Por Juan Bautista Lucca
Hace cuarenta años, Argentina se sumaba a la senda de la tercera ola democrática de los países iberoamericanos, desencadenada por la Revolución de los Claveles en Portugal y el Pacto de la Moncloa en España en 1974, que tuvo un rápido efecto contagio en toda América Latina en una década (que va desde las primeras experiencias en Ecuador y República Dominicana en 1978 hasta las elecciones chilenas de 1990).
En este proceso de apertura del régimen democrático, el sindicalismo fue un actor y baluarte central, especialmente en su faceta clasista y combativa como en Chile o Bolivia, de resistencia social y cultural como fue el caso del PIT-CNT en Uruguay, de supervivencia de las fuerzas políticas populares como el peronismo en Argentina o de construcción de nuevas expresiones político partidarias como el novo sindicalismo y el Partido de los Trabajadores en Brasil. Este escenario de apertura democrática fue el vergel para el surgimiento de nuevas centrales sindicales como es el caso de la CUT en Brasil (1980), la CUT en Chile (1988), la refundación y/o conjunción del PIT-CNT en Uruguay, la unificación del sindicalismo colombiano en la CUT, la primigenia oposición al dictador Alfredo Stroessner en Paraguay por parte del sindicalismo que luego derivó en 1989 en la conformación de la CUT, entre otros ejemplos.
En las últimas décadas del siglo XX, el sindicalismo debió afrontar la difícil coyuntura de una estructura de oportunidades económicas desfavorables, principalmente por el imperio de la desertificación neoliberal en la región por un lado, pero también una estructura de oportunidades política desfavorable por la desilusión frente a partidos de base obrera que una vez en el gobierno llevaron adelante reformas políticas de mercado que desarticulaban el mundo del trabajo —como fue el caso de Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México, o Carlos Andrés Pérez en Venezuela, por poner tres ejemplos paradigmáticos—. El viraje hacia el siglo XXI fue una coyuntura de resonantes crisis sociales y políticas, que van desde la mega devaluación en 1999 en Brasil, la guerra del agua en Bolivia en el 2000 o la apoteosis social vivida por Argentina en el 2001; pero también, un espacio de oportunidad para el surgimiento de nuevas fuerzas progresistas —englobadas en el “giro a la izquierda” latinoamericano— que pusieron nuevamente en valor al mundo del trabajo y el Estado como articuladores centrales de la vida social. Todo ello propició un escenario para la recuperación del sindicalismo como un actor central del juego político y económico de estos países, al menos hasta la llegada de un nuevo concierto de experiencias de derecha en la región que emergen a posteriori del juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff en 2016 en Brasil.
Empero, a lo largo de estos cuarenta años, el sindicalismo en la región ha adolecido de un debate y transformación plena y genuina —más allá de las contadas excepciones— que dé cuenta de su propio proceso de democratización. Generalmente, los argumentos sobre la falta de democracia sindical apuntaron a: 1) el peso de su “jaula de hierro”, que da cuenta tanto de la opacidad del funcionamiento y gobierno como también de la rigidez frente al cambio y la dificultad para la alternancia; 2) por la crisis inmanente de representación y desafección política que afectó a los actores colectivos, que en el caso del sindicalismo puso distancias y desconfianza entre las cúpulas y sus representados; 3) por una falta de investigación dentro de las ciencias sociales latinoamericanas que profundice en el cotidiano de la dinámica sindical, yendo más allá del abordaje de su expresividad en huelgas, manifestaciones o tensiones gubernamentales. Y, por último, por la “mala prensa” del sindicalismo —dentro de la opinión pública y publicada— habitualmente fogueada por el carácter disruptivo que socialmente tiene una huelga o corte, antes que comprendido por los derechos o intereses que motorizan este repertorio de acción colectiva.
Esta desconfianza y “mala prensa” muestra una falencia nodal de la organización sindical por hacer una comunicación fidedigna de sí, de sus valores, de sus principios identitarios, de sus iniciativas, de sus argumentos, de sus mecanismos de funcionamiento, entre otros aspectos. Es decir, la mirada crítica sobre la democracia sindical obedece —en parte— a un crítico estado de la comunicación sindical en América Latina. Con una larga tradición en “prensa obrera”, que puede rastrearse hasta las primeras organizaciones gremiales de finales del siglo XIX en el Cono Sur, la metamorfosis de la representación política y la revolución en las TICs acontecida durante el siglo XX y XXI dejó en las organizaciones sindicales latinoamericanas un claro déficit o rezago en tres niveles de la comunicación: en la dinámica interna (dirigente-sindicato-afiliados); en el vínculo sindicato y medios de comunicación; y la comunicación con la ciudadanía y las expresiones organizadas de la misma.
