Por Elda Magaly Arroyo Macías
El Poder Judicial es uno de los tres pilares fundamentales del Estado moderno y democrático. Su existencia responde a la necesidad de garantizar la justicia, el equilibrio de poderes y el control institucional. Como órgano independiente, tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes de manera imparcial para resolver conflictos entre individuos, organizaciones y el propio Estado. Su función esencial es asegurar el respeto a las leyes, proteger los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley.
Sin embargo, en América Latina, la percepción ciudadana sobre el desempeño del Poder Judicial es, en muchos casos, crítica. Factores como la corrupción, la ineficiencia y la falta de imparcialidad han desgastado la confianza pública en este poder. El Informe Latinobarómetro 2023 expone que, en promedio, menos del 30 por ciento de los latinoamericanos confían en el sistema judicial de sus respectivos países. Esta falta de confianza se debe, en gran medida, a la percepción de que los sistemas judiciales no garantizan la justicia igualitaria y favorecen a las élites.
La impunidad prevalece como uno de los problemas centrales, pues se considera que el Poder Judicial no castiga con rigor los actos ilícitos, especialmente cuando involucran a figuras políticas o sectores económicamente poderosos. Además, consideran que la falta de confianza en los jueces y magistrados es parte de la inequidad estructural, porque tampoco hay una comprensión sobre su labor y si esta tiene relación con mejorar las condiciones de vida de la población en general.
Latinobarómetro no es el único estudio que arroja resultados negativos sobre el Poder Judicial, pues el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en su edición de 2022, apunta que la corrupción impacta en la credibilidad del sistema judicial de América Latina. Países como Venezuela, Nicaragua y Honduras tienen bajos niveles de confianza debido a que consideran que el Poder Judicial está influenciado políticamente, mientras que, en Costa Rica, la percepción negativa se asocia a la demora en la resolución de los casos y la falta de claridad en las sentencias.
La comunicación judicial
Desarrollar estrategias de comunicación efectiva, en donde se informe a la ciudadanía sobre las funciones del Poder Judicial, los avances en casos emblemáticos y las acciones para garantizar la justicia, sería lo que cualquier consultor recomendaría para ganar visibilidad ante la audiencia, sin embargo, desde Relato, hacemos una propuesta enfocada en la especialización como parte de nuestro trabajo de profesionalización.
La comunicación judicial es un campo especializado de la comunicación institucional que se enfoca en difundir, transparentar y explicar las decisiones, actividades y procedimientos del Poder Judicial ante la ciudadanía y los medios de comunicación. Bajo este enfoque, su principal objetivo está en garantizar que la sociedad comprenda cómo se administra la justicia, cómo se toman las decisiones judiciales y cuál es el impacto que estas tienen en el Estado de Derecho, así como en la vida cotidiana de las personas.
A diferencia de otros tipos de comunicación institucional, el lenguaje de la comunicación judicial es altamente técnico y se sujeta a normas estrictas sobre el manejo de la información, principalmente por la naturaleza confidencial y sensible de los procesos judiciales, sin embargo, precisamente por la complejidad del mensaje, es que se debe contar con profesionales que sean capaces de poder explicar, a través de frases sencillas, la importante labor que desempeñan los jueces y magistrados.
La complejidad del lenguaje jurídico representa una barrera para la comprensión de la ciudadanía, por ello es que se debe emplear un lenguaje sencillo y accesible, sin perder la precisión.
La falta de información clara y accesible sobre los procesos judiciales puede generar desconfianza, desinformación y especulaciones, impactando negativamente en la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar la justicia. En este contexto, la comunicación judicial representa una herramienta fundamental para fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía.
La transparencia consiste en brindar acceso a información verificada, respetando siempre la confidencialidad de los procesos cuando sea necesario, pues esto fomenta la confianza en las decisiones judiciales. Mientras que la gestión proactiva y respetuosa con los medios de comunicación permite magnificar las noticias judiciales, apoyadas de un contexto con función explicativa.
El perfil del comunicador judicial
La profesionalización de este campo es fundamental para enfrentar los desafíos de la desinformación y la cobertura mediática en una sociedad cada vez más conectada y exigente. La comunicación judicial no es solo una herramienta; es un puente entre la justicia y la sociedad.
El perfil del comunicador debe responder a las particularidades del sistema de justicia y para ello es necesario que cuente con conocimientos especializados, que le permita entender la estructura, funcionamiento, procesos y terminología, así como las distintas instancias de seguimiento. También es importante que cuente con nociones básicas de derecho, con énfasis en los procesos penales, civiles y administrativos, así como una amplia comprensión de los derechos humanos y el acceso a la información.
Al ser una rama especializada de la comunicación institucional, este perfil requiere dominar los principios de la comunicación pública y la gestión de la información para audiencias especializadas y aquellas que no lo son, pero que necesitan conocer el trabajo que se lleva a cabo.
La objetividad e imparcialidad es indispensable, pues al momento de presentar la información debe hacerlo sin inclinarse hacia alguna de las partes que están en conflicto. Asimismo, este comunicador debe contar con la habilidad de simplificar temas complejos sin que esto signifique sacrificar la exactitud de los datos.
La comunicación judicial y su profesional deben actuar como un puente entre la ciudadanía y este pilar del Estado, asegurando siempre que la imagen pública sea confiable y promueva la credibilidad que tanto necesitan los sistemas de justicia.
Elda Arroyo (México) periodista y comunicadora con más de veinte años de experiencia, especializada en seguridad y gestión pública. Con una licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y una maestría en Administración Pública, ha trabajado en medios como Milenio Diario, Notisistema y el Eastern Group de Los Ángeles, California. Su enfoque estratégico en Seguridad, Gestión y Atención de Crisis es clave en la comunicación gubernamental. Fue coordinadora de Comunicación en la Secretaría de Seguridad de Jalisco y actualmente es Directora de Comunicación Social del Gobierno de Tlajomulco en Jalisco, México. Además, ha sido docente en universidades de América Latina, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de comunicadores. X: @elda_arroyo | Ig: @eldamarroyo
