Por Daniela Castillo
América Latina ha sido una región que, frente a temas de violencia, ha enfrentado desafíos legales como la persecución penal de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, masacres, secuestros y otros actos de guerra como la política de contrainsurgencia y la represión militar, hechos que han azotado a sus Estados, mayoritariamente en la década de los 70 y 80.
Durante este período, el poder judicial no fue lo suficientemente fuerte para enfrentar el desafío de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, a pesar de la situación de cada país, se buscaba la mejor manera de construir sociedades democratizadas luego de un régimen postautoritario o de postconflicto, en el que se habían producido graves violaciones a los Derechos Humanos.
Una de las preguntas más importantes que surge en este contexto es saber si es posible y cómo reparar los daños causados por la violencia. La complejidad de la respuesta implica recurrir a la justicia transicional que se caracteriza como un proceso y un conjunto de mecanismos utilizados por una sociedad para garantizar la rendición de cuentas y la reconciliación después de un período de violencia. En otras palabras, es la forma en que los países pueden trascender de períodos de conflicto, represión y grave violación de los Derechos Humanos, en situaciones en las que los sistemas de justicia ordinaria no podrán responder.
La justicia transicional pretende evitar que se repitan las violaciones mediante el restablecimiento de la confianza entre las partes, utilizando: i) Verdad; ii) Justicia; y iii) Reconciliación. Uno de los mecanismos más importantes utilizados durante los procesos de justicia transicional en América Latina son las comisiones de la verdad, a partir de la década de 1980 como un organismo que investiga y documenta abusos haciendo públicos los datos, recoge testimonios, junto con otras evidencias de violencia política dirigidas a llegar a una ‘verdad oficial’. Las comisiones de la verdad, encargadas de la búsqueda de la verdad, no pueden ocuparse de la responsabilidad penal, pero buscan incentivos para que los perpetradores expresen sus propias narrativas. La reconciliación es considerada como una aspiración en casi todas las situaciones de posconflicto para reconstruir sociedades a través del perdón y la reparación de las víctimas.
En algunas sociedades en conflicto saliente, de países que han experimentado violencia y conflictos armados, los gobiernos buscan el enjuiciamiento, la verdad, las reparaciones, las reformas institucionales y las reconciliaciones con el objetivo de sanar y reconstruir el tejido social. En tal sentido, la justicia transicional se ha convertido en un marco internacional fundamental para la reparación de daños con tres ejes generales: verdad, justicia y reconciliación –que incluyen enfoques específicos de enjuiciamiento, búsqueda de la verdad, reparación, reforma institucional y reconciliación–. Sin embargo, el establecimiento del ‘modelo’ de justicia transicional no es igual en todos los países, y el diseño de sus mecanismos dependerá de las necesidades específicas del contexto.
Uno de los elementos más relevantes para la consolidación de paz es la construcción de memoria y reconocimiento de narrativas históricas, para sanar y aprender del pasado. La memoria ayuda a dar sentido a la realidad en la que viven muchas personas, y se caracteriza por un proceso de selección constante entre qué recordar y qué olvidar. En un contexto de posconflicto, este proceso tiene que ser hecho por las víctimas, las instituciones gubernamentales, el Estado y la sociedad en su conjunto, donde todos tengan derecho a contar su propia narrativa. No existe una guía sobre cómo construir memoria; sin embargo, debe combinar las decisiones legales y estatales, el esfuerzo de las comunidades locales y su forma de hacer memoria y la participación de todos los actores del conflicto.
Un memorial se puede representar en diferentes tipos, tales como: el genocidio y asesinatos en masa; la desaparición; los conflictos étnicos; y, dictaduras, que están relacionados con el tipo de conflicto y las funciones del memorial. En los procesos de transición del conflicto a la paz, la memoria no siempre produce estabilidad, como ya se ha dicho, es un concepto cambiante sin una pauta fija a seguir. Por ello, es importante que los gobiernos interesados en la construcción de memorias generen amplias participaciones y hagan que la intervención del proceso sea legítima y lo más imparcial posible.
Cerrar los episodios de violencia, implica emprender procesos de memoria histórica a través de reformas institucionales, en los que la construcción de la memoria tenga garantías judiciales. Sin embargo, el derecho a la verdad y el deber de preservar la memoria no han sido reconocidos expresamente en los tratados de Derechos Humanos en el ámbito internacional, particularmente en el contexto interamericano. No obstante, las organizaciones de Derechos Humanos y los grupos no gubernamentales han desarrollado una importante labor de apoyo a los procesos de memoria histórica.
La Corte Interamericana menciona que el derecho a la verdad está relacionado con el derecho a la integridad y al acceso a la información, donde las narraciones de las víctimas no solo relatan los hechos del pasado, sino que también reúnen a la comunidad y reconstruyen el tejido social. Para aterrizar estas ideas, a continuación, se mencionan dos ejemplos puntuales sobre la construcción de memoria después de las graves violaciones a los Derechos Humanos, uno en un contexto de conflicto armado y otro en un contexto de dictadura.
El primero, Colombia tiene uno de los conflictos armados más largos de la historia contemporánea dejando más de 9 millones de víctimas y siendo la segunda población desplazada internamente más grande del mundo. La multiplicidad de actores involucrados ha hecho que la complejidad del conflicto sea muy alta y al mismo tiempo, que el hecho de buscar la paz se convierta en un desafío nacional duradero. Durante más de 60 años el conflicto armado colombiano ha causado graves violaciones a los Derechos Humanos, especialmente en las zonas rurales, por lo que el país ha tratado de encontrar una salida pacífica al conflicto a través de diversos diálogos que no han tenido el éxito suficiente.
