Por Alfonso Pissano
Pocos procesos políticos en el Uruguay fueron tan llenos de vertientes circunstanciales como la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en 2018. Fue una conquista de dignidad y Derechos Humanos, y también un avance legislativo de reparación que fue defendido con la historia y experiencia misma de las personas trans. Esta campaña fue marcada por el encuentro antagónico con los movimientos regionales provida y sus representantes en el país, en el contexto de las elecciones internas de los partidos políticos.
La Ley Integral para personas Trans Nª 19.684 llegaba tarde, pero ansiada por los sujetos de derecho a recibirla. Este proyecto tenía más de veinte años de solicitud por parte de la sociedad civil, que intentaba mitigar y posteriormente revertir, el impacto de la discriminación hacia las personas trans.
La norma es garantista, sus artículos apuntan a garantizar los distintos accesos que hacen al ejercicio de una vida y una ciudadanía plena, como el derecho a la identificación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia, a la creación de recursos para brindar igualdad de oportunidades. Se incluyó un artículo reparatorio que compensaría a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Hasta 2005 estuvo vigente el decreto de razzias, del año 1981, que permitía un accionar ilimitado de las fuerzas policiales y que llevó a muchas personas de la colectividad a morir, sufrir torturas y persecución por su identidad de género.
Aunque se derogó, nunca se reconocieron a las víctimas ni se reparó a quienes sobrevivieron. Este artículo implica al Estado uruguayo no solo a reconocer la violencia ejercida de forma arbitraria por parte del aparato estatal, sino también a la obligación de repararlo.
La Ley Trans era un proyecto que venía siendo modelado por el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual, organismo creado en 2015 (decreto Nº 321/015) por el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez.
En el Consejo participan varias autoridades del Estado y la academia, así como seis integrantes de la sociedad civil organizada. El proceso de trabajo alrededor de la redacción de la ley fue esbozado con la voz y la experiencia del movimiento social respecto a los distintos accesos y sus realidades. Fueron hechos numerosos trabajos a partir del primer censo trans realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en 2016, que abonaron con datos y cifras a la creación de dichas políticas.
El 26 de agosto de 2018 se lanzó públicamente la campaña a favor de la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans Nº 19684. Con el eslogan “Nuestro derecho a ser es urgente” y abreviada: Ley Trans YA.
La campaña fue formada por 33 colectivos de la sociedad civil de todo el país que lograron desplegar un trabajo coordinado de casi dos años en todo el territorio nacional.
La misma trabajó de hecho y comunicacionalmente sobre varios puntos fijos: autogestión, apartidismo, una vocería exclusivamente trans (para visibilizar a las personas que históricamente han sido ocultadas) y educación sobre las identidades de género y DDHH a fin de derribar mitos y especulaciones sobre el articulado de la ley. Estas decisiones fueron aplicadas en cada intervención y también en la hechura de su elemento icónico de identificación: el pañuelo amarillo.
La decisión del color del pañuelo guarda relación con su identidad apartidaria, pues hasta el momento ningún partido del país se identificaba con el amarillo. También se deseaba evocar alegría y empatía, cosa que este color posibilita según la Psicología del Color de Goethe.
Se utilizó para el diseño del escudo, símbolos propios de la lucha (como los lazos negros de luto como ceibos, o el lápiz con la balanza en señal de lucha por educación y justicia) aplicados sobre una imagen común para los uruguayos: el escudo nacional. El pañuelo permitió ser usado como símbolo de posicionamiento político social.
La campaña realizaba los pañuelos también como merchandising para sustentar económicamente la continuidad de las acciones necesarias: para las personas trans era gratuito, para las personas cis costaba $ 50[1].
Al mismo tiempo, la prenda era estéticamente llamativa, por lo que también se usaba en la vida cotidiana, llevando así el mensaje a cada momento posible. La recolección de firmas fue acompañada por la venta y entrega de estos en todos los departamentos del Uruguay.
Luego de dos meses de trabajo a nivel nacional, el 10 de octubre, se entregaron en el Palacio Legislativo más de 60.000 firmas en apoyo al proyecto de ley. Seis días después la ley obtuvo media sanción, con 17 votos afirmativos dóe 29. El 18 de octubre fue completamente aprobada por la Cámara de Representantes con 62 votos afirmativos de 88.
