Por Jorge E. Ferreyra
En 2020 la transparencia se convirtió en una de las principales banderas del cambio político en República Dominicana. Este artículo examina el experimento de LA Semanal con la Prensa y lo que revela sobre las tensiones entre campaña electoral, comunicación política y ejercicio del gobierno.
En las elecciones de 2020 la transparencia adquirió en República Dominicana una centralidad política que no había tenido en ciclos electorales anteriores. Las sucesivas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habían desgastado la paciencia ciudadana al naturalizar la corrupción y la impunidad como parte del funcionamiento del sistema político. En ese contexto, la candidatura de Luis Abinader logró articular una promesa potente. El cambio político no se presentaba solamente como un cambio programático ni como una simple alternancia partidaria, sino también como restauración de ciertas reglas de decoro en el ejercicio del poder.
La transparencia como clivaje electoral
Ese clima político no surgió en la campaña misma. Venía gestándose desde años antes, impulsado por movilizaciones sociales como la Marcha Verde, que apuntaba a las denuncias por el caso Odebrecht. Como señalaba un análisis publicado en la prensa dominicana, durante la campaña de 2020 el país “vivía agobiado por la corrupción” y el combate a la impunidad se había convertido en uno de los reclamos más intensos de la ciudadanía.[1]
Ese contexto contribuye a explicar que la expectativa de que Abinader enfrentara la corrupción apareciera entre los principales motivos de preferencia electoral para sus votantes.[2] Las encuestas de la época reflejaban además un cambio significativo en las preocupaciones ciudadanas: la corrupción había pasado a ocupar el primer lugar entre los problemas del país.[3]
Así, la transparencia funcionó más como identidad política que como promesa de política pública específica. Era la forma de distinguir un ciclo que se proyectaba de otro que se caracterizaba como agotado. Ese clivaje organizó la competencia electoral y otorgó al nuevo gobierno un capital simbólico inicial basado en la confianza en que llevaría adelante un ejercicio distinto del poder.
La institucionalización de la transparencia como método de gobierno
Una vez en el gobierno, ese clivaje electoral comenzó a traducirse en gestos institucionales destinados a consolidar la identidad política del nuevo ciclo. Desde la decisión política de no intervenir en el Ministerio Público apenas iniciado el primer mandato, hasta la inclusión de una cláusula constitucional que impide la re-reelección presidencial una vez obtenido el segundo, el gobierno persistió en la narrativa de la transparencia. No eran medidas destinadas a resolver un problema de gestión, sino de una señal sobre las reglas del juego.
En ese mismo registro se inscribió la creación de “LA Semanal con la Prensa”, presentada en agosto de 2023 como un nuevo formato de interacción directa entre el presidente y los medios de comunicación. El formato consistía en conferencias semanales abiertas a preguntas, transmitidas además por plataformas digitales para ampliar su alcance público. Según la comunicación oficial del gobierno, el objetivo era fortalecer la interacción entre el poder ejecutivo, la prensa y la ciudadanía mediante un mecanismo regular de rendición de cuentas.
Desde el propio gobierno se explicó ese sentido en términos inequívocos. “LA Semanal con la Prensa será el nuevo espacio para que el presidente Luis Abinader tenga un diálogo permanente con la prensa, beneficiando directamente a la ciudadanía”, afirmó el vocero presidencial al presentar el formato, al tiempo que subrayaba que la mejor manera de mantener un diálogo abierto con los ciudadanos era a través de los medios de comunicación, invitados cada semana al Palacio Nacional.[4] En términos de comunicación política, el dispositivo buscaba convertir la transparencia en método de gobierno. Ya no era promesa electoral ni señal institucional, sino una práctica comunicacional ritualizada y visible ante la opinión pública. Era una puesta en escena del contrato moral que había estructurado la campaña electoral de 2020.
Sin embargo, como ocurre con muchos dispositivos de comunicación política, su rendimiento dependía de la capacidad de sostener interés y legitimidad en el tiempo. El 8 de diciembre de 2025 se anunció la última emisión del año, y durante los primeros meses de 2026 dejó directamente de realizarse, sin un anuncio formal de cancelación ni una fecha clara de retorno. El dispositivo que había sido diseñado para escenificar semanalmente la transparencia gubernamental se escurría así de la agenda pública de manera poco clara.[5][6] Esa última presentación transcurrió en un contexto tenso: esos días se produjeron los arrestos y la judicialización de uno de los escándalos más visibles que atravesó la gestión, que involucra los fondos públicos del seguro nacional de salud.
