Por Daniela Castillo
El uso legal de armas ha sido un debate que por mucho tiempo ha dado de qué hablar. Sin embargo, se ha demostrado que el uso de las armas no ha solucionado los problemas de fondo y que como Estados se deberá ir más allá para encontrar caminos más pacíficos para la resolución de conflictos y problemas.
Desde sus inicios, el ser humano para su supervivencia ha elaborado y adaptado diversas herramientas como armas para usarlas como instrumentos de caza y para su defensa, convirtiéndose en el tiempo para atemorizar, herir y matar, fortaleciendo el desarrollo de la violencia en las sociedades, justificando los mecanismos de defensa y posicionamiento de poderes.
Siendo el arma una herramienta para la caza y la autodefensa, infortunadamente se utiliza contra otros seres humanos en tareas de ataque, defensa y destrucción de fuerzas o instalaciones enemigas, o simplemente como una efectiva amenaza. Un arma es por tanto un dispositivo que amplía el alcance y la magnitud de una fuerza.
Las armas en manos de seres humanos involucrados en violencia se han convertido en un problema contemporáneo de trascendencia mundial, ya que es una amenaza constante a uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el cual se ha convertido en uno de los derechos esenciales aceptado por muchos países; el 77% de las constituciones del mundo incluyen este derecho. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 3 se manifiesta que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”, esto en definitiva abarca mucho más que una prohibición de la pena de muerte implica poner sobre la mesa la protección y dignificación de la vida de todos los seres humanos y con esto, el uso de armas de fuego que puede atentar contra la vida.
El comercio global de armas es uno de los negocios más rentables que existe. Las guerras y los conflictos nacionales han llevado a que muchos prioricen la adquisición de armas sobre el gasto social, generando una significativa dedicación de recursos de Estados soberanos para la compra de armas. Según SIPRI[1], el negocio de armas mueve alrededor de U$S 100.000 millones al año y Estados Unidos concentra el 34% de las ventas mundiales. Esto lo que realmente nos demuestra, es que más que “seguridad”, lo que mueve son ganancias e intereses económicos.
El comercio de armas en un país está asociado al poder del Estado y regulado por este, quien en principio debería controlar este comercio. Aunque supuestamente exista un ‘control’ sobre la tenencia y uso de las armas por parte del Estado, esto en la práctica se sale del control pretendido, como lo muestran los múltiples y seguidos eventos publicitados por el uso violento de las armas.
El canal DW realizó un sondeo sobre la fabricación de armas, a las empresas estadounidenses y europeas que las producen, pero ninguna le dio una entrevista, solo una, la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa” (ASD) y mencionaron: “La principal misión de nuestra industria es ayudar a proteger la paz y la estabilidad en Europa. La libertad y la democracia no pueden darse por hecho. Tienen enemigos y, como ha demostrado la historia, estos enemigos a veces no tienen escrúpulos para hacer uso de la fuerza”.
El punto es reflexionar y entender si realmente las armas aportan seguridad y ayudan a mantener y proteger la paz en la sociedad. La seguridad de los Estados enfrenta un complejo panorama internacional, teniendo en cuenta que es un desafío político y estratégico bastante difícil de conseguir. David Cameron, ex primer ministro de Reino Unido decía que la seguridad es un ambiente donde se garantice la libertad y la prosperidad de todos, también Donald Trump mencionó que la seguridad puede contribuir a generar condiciones para la paz, la prosperidad y el progreso de sociedades exitosas. Sin embargo, para lograr estos objetivos, realmente debemos identificar y entender cuáles son esas amenazas que los impiden.
El control de las armas, normalmente lo tienen los Estados, sin embargo, en varios países existe la posibilidad legal de tener y usar armas de uso civil para la defensa. El ejemplo más claro y estudiado es Estado Unidos, un país donde es legal la tenencia y el uso de las armas y según Gun Violence Archive, se registraron al menos 201 tiroteos masivos en los primeros cinco meses del año 2023, teniendo un lamentable aumento que alcanzó un ritmo record este año. Estados Unidos es uno de los países que más críticas y análisis ha recibido en cuanto a la tenencia legal de armas, ya que sus cifras solo demuestran que más que protección y conservación de la paz, la tenencia de armas trae mayor desorden público y poca paz.
