Por Elda Magaly Arroyo Macías
El colapso de Ueno Bank, la ruptura del quórum parlamentario y la destitución presidencial muestran cómo una crisis financiera puede extenderse a la legitimidad de las instituciones encargadas de resolverla.
¿Qué sucede cuando las personas no pueden acceder a sus ahorros, el presidente enfrenta cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con el banco involucrado y sus propios aliados abandonan una votación parlamentaria?
La crisis que sacudió a Paraguay esta semana ofrece una lección sobre los límites de la comunicación política: cuando las decisiones institucionales profundizan la incertidumbre, ningún mensaje puede sustituir la rendición de cuentas.
El viernes 6 de noviembre, el Senado destituyó al presidente Santiago Peña mediante un juicio político, después de que el colapso de Ueno Bank desencadenara protestas, cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y una fractura dentro del oficialismo. El desenlace estuvo precedido por una secuencia que merece atención desde la gestión de crisis.
Tras la intervención bancaria, Peña tardó once horas en pronunciarse públicamente, según documentó ABC Color. En su mensaje solicitó la renuncia del presidente del Banco Central y anunció medidas para atender a los depositantes. La noche del miércoles, la Presidencia todavía desmentía los rumores de una dimisión. El jueves, el mandatario presentó su renuncia. Pero la crisis estaba lejos de terminar.
Ese mismo jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos la acusación para someterlo a juicio político. Posteriormente, durante la sesión conjunta del Congreso convocada para resolver su renuncia, legisladores oficialistas abandonaron el recinto y dejaron sin quórum la votación.
La maniobra impidió concluir el trámite de la dimisión, pero no detuvo el juicio político. Al día siguiente, el Senado declaró culpable a Peña por mal desempeño de sus funciones y lo separó del cargo. Este episodio incorpora una dimensión fundamental al análisis: la respuesta de los actores políticos puede convertirse en una nueva fuente de crisis.
Abandonar una votación puede tener una explicación parlamentaria, pero su significado público depende del contexto. Cuando una sociedad exige respuestas sobre sus ahorros y las responsabilidades de sus autoridades, interrumpir una decisión institucional puede interpretarse como una forma de eludir la rendición de cuentas.
La legalidad de un procedimiento y la legitimidad que la ciudadanía le reconoce no son necesariamente equivalentes. También importa la administración de los tiempos y la información. Un desmentido categórico compromete la credibilidad institucional cuando poco después ocurre aquello que se descartó. Las circunstancias pueden cambiar, pero comunicar exige explicar esos cambios y no dejar que la ciudadanía reconstruya por sí sola las contradicciones.
Hay, además, una dimensión humana que ninguna estrategia debería ignorar. Para quien no puede disponer de sus ahorros, la incertidumbre significa dificultades para comprar alimentos, cubrir obligaciones o sostener a su familia. Una explicación técnicamente correcta resulta insuficiente cuando no está acompañada de orientación comprensible, plazos verificables y mecanismos efectivos de atención.
La caída de Peña tampoco puede explicarse exclusivamente como un fracaso comunicacional. Las decisiones financieras, los mecanismos de supervisión y las posibles responsabilidades de funcionarios y empresarios requieren investigaciones sustentadas en evidencia. La destitución política no equivale, por sí misma, a una sentencia penal.
Desde la comunicación de crisis, el caso permite distinguir tres problemas que se alimentaron entre sí: la pérdida de certidumbre financiera, el deterioro de la credibilidad presidencial y los cuestionamientos sobre la actuación del Congreso.
Cada uno exige respuestas diferentes. Restablecer el acceso al dinero no esclarece automáticamente las responsabilidades políticas. Destituir al presidente no garantiza la recuperación de los depósitos. Y sustituir a las autoridades no reconstruye, por sí solo, la confianza.
Pedro Alliana asumió la Presidencia, pero la transición institucional no representa el cierre de la crisis. La recuperación dependerá de la capacidad de las nuevas autoridades para ofrecer información verificable, atender a los afectados y permitir que las investigaciones establezcan responsabilidades. La lección es que una crisis puede comenzar con una falla financiera y terminar poniendo a prueba a todo un sistema político.
Elda Magaly Arroyo Macías (México) es periodista y comunicadora con más de veinte años de experiencia, especializada en seguridad y gestión pública. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y magíster en Administración Pública. Ha trabajado en medios como Milenio Diario, Notisistema y el Eastern Group de Los Ángeles, California. Su enfoque estratégico en Seguridad, Gestión y Atención de Crisis es clave en la comunicación gubernamental. Fue coordinadora de Comunicación en la Secretaría de Seguridad de Jalisco, México y actualmente es directora de Comunicación Social del Gobierno de Tlajomulco. Ha sido docente en universidades de América Latina, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de comunicadores. X: @elda_arroyo | Ig: @eldamarroyo
