Por Sindy Salazar Pincheira
América Latina tiene cada vez menos hijos. Mientras algunos buscan responsables en las mujeres y el feminismo, los datos cuentan una historia más incómoda. Antes de preguntarnos cómo conseguir más nacimientos, quizás deberíamos preguntarnos qué vidas estamos haciendo posible sostener.
Montevideo estaba especialmente política esos días. Mientras el Congreso Panamericano reunía a liderazgos progresistas para discutir sobre democracia y el avance de las ultraderechas, a pocas cuadras la Sexta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo intentaba responder otra pregunta igualmente política: qué hacer con una América Latina que tiene menos hijos, vive más años y envejece aceleradamente.
Chile estaba en ambos espacios, aunque de maneras muy distintas. En la Conferencia, la silla chilena permaneció vacía durante buena parte de las jornadas que presenciamos, y la amplia delegación de la sociedad civil encontró pocos espacios de interlocución con sus representantes. La imagen era difícil de olvidar. Allí se estaba discutiendo quién cuidará, cómo sostendremos nuestros sistemas sociales y qué condiciones de vida ofreceremos a las próximas generaciones. Afuera, una parte de la política latinoamericana parecía tener una respuesta bastante más simple: hay que tener más guaguas[1].
Las mujeres conocemos esa frase en su versión cotidiana: “¿Y la guagüita pa’ cuándo?”. Nos la han dirigido en reuniones familiares, después de casarnos, al cumplir treinta y luego al cumplir treinta y cinco, como si tener hijos fuera una deuda pendiente y el reloj corriera solamente para nosotras. Quizás llegó el momento de devolver la pregunta: ¿Y las condiciones pa’ la guagüita pa’ cuándo, Estado? ¿Dónde están las salas cuna, el sistema de cuidados robusto, el empleo compatible con la crianza, la vivienda y la corresponsabilidad que permitirían tomar esa decisión?
Los números explican la preocupación. En Chile nacieron 275.916 personas en 1993. En 2025 fueron 146.446. En apenas 32 años los nacimientos disminuyeron un 46,9 % y la tasa global de fecundidad cayó un 59,4 %, hasta llegar a 0,99 hijos por mujer. Al 30 de junio de 2026, Chile registra además 92,5 personas de 65 años o más por cada cien menores de 15.[2] No es una anécdota estadística: en pocos años, este dato cambiará el trabajo, las pensiones, la salud, la educación y los cuidados. Preocuparse por la natalidad es razonable, pero lo verdaderamente político es decidir a quién le atribuimos el problema y quién debe hacerse cargo de resolverlo.
La resolución aprobada en Montevideo ofrece una respuesta bastante distinta al simple “tengan más hijos”. Reconoce que la reducción de la fecundidad ocurre junto al aumento de la longevidad, el envejecimiento, hogares más pequeños, nuevas configuraciones familiares, migraciones y urbanización, y sitúa esas transformaciones en sociedades atravesadas por la pobreza y por desigualdades estructurales económicas, sociales y territoriales. Por eso no dirige la respuesta hacia los cuerpos de las mujeres, sino hacia el fortalecimiento de la protección social y su articulación con cuidados, empleo, salud, vivienda y desarrollo social.[3]
Describir bien un problema también es una decisión política. Si sostenemos que la natalidad cae porque las mujeres dejaron de querer hijos, intentaremos convencerlas de tenerlos. Si reconocemos que las decisiones reproductivas ocurren dentro de condiciones materiales concretas, tendremos que mirar salarios, vivienda, trabajo y tiempo.
Argentina acaba de entregar evidencia difícil de ignorar. La primera encuesta nacional sobre intenciones reproductivas presentada por UNFPA muestra que el 57 % de las personas entre 18 y 45 años desea o hubiera deseado tener más hijos de los que tiene. Las barreras económicas representan el 62 % de los motivos por los que se tienen menos hijos de los deseados, y un 18 % de las mujeres identifica, además, el reparto inequitativo de las tareas domésticas y de cuidado como un factor relevante[4]. No estamos simplemente frente a generaciones que dejaron de querer hijos, sino frente a personas que quieren tenerlos y no encuentran las condiciones para hacerlo.
