Por Pablo Rebolledo Escobar
Chile se encuentra en la antesala de una nueva etapa política con las elecciones locales de 2024 y generales de 2025, enmarcadas por un contexto de estallido social en 2019, la apertura –y cierre– de un proceso constituyente, la pandemia del Covid-19, la elección del presidente Gabriel Boric y algunos cambios en el régimen electoral, todo esto en un corto periodo de tiempo.
Entre el 25 de octubre de 2020 y el 17 de diciembre de 2023, el país vivió un “súper ciclo electoral-constitucional”, en el que se abrió y cerró por las urnas un proceso constituyente, en donde finalmente se mantuvo todo igual, pero eso da para otra columna. En ese proceso existieron nueve eventos electorales.
- 25 de octubre de 2020: Un plebiscito que habilitó el primer proceso constituyente, junto con elegir la modalidad que tendría la Convención Constitucional. Una opción era una convención mixta con el Congreso y miembros electos para esa finalidad o una elegida 100% para este fin, la que se impuso finalmente. El Aprueboa iniciar el cambio constitucional tuvo un 78% de los votos.
- 29 de noviembre de 2020: Primarias para elecciones de gobernadores y alcaldes.
- 15 y 16 de mayo de 2021: Elecciones locales en donde elegimos gobernadores, alcaldes, y concejales y, además, elegimos a los miembros de la primera Convención Constitucional.
- 18 de julio de 2021: Primarias presidenciales. En ellas Sebastián Sichel ganó las elecciones a Joaquín Lavín por el oficialismo de entonces y Gabriel Boric ganó las primarias de Apruebo Dignidad a Daniel Jadue.
- 21 de noviembre de 2021: Elecciones generales, presidenciales, renovaba la mitad del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados y la totalidad de los Consejos Regionales.
- 19 de diciembre de 2021: Segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, las dos primeras mayorías del 21 de noviembre de 2021.
- 4 de septiembre de 2022: Plebiscito constitucional sobre el texto emanado de la Convención Constitucional, por primera vez se introduce el voto obligatorio, el texto fue ampliamente rechazado por un 62%.
- 7 de mayo de 2023: Elección de un nuevo Consejo Constitucional que redactaría un segundo texto constitucional, luego del rechazo del anterior.
- 17 de diciembre de 2023: Plebiscito sobre el texto emanado del Consejo Constitucional, el segundo intento, rechazado por un 56%.
Es decir, en 38 meses, Chile vivió nueve eventos electorales. Esto equivale a tener una elección cada 4 mesesen este ciclo electoral-constitucional, y si consideramos la cantidad de elecciones que tuvimos, fueron 16 diferentes, agrupadas en distintos eventos electorales, es decir, una elección distinta cada 2,3 meses, si estas se hubiesen hecho cada una por separado, además de considerar que un tercio de ese tiempo fue con campañas electorales formales, mientras que la totalidad del resto de tiempo fue con campañas informales.
Como sabemos, las elecciones, más que ganarse o perderse, se interpretan, y hemos tenido nueve jornadas de interpretaciones sobre las preferencias ciudadanas, en donde siempre se busca acomodar la realidad a lo conveniente que pueda ser para la perspectiva del analista.
Hemos tenido elecciones en un día, en dos días, con pandemia, sin ella, con estado de excepción constitucional, sin él, se han cambiado fechas de elecciones, hemos tenido voto obligatorio, voluntario, y en resultados, hemos tenido interpretaciones que van desde que la ciudadanía anhela el “fin del neoliberalismo”, a que se plantee con seguridad que la ciudadanía busca la restauración del pinochetismo más recalcitrante.
Este proceso ha revelado la fluctuante participación y preferencias de la ciudadanía, oscilando como un péndulo entre el desencanto y el involucramiento o entre la izquierda y la derecha.
Al revisar, para este artículo, los resultados de todas las elecciones ocurridas entre la apertura y el cierre del proceso constitucional, pude encontrar los siguientes resultados: de los nueve procesos electorales, seis significaron un triunfo para la centro-izquierda y la izquierda, mientras que tres implicaron un triunfo de la derecha. Es decir, la izquierda ganó el 66% de las elecciones en este ciclo, mientras que la derecha un 33%.
Pero si consideramos la diferencia entre el voto obligatorio y el voto voluntario, nos encontramos con que:
1) Bajo el régimen de voto voluntario, la izquierda ganó el 83% de estas elecciones, ganando la derecha solamente el 17%.
2) Bajo el régimen de voto obligatorio, la derecha ganó el 66% de las elecciones, mientras que la izquierda y el centro solamente un 33% de estas.
