Por Bella Carrillo
Referirse a la participación política de las mujeres es replantarse lo privado y posicionarlas en lo público, debido a que los roles establecidos para las mujeres han estado sumergidos en el quehacer de los cuidados.
Partiendo de este punto, es importante establecer que las mujeres han estado en la construcción de lo social y lo político a lo largo de la historia, específicamente en la región de Latinoamérica, donde el auge de los movimientos sociales y partidos políticos progresistas han tenido una gran relevancia para la construcción de democracias que le apuesten a un desarrollo humano más sustentable.
Para ello, es valioso reconocer los distintos ejercicios políticos de las mujeres que trascienden la política denominada “formal” o “institucional”, que se desarrolla dentro de los partidos políticos progresistas y gobiernos, acciones que permitan a las mujeres la construcción de países con mejores condiciones de vida.
Cuando me refiero a esos ejercicios, son específicamente esas acciones políticas que se dan dentro de los movimientos sociales, donde las mujeres han estado presentes; entre ellos, los sindicatos, movimientos ambientalistas, colectivos feministas, organizaciones de mujeres, juntas de familias, patronatos comunales, movimientos artísticos, entre otras expresiones organizativas que se juntan para luchar y construir bien común.
Recalcando lo anterior, paso a brindar una aclaración acerca del presente artículo, el cual me centraré a brindar un análisis crítico específicamente al actuar de la participación política de las mujeres en el campo político –formal e institucional–, sus avances y desafíos estructurales en Latinoamérica.
Paridad de género: ¿un avance real para las mujeres en Latinoamérica?
Si bien es cierto, en Latinoamérica existen avances significativos en relación a la participación política de las mujeres, tanto en los partidos políticos progresistas como en la institucionalidad pública de los países, avances que han sido construidos por las mismas mujeres a través de sus diversas luchas.
Una de ellas ha sido la creación de políticas públicas que garanticen la paridad de género. Según el Observatorio de Igualdad de Género, de América Latina y el Caribe de la CEPAL, publicado el 8 de marzo de 2023, expresa que para alcanzar una democracia más igualitaria se necesita que los gobiernos de la región establezcas en sus agendas el tema de la paridad debido a que “la democracia paritaria como criterio –cuantitativo y cualitativo– constituye un pilar central para generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres”.
Analizando el documento, se observa que estos avances han tenido una mayor relevancia en los últimos treinta años, siendo Argentina fue el país pionero en aprobar la primera ley de cuotas, en 1991. Luego de eso, “varios países de la región han aprobado legislación en este ámbito o la han fortalecido: hasta 2022, nueve países contaban con leyes de cuotas para las elecciones de cargos de representación y nueve países habían promulgado reformas constitucionales, reformas electorales o leyes destinadas a promover la paridad”.
En la gráfica anterior, observamos que el promedio de participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones en el ámbito público se sitúa en torno al 30% (excepto en el caso de las alcaldías, que presentan una cifra inferior al 16%).
Cabe mencionar que los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina han sostenido cambios en los gabinetes, parlamentos y alcaldías con la entrada de sus nuevos gobernantes durante el 2023 y 2024, pero estos cambios siguen rondando en las mismas cifras, que demuestran pocas mujeres al frente de la institucionalidad pública.
Ilustrando con los anteriores datos, partiré a bridar un análisis crítico al concepto de paridad y sus avances, no sin antes reconocer que se han brindado avances significativos respecto a la cuota cuantitativa, pero la pregunta de fondo respecto al tema, es ¿si el concepto de paridad garantiza una participación real de las mujeres en el campo político?
Si analizamos los datos presentados por la CEPAL, se concluye que la participación de las mujeres en los gabinetes de gobierno se concentra mayoritariamente en los ministerios de carácter social y cultural (52,6%) y su participación en las carteras del ámbito económico (25,2%) y político (19,6%) continúa siendo sustantivamente menor.
Estos datos nos reafirman que las mujeres, dentro del mismo campo político, siguen ostentando cargos que se le atribuyen a lo social, que está relacionado con los cuidados. El campo económico y político sigue siendo disputado por hombres, asumiendo que las mujeres no deben de estar involucradas en temas de seguridad, economía o justicia, entre otros que son cruciales para la construcción de democracias más justas e incluyentes.
Entonces, la discusión respecto a la cuota de paridad, es que se asume que con esta basta para garantizar una participación real de las mujeres, por ello, es importante debatir acerca del concepto de paridad de género e igualdad, puesto que son conceptos relativamente iguales, pero en la interpretación social y política varía, sobre todo para generar cambios estructurales, para ello, Nancy Fraser, en el libro ¿Reconocimiento o distribución?, un debate entre marxismo y feminismo, realiza un planteamiento respecto a la igualdad, donde establece que “para que exista justicia que garantice la igualdad debe de haber reconocimiento cultural, es decir, que existen diversidades de mujeres, diversidad de necesidades y planteamientos”.
Por lo tanto, si se reconocen estas diversidades se generarán oportunidades más estratégicas que apuesten a cambios estructurales en la vida de las mujeres, más allá de brindarles una cuota paritaria de género un espacio de la institucionalidad pública o partidos políticos progresistas, disminuyendo así de forma real las brechas de desigualdad que no solo recaen en el género, sino también en la raza y la clase.
