Por Elda Arroyo
La caída de un líder criminal es un episodio que exige mucho más que información de parte de un gobierno, implica que el Estado asuma el liderazgo narrativo para evitar que el miedo ocupe su lugar.
Una crisis de seguridad no comienza cuando aparece la violencia. Comienza cuando el Estado pierde el control del sentido. Si bien esta afirmación puede ser provocadora, busca describir qué ocurre cuando un hecho violento rebasa la dimensión policial y entra en el terreno simbólico. En ese momento la discusión deja de ser operativa y se convierte en una disputa por el significado de lo ocurrido.
México ha experimentado múltiples episodios de violencia criminal. Sin embargo, existen acontecimientos que marcan un punto de inflexión en la conversación pública porque alteran el equilibrio narrativo entre el Estado, la sociedad y el crimen organizado. La reciente operación que culminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pertenece a esa categoría y no solo por la relevancia criminal de la figura abatida —probablemente la más influyente de la última década en términos de poder de fuego, capacidad económica, vinculación política y expansión internacional—, sino por el lugar que ocupaba dentro del imaginario de la violencia contemporánea.
En términos comunicacionales, no se trataba únicamente de un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos. Su figura había adquirido una dimensión simbólica que trascendía el ámbito estrictamente criminal. Durante años, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se convirtió en la personificación de una forma de violencia extrema ejercida tanto contra rivales como contra el propio Estado, una violencia que además fue exhibida y amplificada como parte de una estrategia deliberada de intimidación y posicionamiento.
Su nombre dejó de ser solo el de un líder criminal para convertirse en un signo reconocible de la violencia contemporánea en México. Por eso, cuando una figura de ese calibre cae, el impacto no se limita al terreno operativo o judicial: el país entra en un momento de incertidumbre narrativa. Se abre una pregunta más profunda que la propia operación de seguridad: qué significa ese hecho para el orden público, quién interpreta su sentido y qué relato ocupará el espacio que deja su caída.
¿Qué es realmente una crisis de seguridad?
Desde la perspectiva de la comunicación pública de la seguridad, una crisis no se define únicamente por el número de víctimas ni por la espectacularidad de los hechos. Aunque estos elementos suelen captar la atención mediática, lo que verdaderamente convierte un episodio violento en una crisis es la aparición simultánea de tres rupturas profundas en la relación entre el Estado y la sociedad.
La primera ocurre cuando se fractura la percepción de protección estatal. En ese momento, la ciudadanía comienza a preguntarse si las instituciones realmente tienen control de la situación. No se trata solo de la ocurrencia de un hecho violento sino de la sensación de que el Estado ha perdido la capacidad de anticipar, contener o responder de manera eficaz.
La segunda ruptura se manifiesta con la instalación del miedo social. La violencia deja de percibirse como un episodio aislado y comienza a experimentarse como una amenaza colectiva. La conversación pública cambia de tono: lo que antes era un hecho noticioso se transforma en un clima de incertidumbre que se expande por las comunidades, los espacios cotidianos y las redes de conversación ciudadana.
La tercera ruptura es más delicada, porque pone en duda la legitimidad, la capacidad o incluso la voluntad del gobierno para proteger la vida. Cuando esto ocurre, la crisis deja de ser un problema delictivo y se convierte en un cuestionamiento político hacia el ejercicio del poder. La violencia ya no solo toca a las instituciones, sino al propio Estado como garante del orden público. Cuando estas tres dimensiones convergen la crisis se transforma en un fenómeno político y simbólico que exige una gestión mucho más compleja.
Es un error suponer que todas las crisis vinculadas con la violencia pueden gestionarse de la misma manera. No todas responden a la misma lógica ni producen los mismos efectos en la conversación pública. En realidad, una crisis de seguridad suele desplegarse en al menos tres dimensiones simultáneas, cada una con dinámicas propias y con exigencias distintas tanto para la acción institucional como para la comunicación pública.
Tres crisis distintas dentro de la misma crisis
Las crisis de seguridad rara vez se presentan en una sola dimensión. En la mayoría de los casos operan simultáneamente en distintos planos que se superponen y se retroalimentan. Comprender esta superposición es clave para gestionar tanto la respuesta institucional como la comunicación pública, porque lo que comienza como un problema operativo puede escalar hacia una crisis política o incluso simbólica.
El primer plano es la crisis vinculada con la incidencia delictiva. Esta dimensión es estrictamente operativa y se manifiesta cuando existe un aumento real de delitos, un enfrentamiento armado, una serie de hechos violentos consecutivos o una operación criminal de alto impacto. En este nivel, la responsabilidad recae en las instituciones encargadas de la seguridad. Aquí la prioridad es recuperar el control territorial, detener a los responsables y restablecer condiciones de orden público. Sin embargo, incluso en esta fase, la acción institucional no puede prescindir de la explicación pública. La ciudadanía necesita comprender qué ocurrió, qué se está haciendo y cuál es la capacidad real del Estado para contener la situación.
