Por Daniela Castillo
Durante los tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de ataques y ofensivas, existe una población colombiana cada vez más vulnerable, donde se ha debilitado la Fuerza Pública y los Grupos Armados Ilegales (GAI) se han fortalecido en número, control territorial, capacidad e intensidad para ejercer violencia.
Al escribir estas líneas, infortunadamente, los titulares de las noticias se centran en atentados, entre otros, los ocurridos con explosivos en inmediaciones de la Base Aérea de Cali y un “dron bomba” que derriba un helicóptero de la Fuerza Aérea en Amalfi, Antioquia, con un saldo inicial de al menos 18 personas muertas y más de 100 heridas. No es fortuito que a junio de 2025 integrantes de GAI hayan aumentado en un 47%. Se estima que los miembros de las guerrillas de izquierda y bandas criminales superan ya los 21 mil integrantes, seis mil más que en el 2022, cuando Petro asumió la presidencia. Como referencia reciente, durante los cuatro años del gobierno Duque, hubo un aumento en el número de integrantes del 17% según informó Reuters.
Solo en el último año los GAI aumentaron en un 7% sus integrantes, fortaleciendo así las filas de estos grupos, quienes en definitiva ya no responden a causas políticas y sociales, sino al narcotráfico y la minería ilegal. El ministro de defensa, Pedro Sánchez, asegura que los GAI, actualmente, actúan exclusivamente con fines económicos que tienden a instrumentalizar a la población civil en territorios vulnerables, afirmando que su fortalecimiento se ha dado, paradójicamente, durante la paz total.
Una de las prácticas más atroces es el reclutamiento forzado de menores de edad en los territorios, para el 2024 la Defensoría del Pueblo registró 463 casos, de los cuales 279 eras niños y adolescentes y 184 niñas y adolescentes, representando así un incremento de más del 60% respecto al 2023. En el primer trimestre del 2025, la ONU verificó más de 60 casos de reclutamiento en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Santander. Es importante recalcar que el reclutamiento de menores nunca se puede considerar voluntario y es una grave violación de derechos humanos calificado como crimen de guerra.
A la fecha, el Clan del Golfo, tiene más de 7.500 integrantes, es uno de los grupos armados ilegales que más ha crecido en los últimos años, seguido por el ELN con más de 6 mil y las FARC EMC con más de 3 mil. El aumento de los GAI genera graves impactos humanitarios, debilidad estatal y falta de garantías de seguridad territorial, siendo así una de las principales amenazas para los colombianos, que están a merced de la violencia, y cuestiona el slogan “Colombia potencia mundial de la vida”, en un país en el que en lo corrido del 2025 ya se contabilizan 102 líderes asesinados, 47 masacres y 29 firmantes de paz asesinados.
Actualmente existen tres mesas de diálogo: i) Comuneros del sur; ii) Coordinadora nacional ejército bolivariano y iii) Estado Mayor de los bloques y frentes, así como cinco espacios de diálogo: i) Clan del Golfo; ii) Autodefensas sierra nevada; iii) Oficinas de Medellín; iv) Grupos armados en Quibdó y v) Grupos armados en Buenaventura. Si bien algunos de estos espacios y mesas han traído acuerdos y alivios temporales, están bastante distantes de construir territorios de paz.
La negociación simultanea propuesta por el gobierno de Petro, en principio, fue una propuesta muy ambiciosa y anhelante, que se ha caracterizado por su improvisación y falta de organización en las estrategias de diálogo, objetivos específicos, compromiso con la implementación y real dejación de armas. Otro de los grandes problemas de la paz total ha sido el mal diseño de los ceses al fuego por parte del gobierno, que realmente han afectado la operatividad de la fuerza pública y las acciones militares para la defensa del territorio, permitiendo el fortalecimiento de los GAI.
Es una realidad que los GAI han tenido generosa libertad para su accionar delictivo, incluso la Defensoría del Pueblo ha manifestado que los ceses al fuego no evidencian verdaderos gestos de paz por parte de estos grupos, afirmando que durante el primer año del cese al fuego bilateral fueron cometidas 236 violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, de las cuales 202 corresponden a hechos violentos de los grupos armados ilegales a la población civil.
Expectativa de nuevos acuerdos
Aunque generalmente no es usual ni cotidiano relacionar el Acuerdo Final de Paz (AFP) con la estrategia de paz total, trascurridos nueve años de la firma, el cumplimiento de los avances de los seis puntos pactados en dicho Acuerdo se sigue cocinando a fuego lento. El Acuerdo lo integran 578 disposiciones, actualmente 191 completas, 113 en estado intermedio, 215 en estado mínimo y 59 aún no iniciadas. Para futuras negociaciones que pretendan acuerdos, serán una referencia obligada en las expectativas de implementación.
