La guerra comunicacional contra Suntracs: el sindicalismo clasista como “enemigo público”

Por Galia Pérez Mayta

El gobierno panameño se encuentra enfrentado ferozmente a Suntracs utilizando mecanismos como campañas mediáticas, criminalización de protestas e incluso lawfare. Acusa al sindicato de ser violentos y desestabilizadores. El colectivo de trabajadores resiste con el apoyo de sociedad civil, la Iglesia y organismos internacionales, luchando por derechos laborales y contra la represión estatal.

En Panamá, la relación entre el Estado y los movimientos sociales ha estado históricamente marcada por tensiones derivadas de un modelo económico que permite una marcada desigualdad en el acceso a derechos básicos entre los grupos humanos y la concentración del poder en elites políticas y empresariales. En este contexto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) emerge como una de las organizaciones gremiales más combativas, con una trayectoria de lucha por derechos laborales y contra la privatización de servicios públicos.

En los dos últimos años se ha documentado un incremento en las estrategias de comunicación de los gobiernos panameños orientadas a deslegitimar las acciones del sindicato, utilizando medios masivos y redes sociales para construir narrativas que asocian a Suntracs con la “inestabilidad social”, la “violencia” o el establecimiento de regímenes antidemocráticos “generadores de miseria”. Este texto resume las campañas de desinformación, las medidas represivas y las respuestas articuladas desde el sindicato y otros actores de la sociedad civil nacional e internacional.

La comunicación como herramienta de control estatal
El gobierno panameño ha esbozado un modelo de comunicación contra Suntracs basado en tres ejes:

  1. Criminalización de la protesta: A través de declaraciones oficiales y comentarios por medios masivos o redes los principales canales intentan vincular a Suntracs con actos vandálicos durante movilizaciones, omitiendo el contexto de las peticiones laborales y sociales y abonando una tesis oscura de que puede haber recibido financiamiento desde el exterior para fomentar anarquía e inestabilidad que derive en la instauración de un régimen autocrático. Por ejemplo, El día 12 de febrero de 2025 varios trabajadores distribuían desde las aceras cercanas al proyecto Nuevo Hospital del Niño material impreso y fueron reprimidos fuertemente por la policía, que entró al proyecto e hizo arresto indiscriminado incluso de personas que no participaban de la manifestación. Se dio amplia difusión a un video de un trabajador soltando un bloque desde lo alto de un edificio mientras otro estaba mirando tranquilamente al vacío y una voz en off celebrando lo hecho por el primero, concluyendo que la represión obedecía a los intentos de homicidio cometidos por el sindicato, sin embargo, como se ha dicho, la represión había iniciado por la repartición de los impresos y fue ante el uso de la fuerza desmedida y el ingreso al recinto, en una situación para ellos anómala, que algunos de los trabajadores entre los que hubo quienes ni siquiera participaban de la protesta original reaccionaron de esa manera. De más de 800 detenciones se abrió causa judicial contra 83 personas.
  • Uso estratégico de medios afines: Prensa, radio y televisión que reciben cuñas estatales se alinean con autoridades, empresarios y otros personajes públicos en el discurso de que “Suntracs y otras organizaciones obreras o comunitarias frenan el desarrollo y producen cuantiosas pérdidas al país”. La ministra de Educación dice que los docentes en huelga son aliados de Suntracs.
  • Narrativas de seguridad nacional: Para justificar el uso de presencia policial armada con exagerados pertrechos militares en un país que constitucionalmente abolió el ejército, se establece el relato de que cualquier protesta, sea iniciada o apoyada por Suntracs o no, es “amenaza al orden público y libre tránsito” En Arimae, Darién hubo represión severa y se les trasladó a los detenidos, como en ningún otro lado del país, usando humillantes grilletes. Algunos pobladores relatan que hasta incendiaron su vivienda de paja.