El segundo plano aparece cuando la crisis se hace política. Esto ocurre cuando la violencia erosiona la autoridad del gobierno y debilita la percepción de liderazgo. La conversación se desplaza hacia la conducción del poder. Las preguntas cambian: ya no se trata solo de entender qué ocurrió, sino de saber quién tiene el control, quién está tomando decisiones y si existe una autoridad capaz de garantizar la seguridad. En esta etapa, la crisis ya no puede resolverse mediante operativos o despliegues institucionales; requiere conducción política, claridad narrativa y una presencia pública que restablezca la percepción de liderazgo.
El tercer plano es la crisis simbólica, la más compleja y la menos comprendida en el debate público. Se produce cuando el Estado deja de ser percibido como el referente moral y político del orden, y el miedo ocupa ese lugar. En este punto, los hechos violentos dejan de ser interpretados como episodios criminales y pasan a adquirir un significado. La violencia empieza a funcionar como mensaje, como advertencia o como demostración de poder dentro de la conversación social.
Cuando esto ocurre, la disputa se traslada al terreno más delicado: el control del sentido. Es decir, quién logra imponer la interpretación dominante de los hechos, quién define el significado de la violencia y quién ocupa el lugar de autoridad en el imaginario. En ese terreno, la comunicación pública deja de ser un complemento de la política de seguridad y se convierte en una herramienta estratégica para preservar la legitimidad del Estado.
El crimen organizado también comunica
Uno de los rasgos que distingue al CJNG es su marcada vocación comunicativa. No se trata solo de una organización delictiva con capacidad armada y control territorial, sino de un actor que ha comprendido —y explotado sistemáticamente— el poder simbólico de la violencia. Ha incorporado la comunicación como parte de su estrategia de posicionamiento y disuasión.
Desde los videos propagandísticos difundidos en redes sociales hasta los despliegues armados cuidadosamente escenificados para ser registrados y amplificados mediáticamente, muchas de sus acciones han estado diseñadas para enviar mensajes a distintos destinatarios. Por un lado, buscan advertir y desafiar al Estado; por otro, establecer jerarquías frente a organizaciones criminales rivales; y, al mismo tiempo, proyectar hacia la sociedad una imagen de poder, omnipresencia y capacidad de violencia.
La violencia deja de ser un instrumento operativo para convertirse en un lenguaje que busca construir reputación, sembrar temor y disputar la percepción de autoridad. Cada acción pública, cada video difundido o cada demostración de fuerza no solo cumple una función criminal, sino también comunicativa.
En contextos de violencia organizada, la comunicación no es un elemento accesorio de la política de seguridad pública, es parte del campo de disputa. Mientras el Estado intenta preservar la legitimidad institucional y el monopolio de la fuerza, las organizaciones criminales buscan construir narrativas de poder que amplifiquen su capacidad de intimidación más allá de los hechos mismos.
Por esa razón, cuando el crimen organizado comunica, el silencio del Estado deja de ser neutral, ya que se convierte en un vacío narrativo que puede ser ocupado por el miedo, la especulación o incluso por la propia propaganda criminal. En ese terreno, la disputa ya no es solamente por el control territorial, sino también por el significado de la violencia y por la autoridad simbólica frente a la sociedad.
El peligro del vacío narrativo
En comunicación de crisis existe una regla básica: la narrativa nunca permanece vacía. Cuando ocurre un hecho de alto impacto, la sociedad busca de inmediato explicaciones que le permitan comprender lo sucedido y dimensionar sus consecuencias. Si el Estado no ocupa ese espacio interpretativo con información clara y oportuna, alguien más lo hará. En situaciones vinculadas con la seguridad pública, ese vacío suele llenarse con rapidez a través de rumores, versiones incompletas que circulan en redes sociales, especulación mediática o incluso con la propia propaganda criminal. Por eso el silencio institucional no es, en sí mismo, una estrategia neutral. Dependiendo de cómo y por qué se utilice, puede convertirse tanto en una herramienta de responsabilidad institucional como en un factor que profundice la crisis.
Existe un silencio que forma parte de una gestión prudente de la información. En determinados momentos es necesario que las autoridades se abstengan de emitir declaraciones precipitadas mientras se verifica la información, se protege la integridad de una investigación o se evita exponer públicamente a víctimas y personas afectadas. En esos casos, el silencio puede responder a una lógica de responsabilidad: no se trata de ocultar información, sino de evitar errores que agraven la situación. Sin embargo, incluso en esos momentos la prudencia debe ir acompañada de señales claras de presencia institucional. La ciudadanía necesita percibir que el Estado está actuando, investigando y asumiendo su responsabilidad frente a los hechos.
