Por Daniela Tatiana Navarro Jaramillo
La ausencia de sanciones y el debilitamiento de los contrapesos democráticos son un vacío que exige un periodismo más riguroso para una ciudadanía crítica.
En la arquitectura contemporánea del poder, la verdad ha dejado de funcionar como el cimiento epistémico de la deliberación pública para transformarse en un insumo táctico, altamente maleable y subordinado a la rentabilidad del relato estratégico. Cuando la mentira política deja de ser un recurso episódico de contención de crisis y pasa a estructurarse como un método sostenido de gobierno, la democracia misma experimenta una peligrosa mutación. No estamos asistiendo simplemente a una fase más acelerada de la propaganda tradicional, sino a la consolidación de la posverdad institucionalidad: un régimen comunicacional en el que la validez de un hecho no depende de su contrastación empírica con la realidad, sino de su efectividad emocional para articular a las audiencias propias y polarizar frente al adversario.
La pregunta medular que desafía hoy al periodismo y a los consultores de comunicación política en América Latina excede la mera denuncia sobre la insinceridad de las élites directivas. La verdadera cuestión crítica radica en descifrar por qué la mentira resulta tan extraordinariamente barata de emitir y tan costosa de desmontar: ¿cuáles son los límites normativos, institucionales y éticos de la falsedad deliberada cuando proviene del vértice del poder? ¿Qué ocurre con el pacto representativo cuando quien ostenta la máxima magistratura del Estado opera como el principal vector de desinformación? Y, fundamentalmente, ¿de qué herramientas dispone una ciudadanía fragmentada para contener el deterioro de la deliberación pública?
Del clic a la alocución oficial
Para comprender la dinámica de la mentira política contemporánea es imprescindible examinar su mecánica operativa. La desinformación promovida desde las cúpulas gubernamentales no opera al azar; responde a una estrategia calculada de fijación de agenda (agenda-setting) y encuadre (framing) diseñada para saturar el ecosistema informativo. Los datos empíricos provenientes de rigurosos ejercicios de verificación periodística sobre discursos y pronunciamientos del Ejecutivo colombiano ofrecen una radiografía alarmante sobre la magnitud del fenómeno.
Un análisis minucioso realizado por La Silla Vacía[1] sobre un universo de 159 verificaciones a intervenciones públicas e interacciones digitales reveló que el Ejecutivo desinformó en al menos 126 ocasiones, lo que equivale al 79,6% del total de los enunciados sometidos a auditoría fáctica. Al desglosar la tipología de la inexactitud, la gravedad del diagnóstico se acentúa: 56 afirmaciones fueron categóricamente falsas, 44 resultaron engañosas —construidas mediante verdades a medias o descontextualizaciones deliberadas— y 18 presentaron sesgos de imprecisión severa.
El mapa de transmisión de esta arquitectura desinformativa muestra, además, una clara priorización de las plataformas de microblogging sobre la intermediación de los medios de comunicación tradicionales. El 73% de las incorrecciones fácticas se propagaron a través de la red social X (antes Twitter), un espacio signado por la inmediatez, la cámara de eco y el sesgo de confirmación. El 23% restante se enunció en discursos públicos formales, registrándose su mayor concentración durante las alocuciones institucionales ante el Congreso de la República con motivo del 20 de julio.
Este dato no es menor: que la falsedad y la distorsión deliberada encuentren su escenario de mayor densidad dentro del templo de la representación democrática prueba que el discurso de pose no busca rendir cuentas ante el Legislativo, sino hablarle por encima de las instituciones a una base militante movilizada por la emotividad. Asimismo, la edificación sostenida de un relato de sospecha electoral —materializada en más de 92 advertencias o denuncias de fraude proyectadas desde las cuentas oficiales desde 2022— constituye la narrativa de mayor largo aliento y fuerza simbólica del mandato. Esta retórica del victimismo preventivo busca blindar al Poder Ejecutivo ante eventuales reveses políticos, construyendo de antemano el chivo expiatorio de una conspiración institucional.
La arquitectura del vacío regulatorio
Ante la evidencia irrefutable de que la cúpula del poder utiliza la desinformación de manera sistemática, la reacción intuitiva de la ciudadanía es demandar regulación y castigo. Sin embargo, al analizar la estructura jurídica del Estado de Derecho, nos topamos con un muro conceptual insalvable: en las democracias liberales contemporáneas, mentir en el ejercicio de la política no está tipificado como delito, ni existen órganos con legitimidad suficiente para erigirse en “tribunales de la verdad”.
