Milton Vela-Gutiérrez
El contexto en el que se desarrollarán las Elecciones Generales de 2026 en el Perú estará marcado por la gestión de Dina Boluarte la cual se caracterizó por una notoria falta de autoridad y liderazgo político.
Constantemente amenazada por la vacancia, Boluarte convocó a elecciones sin cuestionar los cambios en la ley impulsados por el Congreso, aceptando pasivamente una contrarreforma que anuló los resultados del referéndum de la era Vizcarra, donde la ciudadanía se había pronunciado abrumadoramente en contra de las mismas reformas que hoy el Parlamento ha impuesto. Ya entonces era evidente que los congresistas habían diseñado un marco normativo a la medida de sus propios intereses, sin considerar a las mayorías nacionales ni la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas.
Todos estos cambios liderados por un congreso sin mayor aceptación popular y modificando inclusive muchos artículos de la Constitución, promovieron como efecto real una fragmentación extrema del sistema partidario peruano, lo que ha llevado a una situación crítica: 43 partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y 39 de ellos habilitados para inscribir candidaturas.
Muchos de estos partidos o los llamados vientre de alquiler, solo nacieron para participar en las elecciones como mero requisito para inscribirse, no cuentan con historia, ideología, programas y menos organización de tal manera que en esta informalidad llenan sus cuadros de candidatos sin mayores requisitos que la voluntad de los interesados. Las fuentes de financiamiento de estos partidos o movimientos, son también desconocidas, se sabe que cobran cuotas de ingreso a los participantes y otras veces son apoyados por la economía ilegal que en el Perú mueve más de 10 mil millones de dólares.
En 2021 ya resultó abrumador que participaran veinte candidaturas presidenciales. Aquella dispersión evidenciaba la fragilidad del sistema político y anticipaba un período de inestabilidad. El tiempo lo confirmó: desde entonces el país tuvo tres presidentes —Pedro Castillo (vacado), Dina Boluarte (vacada) y José Jerí, aun en el cargo, sostenido únicamente por una cúpula parlamentaria—. La tendencia: un presidente dura, en promedio, un año en el Perú.
Si con veinte candidatos la situación fue problemática, con 39 agrupaciones la descomposición institucional es inevitable. Solo dos o tres partidos tienen mínima organización nacional. El resultado es previsible: ningún partido alcanzará mayoría en primera vuelta, pues carecen de capacidad orgánica y sus candidatos no poseen liderazgo diferencial. El balotaje obligará a negociar el poder, como ocurrió con PPK en el 2016, generando una gobernabilidad raquítica. El Congreso, elegido en la primera vuelta, tendrá mayoría opositora y un apetito desmedido por el control político, replicando la dinámica con Boluarte, donde el Presidente del Congreso emergió como el verdadero dueño de un poder sustentado en una dictadura parlamentaria de facto.
Por otro lado, en el Perú, en 2021 se realizó un referéndum a fin de contar con el apoyo popular de varias reformas en el sistema político una de ellas era la bicameralidad, la cual fue rechazada por amplia mayoría y la otra era la aprobación de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), la cual permitiría que solo los partidos que hayan alcanzado un porcentaje de votos podrían pasar a la elección final y esta fue aprobada.
Pese al rechazo ciudadano en referéndum, por la bicameralidad y la aprobación de las PASO, este Congreso impuso el retorno a la bicameralidad y eliminó las citadas primarias, dejando un desorden descomunal que traerá graves consecuencias a la institucionalidad democrática. Gracias a las modificatorias generadas por el llamado peor congreso de la historia tendremos un Senado con sesenta miembros: treinta elegidos por circunscripción nacional, veintiséis por circunscripciones uninominales y cuatro por Lima Metropolitana y serán 130 los diputados a nivel nacional.
El ciudadano deberá emitir cinco votos simultáneos: presidencial, senado nacional, senado por circunscripciones, diputados y Parlamento Andino.
Y, además: listas cerradas y no bloqueadas para el Congreso y el Parlamento Andino. Esto involucra hasta siete votos preferenciales: tres para Senado, dos para diputados y dos para el Parlamento Andino. Es una intoxicación legislativa sin precedentes.
