Ni outsider ni cool

Por Ruth López

A pesar de los problemas de gestión, la crisis económica y denuncias de irregularidades, la popularidad de Nayib Bukele en El Salvador continúa siendo alta. El presidente mantiene una imagen fresca y disruptiva, es dueño de un discurso claramente populista que polariza la sociedad y la comunicación de gobierno concentra su estrategia en la hiperpersonalización de la figura mesiánica del mandatario. 

Nayib Bukele llegó a dirigir el Órgano Ejecutivo de El Salvador con el 27% de los votos de los electores inscritos en el padrón electoral en 2019. Lo hizo irrumpiendo en un escenario político en el que las dos fuerzas –Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)–, enfrentadas durante la última etapa del conflicto armado y la posguerra, se habían alternado en la presidencia las últimas tres décadas. Bukele utilizó como vehículo al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que tuvo por origen una ruptura en el partido de derechas ARENA, aun cuando él había llegado a ocupar un cargo de elección popular como alcalde bajo la bandera de la izquierda, representada en el FMLN. En resumen, en la figura de Nayib Bukele se reunía el espectro político nacional: la izquierda, la derecha, los tránsfugas y el centro, del que se decía parte.

La familia Bukele por varios años se ha dedicado a la publicidad. La imagen fresca, disruptiva y “cool”, con un discurso atractivo para la ciudadanía, indignada ante el incumplimiento de las promesas y expectativas fue su principal bandera de campaña, construida desde la elección de 2012. Su rebeldía, desafío a la tradicional disciplina partidaria y la construcción narrativa de mensajes polarizantes, a partir de la escucha digital, le permitió irrumpir en cada proceso electoral en el que participó y que se ha venido fortaleciendo durante el ejercicio del gobierno en la superposición del “nosotros, los buenos” frente al “ellos, los malos”, utilizando fundamentalmente las redes sociales, en las que utiliza líneas específicas para cada plataforma de comunicación. 

Sin embargo, su ascenso al poder no ha sido exclusivamente producto de su estrategia política sino a raíz de cambios medulares en el sistema electoral salvadoreño. Las listas abiertas –modificación al sistema electoral introducido mediante una decisión de la Sala de lo Constitucional– permitieron una creciente personalización de la política que le apostaba a impulsar rostros en lugar de banderas, al tiempo que se descuidaban los controles de financiamiento hacia las candidaturas individualmente consideradas. Asimismo, el declive de los partidos políticos como catalizadores de los problemas de la sociedad, dada su fuerte vinculación con prácticas antiéticas, clientelismo y corrupción fueron ingredientes que le permitieron lograr el impulso necesario y los “argumentos” o “justificaciones” suficientes para deslumbrar a un electorado desencantado, frustrado y desesperanzado.

En su labor como mandatario, la comunicación política ha estado construida a partir de historias, relatos que le reivindican como el salvador de El Salvador bajo espesas cortinas de humo frente a lo que la comunicación no puede contener: los desaparecidos, la crisis económica y la migración que poco a poco va restando adeptos, aun cuando su nivel de popularidad sigue siendo considerablemente alto. La presentación de “proyectos” y “logros” son los escenarios para desarticular cualquier señalamiento a la gestión que cada vez es más cuestionada por los sendos casos de corrupción que ha llevado a varios de sus funcionarios a ser incluidos por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en la Lista Magnitsky y por el Departamento de Estado de esa nación en la Lista Engel.

En el ejercicio del gobierno dos políticas han quedado claras: la comunicación política como pilar de la (inexistente) gestión pública y la opacidad en la ejecución del erario. Esta combinación es letal en países con deterioros democráticos donde las instituciones de control han sido cooptadas, como El Salvador, donde en menos de un año se impusieron funcionarios a la medida del presidente en el Órgano Judicial, incluyendo la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Otras instituciones fueron neutralizadas bajo la espada de las destituciones: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

De igual forma, se ha construido una estructura de trabajo de la comunicación política del gobierno, mediante la concentración de las comunicaciones de todas las instituciones públicas en Casa Presidencial, que además se extiende a los demás órganos del Estado cooptados o controlados por el Ejecutivo. 

La narrativa instalada desde la campaña presidencial en 2019 y que tres años después se mantiene como “los mismos de siempre”, para etiquetar a quienes fueron o son parte de los partidos ARENA y FMLN, así como para englobar a quienes hoy en día desde la expresión ciudadana se manifiestan en contra de la falta de políticas favorables a la población o que se oponen o son críticos de la gestión gubernamental; o “el dinero alcanza cuando nadie roba” en alusión a la falta de obras públicas, empiezan a hacer aguas con funcionarios que provienen de gestiones previas y con un endeudamiento que sobrepasa el 87% del PIB, ante lo que Bukele ha reaccionado con políticas “audaces” como la imposición del Bitcoin como moneda de curso legal y la emisión de bonos bitcoin, política que carece de análisis técnicos que se conozcan. 

Lo cierto es que el presidente salvadoreño pertenece a una corriente de gobernantes populistas de corte autoritario –como han sido los casos de Trump y Bolsonaro en la región–, que ha llegado a normalizar el nepotismo sin ambages, lo que contrasta con toda la estructura del discurso contra la corrupción, principal bandera de su campaña electoral. Asimismo, ha sido señalado por el periodismo de investigación por establecer un pacto con pandillas para reducir homicidios y obtener apoyos electorales, mientras fustiga y se encarga de procesar a sus enemigos políticos envueltos en los mismos señalamientos.

Esta es la nueva idea de hacer función pública en El Salvador: comunicación política sin políticas públicas –coyuntural y superficial– y dependencia total en la hiperpersonalización del gobierno en la figura mesiánica del presidente Bukele que vive permanentemente montado en un escenario que tiene por límites la falta de respuestas a los problemas estructurales del país.

Ruth López (El Salvador) es abogada y notaria, máster en Derecho Electoral por las Universidades de Castilla La Mancha y Valencia y en Derecho Societario por la Universidad de Barcelona. Cursó sus estudios de pregrado y una especialización en Asesoría Jurídica en la Universidad de La Habana. Fue asesora jurídica de la presidencia del TSE y de la Dirección General del ISSS. Es Jefa del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, consultora en temas electorales y parte del cuerpo docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Twitter: @ruth_lopez1977
Ig: ruth_lopezalfaro1977

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