El marco normativo constitucional protege la libertad de expresión y de opinión bajo un umbral de máxima cobertura, especialmente cuando se trata de actores políticos y gobernantes. Salvo que la mentira configure conductas penales específicas —como la calumnia, la injuria o el pánico económico—, el ordenamiento legal no sanciona la incorrección fáctica ni la manipulación de datos. Los intentos de crear entes estatales de regulación o supervisión de la veracidad informativa tropiezan de inmediato con el peligro inminente del autoritarismo y la censura previa: atribuirle al Estado la facultad de decidir qué es verdaderamente cierto equivale a entregarle las llaves del control ideológico.
¿Qué ocurre entonces con las “sanciones políticas”? Teóricamente, la mentira debería ser penalizada por los contrapesos democráticos mediante la pérdida de reputación, la moción de censura o el castigo en las urnas. No obstante, en el contexto hiperpolarizado de América Latina, las sanciones políticas han sufrido una atrofia estructural. La polarización tribal genera una ceguera de facción donde las audiencias no penalizan la mentira de su líder; por el contrario, la justifican como una audacia táctica frente a los “ataques” del adversario. La verdad objetiva ha dejado de ser una exigencia electoral para convertirse en una pretensión prescindible.
El riesgo sistémico
¿Está en riesgo la democracia cuando la mentira se instala en el corazón de la comunicación gubernamental sin consecuencias legales ni políticas? La respuesta abstracta y empírica es rotundamente afirmativa. El peligro principal de la posverdad institucionalizada no reside únicamente en que la ciudadanía tome decisiones basadas en premisas falsas, sino en un mal mucho más profundo y corrosivo: el colapso de la confianza pública y la instauración de una epistemología del cinismo.
Cuando el gobernante miente de manera impune y recurrente, destruye la premisa indispensable sobre la que descansa la vida en comunidad: la creencia de que existe un suelo común de hechos verificables sobre los cuales es posible deliberar y disentir. Sin esa base empírica compartida, la política se degrada en una guerra de religiones laicas. El debate sobre el presupuesto, la salud, la seguridad o la infraestructura no se da sobre cifras y evaluaciones de impacto real, sino sobre marcos conceptuales ficcionales donde los datos son descartados como “narrativas de la oposición” o “manipulación mediática”. La ciudadanía, exhausta e incapaz de discernir entre la propaganda y la realidad, cae en el desencanto pasivo o en el fanatismo irreflexivo. En ambos casos, el gran perdedor es el proyecto democrático, que depende indefectiblemente de un electorado informado y de instituciones transparentes.
Herramientas ciudadanas y la responsabilidad ética
Frente a la parálisis de las leyes y la inoperancia de los castigos electorales, la contención del deterioro de la esfera pública no vendrá de decretos ejecutivos ni de reformas legales reguladoras. La única trinchera efectiva radica en la articulación de una ciudadanía crítica y en el ejercicio de un periodismo riguroso y técnicamente equipado para la auditoría del poder. Las herramientas de verificación fáctica (fact-checking), el periodismo de datos de profundidad, la trazabilidad algorítmica y los programas de alfabetización mediática representan los instrumentos más potentes para devolverle el costo político a la mentira. Sin embargo, estas herramientas resultan insuficientes si se aplican como meros ejercicios académicos de verificación reactiva. El verdadero reto para los consultores, periodistas y estrategas que integramos la comunicación política en América Latina y el Caribe radica en asumir un compromiso ético irrenunciable: la estrategia comunicacional no puede desgajarse de la responsabilidad democrática.
No se trata de edificar campañas ni relatos de gobierno sobre la ficción y el envenenamiento de la conversación pública. Quienes ejercemos la comunicación política tenemos el deber profesional de recordar que la narrativa sin datos es mera demagogia, y que el éxito táctico de una mentira viral es el preludio de la ruina institucional de nuestras repúblicas. Formar parte de la conversación pública en nuestra región exige, hoy más que nunca, la valentía de defender la realidad frente a la seducción del relato.
Daniela Tatiana Navarro Jaramillo (Colombia) es comunicadora social y periodista especializada en el análisis de la coyuntura nacional, el poder y las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Su trabajo busca ofrecer reflexiones fundamentadas que interpelan la conversación pública, impulsando un debate social indispensable en favor de la verdad y la justicia. LinkedIn: Daniela N.
[1] Medio de comunicación de Colombia.
