Por Marcel Lhermitte
Las campañas electorales muchas veces nos presentan desafíos que no esperamos, que no solo nos obligan a cambiar las estrategias trazadas en primera instancia, sino también a apelar a la imaginación, y a toda herramienta que tenemos al alcance de nuestras manos, para poder seguir la contienda con posibilidades reales de alcanzar los objetivos trazados.
Uno de estas llamativas circunstancias las encontramos cuando, por ejemplo, nos toca hacer una campaña con un candidato que está imposibilitado legalmente de realizar actividad política, pero que de todas maneras es imprescindible “traerlo” a la consideración de la ciudadanía, trabajar su posicionamiento y además hacer que su mensaje llegue, a sabiendas que los electores no podrán votar por él.
Ejemplos hay de sobra, sobre todo en regímenes dictatoriales de nuestra América Latina, pero también en otras circunstancias en las que el candidato está impedido de hacer actividad proselitista, pero estratégicamente nos resulta imprescindible trasladar su caudal electoral a la opción que estamos trabajando.
En la última dictadura cívico-militar que vivió Uruguay, en las décadas de los 70 y 80 se celebraron dos actos eleccionarios en los que aconteció algo de lo expuesto.
En el plebiscito constitucional de 1980, si bien no se votaban actores políticos y sí un proyecto de carta magna, los principales líderes que promovían decir que NO al articulado dictatorial se encontraban exiliados, proscritos o presos, como lo fueron los casos de Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional, Jorge Batlle en el Partido Colorado y el general Liber Seregni en el Frente Amplio.
Dos años más tarde, aún en la dictadura cívico-militar uruguaya, el gobierno de facto convocó a elecciones internas de los partidos políticos que estaban legalizados: el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica. En el caso de los dos primeros históricos colectivos, Wilson Ferreira (el gran ganador de la elección) no pudo formar parte de las listas a consideración de la ciudadanía, pero su voz llegó a cada uno de ellos a través de mensajes grabados en casetes que ingresaban clandestinamente al país e instaban a votar por los blancos; en tanto, en el Partido Colorado, las fuerzas de Batlle, que sí se encontraba en el país, pero inhabilitado por el régimen de facto para hacer política, fueron los triunfadores, a pesar de que su líder no pudo participar activamente de ninguna actividad pública.
En la década de los años 80, en Uruguay las campañas electorales no estaban profesionalizadas como actualmente lo están en el continente, pero eso no impedía que se trazaran estrategias y dentro de las mismas estaba claro que había que mantener activa la presencia de los grandes líderes partidarios, más allá de que no pudieran estar presentes en el territorio, ya que el peso de estos caudillos resultaba definitorio en las urnas.
No solo en la dictadura se dan casos de candidatos que están inhibidos de hacer política partidaria, también en democracia acontecen. Ciñéndome nuevamente a ejemplos del Uruguay, los presidentes de la República en ejercicio se encuentran inhibidos de participar de la campaña electoral mientras prestan funciones como mandatarios, pero sus colectivos partidarios, por lo general, necesitan del caudal de votos que tiene el dignatario, por lo que las apelaciones al mismo son continuas.
En la campaña nacional de 2014, en momentos que ejercía la Presidencia de la República José Pepe Mujica, su sector, el Espacio 609, a pesar de tener varias figuras destacadas en la escena nacional no podía contar con las apariciones públicas ni publicitarias de su gran líder y referente.
No se precisaban demasiadas investigaciones en opinión pública como para saber que, sin los votos de Mujica, el Espacio 609 perdería mucho caudal electoral, por lo que la estrategia fue hacer una campaña de Pepe sin Pepe. Así, una y otra vez se apelaba a una animación, incluso para la pauta publicitaria en donde se veía a un personaje sentado en la silla, leyendo un diario que le tapaba la cara. La voz era la tan característica de Mujica, así como también su forma de hablar; además este personaje estaba ataviado con vestimenta que habitualmente utilizaba en ese entonces el líder tupamaro, al igual que unas sandalias, que en su momento habían dado mucho de qué hablar.
Desde ese personaje animado, no solo se emitían mensajes, sino que también quedaba matrizado que ese era el colectivo de Pepe Mujica, y si el ciudadano quería votarlo a él debería hacerlo a través de la lista 609, en la cual el entonces presidente ocupaba la primera opción para el Senado. El resultado fue muy bueno, el caudal de votos obtenidos en esa campaña hizo que se consiguieran los objetivos trazados.
Casi una década después, pero ahora, en Guatemala, nos encontramos con una campaña en donde es necesario implementar un candidato animado en el imaginario de la ciudadanía, esta vez, en un régimen que podríamos definir como una democracia frágil, con muchas alertas de posibles irregularidades en un país dominado por la corrupción en todos sus niveles.
La campaña por la Municipalidad de Guatemala presentó una candidatura respaldada por una coalición de partidos de izquierda: Semilla, Winaq y URNG. El colectivo, denominado FoppaXLaCiudad ofertó la candidatura del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue uno de los tantos candidatos que inhabilitó la vidriosa autoridad electoral del país. El candidato, con un buen caudal de votos y una excelente reputación, fue encarcelado por el caso Zamora[1], e inhibido de continuar con su carrera rumbo al gobierno regional.
Al igual que aconteció con la campaña uruguaya de Pepe Mujica en 2014, la coalición guatemalteca necesitaba del caudal de votos de Foppa, por lo que la estrategia mostró la necesidad de traer a este abogado nuevamente al debate electoral. Esto se realizó utilizando un avatar del excandidato que expresaba sus mensajes políticos en redes sociales y al cual era imposible hacer callar por parte de quienes una y otra vez trataban de impedir a través de todo tipo de mecanismos legales o no la participación de algunos de los candidatos que no formaban parte del sistema, o del “pacto de corruptos” que se denuncia en el país centroamericano.
La estrategia en las campañas electorales nos enseña que, con las herramientas legales que tenemos y apelando a la creatividad e imaginación, siempre va a existir una manera de convocar a candidatos que no necesariamente puedan participar, pero sobre todo que por más que se intenten callar algunas voces, siempre podremos hacer llegar nuestro mensaje a quien está dispuesto a escuchar.
Marcel Lhermitte (Uruguay) es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Ha sido consultor en campañas electorales en América Latina, el Caribe y Europa. Asesor de legisladores y gobiernos locales en Iberoamérica. Autor de los libros La Reestructura. La comunicación de gobierno en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, La campaña del plebiscito de 1980. La victoria contra el miedo y Las elecciones internas de 1982. Los ecos del NO. Es coordinador del Diploma de Comunicación Política de la Universidad CLAEH en Uruguay.
Twitter: @MLhermitte
Instagram: @marcel_lhermitte
[1] José Rubén Zamora, titular de El Periódico, fue encarcelado en Guatemala –por presunto lavado de activos– luego de denunciar varios casos de corrupción del gobierno de Alejandro Giammatei. La comunidad internacional ha tildado este hecho como un atentado contra la libertad de expresión en un país donde la democracia se ve seriamente afectada.
