Por Edna Laura Huerta Ruiz
México tiene leyes pioneras contra la violencia política de género. El ascenso de las mujeres al poder en América Latina debería ser la crónica de una victoria democrática, con frecuencia el acoso es el precio del poder. El caso de Claudia Sheinbaum lo prueba: ni la presidenta está a salvo.
Cuando una mujer alcanza la cúspide política, debería preocuparse más por el debate legislativo, propuestas, aplicación de políticas públicas más que el miedo a ser algún día violentada. El caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien sufrió un incidente de acoso sexual de alto perfil, es un recordatorio brutal y paradigmático: ni siquiera la máxima autoridad ejecutiva está exenta de ser reducida a un objeto sexual y de enfrentar agresiones físicas.
Mientras México ostenta uno de los marcos normativos más avanzados de la región culminando en la reforma de ley en el 2020 que tipificó la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) como delito y sanción electoral, el acoso sigue siendo la manifestación más común de una profunda resistencia cultural.
A pesar de este andamiaje legal, el campo de batalla real se ha trasladado al ámbito local, donde la violencia es más coercitiva y peligrosa. Los datos son escalofriantes: el ámbito municipal acumula la mayor cantidad de registros y sanciones, y durante el proceso electoral de 2024, casi la mitad el 48% de los casos de VPMRG atendidos se clasificaron con un nivel de riesgo alto, siendo la amenaza contra la integridad de las candidatas el principal acto denunciado.
Este no es un problema de leyes, sino de quién controla el poder y el territorio. El acoso político desde la difamación misógina en redes sociales, que abarca el 88% de los casos acreditados, hasta la coerción física que intenta forzar la renuncia de las funcionarias electas, es la herramienta silenciosa y sistémica que busca anular la participación femenina. ¿Es suficiente con sancionar al agresor cuando el sistema mismo sigue reproduciendo un riesgo vital para las mujeres que se atreven a gobernar? La respuesta está en la calle, en los ayuntamientos y en cada ataque digital.
El fenómeno de la VPMRG ha encontrado en la era digital su arma más potente, transformando las redes sociales en el nuevo campo de batalla donde el acoso opera con impunidad y rapidez se ha mudado a la pantalla.
De los procedimientos donde se acreditó este tipo de violencia es un abrumador 88% se encuentran vinculados a ataques en redes sociales. Esto demuestra que la violencia digital se ha consolidado como la manifestación más frecuente y efectiva para deslegitimar a las mujeres en el servicio público, siendo el retiro de esas publicaciones la medida cautelar más recurrente que la autoridad electoral se ve forzada a decretar.
El acoso como arma de control tiene como objetivo final limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales o el desempeño de su cargo. Este repertorio de agresiones puede ser de cualquier tipo: física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial o económica. En este espectro, el acoso es el instrumento de control social más común. El acoso político se manifiesta frecuentemente como violencia psicológica, buscando dañar la estabilidad emocional a través de la humillación, la devaluación, la marginación o las amenazas. En el plano digital y mediático, esto se traduce en calumnias, descalificación o difamación que se basan específicamente en estereotipos de género, donde también podríamos hablar de Ley Olimpia o Sicariato Digital. Cabe destacar que la ley prohíbe explícitamente la publicación o distribución de propaganda que degrade o denigre a una mujer usando estereotipos para limitar sus derechos políticos.
El acoso, en este contexto, busca el aislamiento y la desmoralización. Los agresores atacan el cuerpo, la vida privada o la supuesta incapacidad de la mujer para ejercer el poder. La violencia sexual incluye el acoso sexual, contacto físico no consensuado, tocamientos o solicitudes de favores sexuales que degrada la dignidad e integridad de la víctima, como lo demostró el incidente de acoso sexual sufrido por la Presidenta de México, el cuerpo de la mujer se convierte en un medio para desafiar y anular su autoridad, incluso en los más altos niveles de gobierno. El caso de la presidenta Sheinbaum es la punta del iceberg de una violencia política de género que tiene un carácter específico y sexualizado. Los ataques contra mujeres en el poder rara vez son solo políticos; casi siempre son sexistas, cosificadores y dirigidos a recordarles su condición de mujer. “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?”, se preguntó Sheinbaum, al anunciar que presentaría una denuncia formal.