La represión judicial

En paralelo a las campañas mediáticas, el Estado ha implementado acciones directas para debilitar la capacidad organizativa de SUNTRACS:

Cierre de cuentas bancarias: El 15 de noviembre de 2023 en la coyuntura del movimiento popular contra la renovación del contrato minero (Ley 406), la Caja de Ahorros cerró varias cuentas del Suntracs por supuestos “movimientos sospechosos” de dinero para el presunto “financiamiento de actividades de terrorismo”. El cierre fue muy controvertido y, meses después, hubo opinión contra el mismo por parte de la Defensoría del Pueblo. Con el cambio de Gobierno se habilita la reapertura de cuentas en el Banco Nacional de Panamá, pero el 13 febrero de 2025 se las vuelve a clausurar, lo que es visto como represalia por la participación activa del sindicato en la lucha contra el cambio de Ley de la Caja de Seguro Social.(Ley 462)

El lawfare se refiere al uso de la ley y el sistema judicial con fines políticos para dañar a un oponente, deslegitimarlo o lograr una victoria de relaciones públicas. Contra Suntracs sugiere un uso estratégico y posiblemente malintencionado de los sistemas legales para restringir la actividad del sindicato y sus líderes. Entre las medidas de lawfare emprendidas está el cierre de la Cooperativa de Suntracs y el llamamiento a un juicio mediático de sus principales líderes bajo acusaciones de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y otros delitos en la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, basados en una demanda presentada en el pasado por algunos trabajadores del Proyecto Red Frog, pertenecientes al sindicato que les apoyó en una huelga de dieciocho meses de duración, los cuales con el transcurso del tiempo cambiaron su opinión sobre la solución aceptada en Asamblea General.

Considerando el aumento en la escalada de violencia física y política contra los miembros del Suntracs y otras organizaciones sociales, manifestado por el Gobierno de la República de Panamá, la Junta Directiva recomendó a su Secretario General, Saúl Méndez proteger su integridad física como representante legal que es del sindicato y solicitar asilo político en la Embajada de la República Plurinacional de Bolivia. El exsecretario General, Genaro López, que impulsó la conversión de la organización al sindicalismo clasista se entregó voluntariamente para hacer frente a las acusaciones, en estos momentos se encuentra en arresto domiciliario, mientras Jaime Caballero, de Suntracs Chiriquí, es acusado de blanqueo de capitales y está en una prisión común. Otros sindicalistas están siendo buscados por la policía nacional por supuesta instrucción del Ministerio Público como si fuesen delincuentes comunes.

Respuestas desde Suntracs y aliados

Pese a la fuerte intimidación y persecución económica, política y la violencia policial, en el último mes se ha evidenciado que Suntracs no está solo ante los arbitrios. Continúa publicando en sus redes sociales y en los pocos espacios independientes del poder económico que no le teman a este. Ha presentado demandas contra el cierre de cuentas y sus equipos legales están dispuestos a derrotar en tribunales las acusaciones presentadas.

Hay comunicadores sociales, como Álvaro Alvarado, que en el pasado han adversado la estrategias e ideologías del Suntracs, pero han comprendido que una persecución de este tipo es peligrosa no para el sindicato sino para cualquiera que le dé por adversar al gobierno.

No han cesado, como pudieron pensar los estrategas del gobierno, ni las manifestaciones de todo grupo etario en contra de la Ley 462, ni el rechazo a renegociar la concesión minera ni el rechazo al embalse del Río Indio ni a las imposiciones norteamericanas sobre nuestro territorio o activos nacionales.

Se han creado múltiples canales espontáneos por profesionales o aficionados de la comunicación para contrarrestar a los medios comprometidos con el gobierno.

La Iglesia Católica y personalidades y ONG nacionales convidan a un diálogo para resolver la problemática.

Finalmente, desde el exterior hay compatriotas, luchadores sociales y organismos varios como la OIT que hacen llamados por el cese a la represión contra el pueblo panameño y contra el Suntracs que por años ha actuado en las protestas como el hermano mayor y, por esto enfrenta hoy esta desigual batalla contra los derechos humanos y libertades sociales en Panamá.

Galia Pérez Mayta (Panamá) es licenciada y profesora de Física de la Universidad de Panamá con máster en Física y Tecnologías Físicas y doctorado del Programa Oficial de Postgrado en Física de la Universidad de Zaragoza. Docente. Coordinadora del Proyecto de Comunicación Alternativa NTT Radio, precandidata presidencial del Frente Amplio por la Democracia y miembro del Directorio Ejecutivo Nacional del colectivo político. Coordinadora General del Grupo de Profesionales de Ciencia, Tecnología y Comunicación Pegasus STC X: @GNttradio

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