Muy distinto es el silencio que surge de la evasión o de la incapacidad institucional para dar una explicación. Este tipo de silencio aparece cuando las autoridades evitan pronunciarse, cuando se intenta posponer el costo político o cuando se deja a la ciudadanía sin una explicación mínima sobre lo ocurrido y sobre las acciones que se están tomando. En estos escenarios, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en ausencia. La falta de una voz institucional no detiene la conversación pública; por el contrario, abre espacio para que otras interpretaciones ocupen ese lugar.
El silencio prolongado no tiene un efecto tranquilizador. Lejos de calmar a la sociedad, produce una sensación más profunda y corrosiva: la sensación de abandono. Cuando las instituciones no explican ni acompañan a la ciudadanía en momentos de incertidumbre, el miedo organiza la conversación pública. Y en términos simbólicos, el abandono pesa más que la violencia misma, porque mientras la violencia puede interpretarse como una agresión externa, el silencio del Estado se percibe como una retirada de la autoridad que debería proteger.
Frente a una crisis de seguridad, la comunicación pública no puede improvisarse. Cada palabra institucional adquiere un peso político y simbólico. No se trata únicamente de informar lo ocurrido, sino de restablecer un marco de sentido que permita a la ciudadanía comprender la situación y percibir que existe conducción del Estado. Por ello, la comunicación en estos escenarios debe seguir una estructura mínima que combine claridad, responsabilidad y presencia institucional.
El primer paso es reconocer el hecho. Nombrar lo ocurrido sin eufemismos ni rodeos es fundamental para preservar la credibilidad. Las sociedades perciben con rapidez cuando una autoridad intenta minimizar, ocultar o diluir la gravedad de un acontecimiento. Reconocer lo sucedido no implica debilidad política; por el contrario, es el punto de partida para demostrar que el Estado está dispuesto a enfrentar la situación con transparencia y responsabilidad.
El segundo elemento es expresar empatía explícita con las víctimas. En una crisis de seguridad, el centro del mensaje no puede ser la imagen del gobierno ni la defensa de su actuación, sino las personas afectadas. Reconocer el dolor, la incertidumbre o el impacto que un hecho violento provoca en la comunidad no solo responde a una dimensión humana elemental, sino que también reafirma el vínculo moral entre el Estado y la sociedad.
El tercer componente es asumir responsabilidad institucional. Incluso cuando los hechos provienen de actores criminales, el Estado sigue siendo el garante de la seguridad pública. Por ello, las autoridades deben evitar trasladar la responsabilidad al ámbito del delito. La ciudadanía espera que el gobierno asuma su papel en la gestión de la crisis y se coloque al frente de la respuesta.
El cuarto paso consiste en explicar las acciones que se llevan a cabo al informar qué dependencias están interviniendo, qué medidas se están tomando y cuáles son los avances, lo que permite reducir la incertidumbre social. La comunicación de crisis no puede limitarse a declaraciones generales; requiere ofrecer información que muestre que el aparato institucional está actuando de manera coordinada.
Es necesario establecer compromisos verificables hacia el futuro. Las crisis no se resuelven en un solo momento, y la ciudadanía necesita saber cuáles serán los siguientes pasos. Anunciar acciones que puedan ser observadas o evaluadas públicamente contribuye a reconstruir la confianza y a demostrar que el Estado mantiene el control del proceso.
La ciudadanía no exige estadísticas perfectas ni discursos impecables. Lo que realmente demanda es algo más profundo: sentido, presencia y Estado. En momentos de incertidumbre, las sociedades buscan señales claras de conducción institucional, una explicación que les permita comprender lo que ocurre y la certeza de que existe una autoridad capaz de asumir la responsabilidad de proteger la vida y el orden público.
La seguridad no se sostiene exclusivamente en la fuerza operativa del Estado. También depende de su capacidad para construir sentido en medio de la incertidumbre. Cuando las instituciones logran explicar, acompañar y asumir su responsabilidad frente a la violencia, refuerzan su legitimidad.
Elda Arroyo (México) es periodista y comunicadora con más de veinte años de experiencia, especializada en seguridad y gestión pública. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y magíster en Administración Pública. Ha trabajado en medios como Milenio Diario, Notisistema y el Eastern Group de Los Ángeles, California. Su enfoque estratégico en Seguridad, Gestión y Atención de Crisis es clave en la comunicación gubernamental. Fue coordinadora de Comunicación en la Secretaría de Seguridad de Jalisco, México y actualmente es directora de Comunicación Social del Gobierno de Tlajomulco. Ha sido docente en universidades de América Latina, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de comunicadores. X: @elda_arroyo | Ig: @eldamarroyo