Es necesario considerar en el análisis que la diferencia de participación en las elecciones con voto voluntario y voto obligatorio es relevante. Por ejemplo, si en el plebiscito de 2023 participó un 84,48% del padrón, en el plebiscito de 2020 participó un 50,95%.
Si bien, de manera preliminar, la derecha se podría ver beneficiada con el voto obligatorio, después de una década de voto voluntario, todavía no han existido elecciones ordinarias que nos lleven a esa conclusión. Recién el 26 y 27 de octubre de 2024 el país enfrentará su primera votación con régimen obligatorio fuera de un proceso constituyente. Esto plantea interrogantes sobre el comportamiento electoral y los desafíos políticos que los partidos deberán enfrentar.
Para entender el momento actual, es esencial revisar el ciclo del voto voluntario que rigió entre 2012 y 2022.
Y si vamos un poco más atrás, sabemos que, durante la dictadura, los registros electorales fueron destruidos, y la dictadura de Pinochet organizó plebiscitos fraudulentos sin registro electoral en 1978 y 1980. El plebiscito de 1988, que abrió el camino a la transición, instauró un sistema de inscripción voluntaria con voto obligatorio, es decir, un ciudadano podía decidir si se hacía parte de los registros electorales, pero una vez inscrito, estaba obligado a votar. Entre 1988 y 2012 esto se mantuvo así, generando un fenómeno preocupante para la democracia, que era el hecho de que la mayoría de los jóvenes no se inscribían en los registros electorales. En 2009, en un país de 15 millones de habitantes, existían 2 millones de jóvenes que habían decidido no inscribirse en los registros electorales.
Esta fórmula se mantuvo hasta 2012, cuando se reformó el sistema para establecer la inscripción automática y el voto voluntario, buscando que todos estuvieran inscritos, y así decidieran libremente su participación en las elecciones.
La expectativa en ese momento era elevada. El entonces presidente Sebastián Piñera celebró que el padrón electoral se ampliaba significativamente, especialmente entre los jóvenes, cuyo registro aumentó en un 332%, algo sin precedentes en la historia política chilena. La reforma fue vista como una oportunidad para que los ciudadanos “se reenamoraran de la democracia”, en palabras de Piñera. Sin embargo, los resultados no cumplieron con las expectativas.
En lugar de una mayor participación, el voto voluntario sinceró el desinterés de la ciudadanía. En las elecciones municipales de 2012, la abstención alcanzó niveles récord, y se hizo evidente que la desconexión de los ciudadanos con la política era profunda.
Frente a este panorama, Piñera, junto a la derecha, defendió el voto voluntario. Reconoció el mensaje de la abstención, señalando que obligar a votar bajo amenaza de sanciones habría transformado la distancia de los ciudadanos hacia las instituciones en una abierta hostilidad. Sin embargo, los años que siguieron mostraron una creciente erosión de la confianza en las instituciones políticas, agudizada por escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas.
Durante el periodo del voto voluntario, Chile vivió una serie de revelaciones que afectaron gravemente la credibilidad de grandes partidos políticos. Desde alcaldes atrapados con fajos de billetes hasta casos de corrupción que involucraron a empresas y políticos, el panorama se volvió sombrío. Escándalos como Penta, SQM y Asipes erosionaron la confianza pública. El financiamiento irregular de campañas y la relación turbia entre la política y los negocios se convirtieron en temas recurrentes. En lugar de trabajar para convencer y convocar a los votantes, la abstención solamente aumentó.
Esta crisis de representación se expresó en las urnas. La participación electoral descendió considerablemente, especialmente en elecciones locales. Después de que se conocieron muchos de estos casos, en las elecciones locales de 2016, la abstención alcanzó un 65%.
Mientras esto ocurría, parte de la izquierda buscaba que se instalara el voto obligatorio, mientras que la derecha se oponía con fuerza. Esto debido a que en Chile por mucho tiempo existió la máxima de que el voto voluntario favorecía a los candidatos de derecha, resultado al que se llegaba bajo dos premisas:
1) Existía una correlación entre ingreso y participación. Con voto voluntario, la participación de los sectores de alto ingreso era alta, mientras que la de los sectores de bajo ingreso era baja. Lo que era cierto.
2) En los sectores de alto ingreso le va muy bien electoralmente a la derecha, mientras que, en los sectores de bajo ingreso, le va bien a la izquierda y la centroizquierda. Lo que también era cierto
Bajo estas premisas la conclusión parecía clara, el voto obligatorio beneficiaría a la izquierda, y por años, derecha e izquierda creyeron en esta conclusión, por este motivo era común que la derecha fuera partidaria del voto voluntario, como leímos en algunos párrafos atrás a Sebastián Piñera, y la izquierda partidaria del voto obligatorio, y así ocurrió en discusiones parlamentarias, por ejemplo, previo al primer plebiscito que abrió el proceso constitucional.