La memoria en Colombia se ha trabajado desde las comunidades como mecanismo de defensa y de conmemoración. Para el año 1982 fue creada una organización no gubernamental llamada Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) que dedica sus esfuerzos a la lucha contra la impunidad y por la erradicación de la práctica de la desaparición forzada en Colombia. Con esto, las familias comenzaron a tener un rol inclusivo en los procesos de justicia y visibilizar sus necesidades, por lo cual, sus actividades fueron fundamentales para comenzar y fortalecer los procesos de memoria frente a las graves violaciones de los Derechos Humanos.
No obstante, las relaciones y procesos de memoria en los territorios se han visto bloqueados por las desconfianzas sociales e institucionales que han existido, generando a futuro la importancia de tener presente cómo sobrevivir en un entorno tan violento e injusto, afectando la propia identidad y expectativas de paz. La extensión del conflicto es una afectación para los procesos de duelo y de memoria debido a que algunos miembros de la comunidad afectada pueden optar por permanecer en silencio y callar su historia. Por otro lado, los ‘perpetradores’ que deciden contar su historia en medio del conflicto pueden ser vistos como ‘traidores’ y esto seguramente dificultará los procesos de conmemoración, recordación y rememoración.
Los procesos de memoria en Colombia son complejos y complicados, toda vez que aún las graves violaciones de los Derechos Humanos siguen ocurriendo. Si bien es cierto que la memoria no garantiza la no repetición, sí ayuda a entender a la sociedad lo que pasó y reflexionar sobre aquellos eventos a los que no quisiera volver.
En segundo lugar, el proceso de construcción de memoria en Chile después de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) también ha sido complejo y continuo. La dictadura de Pinochet se caracterizó por violaciones masivas de Derechos Humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de opositores políticos, lo que dejó una profunda huella en la sociedad chilena. Poco a poco la democracia se restableció en Chile y gracias a estos espacios de Estado de Derecho, surgieron diversos esfuerzos para recordar y conmemorar este período oscuro de la historia del país, así como para promover la justicia y la reconciliación.
Durante el proceso de construcción de memoria en Chile, se han establecido símbolos importantes tales como monumentos y sitios conmemorativos en honor a las víctimas de la dictadura. Uno de los más conocidos es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, que instala exposiciones sobre la historia de la dictadura y las violaciones a los Derechos Humanos, con el fin de mostrar y contar las narrativas de aquellos que la vivieron. Durante décadas, familiares de las víctimas, organizaciones de Derechos Humanos y otros grupos han organizado marchas y manifestaciones para recordar a las víctimas de la dictadura y exigir justicia, como por ejemplo la “Marcha de los Cuatro Suyos” y el “Día del Joven Combatiente” que son acciones y eventos conmemorativos de recordación importantes.
Durante los últimos años, se han llevado a cabo procesos judiciales en Chile en un esfuerzo por enjuiciar a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Uno de los casos más destacados fue el juicio y condena del propio Pinochet por evasión de impuestos y corrupción. Además, se han logrado algunas condenas por casos de violaciones a los Derechos Humanos, lo cual ha reivindicado los derechos de las víctimas.
Las aulas de clase ha sido otro espacio fundamental para la construcción de memoria en Chile. La educación sobre la historia de la dictadura y las violaciones a los Derechos Humanos son un componente importante que ha logrado que nuevas generaciones conozcan lo que pasó y que, del mismo modo, se construya la sociedad que los chilenos quieren para sus futuras generaciones. Se han implementado programas educativos y se han incorporado temas relacionados con el respeto a los Derechos Humanos en el currículo escolar, contando las historias de quienes vivieron la dictadura. Es importante destacar que el proceso de construcción de memoria en Chile sigue siendo un tema relevante y en evolución, con debates en curso sobre cómo abordar adecuadamente el pasado y promover la reconciliación en una sociedad que aún enfrenta heridas profundas de la dictadura.
Finalmente, es importante destacar que la memoria ha sido un concepto utilizado por las sociedades salientes del conflicto como un proceso que ayuda a sanar y reparar las heridas que han dejado las graves violaciones a los Derechos Humanos. Es por esto, que la construcción de memoria debe honrar a los que sufren los daños colaterales con una relación entre qué recordar y qué olvidar y tal decisión debe el resultado de un consenso de todas las voces que sufrieron, para no caer en una jerarquía de narrativas, privilegiando expresamente a algunos sectores. más que otros.
El ejercicio de la memoria es transcendental en la creación de herramientas sociales, judiciales y políticas tendientes a comprender palmariamente hacia dónde las sociedades no quieren regresar y qué no quieren repetir. Ese es el reto y la responsabilidad que le asiste a países como Colombia y Chile, entre otros, especialmente cuando no pueden aplazar el proceso de construir memoria en medio del conflicto o continuidad de violaciones de Derechos Humanos, que aún subsiste.
Por último, pero no menos importante, la memoria deberá ser el mensaje de rechazo y no repetición que trascienda generaciones y perdure en la sociedad.
Daniela Castillo (Colombia) es politóloga de la Universidad del Rosario, LLM en Derechos Humanos y justicia transicional de Ulster University y actualmente doctoranda en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Experta y asesora en temas de construcción de memoria histórica después del conflicto, con experiencia en sector público y privado para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, asesora política y técnica en temas de paz y experiencia en investigación.
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