Por Giulianna Rodríguez Cuadros
Concluida la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, el Perú enfrenta una situación que va más allá de la disputa ocurrida entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Independientemente de quién va resultando ganadora- hasta el cierre de esta edición-, el país atraviesa una de las mayores crisis de confianza de las últimas décadas, que afecta tanto al sistema electoral como a las instituciones democráticas responsables de garantizar la estabilidad política.
La preocupación central ya no es solo quién gana las elecciones, sino si el resultado será aceptado por la ciudadanía, los actores políticos y los distintos sectores sociales. La confianza, indispensable para el funcionamiento democrático, se ha convertido en la principal víctima de este proceso.
Esta crisis se gestó mucho antes de la jornada electoral. Durante años se acumularon factores que erosionaron la credibilidad institucional: la sucesión de presidentes, la confrontación entre poderes del Estado, los escándalos de corrupción, la debilidad de los partidos y la percepción de que la democracia dejó de responder a las demandas ciudadanas. Los problemas surgidos durante la primera vuelta aceleraron ese deterioro.
Las dificultades logísticas, las demoras en la difusión de resultados, las denuncias de irregularidades y las deficiencias comunicacionales de los organismos electorales generaron incertidumbre y fueron aprovechadas por distintos sectores políticos. El hecho más significativo fue la renuncia del jefe de la ONPE en pleno proceso electoral, un episodio sin precedentes que evidenció la fragilidad institucional y profundizó las dudas sobre la capacidad del Estado para conducir una elección sin cuestionamientos.
A ello se sumó la difusión anticipada de discursos de fraude. Diversos actores políticos instalaron la idea de que una eventual derrota solo podía explicarse por irregularidades o manipulación electoral. Estas narrativas, amplificadas por redes sociales, debilitaron aún más la confianza ciudadana y prepararon el terreno para una crisis postelectoral.
Los escenarios posteriores a la segunda vuelta muestran que el riesgo no desaparecerá con la proclamación de la ganadora; podría incluso agravarse.
Dado que Fujimori obtendría la victoria, el principal riesgo sería la conflictividad social. Sectores de izquierda, organizaciones vinculadas al expresidente Pedro Castillo, movimientos sociales y otros grupos cuestionan la legitimidad del resultado y promueven movilizaciones similares a las registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La estrecha diferencia prevista por las encuestas, junto con las narrativas de fraude, vienen gestando protestas e intensa presión política sobre el nuevo gobierno.
Aunque ambos escenarios (Fujimori o Sánchez) presentaban amenazas diferentes, compartirían un mismo problema: la fragilidad institucional. El desafío de fondo no era quién llegaría al poder, sino la incapacidad del sistema político para generar consensos mínimos que permitan gestionar democráticamente las diferencias.
La experiencia reciente muestra que la deslegitimación de los procesos electorales suele traducirse en mayor inestabilidad política y dificultades para gobernar. Cuando amplios sectores dejan de confiar en las reglas democráticas, aumentan las posibilidades de radicalización, proliferan los discursos antisistema y ganan espacio las soluciones autoritarias.
La campaña de segunda vuelta tampoco ayudó a revertir esta situación. Mientras Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, concentró gran parte de su estrategia en advertir sobre los riesgos de un gobierno de izquierda sin ofrecer una propuesta renovada, Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, intentó proyectar moderación mediante acuerdos de gobernabilidad y un nuevo plan de gobierno. Sin embargo, el debate público siguió dominado por acusaciones cruzadas, cuestionamientos al proceso electoral e incertidumbre sobre el resultado.
La verdadera prueba para la democracia peruana comenzará después de conocer- formalmente- a la ganadora. Superar la crisis postelectoral exigirá más que una proclamación oficial de resultados. Será necesario que Fujimori envíe señales claras de moderación, diálogo e inclusión. La conformación de un gabinete plural, la búsqueda de acuerdos políticos y el compromiso con el Estado de derecho serán claves para reducir la polarización.
Asimismo, los organismos electorales deberán reforzar la transparencia y mejorar su comunicación para recuperar credibilidad. Combatir la desinformación, explicar con claridad cada etapa del proceso y fortalecer los mecanismos de fiscalización ciudadana serán tareas fundamentales.
La responsabilidad tampoco recaerá únicamente en el próximo gobierno. Los partidos políticos, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la academia deberán contribuir a construir consensos básicos sobre democracia, estabilidad y desarrollo.
El Perú necesita recuperar la capacidad de resolver sus conflictos dentro de las instituciones y no mediante la confrontación permanente, pues el verdadero desafío será demostrar que el país aún puede resolver sus diferencias dentro de las reglas democráticas.
Giulianna Rodríguez Cuadros (Perú) es comunicadora social y maestra en gestión pública. Cuenta con más de quince años de experiencia en diferentes entidades gubernamentales de Perú. Es consultora en organismos internacionales. Experta en asuntos públicos, resolución de crisis y conflictos. Ejerce docencia en la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), entre otras. X: @GiuliannaRC / Instagram: @giulianna_rodriguez_cuadros / LinkedIn: Giulianna Rodríguez Cuadros
