Por Marina Acosta
El viernes 14 de febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei recomendó –a través de su cuenta personal (@JMilei) de la red social X)– invertir en una criptomoneda llamada “$Libra. Según el tuit, la misma se había creado para incentivar el financiamiento de la economía nacional y el fondeo para pequeñas empresas y emprendimientos domésticos. La publicidad del mandatario atrajo cerca de 40.000 inversores; mientras cuentas relacionadas con el partido de Milei redifundían su mensaje, pocas horas después la moneda digital perdió el 89% de su valor.
El mandatario borró su tuit y poco después sostuvo que se había tratado de un “error involuntario”. En Argentina, la Ley de Ética Pública de la Función Pública (Ley 25.188), en el artículo 2 inciso g, establece que el funcionario público debe “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.
Para los expertos, se trató técnicamente de un claro caso de rug pulling. Con todo, el involucramiento del Presidente argentino en la estafa produjo una enorme repercusión en el sistema político y en la ciudadanía y traspasó las fronteras domésticas para llegar a las portadas de la prensa internacional.
En nuestra consultora realizamos mensualmente estudios de opinión pública donde relevamos ciertos temas de la coyuntura, la imagen del mandatario y la aprobación de su gestión. Ese mes (febrero) estimamos fundamental conocer las percepciones ciudadanas sobre lo que rápidamente se convirtió en un escándalo político. Quisimos estudiar el impacto de un hecho relacionado con la corrupción entendiendo que esta deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones en general y en los funcionarios públicos en particular. En efecto, el hecho adquirió algunas de las características que lo definieron como tal. Esto es, hubo una violación a una norma legal o institucional y, en ese sentido, reprochable; los medios de comunicación tradicionales y digitales le dieron gran divulgación, la revelación produjo una condena social.
Los resultados que obtuvimos fueron contundentes: seis de cada diez encuestados calificaron al hecho como un caso de corrupción, más del cincuenta por ciento sostuvo que tanto el Presidente como su hermana estuvieron involucrados y casi un ochenta por ciento evaluó como “malo” el comportamiento del mandatario. Al ser porcentajes tan altos, advertimos que dentro de la propia base de apoyo al gobierno se evidenciaban críticas al accionar de Milei.
Durante su primer año de gestión, el gobierno mileísta logró bajar la tasa de inflación y estabilizar el tipo de cambio en un nivel apreciado. Naturalmente, eso es lo que le permitió cosechar apoyo social que, de todos modos, nunca fue mayoritario porque el brutal programa de ajuste que instrumentó desde su llegada al Ejecutivo produjo severas consecuencias en la vida cotidiana y una parte de la ciudadanía expresó también su descontento. Por cierto, durante su primer año de gestión se registró una alta y lógica conflictividad social.
Ese año, además, su gobierno logró mantener el control de la agenda de discusión pública. Eso fue posible, en parte, porque los actores de la oposición (con el peronismo a la cabeza) no lograron reconfigurarse tras los resultados de las elecciones generales de 2023. Sin embargo, el escándalo $Libra penetró las fibras de la Libertad Avanza y se convirtió en la primera crisis importante que debió atravesar el gobierno de la ultraderecha.
Tras ese escándalo vinieron otros hechos que involucraron a funcionarios del gobiernos en actos asociados a la corrupción. Empero, fue el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lo que tiñó de opacidad la tan vociferada transparencia de la administración mileísta. La motosierra de Milei había mostrado su crueldad contra el colectivo de personas con discapacidad al eliminar más de 110 mil pensiones no contributivas por discapacidad laboral al argumentar irregularidades en su entrega y la necesidad de “ahorro” para lograr el superávit fiscal.
Una serie de audios dados a conocer por el periodismo reveló, de probarse en la Justicia, un esquema de sobornos en la ANDIS que involucra a su director, abogado de Milei, y salpica directamente a la Secretaria General de la Presidencia, hermana del propio Presidente. Las dimensiones que puede tomar este nuevo escándalo constituyen un enigma.
La opinión pública es muy sensible a los casos de corrupción donde están involucrados los funcionarios públicos. Tal percepción no solo esmerila la imagen de los dirigentes afectados, en tanto el régimen y su legitimidad son erosionados, sino que además conlleva efectos sobre la participación política y la aparición de fenómenos como la desconfianza institucional y la caída en la participación electoral.
En 2021 el peronismo comenzó un proceso de crisis de representación. Se trata de la fuerza que estabiliza el sistema político, por su capacidad de intervenir en la esfera institucional y en la representación real de los conflictos que atraviesan a la sociedad con organizaciones concretas.
La inestabilidad interna del principal estabilizador del sistema permite la emergencia de Milei. Ahora, este año se realizaron elecciones en distintos distritos del país y los niveles de participación fueron muy bajos en perspectiva histórica. La baja de la participación, más allá de su estadística consolidada, debe ser entendida por su nivel de simetría entre los distintos segmentos de opinión política, sociodemográficos y territoriales.
Los acontecimientos de las últimas semanas parecen a priori un catalizador de cambios en el mosaico de opiniones en tanto vinieron a completar la cadena de significantes y experiencias que ya estaban afectando el apoyo al Gobierno: sacrificio inútil ante una economía que no se recupera y rechazo a la actitud presidencial se resignifican con corrupción flagrante. Será esta nueva cadena la que movilice un reflujo de la crisis de representación o primará la apatía, con su reverso, la resignación.
Marina Acosta (Argentina) es doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), directora del Grupo de Estudios de Comunicación Política en América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Universidad de Buenos Aires) y directora de Comunicación de Analogías Consultora. Correo: macosta@sociales.uba.ar / X: @AnalogiasOk