En cuanto a la comunicación interna, a lo largo del tiempo esta ha adquirido mayormente una dinámica top-down o vertical, en la que el sindicato es un medio orientado más a expresar las orientaciones políticas y recursos que pone a disposición la dirigencia de turno, que a ofrecer espacios de construcción colectiva de tipo bottom-up —como las que ofrecen por ejemplo las herramientas digitales de las redes sociales—. Claramente invertir el sentido de la comunicación interna puede ser pensada como un “salto al vacío” en términos políticos para la dirigencia sindical, porque dejaría abierta la palabra —o al menos sin el control o filtro— pero también podría ser leído como una oportunidad de incrementar la participación —o inclusive evidenciar dialógicamente las diferencias con quienes manifiesten una mirada crítica—. Asimismo, en la comunicación interna, el afiliado o afiliada es pensado habitualmente como un depositario pasivo a quien es preciso informar o bien consultar de forma “cerrada” frente a una disyuntiva o coyuntura crítica; sin embargo, son escasos los procedimientos de consulta a la ciudadanía sindicalizada o estrategias de presupuestos participativos del sindicato —especialmente teniendo en cuenta la fuerte demanda de bienes públicos y recreativos que los y las afiliadas demandan en una coyuntura rutinaria—.
En cuanto al vínculo entre los sindicatos y medios de comunicación, de forma tardía el sindicalismo latinoamericano está comprendiendo que es necesario modelar un comunicador sindical. Ello es una tarea compleja y difícil, porque requiere de una persona que tenga un nivel de identificación con los valores y principios del sindicato por un lado, pero con saber fundado y conocimiento técnico de las herramientas de la comunicación, por otro. Es un claro rezago suponer que la comunicación del sindicato puede dejarse aun en personas con “experiencia” adquirida en ese dominio a lo largo de los años (o en alguien con “voluntad” o “ganas” de alguien de hacerse cargo); pero también un obstáculo estratégico depositar esta tarea en un “técnico” contratado para tal labor, que puede incorporar múltiples herramientas, pero le va a costar “ponerse la camiseta”. Por ello, es necesario que el sindicalismo conforme un equipo de comunicación sindical, pero sobre todo que él esté formado en herramientas comunicacionales y forme parte del mundo de sentidos y valores que el sindicato conjuga.
El tercer déficit de la comunicación sindical recae en el vínculo dialógico con la ciudadanía en general y las nuevas expresiones organizadas que surgen en el fragor del siglo XXI en particular. Históricamente el sindicalismo fue capaz de configurar un repertorio de acción colectiva, en el cual la “huelga” o “paro” fue su máxima expresión. Sin embargo, en las últimas décadas, las nuevas formas colectivas de expresión del descontento social —desde prismas progresistas e inclusive en defensa de valores conservadores— han resignificado el “paro” como acción colectiva. Para ello, baste recordar grandes manifestaciones como el “Paro agropecuario” en Argentina en el 2008, el “Paro internacional de mujeres” del movimiento 8M o el “Paro nacional” en Colombia entre el 2019 y 2021, por poner ejemplos variopintos donde el “saber hacer” sindical se trasvasó a otras organizaciones y adquirió nuevas fisonomías que lograron dar cuenta de sus consignas y demandas, utilizando mayoritariamente las redes sociales como un canal donde realizar la batalla cultural por el sentido del orden. Es decir, si bien el sindicalismo posee toda la maestría para organizar y poner en pie una huelga, adolece del diplomado en comunicación con el que han nacido estas nuevas organizaciones sociales en el siglo XXI para comunicar porqué paran de forma fidedigna.
En definitiva, si la pregunta por la democracia sindical es todavía una constante a lo largo de América latina, ello obedece —más allá de las condiciones objetivas de la dinámica de su régimen de gobierno— a la necesidad del sindicalismo de dar cuenta de su carácter democrático. Es decir, si las organizaciones sindicales nacieron a la defensa y reivindicación de los derechos del trabajo, en la actualidad deben presentar su credencial democrática. Saber comunicar este estatus democrático no solo es imprescindible, sino también un nudo gordiano que resta por desenmarañar.
Juan Bautista Lucca (Argentina) es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario (UNR); Diploma Superior en Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño por CLACSO; Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca (España), Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO (Argentina) y Postdoctorado por la UNR. Profesor Titular de Elecciones y Partidos en la Licenciatura en Ciencia Política de la UNR.
