Por Ivanna Torrico
El gobierno de Rodrigo Paz ha cometido varios errores de gestión en apenas seis meses de administración. Algunos vinculados a decisiones políticas, otros relacionados con improvisación, falta de coordinación interna y dificultades para anticipar conflictos sociales.
Sería ingenuo pensar que una crisis de esta magnitud puede explicarse únicamente desde la comunicación. Porque también es cierto algo fundamental en política: no existe estrategia comunicacional capaz de sostener indefinidamente una gestión que presenta problemas estructurales, desorden interno o errores de conducción.
La comunicación puede ordenar, explicar, contener o administrar una crisis, pero no puede reemplazar a la gestión. Y cuando las decisiones políticas fallan, tarde o temprano la narrativa también se rompe.
Sin embargo, esta columna no busca analizar los errores estructurales del gobierno de Paz, sino concentrarse en otro problema que terminó acelerando el desgaste político de su administración: la crisis comunicacional que en apenas seis meses debilitó seriamente la credibilidad oficial.
Porque además de gestionar mal algunos conflictos, el gobierno también los comunicó mal.
Y en política, los errores de comunicación rara vez son solamente errores de forma, casi siempre terminan revelando problemas más profundos como desorden interno, falta de estrategia, improvisación o incapacidad para entender el clima social. Eso es precisamente lo que comenzó a mostrar el gobierno de Rodrigo Paz poco tiempo después de haber llegado al poder.
La crisis política que hoy enfrenta su administración no puede explicarse únicamente por la conflictividad social, la presión económica o el desgaste natural de gobernar. Parte importante del problema tiene que ver con la manera en que el gobierno decidió comunicar, reaccionar y relacionarse con la opinión pública. O, más precisamente, con su incapacidad para construir una estrategia de comunicación coherente, ordenada y creíble.
Uno de los errores más frecuentes en política consiste en creer que un vocero y un responsable de comunicación cumplen exactamente la misma función. Parece una diferencia menor, casi semántica, pero en realidad puede marcar la distancia entre un gobierno que ordena la conversación pública y otro que simplemente reacciona a ella.
El vocero habla; el responsable de comunicación piensa, diseña y organiza el sistema desde el cual ese mensaje adquiere sentido. El primero tiene un rol visible; el segundo, uno estratégico. El primero transmite una posición; el segundo construye las condiciones para que esa posición tenga coherencia, oportunidad y efecto.
Y justamente ahí parece haber estado uno de los principales puntos ciegos del gobierno de Paz.
Lo que se percibe desde fuera no es únicamente un problema de vocería. Es algo más profundo: un déficit de estrategia, de coordinación, de lectura del ecosistema comunicacional contemporáneo y de construcción de un relato político. Un relato político no es propaganda ni un simple eslogan; es la narrativa que explica hacia dónde va un gobierno, cuáles son sus prioridades, qué sentido tienen sus decisiones y por qué la ciudadanía debería acompañarlas. Sin ese marco interpretativo, las acciones aparecen aisladas y pierden capacidad de generar confianza y legitimidad. A ratos, la gestión ha dado la impresión de tener acciones, pero no relato; presencia, pero no conducción; respuestas, pero no anticipación. El gobierno de Paz parece carecer de una narrativa coherente que articule sus decisiones y les otorgue un horizonte político reconocible para la población.
La Ley 1720[1] terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más evidentes de ese problema. Más allá de su contenido técnico o de sus intenciones políticas, el gobierno nunca logró explicar con claridad qué buscaba, por qué era necesaria ni cuáles serían sus efectos reales. La norma apareció en medio de rumores, interpretaciones cruzadas y desinformación, mientras la administración reaccionaba tarde y sin capacidad de ordenar la conversación pública.
La pregunta inevitable es cómo una ley de semejante sensibilidad política no fue socializada adecuadamente. ¿Cómo un gobierno que recién comienza su gestión no anticipó el impacto político y social que tendría una medida de esa magnitud? La política no solo consiste en aprobar normas; consiste también en construir legitimidad alrededor de ellas. Y cuando eso no ocurre, el vacío termina siendo ocupado por miedo, sospecha y conflicto.
Ese vacío comunicacional fue agravándose con errores concretos que terminaron debilitando todavía más la credibilidad gubernamental.
En tiempos donde cualquier afirmación puede ser verificada en minutos, un gobierno no puede darse el lujo de comunicar sin rigor.
Algo que ocurrió con la difusión de un video antiguo de Evo Morales, presentado inicialmente como si correspondiera al contexto actual. Aunque el material era real, no pertenecía a este año. Y en comunicación política, sacar de contexto información audiovisual termina teniendo un costo enorme. Porque la ciudadanía no solo juzga la veracidad absoluta de un contenido; también evalúa la intención con la que se utiliza.
En una época marcada por la desinformación y las fake news, los gobiernos deberían ser los primeros interesados en cuidar estándares mínimos de verificación. De hecho, plataformas como Bolivia Verifica y Chequea Bolivia han mostrado repetidamente cómo la circulación de contenido fuera de contexto alimenta polarización y deteriora la confianza pública.
