Por Jeferson Miola
La toma de posesión del presidente Lula el 1 de enero de 2023 fue la apoteosis de la alegría y de la democracia. Una celebración exuberante del reencuentro de Brasil con la vida, con la civilización y también con el mundo, que respiró aliviado con la elección de Lula.
I.
El alboroto popular con la toma de posesión del nuevo gobierno trajo expectativas que pronto resultaron provisionales sobre el fin definitivo de la tormenta fascista-militar. El primer domingo siguiente, exactamente una semana después, tales expectativas se desvanecieron.
El audaz ataque contra los poderes de la República y el Estado de Derecho demostró que la victoria electoral del frente antifascista en el 30 de octubre no puso fin a la lucha por frenar la amenaza de extrema derecha que rodea a Brasil y al mundo.
El 8 de enero tiene múltiples significados. Uno de ellos, en particular, merece la principal atención: el gobierno de Lula no tendrá tregua.
Será blanco de un feroz y permanente combate por parte de la facción ultraderechista de la clase dominante. Ese sector tiene arraigo popular y expresiva representación parlamentaria y, además, cuenta con el liderazgo de un carismático demagogo, tiene militancia en las calles y en las redes, y está fuertemente armado.
II.
La elección de Bolsonaro en 2018, lograda gracias a la farsa judicial de Lava Jato para sacar a Lula de la carrera electoral, no fue un accidente en el camino.
El capitán de reserva del Ejército fue el candidato consensuado de los medios hegemónicos y de todas las fracciones de la clase dominante -desde el centro hasta la extrema derecha del espectro ideológico, bajo la dirección de los estamentos militares- para evitar la interrupción prematura del ciclo de espoliación brutal de la riqueza del país abierto con el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff en 2016.
La victoria de Bolsonaro derivó, desde esta perspectiva, de la convergencia tácita entre militares y el establishment para la continuidad y profundización de la guerra de saqueo del país.
Aunque en las elecciones de 2022 la fórmula militar Bolsonaro/Braga Netto no fue capaz de catalizar la cohesión electoral de la clase dominante con la misma eficacia que en 2018, esto no significa que los neoliberales y los conservadores se hayan desvinculado del extremismo bolsonarista desde un punto de vista político, programático e incluso estratégico.
III.
El mantenimiento de la debilitada democracia brasileña fue el motor de la adhesión de sectores liberales y de la derecha democrática a la candidatura de Lula/Alckmin. La reelección de Bolsonaro daría un impulso extraordinario a la amenaza militar-autoritaria y aumentaría mucho el riesgo de una escalada fascista.
El compromiso de estos sectores neoliberales con la democracia y el gobierno de Lula, sin embargo, es circunstancial y tiene un límite claro: llega solo hasta el punto de no afectar el indecente patrón de acumulación inaugurado con el golpe de 2016.
Para liberales y derechistas, la democracia tiene un valor meramente instrumental. Puede ser fácilmente descartada si amenaza sus perspectivas de acumulación y explotación.
IV.
El “nuevo orden” legal y constitucional posterior al golpe de Estado de 2016 prácticamente transformó el derecho del capital al robo y al saqueo en un sagrado derecho en Brasil.
Durante los períodos de Temer y Bolsonaro, se formó el marco jurídico-institucional para proteger la espoliación con una falsa apariencia de legitimidad.
La independencia del Banco Central, el tope de los gastos sociales, el mecanismo PPI de Petrobras [Precio de Paridad de Importación], el fin de la legislación laboral y otros mecanismos antipueblo y antinación son “derechos sagrados” garantizados a los rentistas, saqueadores y explotadores capitalistas a través de cambios legales y constitucionales perpetrados.
Brasil es actualmente el paraíso mundial de los rentistas, donde se paga un 8% de interés real anual, descontada la inflación. ¡El negocio más rentable del mundo!
Petrobras es la vicecampeona mundial en distribución de dividendos. En 2023, desviará 215.000 millones de reales (42.000 millones de dólares) de las ganancias de la empresa a manos de un puñado de accionistas privados, en su mayoría extranjeros.
V.
El presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira, notorio colaboracionista del gobierno anterior, pronunció un discurso ante empresarios paulistas (el 7 de marzo) que puede interpretarse tanto como una advertencia realista al gobierno Lula sobre los impasses en el Congreso, pero también como amenaza/chantaje.
