Por Marcel Lhermitte
La corrupción, la deslegitimación política y la percepción ciudadana de ineficacia han desencadenado episodios de violencia contra gobiernos en distintas partes del mundo.
Las imágenes son estremecedoras. Los manifestantes están hartos de la corrupción que ejerce el poder político y salen a las calles. Las escenas de violencia se suceden una tras otra. Varios jerarcas son perseguidos, un ministro es acorralado y desnudado, otro corre a través de un río. El Congreso arde en llamas. No, no es una película de acción y aventuras, es la crisis que se vive en Nepal, pero podría haber ocurrido en cualquier parte del mundo.
Nepal, sí, Nepal. Este país asiático de unos 30 millones de habitantes, del que poco sabemos en América Latina y el Caribe, pero que en las últimas horas apareció en los noticieros debido a la crisis política y social que vivió, cuando el gobierno del primer ministro Sharma Oli impuso una prohibición masiva de 26 plataformas de redes sociales, el pasado 4 de septiembre, argumentando que no se habían registrado según nuevas normas regulatorias. El objetivo era claro: intentar silenciar críticas sobre nepotismo, corrupción y privilegios de élites políticas.
La conclusión es la que ya conocemos: la renuncia de Oli y varios ministros, violencia desatada, represión brutal por parte de las fuerzas antidisturbios del país y, lo peor de todo, la muerte de decenas de personas y centenares de heridos.
No pasaron desapercibidos dentro de los disturbios los actos vandálicos: se incendió el Parlamento, la Corte Suprema, las sedes de varios partidos políticos, las residencias de gobernantes y líderes políticos, así como también el complejo de Kantipur Publications, el mayor grupo mediático del país.
El hecho fue de una gravedad inmensa, fundamentalmente por la pérdida de vidas, pero, así como la corrupción no es nueva, tampoco son las reacciones ciudadanas que ella provoca ni tampoco los ataques a los congresos, edificios que son percibidos como un centro de acción política y, por ende, para muchos, de corrupción.
Recordemos. En 1834 se desató un incendio de grandes proporciones en el Palacio de Westmister, el Parlamento de Reino Unido ubicado en Londres. Si bien se trató de un accidente, cuenta la leyenda que los curiosos que lo presenciaron se acercaron para ver las llamas… y para aplaudirlas con un gran beneplácito.
Prácticamente un siglo después, en 1933 ardió el Reichstag, el parlamento alemán. Marinus van der Lubbe, militante comunista de origen holandés que, según las crónicas de la época, habría actuado solo, decidió protestar contra la pobreza que padecían los obreros prendiendo fuego el congreso.
Sin embargo, algunos historiadores alemanes entienden que fue una operación orquestada por los nazis bajo la iniciativa de Hermann Göring para justificar la represión que se desataría a posteriori. Adolf Hitler, recién nombrado canciller, lo usó para promulgar el Decreto del Incendio del Reichstag, suspendiendo libertades civiles y allanando el camino al Tercer Reich.
En América Latina hay dos casos muy recordados. El primero de ellos se dio en el edificio del Congreso Nacional de Chile, en 1895. Las causas exactas no están claras en los registros históricos, pero sí se sabe que el siniestro ocurrió en un contexto de inestabilidad política posguerra civil.
El segundo incendio que se dio en congresos de América Latina es el caso de Paraguay, en 2017. En el marco de las protestas contra la reelección presidencial impulsada por el presidente Horacio Cartes, manifestantes irrumpieron e incendiaron parcialmente el edificio del Congreso en Asunción. El fuego dañó oficinas y el hemiciclo, en un contexto de represión policial que dejó al menos veinte heridos y un muerto. Esto exacerbó la crisis política, llevando a la renuncia de Cartes como líder del Partido Colorado y fortaleciendo el movimiento opositor, que culminó en las elecciones de 2018.
Más recientemente se dio un caso que no tuvo tanta repercusión mediática en nuestra región, ya que se trató de incendios de dos parlamentos regionales en Indonesia, en 2025. Los sucesos se dieron durante las protestas masivas contra el aumento de sueldos y beneficios para legisladores tildados de corruptos. Hubo un total de seis muertos en ese lapso.
Lamentablemente no es de extrañar la violencia contra los edificios que simbolizan el poder político. Lugares donde un gran porcentaje de ciudadanos percibe que se cuecen los actos de corrupción y donde entiende que no existe una producción que redunde en beneficios para la población.
Los congresos, casas de la democracia, son instituciones que tienen una pésima imagen en el mundo entero. Investigaciones serias y prestigiosas, realizadas por el Latinobarómetro en América Latina, por la Universidad de Gotemburgo (informe V-Dem) y por la Universidad de Vanderbilt de Tennessee (Americas Barometer) coinciden en que el promedio de confianza hacia los legislativos de nuestra región ronda apenas el 20%.