Son casi 10 mil los candidatos que participarán. Esto generará un ruido comunicacional inmanejable y encarecerá las campañas. Quienes no cuenten con financiamiento caerán, como en los últimos comicios, en manos de la economía ilegal, cuyo dinero ya sostiene a varios actores que hoy ostentan poder y pagan favores. La fiscalización será prácticamente imposible para organismos electorales ya debilitados por su desempeño pasado.
Se mantiene la valla electoral del 5%, para tener representación, por lo que en el Senado deberán superar el 5% y elegir tres senadores. Mientras en la Cámara de Diputados tienen que superar el 5% y elegir al menos siete diputados. El voto digital se aplicará solo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y residentes en el extranjero.
Oportunismo con facilidades
Siguiendo los efectos de las modificatorias en las normas electorales, se ha producido una lluvia de partidos, muchos de los cuales son meros cascarones sin mayor contenido, creados solo como requisitos para las elecciones y acomodar candidatos oportunistas sin mayor prestigio ni vocación de servicio. El Congreso ha impulsado partidos que no tienen representaciónciudadanaa través de componendas que redujeron o eliminaron los mecanismos de supervisión que garanticen partidos orgánicos y representativos. Esta debilidad sistémica de los partidos más la presencia activa y creciente de la economía ilegal como fuente de financiamiento consolidó la transformación de los partidos en vehículos de captura de cuotas de poder, administrados por propietarios y socios de estas agrupaciones políticas, que buscan beneficios personales, no de representación ciudadana.
Como podemos observar muchos líderes partidarios arrastran problemas judiciales y ven en el Congreso un espacio para asegurar impunidad y negocios, mientras una bancada fuerte permite frenar sus procesos. La reducción extrema de requisitos para inscribir partidos ha producido una explosión de organizaciones sin ideología definida, abiertas a oportunistas cuyo objetivo es obtener una cuota mínima en el legislativo, no gobernar.
Las autoridades electorales son laxas e incapaces de fiscalizar la vida interna de los partidos. Estas organizaciones hibernan fuera de las elecciones y aparecen solo para captar recursos, vender candidaturas y beneficiar a sus cúpulas. Sin formación de cuadros, meritocracia ni filtros éticos, el ingreso de dinero procedente de actividades ilegales se ha vuelto una constante.
Indudablemente, el proceso político rumbo a 2026 ha sorprendido por su degradación acelerada. La débil supervisión del sistema de partidos y la permisividad para inscribir organizaciones fantasmas han generado la peor representación política en décadas. Los mejores cuadros están ausentes porque no existen partidos con liderazgo, visión ni institucionalidad.
El retorno a la bicameralidad, impuesto por un Congreso con prácticas antidemocráticas, se producirá 33 años después de su eliminación.
La cédula de votación —44 cm x 42 cm— será un “papelógrafo” lleno de rostros y símbolos desconocidos, una receta segura para la confusión y el voto errado.
Además, el Congreso aprobó que los legisladores del período 2021–2026 puedan postular a Diputados y Senado, vulnerando la prohibición de reelección. Y en el Senado incluso eliminaron para sí mismos el requisito de edad mínima de 45 años. Una ambición sin límites que erosiona aún más la ya frágil democracia.
Macrorregión Sur y Generación Z
En orden de importancia territorial, la Macrorregión Sur tendrá un voto decisivo en las próximas elecciones —Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios— representan el 16,5% del padrón electoral, con 4,3 millones de votantes.
Esta macrorregión se ha consolidado más por las desdichas que por las bondades. Tras la vacancia de Castillo en diciembre de 2022 y el ingreso de Boluarte, hubo una reacción en el sur y centro con marchas, protestas y algunos episodios violentos, aunque sin armas. Mientras la respuesta del gobierno de turno fue desproporcionada con un uso desmedido de la fuerza, generando cientos de heridos y más de sesenta muertos, en su mayoría jóvenes.
Estos hechos marcaron irremediablemente a la gestión Boluarte. La narrativa de “terruqueo” profundizó la indignación ciudadana. La aprobación presidencial por otro lado se desplomó hasta niveles estadísticamente cercanos a cero. Boluarte quedó convertida en una autoridad sin legitimidad, incapaz de viajar a regiones sin protestas.
