Por Saudia Levoyer
Daniel Noboa comenzó su Presidencia, el 24 de noviembre, con desafíos enormes y poquísimo tiempo. Su gobierno completa el de su antecesor Guillermo Lasso –que debía entregar su cargo en mayo de 2025– y en febrero de 2024 comenzará el proceso electoral, en el que buscará la reelección.
Esa decisión de volver a participar le pone una presión extra, porque deberá mostrar resultados rápidos y aceptables, en un país con niveles nunca vividos de violencia, una crisis económica muy seria que, en consecuencia, implica, entre otros, jóvenes desempleados y sin un futuro cierto, pedidos de recursos por diferentes sectores, pago a proveedores… Y, además, está dividido políticamente entre correístas, no correístas y quienes están cansados de esa división. En este último grupo está una buena parte de los electores del presidente Noboa, a quienes convenció de escogerlo al asegurar, tanto en campaña como en su discurso de posesión, que busca la unidad.
Bajo ese paraguas presentó el acuerdo Legislativo entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y su bancada ADN que, hasta el momento, ha servido para nominar autoridades legislativas y organizar las comisiones respectivas.
¿Qué otros temas se incluyen en el acuerdo? Esa es una gran interrogante, especialmente porque la bancada numéricamente más grande, Revolución Ciudadana, lleva años impulsando su agenda de perdón a sus líderes, en su mayoría exiliados por sentencias por corrupción, para que puedan volver y, en algunos casos, postularse nuevamente en elecciones.
En esa dirección se entiende el anuncio de que se solicitará la amnistía para el excanciller del correísmo Ricardo Patiño, los reparos interpuestos por ese bloque a la posesión del contralor general del Estado, electo por concurso público, y el anhelado, por años, planteamiento de juicio político en contra de la fiscal General del Estado, ahora que lograron ponerse al frente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Hasta el cierre de esta nota, el 28 de noviembre, la polémica comenzaba y se producía un cruce de acusaciones, en el que participaba el expresidente y sentenciado por corrupción Rafael Correa, quien afirmó que la fiscal Diana Salazar los amenazó con regresar a la cárcel al exvicepresidente Jorge Glas y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Lo que no dijo es que Pabón es investigada por presunto peculado, que cualquier regreso de Glas a la cárcel depende de un juez y que, para ellos, la fiscal Salazar es la responsable de lo ocurrido con la cúpula correísta, porque fue quién investigó casos como Odebrecht, entre otros.
En el caso del PSC, que obtuvo la Presidencia de la Asamblea, ratificó su posición de no apoyar el juicio de Salazar. Esto mientras su exlegislador Esteban Torres –quien también se dice amigo personal de Noboa– defendía públicamente la decisión presidencial alrededor de la vicepresidenta Verónica Abad, bajo el argumento de que buscaba hacer daño al presidente Noboa y minarle ciertos apoyos.
El presidente Noboa le dio como única responsabilidad a la vicepresidenta Abad viajar a Israel y trabajar en la solución del problema con Palestina. Anunció la reestructuración de la Vicepresidencia, que llamará a una consulta –con temas aún no establecidos–, firmó el decreto que derogó la tabla de consumo de drogas como medida para comenzar a enfrentar el tema del microtráfico y anunció el envío.
Así, en menos de cinco días de gestión, las aguas políticas comenzaron a agitarse y aún falta por conocer el impacto que tendrá la reforma legal (que incluye temas impositivos), que aún no se anuncian, pero que ya se presentan como necesarias, una vez que el presidente y su ministro de Economía revelaban por redes sociales lo grave de la situación de la caja fiscal.
En estas circunstancias, el quehacer político será una prioridad en el Gobierno naciente, que tampoco ha contado cómo trabajará con los bloques legislativos que no están en ese acuerdo y que tampoco puede ignorar, más si partidos como el PSC desde hace veinte años no apoyan cambios en temas tributarios y el propio Noboa –en su visita a Estados Unidos– dijo que no apoyará el juicio político en contra de la fiscal general.
Saudia Levoyer (Ecuador) es periodista y docente universitaria de pregrado y posgrado. Ha trabajado como reportera y editora Política y de Investigación de medios de Ecuador. Actualmente mantiene una columna en El Universo. Autora y coautora de cuatro libros. Profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
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