Por Daniel Rosso
La Argentina es un país con voces interceptadas. Por un lado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con su cuerpo recluido en arresto domiciliario, en San José 1111, pero con su voz circulando en actos y movilizaciones a los que llega sola, sin imagen, sin soporte, como un sonido espectral. Por el otro, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, con su voz retenida en audios sin autor, grabados y difundidos clandestinamente.
Dos voces sin cuerpo: una, que flota entre las multitudes; otra, aprisionada en grabaciones judicializadas. En el primer caso, la inmovilizada es la persona; en el segundo, la detenida es la voz. Sin embargo, tienen un punto en común: por razones distintas, el gobierno necesita silenciarlas. Tanto la voz etérea de la expresidenta como la voz grabada de la actual funcionara.
Luego de la aparición de los audios de Diego Spagnuolo –extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad– en los que el funcionario se refería a presuntas coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, se conocieron filtraciones de conversaciones de Karina Milei. Tanto las grabaciones de Spagnuolo como de la hermana del Presidente se emitieron en el programa Data Clave por el canal de Streaming Carnaval. Allí se informaba que las frases de Karina eran un recorte de una conversación mucho más extensa. El periodismo anunciaba que estaba en posesión de la voz grabada en secreto de la persona más importante del entorno presidencial. La corrupción, como se sabe, requiere de pactos de silencio: esas voces, registradas sin permiso ni aviso, podían romper involuntariamente esos pactos. Había un pasaje desde la intimidad hacia lo público y una parte del discurso gubernamental, de pronto, estaba fuera de control. Por eso sonaron todas las alarmas. La solución fue instaurar un corte abrupto en la circulación de esos audios. La censura previa fue la gran solución preventiva.
La estrategia del caos
En simultáneo, el gobierno de Javier Milei realizaba denuncias penales y civiles y ordenaba allanamientos a comunicadores y abogados. Para ello argumentaba la existencia de un complot kirchnerista con aliados rusos, venezolanos, bolivianos y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Una vez más, la estrategia del caos llevaba implícita una ruptura con lo verosímil. La fórmula resulta sencilla: si no se puede negar lo evidente –las denuncias de corrupción y la censura sobre la circulación de los audios– entonces de lo que se trata es de eliminar por completo el campo de la verdad. Para ello, lo más útil es la construcción de un escenario inverosímil.
Nada es ni verdadero ni falso: un escenario donde lo fáctico, o sea los mismos hechos, son abolidos. Lo plantea Byung Chul Han en Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia: “Las noticias falsas no son mentiras. Atacan a la propia facticidad (…) si se miente sobre la entera facticidad, todos los hechos concretos sobre los que se miente en un contexto coherente sustituyen al mundo real por otro ficticio”. Junto con la desaparición de lo fáctico, desaparece la partición del mundo en verdad o mentira. A partir de allí lo inverosímil está al servicio de la organización del caos comunicacional: no es lo verdadero contra lo falso lo que organiza al mundo sino la supresión de lo fáctico, es decir, la caída en simultáneo de lo verdadero y de lo falso.
En este escenario, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa manifestó en un comunicado su “enérgico repudio a la solicitud realizada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al Poder Judicial para allanar los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, así como la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios que involucran a funcionarios gubernamentales, lo que constituye un profundo ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información de la ciudadanía”. En paralelo, la Federación Internacional de Periodistas se solidariza con las y los colegas afectados “y se suma al repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ante un acto de abierta censura y violación de la libertad de prensa que resulta absolutamente incompatible con un sistema democrático y de respeto a los derechos humanos.”. Finalmente, Karina Milei desistió, ante la presión generalizada, de la presentación judicial que impedía la difusión de sus audios.
La censura previa
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la libertad de pensamiento y expresión, postula conceptos similares. La Constitución Nacional, a través de su artículo 75, inciso 22, otorgó rango constitucional a los tratados de derechos humanos, incluida la Convención Americana. El artículo 13 sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Ello comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley (…).”