La Macrorregión Sur no ha perdonado estos sucesos. Se consolidó un poderoso voto identitario, cimentado en décadas de discriminación y distancias culturales con Lima. Ese sentimiento solidario se convirtió en fuerza política. La percepción de injusticia generó cohesión y conciencia de poder. Y la derecha sabe que esa región será un escenario particularmente hostil para ellos. Los intentos de campaña de este sector han sido respondidos por los ciudadanos con resistencia e incluso beligerancia.
Los pobladores sostienen que quienes guardaron silencio ante las muertes también son responsables. Y casi todos los partidos que están en el congreso y van a participar en la contienda electoral 2026, nunca como en ese momento estuvieron más callados.
La aparición de una fuerza ciudadana que ha resurgido con mucha energía y dinamismo en los últimos meses ha sido los jóvenes. Normalmente el joven peruano es visto como apático e indiferente en política, salvo algunos episodios contemporáneos, nunca tuvo una participación tan activa como en los últimos meses. Este compromiso por el cambio mostrado en las diferentes marchas ha involucrado cientos de jóvenes en las calles, enfrentándose de manera violenta con las fuerzas del orden. Todo esto invita a pensar que ha resurgido una fuerza ciudadana que tendrá una alta influencia en el voto mayor a otras oportunidades electorales.
Los estudios muestran que el 58% de universitarios no se identifica con ninguna tendencia política; apenas 30% se ubica en la derecha/centroderecha y 12% en la izquierda. Casi el 40% afirma que no considera la ideología del candidato, sino sus propuestas.
La generación Z —con aproximadamente 2,5 millones de votantes nuevos— vota sin las lealtades ideológicas tradicionales. Sus demandas están marcadas por el temor a un futuro distópico, la frustración ante el sistema político y la urgencia de cambio estructural. Este segmento será decisivo en las elecciones del próximo año.
Medios de comunicación
Los grandes medios masivos marcaron toda una época. Era una cuestión de controlar el “sartén por el mango”. Quien tenía el mango podía orientar la opinión pública y defender sus propios intereses. La relación entre los grandes grupos empresariales y el poder político encontraba en los medios de comunicación su principal bisagra, una dinámica presente en prácticamente todos los países.
En el caso del Perú, la concentración mediática en un reducido grupo económico fue particularmente preocupante. Ese conglomerado empresarial tuvo, durante décadas, la capacidad de elevar y derrumbar presidentes. Golpes de Estado, vacancias y crisis recurrentes configuraron un escenario donde la prensa terminó siendo cómplice —por acción u omisión— de muchos de los desvaríos del poder. Así, la concentración mediática no solo afectaba el pluralismo informativo, sino que también ampliaba significativamente la capacidad de los medios para influir, encuadrar e incluso manipular la agenda pública, especialmente en contextos de crisis política.
Pese a procesos judiciales y reclamos de diversos sectores ciudadanos, la propiedad de los medios en el Perú sigue dominada por dos grandes conglomerados privados. El Grupo El Comercio controla más del 70% del mercado de prensa escrita, además de canales por cable, plataformas digitales y una presencia determinante en el mercado publicitario. Le sigue el Grupo La República, con menor alcance, pero con influencia significativa en el espacio informativo urbano. Aunque han surgido alternativas, estas aún no constituyen un contrapeso real al poder mediático consolidado.
Es evidente que la concentración mediática impacta directamente en la formación de la opinión pública y en la salud democrática. Menos propietarios controlando más plataformas implica menos diversidad de voces, menor competencia narrativa y mayor capacidad para imponer marcos interpretativos sobre los hechos políticos. En este proceso, los medios dejaron de ser intermediarios neutrales y asumieron roles abiertamente políticos, contribuyendo a la construcción de consensos, la fabricación de enemigos públicos y la instalación de percepciones de crisis que inciden en procesos electorales y en la legitimidad gubernamental. Este mecanismo es especialmente visible en la selección y priorización de escándalos políticos, así como en la omisión sistemática de otros, según afinidades corporativas o alianzas con actores de poder.