El gobierno no tiene una base parlamentaria propia, elegida por la coalición de once partidos, ni siquiera para aprobar leyes simples, y mucho menos para revertir retrocesos a través de leyes complementarias y cambios constitucionales.
Sin embargo, lo más preocupante es que la coalición original de gobierno no eligió 172 votos propios y fieles en la Cámara de Diputados para evitar otro golpe de Estado como el perpetrado contra la presidenta Dilma en 2016.
Por muy talentosa que sea la capacidad negociadora de Lula con el Congreso, la corrupción y el fisiologismo por cargos y fondos es el criterio que mueve a partidos que se adhieren interesadamente al gobierno a cambio de un dudoso apoyo en las votaciones.
El presupuesto impositivo creado en el clima del golpe de 2016 ganó una versión peor y aún más antirrepublicana en la gestión de Lira: el presupuesto secreto. Con eso, el presidente de la Cámara obtuvo un impresionante poder de chantaje y desestabilización del gobierno.
La dificultad del presidente Lula para completar la configuración del gobierno, de los directorios y consejos de las empresas estatales y de los demás órganos, así como para destituir a los ministros de los partidos conservadores involucrados en prácticas sospechosas, se deriva de la dependencia de los arreglos de gobernabilidad impuestos por un sistema político corruptor y diseñado por las oligarquias para evitar que las fuerzas progresistas gobiernen con el programa elegido en las urnas.
VI.
La victoria del campo democrático y popular en las elecciones del 30 de octubre no significó la extinción de la extrema derecha del escenario político. Tampoco representó una interrupción automática del patrón de espoliación en curso en Brasil desde el golpe.
El gobierno de Lula se desarrolla en el contexto de una guerra oligárquica que desangra la renta y la riqueza nacional, al mismo tiempo que profundiza la barbarie. Y opera bajo una correlación de fuerzas desfavorable.
La imposición, por parte del establishment, de una gobernabilidad basada en coaliciones parlamentarias contradictorias –el infame presidencialismo de coalición– convierte al gobierno de Lula en rehén de una mayoría parlamentaria conservadora y reaccionaria, en la que el peso de la extrema derecha no es inferior al 20% de los diputados/as y senadores/as repartidos/as en distintos partidos y que representan a diferentes sectores: militares, policías, fundamentalistas religiosos, rentistas, armamentistas, mineros ilegales, agro-devastadores, etc.
Esta mayoría tiene el poder de paralizar y sabotear al gobierno. Y en el límite, si el gobierno no tiene un dispositivo de apoyo popular sólido y movilizado, la oposición puede derrocarlo mágicamente, como sucedió con Dilma.
VII.
El gobierno de Lula está presionado por cuatro lados: [i] por el capital/mercado, que promueve el terrorismo económico y utiliza el Banco Central y Petrobras en el engranaje de robo de los saqueadores de la renta nacional; [ii] por las cúpulas partidizadas de las Fuerzas Armadas, que solo hicieron un repliegue táctico ante el desastre de la intentona antidemocrática; [iii] por el Congreso, que controla la ejecución del presupuesto nacional y logra interceptar las agendas gubernamentales; y, como ha quedado claro en las últimas semanas, [iv] por el poder imperial del Norte, que cobra como retribución por no apoyar a Bolsonaro y a los militares en el intento golpista, la asociación de Brasil en la disputa geopolítica con Rusia y China.
Lula es la última -y quizás la única- trinchera democrático-popular de resistencia al ascenso fascista y al avance de la extrema derecha.
En un contexto de bajo y poco confiable compromiso de las élites con la democracia, además de fuertes presiones sobre su gobierno, Lula y su base social, en particular el PT, necesitan inventar formas de gobernabilidad popular combinadas con la gobernabilidad congresual.
Una gobernabilidad que articule permanentemente diferentes mecanismos, como el control de las políticas públicas por parte de los consejos temáticos/sectoriales y la deliberación sobre la asignación de fondos públicos a través del presupuesto participativo.
También es fundamental que el gobierno cree dispositivos de democracia plebiscitaria para la deliberación de temas centrales, sensibles y estratégicos.
Además del carácter politizador y educador de la sociedad, puede atraer y organizar masas populares para el enfrentamiento político con la extrema derecha, que no ceja ni un segundo en su intento de derrocar a Lula.
Jeferson Miola (Brasil) es periodista y analista político. Publica artículos en diversos medios de comunicación de América Latina.
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