Es precisamente ahí donde la respuesta política que comienza a instalarse en una parte de nuestra región resulta preocupante. El presidente Javier Milei vinculó públicamente la caída de la natalidad argentina con el aborto y con lo que llamó la “locura de los pañuelitos verdes”[5]. La frase puede parecer una nueva provocación de su repertorio, pero adquiere otro significado cuando se observa junto a una concepción política que ha reducido la institucionalidad especializada en género. Al asumir su gobierno, Argentina pasó de dieciocho a nueve ministerios, y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dejó de existir como cartera autónoma. Sus competencias, recursos y personal fueron transferidos al Ministerio de Capital Humano.
No son hechos equivalentes ni uno demuestra por sí solo las razones del otro. Pero sí expresan una disputa política reconocible. Frente a un problema demográfico atravesado por desigualdades económicas y de cuidados, una respuesta posible es reducir las respuestas colectivas y volver a colocar bajo sospecha la autonomía que las mujeres conquistaron, y otra muy distinta es ampliar las condiciones materiales para decidir.
La respuesta autoritaria no es exclusivamente argentina. ONU Mujeres ha advertido sobre una reacción global contra los derechos de las mujeres. En la revisión realizada a treinta años de Beijing, casi una cuarta parte de los gobiernos informó retrocesos en los derechos de las mujeres en 2024, en un escenario caracterizado también por protecciones jurídicas más débiles y menor financiamiento para programas e instituciones destinadas a proteger a mujeres y niñas.[6]
Ahí aparece una de las contradicciones políticas más profundas de nuestro tiempo: derechos que costaron décadas de lucha empiezan a presentarse como responsables de los problemas que esas mismas luchas ayudaron a hacer visibles. La autonomía reproductiva pasa de ser una conquista a ser tratada como una amenaza demográfica. El feminismo, que permitió nombrar la desigual distribución de los cuidados, aparece ahora como culpable de que nazcan menos niños. Y las instituciones creadas para enfrentar esas desigualdades empiezan a describirse como burocracia prescindible.
El costo de esa regresión tampoco se reparte por igual. Una mujer con ingresos puede comprar parte del cuidado que el Estado no garantiza, pagar un jardín, contratar apoyo o resistir mejor una interrupción laboral. Para una mujer pobre, la retirada de las respuestas colectivas significa menos opciones. El cuidado no desaparece cuando se privatiza. Vuelve a las casas y, dentro de ellas, sigue cayendo desproporcionadamente sobre las mujeres.
Chile enfrenta la misma transformación demográfica con sus propias contradicciones. Este año el gobierno de José Antonio Kast anunció un aporte extraordinario de $30.000 (31,5 dólares) por niño de hasta 13 años para hogares pertenecientes al 80 % más vulnerable. No fue presentado como una política de natalidad y sería incorrecto describirlo así; fue anunciado como un apoyo frente a los gastos familiares[7]. Treinta mil pesos pueden importar mucho en una casa donde hacen falta, y justamente por eso la crítica no está en ridiculizar el monto, sino en advertir la distancia entre aliviar una urgencia y hacerse cargo de una estructura.
Criar cuesta plata, pero también tiempo. Significa tener dónde vivir, quién cuide cuando un hijo se enferma, un jardín infantil disponible y un trabajo que sobreviva a la maternidad. Significa que la posibilidad de tener hijos no dependa de encontrar una abuela disponible para cubrir aquello que el Estado, el mercado y los hombres todavía no asumen suficientemente.
La resolución de Montevideo pone esa discusión en términos de derechos. Reafirma la autonomía de las mujeres y la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, y al mismo tiempo, reconoce que las mujeres continúan sosteniendo una carga desigual del trabajo de cuidados no remunerado y exige adaptar la protección social a las transformaciones demográficas[8]. Hay allí una diferencia política fundamental: la autonomía reproductiva y los cuidados no aparecen como enemigos de una política demográfica, sino como parte de ella.