La evolución del poder del Congreso alimentó una crisis política estructural que atraviesa el país desde hace más de una década, debilitando la legitimidad de instituciones como la justicia, los partidos y el propio Poder Ejecutivo. En este vacío de representación, los medios han asumido funciones cuasi-políticas, conformando lo que algunos autores denominan una “mediocracia”: conglomerados que no solo informan sobre la política, sino que la producen, la condicionan y, en ocasiones, la orientan. Los medios se han convertido, así, en los nuevos “catones” de la sociedad.
La debilidad de los partidos políticos ha permitido que los medios sustituyan tareas fundamentales como la generación de discursos, la construcción de liderazgos y la definición de prioridades públicas. De esta manera, la influencia mediática se expande más allá de la comunicación y penetra en la propia gobernabilidad.
La victoria electoral de Pedro Castillo, pese a la oposición abierta de los medios tradicionales, derrumbó un mito histórico y sacudió a las élites económicas. La irrupción de plataformas digitales generó una alternativa más diversa, accesible y descentralizada para la expresión pública, fragmentando el monopolio informativo tradicional. Surgieron nuevos actores —periodistas independientes, influencers políticos, medios alternativos y redes transmedia— que, si bien ampliaron el pluralismo, también abrieron espacio para la desinformación, la polarización emocional y la postverdad. En este terreno, la inteligencia artificial ha consolidado un ecosistema donde es más fácil desinformar que aportar claridad.
En el Perú, plataformas como TikTok, Facebook, YouTube y X se han convertido en espacios que contrarrestan o amplifican las narrativas de los conglomerados tradicionales, generando un ecosistema híbrido donde conviven información verificada y propaganda emocional.
Este nuevo escenario preocupa a la gran prensa. Los candidatos de la derecha tradicional perciben que el monopolio mediático ya no es la fortaleza que fue en el pasado. El “fenómeno Castillo” ha reconfigurado la relación entre política y ecosistema digital, empujando a múltiples actores a incursionar apresuradamente en el espacio cibernético, sin comprender que este posee sus propias reglas, lenguajes y tecnologías. Lo que funcionaba en el sistema tradicional no necesariamente es eficaz en este nuevo formato.
Todo esto juega en contra de unas elecciones formales y normales en 2026. La mayoría de partidos y candidatos aún no asimilan la magnitud del cambio tecnológico y mantienen estrategias convencionales. La desconfianza hacia los medios tradicionales, sumada al temor a la manipulación digital, convierte a los electores en ciudadanos llenos de dudas y con una profunda falta de confianza en la política.
La fragilidad del gobierno que resulte electo bajo estas condiciones probablemente afectará su legitimidad desde el inicio, repitiendo la historia reciente del país: crisis, vacancias y procesos judiciales contra los propios mandatarios.
Riesgo electoral 2026
Con 39 agrupaciones y un voto obligatorio donde predominan sectores con bajo nivel educativo, el escenario es caótico. Se ha forzado el sistema electoral mediante cambios normativos que permiten la proliferación de organizaciones improvisadas que buscan repartirse el poder como botín.
En perspectiva, se puede observar que ningún partido superará el 10%en primera vuelta. Habrá balotaje y, con él, otra vez un gobierno débil, obligado a alianzas contradictorias. El Congreso será distante y dominante, y el Ejecutivo enfrentará extorsión parlamentaria permanente debido a la facilidad con la que se puede vacar al presidente.
Encontrar cuadros honestos, técnicos y sin vínculos con redes de poder será difícil.
En este contexto, el próximo gobernante, en el mejor de los casos, podrá intentar diseñar políticas de corto, mediano y largo plazo. Pero, siendo realistas, será un éxito si logra permanecer al menos un año en el cargo.
A juzgar por la historia reciente, quizá debamos prestar más atención a quién será el vicepresidente, pues probablemente termine gobernando el país.
Milton Vela-Gutierrez (Perú) es profesor en Marketing Estratégico, Político y Comunicación Política, en áreas de grado y postgrado en la Universidad de Lima. Consultor y analista en campañas políticas y gestión gubernamental, con especialización en prospectiva. Estudios en Maestría en Marketing Político y Comunicación Estratégica, posgrado en Marketing Comercial, diplomado Internacional en Marketing Político y Campañas Electorales, especialista en Investigación de Mercados, diplomado en Comunicación en Crisis Políticas y Gerencia de Campañas Electorales.
