Por Daniela Castillo
En octubre de 2019 los ciudadanos bogotanos eligieron a Claudia López como su alcaldesa –primera mujer en el segundo cargo más importante del país–, de centroizquierda y perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. Un hecho histórico marcado de gran expectativa y esperanza. Incluso, tras su victoria, manifestó: “es una gran noticia en Colombia, claramente no lo es en muchos otros países del mundo, que una mujer tenga chance de ganar la alcaldía de la ciudad capital”.
Bogotá es la ciudad más habitada del país, en la que residen alrededor de 8 millones de personas y maneja un presupuesto de casi 28,5 billones de pesos para 2022, equivalente al 8,1% del que fue asignado al Presupuesto General de la Nación. Aporta el 26,1% del PIB de Colombia y el 17,4% del empleo.[1]
Cuando López asumió la alcaldía, la capital estaba agobiada por temas relevantes como la inseguridad, atascos de tránsito, desempleo, precaria infraestructura, entre otras. Su compromiso fue plasmado en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, en el que se comprometió a construir una Bogotá enfocada en el cuidado –una ciudad en la que todas las personas se sientan incluidas y gocen plenamente de sus derechos–, así como algunos de los frentes que concentran su esfuerzo, tales como: infraestructura, calidad y mayor acceso para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciban formación de calidad, la consolidación del Sistema de Cuidado, un sistema de transporte sostenible que tiene en el metro su columna vertebral, y un camino hacia la sostenibilidad como respuesta a la crisis climática. No obstante, aunque se ha avanzado algo, en general no se percibe un cambio sustancial a la fecha, excepto por que el ciudadano se tropieza en su movilidad con obras dispersas de infraestructura vial.
Al inicio de su mandato, López estuvo muy apoyada por una mayoría de los ciudadanos, socializó un programa distrital bastante ambicioso, íntegro y equitativo, sin embargo, con tan solo un mes de haberse posesionado, su aprobación se desplomó diez puntos porcentuales, disipando la gran expectativa que había generado.
El efecto COVID 19
La llegada de la pandemia obligó al mundo a enfrentar retos sociales, políticos y económicos. La alcaldesa tuvo el gran desafío de proteger a sus ciudadanos del COVID 19, generar condiciones dignas para seguir viviendo y cumplir su programa de gobierno. Solo por ilustrar la situación, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, durante el 2020 la capital sumó más de un millón de personas en condición de pobreza debido a los confinamientos obligatorios.
Lo anterior, en un contexto caracterizado de informalidad de la economía colombiana (casi el 60%), es decir personas que salen a la calle diariamente a buscar el sustento de su hogar, por lo que los confinamientos obligatorios causaron que muchos hogares no tuvieran los recursos básicos, obligando al gobierno distrital, en el caso de Bogotá, a ofrecer soluciones que finalmente no fueron suficientes ni eficientes.
Gobernar en medio de una pandemia no fue nada fácil, intentando políticas sociales tendientes a morigerar sus efectos. Infortunadamente en Bogotá las consecuencias no fueron superadas con la celeridad que se requería. Durante el 2020, miles de capitalinos colgaron un trapo rojo en sus casas como grito de auxilio frente a la pobreza, el hambre y el desempleo, afectando mayormente a las zonas marginales y a los informales, frente a una alcaldía sin programas sólidos ni contundentes para atacar dicha emergencia. Esta iniciativa del trapo rojo inició en Bogotá y se propagó a lo ancho del territorio como símbolo de protesta y alarma.
A finales de 2020 la tasa de desempleo en Bogotá llegó al 22% y la Cámara de Comercio de Bogotá informó que la capital cerró el 2020 con un total de 470.579 empresas activas, es decir el 6% menos frente al año 2019, reflejando así una caída en la creación de empresas y generación de empleo, ya que muchas empresas cerraron o quebraron y hubo despidos masivos, dejando a muchas personas sin trabajo y sin ingresos fijos.
Pero no todo fueron malas noticias, en el 2020 llegó el primer lote de vacunas a Bogotá. La capital tuvo un buen ritmo de vacunación y logró llegar a la mayoría de la población. Durante la cuarentena, la alcaldesa contaba con un sistema de subsidios y donaciones para ayudar a hogares necesitados. López logró que estos programas fueran permanentes, por lo que aún existen estas ayudas.
Sin embargo, esos esfuerzos no fueron suficientes. La ciudadanía percibe con preocupación problemas que aún persisten, como la inseguridad y la cada vez más compleja movilidad. Durante varios meses del presente año, Bogotá presenció eventos escalofriantes; se hallaban cuerpos desmembrados en bolsas negras en diferentes localidades de la capital cuyo origen al parecer correspondían a ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales por el dominio territorial del microtráfico. Durante varios meses, los capitalinos sintieron pánico al salir de sus casas y, en definitiva, Bogotá no se caracterizaba como una ciudad segura. Adicional, los índices de hurto en las calles e incluso en los vehículos particulares, se incrementaron sustancialmente, el 73% de las mujeres y el 61% de los hombres en Bogotá consideraron como inseguro vivir en su ciudad.
