarios avanzan con menor velocidad que la narrativa criminal, la cual se despliega en tiempo real y a través de canales múltiples: redes sociales, rumores comunitarios, testimonios, mensajes directos en territorio y, en algunos casos, producción audiovisual deliberada. Esta asimetría comunicacional permite que los grupos criminales instalen primero el marco interpretativo y obliguen al Estado a reaccionar desde el terreno que ellos ya definieron.
En contextos como el de Uruapan, este desfase suele generar un vacío narrativo, uno de los riesgos más altos en situaciones de violencia política. Cuando la autoridad no emite un mensaje claro, oportuno y coherente, el espacio público queda expuesto a interpretaciones que favorecen a los poderes fácticos. Ese vacío no solo debilita la posición institucional, también se convierte en un instrumento de control simbólico. La población se da cuenta de las ausencias que se presentan con la falta de información, la ambigüedad oficial, la demora en las investigaciones que se traducen en señales de vulnerabilidad del Estado y fortaleza del crimen organizado.
Los grupos criminales comprenden que el miedo no solo paraliza, sino que también ordena. La amenaza —explícita o no— reorganiza e inhibe, limita y condiciona. En este marco, la violencia funciona como una coreografía diseñada para que el mensaje llegue a todos: rivales, autoridades, comunidad y posibles aspirantes en la política. El miedo y la violencia, vistos como un mecanismo comunicacional, no es accidental: se sostiene en la repetición, la espectacularización y la certeza de las consecuencias inmediatas. En el caso de Mazo la narrativa criminal se impuso con rapidez: la ejecución en una plaza pública, la exposición del hecho frente a los ciudadanos, la elección del momento y el espacio no fue al azar, cada elemento construyó una declaración de poder, mientras que la respuesta gubernamental quedó sometida y confinada a un territorio donde la población ya había elaborado sus propias conclusiones, muchas de ellas alimentadas por la memoria colectiva, por rumores previos y por la percepción de un riesgo creciente para todos.
La disputa por el sentido posterior al asesinato no solo implicó determinar responsabilidades, implicó definir qué significa ser autoridad en territorios donde el crimen organizado también reclama ese lugar. Mientras el Estado intenta restaurar el orden narrativo mediante procesos y protocolos, los grupos criminales avanzan sobre el terreno de las emociones: miedo, incertidumbre, desconfianza. En esa arena, el mensaje más veloz suele volverse el más dominante. La consecuencia es profunda: la violencia se consolida como un dispositivo comunicacional y se convierte en un actor que interviene directamente en la vida política. Lo que está en juego no es solo la interpretación de un hecho, sino la diputa por la legitimidad de poder en el territorio.
El discurso provocador como artefacto político
El caso Manzo revela hasta qué punto un discurso provocador puede operar como un artefacto político en escenarios de fragilidad institucional. En México —y en buena parte de América Latina— han surgido liderazgos dispuestos a romper con los bloques tradicionales, figuras que se presentan como ajenas a las élites partidistas y que recurren a un discurso antisistema para movilizar emociones profundas. Ese tipo de narrativa suele activar adhesiones rápidas, especialmente en territorios donde la desconfianza hacia el Estado es la norma y donde la población reconoce en lo disruptivo una vía posible de cambio.
El discurso provocador cumple una función doble: desafía el orden establecido (función simbólica) y genera una reacción emocional inmediata (función movilizadora). La provocación se convierte así en una estrategia para instalar nuevos marcos interpretativos, para descolocar a los actores tradicionales y para capturar la atención de un electorado saturado de mensajes convencionales. Sin embargo, este mismo recurso, tiene un límite crítico cuando se despliega en territorios disputados por actores armados que también buscan descontrolar el sentido de lo público.
Para Manzo esta tensión fue determinante, su narrativa antisistema y su disposición a confrontar a los poderes fácticos (incluso ataviándose con un chaleco blindado para fortalecer el simbolismo) lo convirtieron en una figura atractiva para todos aquellos que están decepcionados de la política tradicional, pero también lo situaron en el punto ciego de un territorio donde la disputa por el poder no se dirime únicamente en las urnas. Su ascenso generó expectativas de cambio, sus gestos de autonomía lo instalaron en un nuevo imaginario, su estilo directo desafió las inercias, pero desde los alcances reales de un alcalde, enfrentarse simultáneamente a estructuras criminales, intereses políticos y redes arraigas de poder era una ecuación imposible.
La provocación funcionó como mecanismo de viabilidad, lo colocó en la conversación nacional y continental al ser llamado el Bukele mexicano, lo proyectó hacia el 2027 y lo situó en escenarios que pocos alcanzan desde esa esfera, pero esa misma visibilidad aceleró su vulnerabilidad. En un territorio donde los mensajes se leen como movimientos de fuerza, donde el silencio puede ser interpretado como debilidad y donde cada gesto público tiene consecuencias, el costo de desafiar a los poderes equivocados se vuelve inmediato. Manzo personificó el tipo de liderazgo que surge cuando la política formal deja vacíos, pero también evidenció que, en contextos capturados, la ruptura discursiva sin un blindaje institucional suficiente puede costar la vida.
Su asesinato no clausura la posibilidad de liderazgos disruptivos, en realidad expone las condiciones estructurales que los vuelven insostenibles. La narrativa antisistema puede movilizar y abrir posibilidades, pero en territorios donde la violencia también comunica, la provocación choca con límites que no impone la ciudadanía ni los adversarios electorales, sino actores que ejercen el poder desde fuera del Estado. Ese es, quizá, el mayor punto de inflexión que deja su caso: palpar que mientras la política formal permita que la violencia siga definiendo las reglas del territorio, cualquier liderazgo que intente romperlas enfrentará riesgos que exceden el campo democrático.
Elda Arroyo (México) es periodista y comunicadora con más de veinte años de experiencia, especializada en seguridad y gestión pública. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y magíster en Administración Pública. Ha trabajado en medios como Milenio Diario, Notisistema y el Eastern Group de Los Ángeles, California. Su enfoque estratégico en Seguridad, Gestión y Atención de Crisis es clave en la comunicación gubernamental. Fue coordinadora de Comunicación en la Secretaría de Seguridad de Jalisco, México y actualmente es directora de Comunicación Social del Gobierno de Tlajomulco. Ha sido docente en universidades de América Latina, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de comunicadores. X: @elda_arroyo | Ig: @eldamarroyo