La resolución incorpora además expresamente a las personas en situación de calle. Reconoce las múltiples discriminaciones y barreras estructurales que enfrentan, y pide a los Estados proteger sus derechos, garantizar su participación y hacerlas visibles en censos, registros administrativos y otras estadísticas[9]. Puede parecer extraño mencionarlo en una reflexión sobre natalidad, pero para mí resume el sentido de la discusión. Población y desarrollo no consisten simplemente en contar cuántos nacen. También significan preguntarnos cómo viven quienes ya nacieron, quién tiene una casa, quién cuida, quién envejece dignamente y quién queda fuera incluso de nuestras estadísticas. Una política demográfica no puede considerar exitoso que una curva vuelva a subir mientras las condiciones para sostener esas vidas se deterioran.
Hay, además, una dimensión internacional que hace difícil mirar estos debates como episodios aislados. Mientras la propia ONU documenta una reacción contra los derechos de las mujeres, en el marco de la reforma UN80 se evalúa una eventual fusión entre ONU Mujeres y UNFPA. La fusión aún no está decidida. La Junta Ejecutiva de ONU Mujeres ha señalado que la información disponible todavía es insuficiente para recomendarla, y ha pedido evaluar alternativas, costos, efectos sobre los mandatos y capacidades especializadas.[10]
Importa detenerse un momento en lo que está en juego. UNFPA no es solamente el organismo que estudia nuestras tasas de fecundidad. En guerras, terremotos y desplazamientos trabaja para mantener servicios de salud sexual y reproductiva cuando los sistemas sanitarios se debilitan, apoya atención obstétrica de emergencia y responde frente a la violencia de género[11]. ONU Mujeres, por su parte, nació en 2010 reuniendo cuatro estructuras que estaban dispersas precisamente para fortalecer recursos, autoridad y visibilidad de la igualdad de género dentro del sistema de Naciones Unidas[12].
No toda reorganización institucional constituye un retroceso, y sería incorrecto afirmar que una eventual fusión necesariamente lo será. Pero tampoco podemos discutir sobre eficiencia como si las instituciones existieran al margen de la historia. Cuando casi una cuarta parte de los gobiernos reporta retrocesos en derechos de las mujeres, cuando reaparecen discursos que responsabilizan al feminismo por los problemas demográficos y cuando las condiciones materiales para cuidar siguen distribuidas de manera profundamente desigual, cualquier reforma de la institucionalidad especializada debe demostrar que la hará más fuerte, y no más débil.
Ese es, a mi juicio, el hilo político que une estas discusiones. No se trata de abordar a Milei, Kast y las Naciones Unidas como fenómenos equivalentes. Sería simplista plantearlo así. Lo que comparten es un tiempo histórico en que vuelve a discutirse cuánto Estado necesitamos, qué responsabilidades deben ser colectivas y cuáles dejamos entregadas a cada individuo. Y en esa disputa, cuando el Estado retrocede del cuidado, no queda un espacio vacío. Ese trabajo lo hace alguien. Demasiadas veces, una mujer.
Los derechos tampoco retroceden solamente cuando una ley los elimina. Pueden hacerlo cuando pierden presupuesto, especialización, institucionalidad o capacidad para incomodar al poder. Y existe una frontera que una política democrática de población no debería cruzar: nuestros cuerpos no son instrumentos para corregir indicadores demográficos.
La autonomía reproductiva significa poder decidir no tener hijos, pero también poder tener los hijos que se desean sin que la pobreza, la precariedad laboral o una distribución profundamente desigual del cuidado terminen decidiendo por nosotras. Esa es quizás la parte que cierta política pronatalista olvida. No existe verdadera libertad reproductiva cuando solo quienes pueden pagarla tienen condiciones materiales para ejercerla.
Si necesitamos colectivamente nuevas generaciones, tendremos que asumir colectivamente al menos una parte del costo de cuidarlas. Una sociedad que quiere que nazcan más niños tiene que convertirse primero en una sociedad donde sea posible criarlos. Necesitamos tiempo, vivienda, trabajo compatible con la vida, corresponsabilidad y sistemas públicos capaces de cuidar. Necesitamos, finalmente, que la vida tenga dónde llegar.