Si bien es cierto que la inseguridad era evidente a los ojos de todos, las declaraciones de López no dieron el mensaje correcto. La alcaldesa responsabilizó a los medios de comunicación por el temor de los bogotanos al salir a las calles, asegurando que estaban haciendo amarillismo con las noticias, que mostraban mucha sangre y peligro. Estas declaraciones aumentaron la inconformidad de los capitalinos, ya que, de alguna manera, la alcaldesa se estaba desligando de su responsabilidad y adicional, no reconocía las víctimas de la misma inseguridad que azota a la ciudad. Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, para inicios de 2022, se evidenció que tan solo el 5% de las personas cree que el manejo de la seguridad va por buen camino y apenas el 24% piensan que las cosas en Bogotá van bien.
Varios concejales de diferentes corrientes políticas coinciden en que la alcaldía de López ha sido una administración poco acertada, sin prioridades claras y en la que no se han visto resultados contundentes. Se menciona que uno de los principales factores que está afectando la inseguridad, es la coyuntura de la crisis económica que está viviendo la ciudadanía relacionada con la pandemia, ya que este es un tema que ha dejado a muchas familias sin ingresos, adicional, la debilidad de la política social que ha implementado la alcaldesa, la cual no ha sabido contrarrestar los niveles de pobreza que se presentan en la ciudad.
La guerra Rusia – Ucrania
Sin aun salir de los efectos de la pandemia causada por la COVID 19, como lo destaca Naciones Unidas, a causa de la guerra en Ucrania la economía mundial crecerá menos de lo esperado en 2022, Además, si bien incluyen a las grandes potencias como Estados Unidos, China, la Unión Europea y a la mayoría de los países desarrollados, los países en desarrollo importadores de materias primas serán los más afectados, sobre todo por el incremento de los precios de los alimentos y la energía. Enfatiza que la inflación global superaría 6,7% este año, más que duplicando el índice de 2,9% registrado en el período de 2010 a 2020.
De esta situación no escapa la economía colombiana, cuyo futuro próximo dificultará posiblemente llegar a niveles económicos y sociales de 2019. No parece favorable en el desempeño de las variables tales como inflación, crecimiento y seguridad alimentaria, entre otras.
Políticas públicas locales dirigidas a contrarrestar la subida excesiva de precios de los alimentos y recuperar el mercado laboral y el tejido empresarial son los principales retos económicos inmediatos a los que debe dirigir sus esfuerzos la administración de la capital.
La recuperación del empleo debe resaltar la formalidad, reconociendo sectores de la población más golpeados como los jóvenes y los mayores de 50 años. Ello debe estar unido al fortalecimiento del tejido empresarial, creando condiciones propicias para su desarrollo.
Sin duda, la seguridad y la movilidad son condiciones que la ciudad debe proveer para promover la inversión (nacional y extranjera), así como el turismo y el intercambio de productos e insumos con otros países.
No obstante, conociendo que no son nada fáciles los retos pendientes de la presente alcaldía, faltándole casi un año de mandato, las elecciones regionales para 2023 darán mucho de qué hablar. La persona que llegue a relevar a Claudia López deberá ser alguien con credibilidad, pragmática, conocedora, sensata y honesta. Y para esta nueva carrera por la Alcaldía Mayor, son muchos pactos y los nombres que ya suenan.
Por un lado, dicen que podría haber una coalición entre el Partido Verde y el Pacto Histórico para lanzar a Luis Ernesto Gómez, teniendo en cuenta que, durante la segunda vuelta presidencial Bogotá tuvo gran preferencia por el progresismo. También, por esa corriente política suena el nombre de Kartherine Miranda, la congresista más votada en Bogotá. Al mismo tiempo, está la opción “del centro”, representada por Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara, quienes, en debido caso, deberán alivianar algunas diferencias. Por el lado de la derecha se encuentran Diego Molano, exministro de defensa de Duque y no se puede descartar al exalcalde Enrique Peñalosa.
Un nombre que ha dado mucho de qué hablar ha sido Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), quien aumentó su popularidad posicionándose como uno de los funcionarios más técnicos del gobierno de Duque y quien ha manifestado su intención de ir de manera independiente. También se ha mencionado a Jorge Robledo como candidato independiente.
En definitiva, suenan ya varios nombres que quieren reemplazar a López, pero no se aprecia un liderazgo contundente frente a las problemáticas propias de Bogotá. A finales del próximo año 2023, los bogotanos elegirán nuevo alcalde de la ciudad para el período 2024-2027 y terminarán los cuatro años de gestión de la actual administración, que se vieron afectados por circunstancias, efectos y dificultades no previstas, que aplazaron varios propósitos de campaña y que posiblemente los seguirán difiriendo.
Daniela Castillo (Colombia) politóloga de la Universidad del Rosario, LLM en derechos humanos y justicia transicional de Ulster University y actualmente doctoranda en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Experta y asesora en temas de construcción de memoria histórica después del conflicto, con experiencia en sector público y privado para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, asesora política y técnica en temas de paz y experiencia en investigación.
Twitter: @Daniela_C93
Instagram: @dccastilloo
[1] Secretaría de Desarrollo Económico http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/