Por Saudia Levoyer
Si bien, quienes resulten electos apenas deberían durar año y medio en su cargo, la puja es como si se tratara de la elección más importante de la historia reciente.
Esta es una breve historia de cómo la clase política de Ecuador se la pasa poniendo obstáculos a sus rivales hasta llevar al país a un atolladero, en donde los intereses específicos de un grupo marcan el escenario. La puja de Revolución Ciudadana por volver a la Presidencia de la República muestra la calidad que tiene ese grupo y su capacidad de maniobra para arrinconar a un Gobierno, el de Guillermo Lasso, que tampoco tuvo la suficiente habilidad política para mantener el apoyo de quienes votaron por él, como una respuesta en contra del correísmo.
El pasado 17 de mayo, cuando el presidente Lasso decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución, es decir, convocar a la muerte cruzada, como salida a la constante crisis política, buscaba también bajar las tensiones. Sin embargo, estas siguen y continuarán hasta que Revolución Ciudadana imponga su agenda, proyecto en el que ha tenido el apoyo del PSC, facciones del ID y de Pachakutik (brazo político de la Conai, encabezada por Iza), pese a que en la década de 2007 a 2017, fueron atacados con fuerza por el Gobierno de Correa.
¿Qué incluye esa agenda? Además de la salvación judicial de sus dirigentes (empezando por Rafael Correa), condenados a varios años de cárcel y a pagar multas, impulsan una comisión de la vedad que, entre otras cosas, lave su imagen y les restituya derechos. A ello se añade que pretender que las autoridades de control sean nombradas por ellos. Por ahora se apuntalan en el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que designa a las autoridades del control del Estado (Fiscal, Procurador, Defensor Público, Superintendentes o autoridades electorales, etcétera), cuyos integrantes fueron electos en febrero de 2023 y su mayoría es cercana a estos planteamientos.
A través de ese organismo han tratado de sacar a la fiscal general del Estado, a quien consideran uno de sus mayores obstáculos, por ser quien ha investigado algunos casos graves en contra de ellos. Y, en lo que va de la campaña, han anunciado que impulsarán una nueva Asamblea Constituyente, en donde una de las reformas estrella será la reelección indefinida, especialmente del presidente de la República. En la norma vigente solo puede reelegirse por una ocasión. Tampoco han descartado retomar el juicio político en contra del presidente Lasso, que quedó en el aire, cuando anunció la muerte cruzada.
El presidente Lasso estuvo acusado de corrupción y peculado. Sin embargo, la Corte Constitucional, que aprueba las causales de los procesos a los presidentes, admitió únicamente la causa de peculado. Sus acusadores fueron Revolución Ciudadana (correísmo) y el PSC (socialcristianismo). Para su destitución se necesitaban 92 votos, pero no había certeza de conseguirlos. Horas antes del inicio del juicio político, se nombraron a nuevas autoridades del Legislativo: correístas y socialcristianos (con el apoyo de partidos que fueron aliados momentáneos del gobierno como la ID y Pachakutik) barrieron con todos los cargos y con votaciones que oscilaban entre los 94 y 100 de los 137 votos. Algunos cálculos legislativos hablaban de 88 votos seguros para la destitución y otros afirmaban que había 59 votos para salvar al presidente.
Durante su intervención y horas antes de la disolución de la Asamblea, Lasso devolvió acusaciones a la Asamblea Nacional por los cuatro intentos de sacarlo de su cargo, durante los dos años de su gestión, e insinuó los vínculos que tendrían ciertas agrupaciones políticas con el crimen organizado. Tampoco fue la primera vez que responsabilizó a Revolución Ciudadana, PSC y parte del movimiento indígena de ser conspiradores.
Las enemistades personales entre el primer mandatario y el máximo dirigente del PSC, Jaime Nebot, son de vieja data y agudizadas –al menos ese fue su pretexto– por el incumplimiento en la repartición de espacios de poder en la Asamblea, cuando empezaba el Gobierno en 2021. En el caso de los indígenas, Leonidas Iza aspira a llegar al poder. Su forma de presión han sido las paralizaciones violentas (2019 y 2022). Por las pugnas internas en su organización no se presentó como candidato.
Para las elecciones del próximo 20 de agosto hay ocho candidaturas, que deberán lidiar con este escenario político, sin olvidar la ola de violencia, producto del crimen organizado instalado en el país; la pobreza; el desempleo; la posibilidad de sufrir embates del fenómeno de El Niño, entre otros: Revolución Ciudadana logró que el PSC presente un aspirante cercano al ex vicepresidente Jorge Glas –quien fue condenado por el caso de sobornos de Odebrecht– y a una de las empresas que también fue señalada en ese mismo caso. Se trata de Jan Topic, cuya imagen quiere ser anclada a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su mano dura contra la violencia de las pandillas vinculadas al crimen organizado. Revolución Ciudadana, en cambio, optó por Luisa González. Con estas dos candidaturas, Revolución Ciudadana cuenta con dos vías para lograr la Presidencia de la República, meta que puede alcanzar, ya que las últimas elecciones han mostrado que se necesita aproximadamente el 20 por ciento de los votos para asegurar una segunda vuelta electoral.
La tendencia que se considera de centro izquierda y que a momentos es cercana a Revolución Ciudadana, como el caso de la Izquierda Democrática, por sus diferencias internas no puso candidato presidencial, pero participará por las asambleístas. Los partidos en el espectro de la derecha y el centro derecha (en donde por su naturaleza debería estar el PSC), una vez más no han logrado establecer una agenda mínima que los aglutine para frenar a Revolución Ciudadana, que es la estructura más orgánica y con mejores resultados electorales desde 2006. Más bien se han diversificado en movimientos como Acción Democrática Nacional, que lanzó a Daniel Noboa, hijo del hombre más rico del Ecuador (Álvaro Noboa), y la Alianza Actuemos, que presentó al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner.
Los restantes candidatos son Bolívar Armijos, del movimiento Amigo, Yaku Pérez, por la Alianza Claro Que Se Puede; Fernando Villavicencio, por el movimiento Construye; y Xavier Hervas, por RETO.
Las candidaturas de la Asamblea –o la Función Legislativa– tienen como su mayor novedad que 68 de los 137 asambleístas cesados quieren volver a su curul y participan en la contienda. Las perspectivas es que no habrá una mayoría sólida, por lo que las alianzas estarán en primera línea en el juego político.
Si bien, quienes resulten electos apenas deberían durar año y medio en su cargo, la puja es como si se tratara de la elección más importante de la historia reciente. Y de cierta forma lo es, porque puede implicar el retorno del grupo político de tinte autoritario, que tiene una lista de cuentas que cobrar a quienes considera como sus detractores. También es una forma de patear el balón para adelante, porque el atolladero en el que estamos no tiene visos de solución en el corto plazo, y no hay voluntad para comenzar con la reconstrucción del país.
Saudia Levoyer (Ecuador) es periodista y docente universitaria de pregrado y posgrado. Ha trabajado como reportera y editora Política y de Investigación de medios de Ecuador. Actualmente mantiene una columna en El Universo. Autora y coautora de cuatro libros. Profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Twitter: @slevoyer