Al revisar el avance de los seis puntos, se observa: el 1 “Reforma rural integral” solo el 9% de las disposiciones se encuentran completas mientras que un 70% están en un avance mínimo. El punto 2 “Participación política”, el 14% de las disposiciones se encuentran completas y el 40% se encuentran en un avance mínimo. Uno de los puntos con mayor adelanto es el 3, “Cese al Fuego”, con un 51% completo y un 21% en estado mínimo. Respecto al punto 4: “Solución al Problema de Drogas Ilícitas” se ha completado un 23%, pero con un 47% en estado incipiente. Finalmente, el punto 5, “Victimas”, uno de los más relevantes ya que está relacionado con los realmente afectados por el conflicto armado, cuenta con un avance del 38% y un 29% de adelanto mínimo y el punto 6 “Mecanismos de implementación y verificación” se ha completado el 58% y tiene un 20% bastante rezagado.
Lo anterior evidencia el cumplimiento lento del acuerdo, por razones, tales como la falta de coordinación institucional y evidentes riesgos consumados para la seguridad de los firmantes. Es importante tener en cuenta que cuando un excombatiente firma la paz, el Estado se compromete a garantizar su seguridad y reincorporación a la vida civil, con el fin de prevenir el retorno a la violencia y fortalecer futuros diálogos de paz. La reincorporación es uno de los desafíos más grandes para la construcción de paz y durante este gobierno, ha sido evidente que la inseguridad relacionada con el fortalecimiento de los GAI ha impedido la tranquilidad de los firmantes de paz. Frente a este panorama, es cada vez más complejo ver la salida dialogada como una opción válida para terminar con el conflicto armado.
La falta de seguridad para los firmantes de paz genera desconfianza y desincentiva la participación en procesos futuros, fomentando la estigmatización. Es claro que, a pesar del programa de la paz total del gobierno actual, no existen condiciones de seguridad para aquellos que firmaron o firmarán la paz. En la instalación del congreso el 20 julio de 2024, el presidente Petro mencionó en su discurso que presentaría un paquete de normas que agilicen la implementación del Acuerdo, sin embargo, aún no hay avances importantes y además puede que ya sea demasiado tarde.
El cumplimiento del AFP es en definitiva uno de los instrumentos relevantes para prevenir nuevos ciclos de conflicto y generar espacios de confianza para nuevos procesos de paz y dejación de armas. Lastimosamente, durante el actual gobierno no se le dio la prioridad necesaria y se deberá redoblar esfuerzos para encontrar un punto de equilibrio entre la paz y la seguridad en los territorios, por medio de la resiliencia y voluntad de las partes para que de esta forma Colombia algún día, más que un eslogan pueda ser por fin: “potencia mundial de la vida”.
Se puede entonces concluir que los problemas más relevantes para el cumplimiento de la paz total son: i) fortalecimiento de los GAI, ii) el mal diseño de los ceses al fuego y iii) el incumplimiento del acuerdo de paz.
Trabajar de la mano con la fuerza pública es fundamental, pues esta debe realizar presencia en los territorios para garantizar la seguridad, especialmente en estos tiempos que ya entramos en la recta final en un año electoral. El fracaso de la paz total es irreversible, pero lo que sí se podría hacer en este tiempo es enfocarse en los espacios y mesas, en las que realmente se verifique voluntad real de paz, tener estrategias determinantes y específicas para materializar la dejación de armas y concretar alivios duraderos para las comunidades que tanto padecen la violencia armada.
Colombia no debe abandonar la idea de construir paz por medio de una vía dialogada, pero es fundamental que aquella estrategia contemple a las víctimas como centro en un contexto de rigurosidad, conocimiento de la dinámica del conflicto en el país, bases jurídicas sólidas y voluntades de ambas partes. Colombia merece vivir en paz y consolidar el respeto de las diferencias. No hay otro camino.
Daniela Castillo (Colombia) es politóloga de la Universidad del Rosario, LLM en derechos humanos y justicia transicional de Ulster University y actualmente doctoranda en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Experta y asesora en temas de construcción de memoria histórica después del conflicto, con experiencia en sector público y privado para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, asesora política y técnica en temas de paz y experiencia en investigación. X: @Daniela_C93 / Instagram: @dccastilloo