Por otra parte, cuando nos debatimos desde una mirada de género feminista esta representatividad de las mujeres en las instituciones, surgen preguntas en relación a los perfiles de las mismas, ¿representan estas mujeres a la colectividad?, ¿tienen conciencia de clase y género que les permitan generar programas y políticas orientadas a un bien común para las mujeres de nuestros países? Cuestionamientos que surgen a través de las discusiones colectivas de distintos feminismos, y en muchos de los casos se concluye que estas mujeres siguen representando un poder patriarcal, racista y capitalista que sigue persiguiendo y criminalizando a las mujeres.
Por otro lado, existen mujeres en estos espacios con una conciencia de clase y género, que sostienen iniciativas para garantizar los derechos de las mujeres de nuestros países, mujeres que han simpatizado con los movimientos sociales de mujeres y feministas que al generar iniciativas de esta índole son minimizadas, estigmatizadas y agredidas, sufriendo violencias políticas patriarcales por miembros de sus mismas instituciones, frenando sus liderazgos e iniciativas.
Ante esto, puedo concluir que la paridad de género no garantiza igualdad en la participación política de las mujeres, pues no es lo mismos incluirlas por cumplir una cuota de género que respetar las iniciativas que garanticen igualdad de derechos en todos sus aspectos. Es decir, reconocer la existencia de las mujeres y sus múltiples necesidades y apuestas políticas.
Barreras estructurales
Es importante hacer un análisis crítico sobre las barreras estructurales a las que las mujeres se enfrentan para acceder al campo político institucional público. Para ello, debemos de tener en cuenta tres aspectos relevantes: el tema de clase, género y raza. No es nada nuevo hablar que las condiciones de las mujeres en Latinoamérica son muy variables, dependiendo el contexto territorial, su condición de clase y etnia.
Como lo planteo anteriormente, las mujeres con conciencia de clase y género que ostentan cargos públicos están más sujetas a vivir mayores violencias políticas, debido a que suelen “incomodar” por sus planteamientos y perspectivas del quehacer político, por ello se les dificulta más en la institucionalidad que suelen instalarse o desean apuntar.
Esto se debe a diversas razones, que a simple vista no parecieran perjudiciales, pero cuando las analizamos de forma crítica, vemos que la condición de ser mujeres, simple y sencillamente, las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. A eso, si es una mujer pobre o de base (como popularmente llamamos en Honduras a las compañeras que no cuentan con un puesto de poder en el partido político o gobiernos), pero que ejercen un rol crucial para estas instituciones, también sumarle la condición étnica. Latinoamérica al ser una región con un índice alto de mujeres indígenas, muchas de ellas deciden emprender una carrera política y sus barreras estructurales son mayores.
Por otro lado, se encuentran las acciones denominadas “micromachistas”, donde se admite que las mujeres no se les debe de asumir en lo político, por sus emociones, debido a que son “más problemáticas”, o que no cuentan con las capacidades competentes. Aunque las tenga, debe de hacer un esfuerzo triplicado para hacer valer su liderazgo, al contrario de los hombres.
Para la politóloga venezolana Albanys Monilla, a quien entrevisté para este análisis, expresa que “otras de las razones por las cuales a las mujeres se les dificulta estar en estos espacios son sus maternidades, pues las cargas para estas mujeres son mayores y no cuentan con apoyos en lo privado ni por parte de las instituciones para que se pueda desenvolver de forma más eficiente en el campo político”.
Otro de los factores relevantes que impide la participación política de las mujeres, sigue siendo la distribución de los roles de los cuidados, pues son las mujeres que asumen en lo privado el cuidado de sus familias, al contrario de los hombres que solo asumen la responsabilidad en lo público y político, generando así grandes brechas de desigualdad.
Debido a la jerarquización y dinámica de poder patriarcal que sostienen los gobiernos y partidos políticos progresistas, suele ser más difícil confrontar estas prácticas, que afectan a las mujeres en su quehacer político. En su mayoría estos problemas son minimizados, restando importancia de afrontarlos como un problema real y estructural que sigue afectando la participación política de las mujeres en Latinoamérica.
En conclusión, las mujeres y los movimientos feministas latinoamericanos no podemos dejar las discusiones sobre el actuar político de las mujeres en la institucionalidad pública. Debemos seguirnos juntando para conocer otras dinámicas políticas, reconocer que el poder sigue emanando del pueblo, de ese pueblo del que nosotras sumamos.
Es la institucionalidad la que nos continúa reprimiendo, violentando y expulsando, por ello, es importante continuar con replanteamientos sobre su actuar. Son las funcionarias con conciencia las que tienen una responsabilidad de no distanciarse de los movimientos feministas sin caer en la instrumentalización y seguir creando desde la colectividad alternativas contrahegemónicas que garanticen una vida digna para todas las mujeres de Latinoamérica. No olvidemos que el capitalismo y el patriarcado sigue siendo nuestro enemigo.
Bella Carrillo (Honduras) es comunicadora, feminista marxista, analista política en comunicación estratégica, feminismos y participación política de las mujeres. Ha participado en distintos espacios políticos en Honduras, generando activismo por la emancipación de las mujeres desde sus planteamientos de clase y feminismos.