Para el año 2023, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que iba a autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil para la defensa personal del individuo[2]. Esto lo hizo con el fin de “combatir el enemigo en común” que resume en la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Si bien es cierto que existe el derecho a la legitima defensa, también lo es que el porte de armas no ha solucionado los problemas de fondo.
Que los ciudadanos tengan la posibilidad de portar armas, solo incrementa los índices de violencia. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins indicó que tener un arma en la vivienda aumenta en un 41% el riesgo que alguien sea asesinado en el hogar y que las personas que llevan armas a su casa las utilizan con igual o mayor frecuencia como instrumento para ejercer violencia. Además, en general las personas del común no están entrenadas para usarlas en situaciones imprevistas.
En Latinoamérica existe un debate sobre legalizar el porte de armas, toda vez que, tanto en El Salvador como en Ecuador, sus líderes políticos están fortaleciendo el discurso de las armas como mecanismo de defensa frente a las amenazas de la cotidianidad. Lastimosamente, la región latinoamericana se ha destacado por la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, los conflictos y la violencia, siendo una demostración que las armas y la violencia no han solucionado nada y tampoco han construido un camino para fortalecer y garantizar la paz y la tranquilidad en la sociedad.
Cada año se fabrican 12.000 millones de balas, esa cantidad es casi suficiente para matar dos veces a todos los habitantes del mundo. Según Amnistía Internacional, más de 500 personas mueren cada día a causa de la violencia ejercida con armas de fuego, afectando de forma desproporcionada las comunidades, y como se mencionó al inicio del artículo, atentando al derecho fundamental: el derecho a la vida.
El uso de las armas se ha convertido en algo cotidiano en las sociedades, ya sea de forma legal o ilegal, y son los civiles los que sufren las consecuencias violentas, alterando así el estado de tranquilidad y paz, porque realmente, las armas no han traído garantías para establecer la paz y la tranquilidad. Los Estados tienen el deber de garantizar el respeto de los DDHH y crear un entorno más seguro, pero si ese Estado no tiene la capacidad de controlar la forma adecuada la posesión de armas de fuego, como pasa en Estados Unidos y quizás pueda pasar en Ecuador, el Estado mismo puede terminar incumpliendo sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional de los DDHH, ejerciendo la contrariedad de su tarea y compromiso como Estado mismo.
Adicionalmente, es importante contemplar que una vez un Estado decide autorizar la tenencia y el porte de armas a civiles, cuando este considere reversar tal decisión, será un verdadero problema desarmar a quienes optaron por ello y recoger las armas, para consolidar el uso exclusivo por parte del Estado.
No se puede construir paz, ni generar caminos de prevención social, utilizando medios intrínsecamente violentos como las armas de fuego, que están diseñadas únicamente para herir y matar.
En países de Latinoamérica, es evidente que las armas, los ataques y la violencia no han solucionado nada, todo lo contrario, han desarrollado seres humanos más violentos y menos empáticos. Lo que se debe proveer es una política y una cultura de respeto por la vida del otro y la dignificación de la vida humana y ecosistémica para que las nuevas generaciones no crean que el camino para “solucionar” los problemas de sus países sea la muerte o el enfrentamiento, sino que desarrollen otros mecanismos pacíficos y profundos que solucionen los problemas reales de las sociedades contemporáneas.
Daniela Castillo (Colombia) es politóloga de la Universidad del Rosario, LLM en derechos humanos y justicia transicional de Ulster University y actualmente doctoranda en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Experta y asesora en temas de construcción de memoria histórica después del conflicto, con experiencia en sector público y privado para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, asesora política y técnica en temas de paz y experiencia en investigación.
Twitter: @Daniela_C93
Instagram: @dccastilloo
[1] Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, según las siglas en inglés.
[2] Tenencia implica poseer en el hogar un arma para defensa personal o caza, y porte es poder movilizarse con el arma adquirida legalmente.