La respuesta institucional al episodio fue inmediata. La Secretaría de las Mujeres, creada por el gobierno de Sheinbaum, emitió un pronunciamiento de repudio, subrayando que “ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país”. La presidenta anunció una campaña nacional por el respeto y una revisión para homologar el acoso como delito en los 32 estados.
Sin embargo, en el polarizado escenario político mexicano, hasta la violencia de género se convierte en arma arrojadiza. Mientras algunas voces mostraban solidaridad, otras, desde la oposición, deslizaron la teoría de que todo era un “montaje” para distraer la atención del asesinato del alcalde Carlos Manzo. Este giro es, en sí mismo, una forma de revictimización y un reflejo de lo que sufren millones de mexicanas cuando denuncian: la descalificación y el cuestionamiento de su testimonio, nos hace pensar que se trata siempre de desestimar.
La paradoja mexicana: ley de vanguardia, cultura de retaguardia
Este hecho ocurre en un país que, sobre el papel, es pionero en América Latina en equidad política. Desde 2019, México tiene una ley de “paridad en todo” que exige que el 50% de los cargos en los tres poderes y a todos los niveles sean ocupados por mujeres. Gracias a esta “combinación maravillosa” de leyes, litigio estratégico y activismo, hoy el Congreso es paritario y por primera vez en la historia una mujer gobierna el país. Sheinbaum y su rival, Xóchitl Gálvez, compitieron en unas elecciones presidenciales históricas.
Pero las leyes no cambian automáticamente la cultura. Un androcentrismo profundamente arraigado en una visión del mundo que sitúa al hombre como universal y relega lo femenino persiste en las estructuras sociales. La violencia política contra las mujeres, aunque tipificada como delito, sigue siendo la herramienta para sabotear ese avance legal. El caso de la presidenta ilustra la desconexión entre un marco jurídico de vanguardia y una realidad donde el cuerpo de una mujer, incluso el de la comandante suprema, puede ser vulnerado impunemente en plena calle.
México no está solo, es un espejo para América Latina. Desde Brasil hasta España y Uganda, las mujeres en política enfrentan una cosecha particular de misoginia. El acoso digital es una epidemia: un estudio de la OTAN sobre ministras finlandesas encontró que recibían un número desproporcionado de mensajes abusivos y de lenguaje sexista explícito. En América Latina, región con tasas escalofriantes de feminicidio, la violencia es la sombra que acecha todo avance.
La pregunta central ya no es si existen las normas, sino ¿quién las aplica? y ¿quién protege a las mujeres? Nos cuidamos solas. La respuesta no puede depender solo de la valentía individual de cada mujer que entra a la vida política. Hoy el “feminismo institucional”, no ha logrado resultados tangibles para la mayoría de las mujeres, especialmente las más pobres. Las leyes paritarias son un paso necesario, pero insuficiente. El verdadero cambio no está solo en que una mujer ocupe la silla presidencial, sino en que pueda caminar hasta allí y de regreso, sin que una mano extraña crea tener derecho sobre su cuerpo.
Lo que ocurrió el 4 noviembre a Claudia Sheinbaum es un recordatorio cívico urgente: hemos ganado el derecho a ser electas, pero todavía estamos lejos de conseguir el derecho básico a estar seguras, hoy sabemos alzar la voz y hemos aprendido que Calladitas NO nos vemos más Bonitas y soporten.
Edna Laura Huerta Ruiz (México) es especialista en comunicación y políticas públicas para la inclusión y diversidad. Realizó su maestría de Marketing Político en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en comunicación política para diversos partidos políticos y asociaciones civiles. Consultora en la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León, asesora en Cámara de Diputados en la actual legislatura y asesora de la Comisión de Igualdad de Género de la LXV Legislatura. Diputada Federal por el Estado de Nuevo León en la LXIV Legislatura. Periodista de profesión y docente en la Universidad de Monterrey, ha trabajado en diversos medios y en RRPP como Grupo Reforma, Televisión Azteca, Telemundo y Televisa. Instagram: @cuinadelaqueen