El porqué de estos guarismos se explican muy bien en los informes de esas instituciones, pero básicamente se resumen en los altos niveles de polarización entre sus integrantes, con debates que son percibidos en varias ocasiones como riñas de gallos donde los parlamentarios pierden los estribos y agreden a sus adversarios. Estas situaciones son mediatizadas y viralizadas en redes sociales generando una percepción negativa.
Si para muestra vale un botón hay que señalar el caso del Parlamento uruguayo, el de mejor reputación de América Latina y el Caribe según el Latinobarómetro, cuando el pasado 14 de agosto de 2025, en el marco de una interpelación en la Cámara de Senadores al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, en pleno debate, le gritó “puto de mierda” a su colega Nicolás Viera del Frente Amplio, generando una situación de violencia y homofobia que llevó a la suspensión de la sesión legislativa.
La percepción de ineficacia es otro de los elementos que percibe un porcentaje alto de ciudadanos y que lleva a que el congreso y sus integrantes tengan una imagen tan negativa. Esta situación se debe, entre otros, a que los procesos legislativos son lentos, más aún en los países bicamerales, por lo que el impacto de las leyes aprobadas demora en llegar a los beneficiarios.
Al respecto, también en el mes de agosto, el candidato presidencial chileno y favorito para llegar a La Moneda, el ultraderechista José Antonio Kast, afirmó que “el Congreso no es tan relevante como se imaginan”. Estas palabras vienen de una persona que se reconoce admirador de muchas de las políticas del dictador Augusto Pinochet, quien terminó con la democracia, las libertades de un país y la vida de muchas personas.
Lo paradójico de las declaraciones de Kast es que su partido está presentando candidatos a diputados y senadores para las elecciones de noviembre de este año. Flaco favor a la democracia y al legislativo en general le ha hecho el candidato presidencial.
Hacia dónde rumbear
La democracia está en crisis, lo señalan todas las investigaciones serias que se realizan en América Latina y también en Europa. Liderazgos como los de Donald Trump en Estados Unidos, Benjamín Netanyahu en Israel, Nayib Bukele en El Salvador o incluso Javier Milei en Argentina la horadan aún más, debido a sus estilos avasallantes que en algunos casos desconocen incluso la opinión de las mayorías.
Ante este nefasto panorama hay que recordar varias herramientas que pueden ayudar a paliar esta mala percepción, cuentan con plena vigencia y que muchas veces los legislativos las dejan de lado, entre ellas el parlamento abierto, el parlamento electrónico y las políticas de transparencia.
Por ejemplo, una luz en el camino presentó el congreso guatemalteco, al celebrar por segundo año consecutivo un Moot Legislativo. Se trata de la convocatoria a estudiantes de universidades públicas y privadas para que compitan en la formulación de propuestas legislativas de alto impacto. Realmente un ejemplo de parlamento de puertas abiertas y una acción que aporta en la mejora de la imagen del congreso.
Pero más allá del Moot legislativo, son varias las acciones que pueden desarrollarse para abrir las puertas de la casa de la democracia y acercarla a la ciudadanía, como por ejemplo: hackatones (realizados en Paraguay y en México años atrás), que se trata de la convocatoria de un encuentro de especialistas en materia digital que, por lo habitual, siguiendo una premisa, realizan un aporte determinado al congreso. También se puede apelar a la promoción de herramientas digitales a través de las cuales la ciudadanía pueda interactuar con diputados y senadores; foros del futuro; juegos de roles, etc.
La crisis de confianza en los parlamentos, evidenciada tanto en los incendios de Nepal como en los episodios de violencia verbal en Uruguay o las declaraciones deslegitimadoras en Chile, no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de una democracia global que se devalúa en su imagen y que necesita soluciones urgentes.
Los parlamentos deben recuperar su legitimidad a través del trabajo político y de la comunicación estratégica, solo así se acortará la brecha entre representantes y representados, fomentando transparencia y participación, además de fortalecer a nuestra alicaída democracia.
Marcel Lhermitte (Uruguay). Periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Ha sido consultor en campañas electorales en América Latina, el Caribe y Europa. Asesor de legisladores y gobiernos locales en Iberoamérica. Director del colectivo latinoamericano de comunicación política Relato. Coordinador del Diploma de Comunicación Política de la Universidad Claeh. Autor de los libros La Reestructura. La comunicación de gobierno en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, La campaña del plebiscito de 1980. La victoria contra el miedo y Los ecos del No. Las elecciones internas de 1982. X: @MLhermitte / Instagram: @marcel_lhermitte