Sindy Salazar Pincheira (Chile) es abogada, integrante de la Colectiva Justicia en Derechos Humanos y del Centro de Justicia Interamericana de Derechos Humanos (CEJIDH). Trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, particularmente en derechos de las mujeres, memorias colectivas e incidencia política internacional en la materia. Ha participado en espacios de articulación global y nacional, de incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Alianza por los Derechos de las Mujeres de la OEA. Su trabajo está orientado al fortalecimiento de la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva colectiva y de incidencia nacional e internacional. Ig: @sindysalazarp20 / X: @sindysalazarp20 / TikTok: @sindysalazarp20
[1] Término de origen quechua (wawa) que se utiliza en la región andina para referirse a los bebés.
[2] Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Estadísticas Vitales: cifras provisionales 2025 INE: Estadísticas Vitales 2025, INE: Estadísticas Vitales y demografía
[3] CEPAL, Resolución 6(VI), Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, Montevideo, 20 de agosto de 2026, párrafos 8 y 11. CEPAL: Resolución 6(VI) oficial
[4] UNFPA Argentina, Deseos reproductivos en la encrucijada, 2026. UNFPA Argentina: Deseos reproductivos en la encrucijada
[5] República Argentina, Decreto DNU 8/2023, arts. 1 y 10, Boletín Oficial, 11 de diciembre de 2023. Argentina.gob.ar: texto oficial del DNU 8/2023
[6] ONU Mujeres, Women’s Rights in Review 30 Years After Beijing, 2025. El informe, elaborado a partir de información presentada por 159 gobiernos, señala que en 2024 casi una cuarta parte reportó una reacción contra los derechos de las mujeres y advierte sobre protecciones jurídicas más débiles y menor financiamiento para programas e instituciones que apoyan y protegen a mujeres y niñas.
ONU Mujeres: Women’s Rights in Review 30 Years After Beijing
[7] Presidencia de la República de Chile, Cuenta Pública 2026, 1 de junio de 2026. Presidencia de Chile: Cuenta Pública 2026
[8] CEPAL, Resolución 6(VI), párrafos 5, 11 y 13. El párrafo 5 reafirma la autonomía de las mujeres y la protección de los derechos sexuales y reproductivos; el párrafo 11 aborda protección social y cuidados; y el párrafo 13 reconoce la carga desigual de trabajo de cuidados no remunerado que sostienen las mujeres.
CEPAL: Resolución 6(VI)
[9] CEPAL, Resolución 6(VI), párrafo 6. Reconoce que las personas en situación de calle enfrentan múltiples formas de discriminación y barreras derivadas de desigualdades estructurales, y exhorta a promover sus derechos, participación y visibilidad estadística mediante censos, registros administrativos y otras fuentes.
CEPAL: Resolución 6(VI)
[10] Naciones Unidas, UN80 Initiative: Progress and Next Steps, abril de 2026, Work Package 4; Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, sesión anual 2026. El documento UN80 define como objetivo evaluar los potenciales beneficios de una fusión entre UNFPA y ONU Mujeres. La Junta Ejecutiva señaló posteriormente que la información disponible era insuficiente para recomendar apoyo a una eventual fusión y solicitó, entre otros antecedentes, alternativas, costos, efectos sobre los mandatos y capacidades técnicas.
Naciones Unidas: UN80 Initiative — Progress and Next Steps
[11] UNFPA, Emergencias humanitarias. El organismo describe su labor para garantizar salud sexual y reproductiva y responder frente a violencia de género en contextos humanitarios, incluida atención materna y obstétrica, suministros de salud reproductiva y otros servicios esenciales.
UNFPA: Emergencias humanitarias
[12] ONU Mujeres, antecedentes institucionales sobre su creación. La Asamblea General creó ONU Mujeres en julio de 2010 mediante la consolidación de cuatro estructuras preexistentes. Naciones Unidas explicó que la reforma buscaba reunir recursos y mandatos y superar problemas como financiamiento insuficiente y la ausencia de una entidad reconocida que liderara el trabajo del sistema en igualdad de género.
ONU Mujeres: antecedentes de su creación