El desplazamiento silencioso del eje
Este desenlace también coincidió con otro proceso. Con el paso del tiempo, el eje de la transparencia había comenzado a perder su capacidad de ordenamiento de la agenda pública. A medida que la gestión avanzaba y se acumulaban los problemas propios del gobierno, las expectativas ciudadanas comenzaron a reorganizarse en torno a otros criterios de evaluación. El debate político comenzó a desplazarse progresivamente hacia cuestiones vinculadas al desempeño económico macro, el costo de vida o la seguridad urbana.
Un informe sobre clima social publicado en enero de 2026 advertía justamente sobre ese cambio en las percepciones públicas. Según el estudio, la promesa de transformación asociada al gobierno aparecía cada vez más cuestionada y la evaluación ciudadana comenzaba a concentrarse en problemas cotidianos como la inflación o la delincuencia.[7] En ese contexto, la pregunta central dejó de ser si el gobierno era más transparente que el anterior y pasó a ser si el gobierno lograba producir mejores resultados.
Esta experiencia permite observar una dinámica conocida. Durante años, gobiernos percibidos como opacos lograron sostener niveles importantes de apoyo electoral por su capacidad para brindar mejoras concretas comunicadas efectivamente. Sin embargo, ese equilibrio parece alterarse cuando se percibe una ruptura en las reglas básicas del juego democrático.
El patrón cambió a partir de febrero de 2020, cuando la Junta Central Electoral suspendió las elecciones municipales debido a fallas generalizadas en el sistema de voto automatizado. La decisión fue calificada como histórica, al tratarse de la primera cancelación de un proceso electoral desde 1962, tras la caída de la dictadura.[8] Las protestas que siguieron reflejaron que el umbral de reacción social se alcanza cuando se percibe una ruptura institucional más que cuando se acumulan denuncias sobre opacidad administrativa que no escandalizan o alteran la rutina social.
Los límites gubernamentales de la transparencia
Desde esta perspectiva, la experiencia de LA Semanal permite observar una tensión presente en la política dominicana contemporánea, visible también en otros contextos de la región. La transparencia puede funcionar como un poderoso clivaje electoral capaz de organizar identidades políticas. Pero eso no implica necesariamente que se convierta en el criterio central con el que la ciudadanía evaluará la gestión del gobierno que la enarboló.
En la rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026, el presidente Abinader dedicó un segmento al caso SeNaSa (el Seguro Nacional de Salud) que había estallado en diciembre. Allí insistió en presentar la lucha contra la corrupción como “la columna vertebral” de su acción política[9], una declaración más ideológica que estratégica. La clave es que la transparencia puede organizar una campaña electoral, pero la legitimidad de un gobierno suele evaluarse finalmente por su capacidad de producir resultados en la vida cotidiana y en el ánimo social. Y en ese aspecto, el gobierno no está satisfaciendo a la ciudadanía.
Jorge E. Ferreyra (Argentina) es consultor en estrategia de políticas públicas y comunicación política, experto en la redacción y análisis de discursos institucionales con experiencia en ámbitos legislativos. Es maestro en Estudios de Desarrollo Internacional por la Universidad Grenoble Alpes (Francia), licenciado en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales por la Universidad Siglo 21 (Argentina). Es además investigador asociado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), donde realizó estudios de posgrado sobre partidos políticos y movimientos sociales. Actualmente reside en la República Dominicana. LinkedIn: Jorge E. Ferreyra
[1] Juan Llado, “Calamar y la furia vesánica de la razón,” Acento, 10 de abril de 2023.
[2] Balbiery Rosario, “Marcha Verde sigue rindiendo frutos: preocupación por corrupción motiva votos,” Hoy, 24 de junio de 2020.
[3] Eli Heiliger, “La corrupción saltó del quinto al primer lugar de las preocupaciones de los dominicanos,” Diario Libre, 5 de marzo de 2020.
[4] Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, “Presidencia de la República lanza “LA Semanal con la prensa”: el nuevo espacio de diálogo directo con Luis Abinader,” Ministerio de la Presidencia, 28 de agosto de 2023.
[5] Stephanie Hilario, “Hoy fue la última LA Semanal con la Prensa de este 2025,” Diario Libre, 8 de diciembre de 2025.
[6] Diario Libre, “La Presidencia dice que LA Semanal vendrá renovada,” Diario Libre, 18 de enero de 2026.
[7] LS Consulting (2026). The Tipping Point: El punto de quiebre social y político. Informe sobre clima social y expectativas ciudadanas. Enero 2026.
[8] Redacción Digital, “JCE suspende las elecciones ante fracaso del voto automatizado,” Listín Diario, 16 de febrero de 2020.
[9] Ramón Cruz Benzán, “Abinader señala a Senasa y promete recuperar cada peso robado,” Listín Diario, 27 de febrero de 2026.
