Por Elda Magaly Arroyo Macías
La exigencia de transparencia ha colocado al Poder Judicial en el examen permanente de la opinión pública. Una comunicación diseñada con imparcialidad y claridad puede fortalecer su legitimidad en democracias frágiles.
La escena pública contemporánea ya no admite penumbras: todo se observa a contraluz, incluso la justicia. La ciudadanía —más despierta y menos tolerante al secreto del poder— demanda explicaciones verificables sobre cómo y por qué se deciden asuntos que tocan su vida cotidiana, y aspira a comprobar promesas que pesan tanto como un voto.
En este clima, el Poder Judicial —acostumbrado a la trinchera del expediente y al pulso lento del procedimiento— enfrenta una disyuntiva nítida: aprender a hacerse entender sin traicionarse o resignarse a la erosión silenciosa de su legitimidad. La justicia, que fue pensada como acto y garantía, hoy está también llamada a convertirse en relato comprensible: decir qué resuelve, por qué y hasta dónde, con la sobriedad de la técnica y la claridad que merece lo público.
El problema no es menor ni meramente estilístico. Persiste una distancia espesa entre el lenguaje técnico jurídico y la comprensión ciudadana. Por un lado, están las palabras complejas y rebuscadas donde se esconde la trama de una historia no contada, mientras que en el extremo hay una audiencia que busca sentido y efectos concretos en su vida. Esa brecha produce ruido: habilita la especulación, facilita la intermediación maliciosa y alimenta la sospecha de que lo incomprensible es, por definición, injusto. No se trata de simplificar la ley hasta banalizarla, sino de traducir su racionalidad sin romper sus costuras: explicar qué se decidió, por qué, con base en qué normas y pruebas, y cuáles son los límites y alcances de cada resolución.
La pregunta que guía este trabajo es directa: ¿cómo puede la comunicación judicial fortalecer la legitimidad del Poder Judicial en democracias frágiles? Sostengo que una comunicación especializada, con anclaje pedagógico y protocolos claros de oportunidad, vocería y formatos, no solo informa: construye confianza al mostrar el método de la decisión y los diques que separan justicia y contienda política.
Entre la justicia y la palabra
En un proceso de conceptualización, podemos entender la comunicación judicial como una práctica institucional de traducción y acceso que acompaña el quehacer jurisdiccional antes, durante y después de la decisión. Su materia prima son hechos, normas, pruebas y razones; su tarea, ofrecer explicaciones sobrias y oportunas sobre qué se resolvió, por qué, con base en qué y con cuáles límites. Esto se concreta en productos (versiones públicas, sumarios ciudadanos, infografías, micrositios) y en organización (protocolos de vocería, lineamientos de lenguaje claro, tiempos de publicación). Su promesa es doble: proteger el debido proceso y garantizar el derecho a saber.
La especialización de la comunicación implica hacer una diferenciación con otros marcos como la política o la gubernamental, principalmente porque sus fundamentos y fines son distintos. A diferencia de la comunicación política, la judicial no busca adhesiones ni disputa la agenda electoral; frente a la gubernamental, no promueve programas, explica decisiones bajo independencia; respecto a la lógica de los medios de comunicación, responde a reglas de reserva, plazos y precisión que suelen contrariar la urgencia del titular periodístico. Mientras que el político persuade, lo gubernamental gestiona y lo judicial delimita y explica.
Basados en estas intencionalidades, es importante mencionar que hay tres principios que son la columna vertebral de la comunicación judicial:
- Imparcialidad: neutralidad de tono y datos; evitar adjetivación, prejuzgamientos y sobreexposición de partes.
- Claridad: lenguaje llano y estructuras por capas (resumen ciudadano más desarrollo técnico), apoyadas en glosarios y visualizaciones; claridad no es simplismo, sino rigor explicado.
- Acceso a la información: publicidad máxima con salvaguardas para datos sensibles y grupos protegidos; transparencia proactiva como deber institucional, no solo como respuesta a solicitudes.
Comunicar, teniendo como base y sustento estos elementos, en los que se sostiene la imparcialidad, la claridad y el acceso a la información, la palabra judicial deja de ser un acto burocrático para convertirse en un puente confiable entre la técnica jurídica y la ciudadanía. Ese puente no solo traduce lo complejo a un lenguaje accesible, sino que también genera confianza pública, facilita la comprensión de derechos y obligaciones, y abre la posibilidad de un escrutinio social legítimo.