La sociedad civil recibió la noticia desde las barras del Palacio Legislativo y desde la vigilia montada en el edificio Anexo donde colocó pantallas para seguir la sesión de forma abierta y pública con la ciudadanía.
Las elecciones internas de los partidos políticos ya estaban en marcha. En paralelo, comenzó una campaña opositora a la aprobación de la ley. Este movimiento fue iniciado por los diputados Carlos Iafigliola, Verónica Alonso y Álvaro Dastugue, cuyos movimientos políticos de origen están fuertemente ligados a las iglesias católicas y evangélicas.
Con eslóganes que se habían visto anteriormente en Latinoamérica como “con mis hijos no te metas”, aducían que la ley era un “peligro” para la patria potestad de los padres, que “niega la biología” y que “privilegia” a la población trans sobre el resto de la ciudadanía.
Lo que tenían en común era la adherencia a un bloque de ideas preexistente y álgido en el momento como el movimiento continental provida (estaban en plena disputa contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina).
Esta corriente de ideas sostiene una posición contraria no solo al aborto, sino también a las garantías de DDHH para las poblaciones LGBT, entre otras regulaciones.
Estos actores utilizaron, en consonancia con sus pares latinos, un rótulo insignia para referirse a este tipo de discusiones: “Ideología de Género”. Buscaban con ello desacreditar, no solo al movimiento, sino a las ideas de reparación y participación social para las poblaciones más vulneradas.
Sus discursos fueron atravesados por el biologicismo (o determinismo biológico) que es la creencia de que la conducta humana está exclusivamente regulada por sus genes y características fisiológicas y también por el cisexismo, que es la condición y discurso de opresión que sufren las personas trans respecto de las personas cis por ser consideradas estas últimas como “lo natural”.
En noviembre de 2018 se anunció el lanzamiento de la campaña para activar el proceso de referéndum para derogar la ley.
En el proceso y por el creciente volumen de sus declaraciones peligrosas y desinformativas, la Campaña por la Ley Trans presentó una denuncia en su contra por incitación al odio.
Este proceso de oposición se dirigía hacia el electorado de estos candidatos. Posicionarse contra la Ley Trans, desde su lectura, no solo implicaba una visión provida sino que también significaba posicionarse contra el Frente Amplio (el partido gobernante a la fecha) a los que ataron la responsabilidad de la ley.
Al final de la campaña para la derogación, en marzo de 2019, Iafigliola y Dastugue presentaron en el parlamento un total de 69.360 firmas, un número suficiente para iniciar un proceso de pre-referéndum. La votación del mismo fue pautada para el 4 de agosto de ese año y no era obligatorio votar. El resultado arrojó un 10%, que no alcanzaba para continuar con el proceso de referéndum.
En junio se realizaron las elecciones internas de los partidos políticos. Los resultados del Partido Nacional dieron como vencedor al actual presidente Luis Lacalle Pou con un 51,73%. Carlos Iafigliola (último) obtuvo el 0,37% de los votos. Verónica Alonso optó por renunciar a su candidatura luego de que se desatara una polémica en relación a sus fondos de campaña.
En lo relacionado a estas elecciones, la campaña contra la Ley Trans no hizo una diferencia para adherir apoyos al candidato Carlos Iafigliola.
En este acontecimiento político convergieron en un mismo espacio muchos intereses encontrados: los candidatos que pretendían labrar con la ley un rédito electoral, los movimientos regionales antiderechos, la necesidad de una población por tener garantías de cumplimiento de sus derechos.
A pesar de ello, la ley logró establecerse y perdurar, aunque todavía sean necesarias mejoras en sus mecanismos y alcances. Este proceso mostró que los logros legislativos también necesitan ser acompañados por cambios culturales.
Alfonso Pissano (Uruguay) es activista trans. En su juventud inició su militancia como artista (poeta) y enfermero. En 2018 se incorporó a la sociedad civil organizada para proseguir su activismo políticamente. Actualmente estudia comunicación política y continúa aportando a su comunidad desde esta disciplina.
Instagram: @fonsopisano
[1] 50 pesos uruguayos, poco más de un dólar en ese entonces.