Pero probablemente el episodio más delicado fue el manejo de la muerte de un ciudadano durante los enfrentamientos con la Policía el pasado sábado 23 de mayo. Mientras la investigación todavía intentaba establecer responsabilidades, el vocero presidencial salió públicamente a negar que la persona hubiera fallecido. Horas después, la información fue desmentida por la propia realidad.
Ese tipo de errores no son menores. Cuando un gobierno comunica apresuradamente sobre hechos vinculados a violencia o pérdida de vidas humanas, el daño institucional puede ser profundo. Porque la ciudadanía espera prudencia, verificación y empatía. Y cuando ocurre lo contrario, lo que se erosiona no es solo una conferencia de prensa: es la credibilidad completa del aparato estatal.
La comunicación de crisis exige protocolos claros. La primera regla debería ser simple: nunca afirmar algo que todavía no fue plenamente confirmado. En contextos de tensión social, cada palabra pesa.
A ello se sumaron episodios que terminaron transmitiendo una imagen de improvisación. Uno de los más comentados ocurrió durante un mensaje presidencial, cuando una parte que debía haber sido editada salió al aire. Con el micrófono aún abierto, se escuchó la frase: “¿Cuadra o no cuadra? No estuvo muy lúcido, pero…”[2]. El video se viralizó rápidamente y dejó la sensación de desorden interno y escaso control de la comunicación presidencial.
Puede parecer un detalle menor, pero en política los detalles construyen percepción. Y cuando estos errores se acumulan, terminan afectando la imagen de liderazgo, profesionalismo y capacidad de gestión que todo gobierno necesita proyectar. También comenzaron a repetirse los anuncios de mensajes presidenciales en horarios que nunca se cumplían.
Conferencias convocadas con retrasos constantes, declaraciones anunciadas y postergadas o transmisiones improvisadas terminaron afectando la relación entre el gobierno, la prensa y la ciudadanía. Porque incluso el manejo del tiempo comunica. Y cuando un gobierno transmite desorganización en cuestiones básicas, inevitablemente proyecta desorganización en asuntos más complejos.
Ese es uno de los problemas más frecuentes en muchos gobiernos latinoamericanos. Todavía persiste la idea de que comunicar consiste únicamente en mostrar actividades, inaugurar obras, publicar fotografías o emitir declaraciones. Pero gobernar hoy exige algo mucho más complejo.
Las redes sociales cambiaron radicalmente la lógica de la comunicación pública. Hoy una narrativa no se impone por jerarquía institucional, sino por velocidad, viralidad y capacidad de simplificación. Un video editado, un rumor o una frase mal dicha pueden instalarse en cuestión de minutos. Y un gobierno que no entiende ese terreno no solo llega tarde, llega derrotado.
Por eso la comunicación pública ya no puede depender de improvisaciones ni de pequeños círculos políticos. Requiere estrategia, monitoreo permanente, segmentación de públicos, manejo de crisis y equipos especializados capaces de anticipar escenarios.
Porque comunicar no es solamente hablar.
Comunicar implica entender cómo circula la información, cómo se forma la opinión pública y cómo una decisión gubernamental puede ser comprendida, deformada o rechazada según el contexto en que se presenta.
Y precisamente en las crisis es donde se desnuda la calidad de una estructura comunicacional. Una crisis mal manejada no solo erosiona imagen; deteriora autoridad.
Eso parece estar ocurriendo con el gobierno de Rodrigo Paz. Muchas veces la comunicación oficial luce improvisada, fragmentada o reactiva. En lugar de ordenar la agenda, parece correr detrás de ella. En lugar de fijar interpretación, responde cuando la interpretación ya fue instalada por otros.
Y quizá el problema de fondo sea precisamente ese: el gobierno intentó enfrentar una crisis política compleja únicamente desde la reacción comunicacional, sin comprender que la comunicación no reemplaza a la conducción política ni corrige automáticamente los errores de gestión.
Porque ningún discurso puede sostener indefinidamente la falta de coordinación, la improvisación o la ausencia de estrategia.
Al final, la política deja una lección simple y brutal: no basta con hablar. Hay que saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo y, sobre todo, por qué decirlo.
Cuando eso falla, no fracasa solamente la comunicación.
Empieza a resquebrajarse también la autoridad.
Ivanna Torrico (Bolivia) es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Marketing Político. Columnista especializada en comunicación política y analista en ese ámbito. Su experiencia incluye participación en misiones de observación electoral internacional. Socia de ACEIPOL, un espacio dedicado a la profesionalización de la política, donde se impulsan estrategias innovadoras y análisis profundos sobre el panorama político contemporáneo. X: @Ivanna_Torrico / Instagram: @ivannatorrico
[1] La Ley Nº 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria a convertir, de forma voluntaria y gratuita, la clasificación de una pequeña propiedad agraria titulada en propiedad mediana. La ley generó un fuerte rechazo de sectores campesinos, indígenas y sindicales, que la consideraron una amenaza a la seguridad de la tierra, por lo que fue derogada en mayo de 2026.