Esto se puede revisar en los registros de debates parlamentarios, por ejemplo, el 21 de enero de 2020[1], Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, partido de derecha, decía en esa discusión que “estamos tratando un proyecto de ley que busca obligar a la gente. Nosotros, que tenemos 3% de aprobación, los que estamos en el margen de error de las encuestas, vamos a obligar a las personas a ir a votar. ¿Por qué? Son los candidatos los que deben entusiasmar a la gente para que vaya a votar por ellos[2]”.
El mismo parlamentario más adelante decía: “El voto voluntario es el sistema más utilizado a nivel comparado. Hay 172 países, que representan el 85% del total de los que se tiene información, que cuentan con sistema de voto voluntario”[3], mientras que otro parlamentario de derecha, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el sr. Baltolu señalaba:“considero que hace falta que la gente se haga responsable de sus actos, y ese es un deber. El derecho ya lo tiene”[4]. El diputado de la UDI, Gustavo Sanhueza, señalaba: “Otros dicen que esto fortalece la democracia; yo creo que no. A menos de diez años no podemos estar planteando a la ciudadanía cambiar nuevamente el sistema. En 2012, cuando se implementó por primera vez este sistema, la ciudadanía asumió que este va a ser el sistema por el cual participa; pero como en diez años algunos no han obtenido los réditos políticos que esperaban –un ejemplo de eso es cómo fue elegido el Presidente Sebastián Piñera–, entonces quieren cambiarlo, porque el sistema no les conviene como está actualmente”[5].
Esos mismos sectores, luego del resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en el que tuvieron un buen resultado electoral con voto obligatorio, se volvieron furibundos defensores del voto obligatorio, e incluso trataron a los defensores del voto voluntario –del que ellos mismos eran partidarios poco tiempo atrás– como personas que despreciaban a las personas más humildes.
Lo anterior es un interesante caso de estudio sobre cómo los incumbentes modifican sus preferencias hacia reformas electorales dependiendo de lo que creen que les beneficia, independiente de que esto sea real o no, así como también que es muy difícil tomar decisiones sobre el sistema electoral o el sistema político en momentos preelectorales, o con resultados electorales recientes.
Las elecciones de 2024 son el primer gran desafío para el nuevo ciclo del voto obligatorio. A diferencia del plebiscito constitucional, que estaba imbuido de un alto grado de polarización y simbolismo, estas elecciones deberán medir el interés genuino de los chilenos en participar en un proceso electoral “rutinario” bajo esta modalidad. La instauración del voto obligatorio implica un nuevo contrato social entre los ciudadanos y el Estado.
Una discusión similar ocurre con el voto de las personas migrantes. En Chile, los extranjeros avecindados por más de cinco años pueden participar en todas las elecciones, y en las últimas semanas hemos visto cómo la derecha ha defendido con fuerza que el voto sea obligatorio para estas personas, bajo la creencia de que los migrantes –venezolanos en su mayoría– tendrán una preferencia electoral hacia la derecha, pero al igual que en el voto voluntario, todavía no tenemos certeza de que esto sea así, y es probable que los veamos cambiar de posición a medida de que vayan concurriendo más elecciones.
Pablo Rebolledo Escobar (Chile) es sociólogo de la Universidad de Concepción, con un Diplomado en Planificación del Ordenamiento Territorial Regional y Local por la Universidad de Chile. Durante los últimos 6 años ha trabajado como asesor político y comunicacional en el Congreso Nacional de Chile, primero con el exsenador Alejandro Navarro y, en la actualidad, colaborando estrechamente con el diputado Gonzalo Winter, representante del Frente Amplio. X: @pablorebolledoe
[1] Cámara de Diputados. (2020, January 21). Sesión 145, Ordinaria, en martes 21 de enero de 2020.
[2] Cámara de Diputados. (2020, January 21). Sesión 145, Ordinaria, en martes 21 de enero de 2020.
[3] Cámara de Diputados. (2020, January 21). Sesión 145, Ordinaria, en martes 21 de enero de 2020.
[4] Cámara de Diputados. (2020, January 21). Sesión 145, Ordinaria, en martes 21 de enero de 2020.
[5] Cámara de Diputados. (2020, January 21). Sesión 145, Ordinaria, en martes 21 de enero de 2020. p.99