Mientras, el 3% de supuestas coimas que habría recibido la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, producía una viralización espontánea de la imagen de los tres dedos en alto indicando el monto del pago ilegal. La denuncia adquiría simplicidad comunicacional al aplicarse sobre un repertorio visual preexistente: los dedos en V, anunciando la vuelta de Perón o simbolizando la victoria del pueblo, mutaba a los tres dedos elevados como símbolo instantáneo de la corrupción. El gobierno comenzaba a tener garantizado el ingreso aluvional al mundo de los memes.
Las violencias
La censura previa, el allanamiento a periodistas y el ataque a la libertad de prensa fue acompañada por acciones represivas contra fotoperiodistas y cronistas en el Congreso. A ello hay que sumarle las patotas digitales que dirigen su violencia contra trabajadores y trabajadoras de prensa con el objetivo de atemorizar y limitar su actividad profesional.
Es decir: la censura previa fue solo una de las acciones gubernamentales en un proceso general de obstaculización de la relación entre ciudadanía e información gubernamental. El 12 de marzo de 2025 fue una fecha trágica: una intensa y extendida represión terminó con 46 manifestantes heridos, 124 detenidos y el cráneo del fotoperiodista Fabián Grillo destrozado por una cápsula de gas lacrimógeno disparado por un agente de seguridad. Desde entonces, Grillo atravesó siete operaciones y continúa luchando por su recuperación.
La administración libertaria es antipluralista: solo reconoce dos discursos, el propio, y el de la casta, pero este último solo como objeto de eliminación. ¿Quienes integran la casta? La totalidad de quienes se oponen al gobierno. Si el oficialismo fuera efectivo en suprimir la casta, entonces quedaría un solo discurso: el del gobierno. El objetivo de la cultura libertaria es el discurso único. De allí la promoción de múltiples violencias: todas al servicio de limitar la esfera pública. La represión a trabajadores y trabajadoras de prensa, las patotas digitales, la censura y la persecución, entre otras prácticas, integran un mismo dispositivo de debilitamiento del debate público y de la democracia.
La visibilidad del ajuste
El presidente Javier Milei ha combinado acción política sin distribución y ajuste extremo con visibilidad.
Su modelo político comunicacional rompe, por un lado, con la cultura keynesiana en la Argentina: para esta, hacer política es distribuir. Por otro lado, intenta terminar con una máxima neoliberal: el ajuste se oculta o se explica como un mito de gobierno, es decir, como una necesidad para el diseño del futuro. No es casualidad que el Presidente haya utilizado la cadena nacional posterior a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires para intentar explicar el “equilibrio fiscal innegociable” y su vinculación con un proyecto de país y de sociedad. Es decir: se habría tratado de un intento poselectoral de colocar la restricción presupuestaria y el ajuste dentro de un mito de gobierno. Cuando el gobierno libertario relata su derrota como una consecuencia de no explicar lo suficiente su proyecto, se esté refiriendo, en parte, a la desvinculación entre ajuste, por un lado, y el modelo de país y sociedad que ellos están proponiendo, por el otro.
La combinación de política sin distribución y ajuste visibilizado se enfrentó con identidades originarias muy alejadas de la política y de la casta: médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, profesores y profesoras, familiares de discapacitados, etc. En simultáneo, las denuncias sobre corrupción probablemente han tendido a ser interpretadas por algunos sectores como el ingreso simbólico del gobierno a la casta. Para una administración que confronta y estigmatiza a “la política”, lo peor que le sucede es enfrentarse a identidades “no políticas”: identidades cuyo lugar en la sociedad es la profesión que desempeñan más que una posición en el eje derecha e izquierda de los alineamientos políticos – ideológicos.
En síntesis: el gobierno se enfrenta a sectores vulnerables mientras ingresa visiblemente a la casta. De este modo, el oficialismo llegará a las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires con una crisis identitaria: vino a combatir la casta y tiende a ingresar a ella. Un concepto estigmatizador –la casta– se transforma en el propio estigma del gobierno que estigmatiza.
Daniel Rosso (Argentina) es sociólogo y periodista. Exsecretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. Exsubsecretario de Medios de la Nación. Actual Director de la Radio 530, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Director de la Maestría de Periodismo y Medios de Comunicación de la Facultad de Periodismo de La Plata. Dicta seminarios y cursos sobre comunicación política en varias universidades del país. Facebook: Daniel Raúl Rosso / Instagram: @daniel.r.rosso