De este modo, la comunicación judicial no se limita a informar, sino que se erige en una herramienta capaz de sostener la legitimidad de las instituciones aun en tiempos de fragilidad democrática, cuando la confianza en el sistema suele ponerse en entredicho y la palabra, si es transparente y justa, puede convertirse en el último refugio de credibilidad.
La justicia como relato
Una sentencia resuelve y cuenta: ordena hechos probados, articula normas y pondera derechos. Cuando esa trama se comunica con método, la sociedad recibe un relato de legalidad: no capricho ni fuerza, sino reglas y razones. La inteligibilidad —seguir el “hilo” de qué pasó, qué se probó y qué límites tiene la resolución— refuerza la confianza epistémica, es decir, confiar porque se entiende y se puede verificar, condición indispensable de toda legitimidad democrática del juzgar.
En este sentido, el derecho no solo se aplica, también se narra. Como sostiene Robert Cover (1992), las prácticas jurídicas están siempre insertas en “nomos” o universos de sentido que se transmiten por relatos. El juez, al redactar, no solo aplica normas, sino que teje una historia que debe ser coherente con los valores constitucionales y accesible para la ciudadanía. La claridad narrativa, entonces, no es un aspecto menor o accesorio, sino el soporte de la legitimidad institucional.
Autores como Jeremy Waldron (2012) han señalado que la autoridad de la justicia democrática depende tanto de la corrección normativa como de la percepción pública de imparcialidad y razonabilidad. En la misma línea, Neil MacCormick (2005) explica que la argumentación jurídica es una práctica discursiva donde los jueces no solo resuelven conflictos, sino que ofrecen razones públicamente controlables. Así, la inteligibilidad convierte a la sentencia en un acto de comunicación política que se inserta en el espacio público.
Por ello, la justicia contemporánea exige “traducción” de su lenguaje técnico a estructuras narrativas comprensibles, sin perder rigor jurídico. Como advierte Manuel Atienza (2013), la función de motivar las sentencias tiene una doble dimensión: interna, asegurar la racionalidad del fallo frente a la comunidad jurídica; y externa, transmitir a la sociedad que la decisión no es arbitraria. Ambas dimensiones se articulan en la narrativa judicial, donde la inteligibilidad es garantía de control democrático y de confianza institucional.
Comunicación judicial y legitimidad: de la idea a la práctica
La legitimidad del Poder Judicial no deriva de elecciones directas, sino del método y la imparcialidad que hacen operativa la Constitución. Explicar ese método, sus alcances y límites, es parte del contrato democrático: la ciudadanía confía cuando comprende cómo se decide y con qué garantías.
España, a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), emitió en 2020 el Protocolo de Comunicación de la Justicia, que define principios, vocerías, gestión de crisis y lineamientos para medios y redes sociales. Este instrumento se ha convertido en un estándar organizacional replicable que busca unificar criterios de visibilidad institucional (CGPJ, 2020). En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impulsado desde 2014 el uso de lenguaje claro en sentencias y versiones ciudadanas, con especial atención a personas con discapacidad, pueblos indígenas y sectores vulnerables. Estas prácticas, documentadas por organizaciones como México Evalúa, han sido reconocidas como una política de accesibilidad judicial y de trato diferenciado (Fix-Fierro & Salazar, 2020). Por su parte, en el Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó en 2019 la Política de Acceso a la Información y Transparencia Proactiva, que consolida criterios de máxima publicidad y obliga a la publicación estructurada de decisiones, informes y documentos internos (OEA, 2019).
Estas experiencias muestran que comunicar con método —no con marketing— contribuye a estabilizar expectativas sociales, fortalecer el control democrático y blindar los procesos jurisdiccionales frente a presiones coyunturales.
Elda Arroyo (México) es periodista y comunicadora con más de veinte años de experiencia, especializada en seguridad y gestión pública. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y magíster en Administración Pública. Ha trabajado en medios como Milenio Diario, Notisistema y el Eastern Group de Los Ángeles, California. Su enfoque estratégico en Seguridad, Gestión y Atención de Crisis es clave en la comunicación gubernamental. Fue coordinadora de Comunicación en la Secretaría de Seguridad de Jalisco, México y actualmente es directora de Comunicación Social del Gobierno de Tlajomulco. Ha sido docente en universidades de América Latina, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de comunicadores. X: @elda_arroyo | Ig: @eldamarroyo
