Por Eugenio Chicas Martínez
La estrategia de contención a las pandillas del presidente Nayib Bukele en El Salvador es represiva y mediática. El objetivo político es apuntalar su reelección; está dirigida a combatir la criminalidad como efecto, pero carece de una estrategia integral para abordar las causas de fondo: subdesarrollo, marginación y pobreza.
El Salvador, un país enclavado en América Central al que el poeta Julio Enrique Ávila denominó El Pulgarcito de América, por sus escasos 20.400 km2 en los que sobreviven siete millones de habitantes. Identificado en los años ochenta por una feroz guerra civil librada por uno de los movimientos guerrilleros más aguerridos del continente: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que tras once años de guerra superaron la cruenta dictadura militar de más de medio siglo.
La guerra dejó una dolorosa estela de setenta y cinco mil muertos, cinco mil desaparecidos, miles de lisiados, centenares de miles de exiliados y migrados. El conflicto terminó en 1991 en una negociación entre partes, un Acuerdo de Paz auspiciado por Naciones Unidas. Se inició así un complejo proceso de transformaciones institucionales, políticas y democráticas, ampliamente reconocido por la comunidad internacional, pero dejando inconclusa la agenda económica y social.
La reconstrucción abarcó infraestructura institucional, social y productiva, con una importante inversión de la comunidad internacional, sin embargo, las fuerzas políticas y sociales durante la postguerra nunca alcanzaron consenso sobre la agenda económica y social estancada. Lejos de eso se profundizó la polarización político ideológica, imponiéndose un modelo económico neoliberal privatizador que redujo el aparato del Estado, priorizó la banca, comercio y servicios para capturar millones de dólares en remesas de los migrados, que hoy constituyen el 22% del Producto Interno Bruto (PIB), anulando así las capacidades productivas del país.
Al silencio de las armas le siguió la deportación de miles de jóvenes desde Estados Unidos, alegando la paz y mejores condiciones económicas y sociales debido a los flujos de inversión en reconstrucción. Un alto porcentaje de estos deportados venía con antecedentes penales por participar en pandillas que disputaban territorios en ciudades pobladas por migrantes, principalmente mexicanos y centroamericanos provenientes del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).
La crisis de seguridad pública en El Salvador alcanzó su punto álgido en el 2015, agravada por el estancamiento del modelo económico y social; una crisis humanitaria por la creciente migración a Estados Unidos. En ese año 51.907 salvadoreños fueron deportados, careciendo de programas sociales para su reinserción. Tampoco hubo consenso entre las fuerzas políticas para financiar programas y planes de seguridad pública en prevención, investigación científica del delito, reinserción para quienes cumplieron condena y protección a víctimas de violencia.
En ese mismo año 2015 el país se hundió en una vorágine de violencia con extorsiones masivas a todos los escalones económicos: 6.656 asesinatos durante el año; un promedio pandémico de 105,23 homicidios por cien mil habitantes; 1.880 desaparecidos; desplazamientos internos de población por la amenaza de pandillas; una sobrepoblación penitenciaria de 31.148 presos en 24 centros penitenciarios, con un hacinamiento del 310%. Este grave escenario fue impuesto por tres principales organizaciones delictivas: la Mara Salvatrucha, Barrio 18 Sureños, Barrio 18 Revolucionarios, que en conjunto tienen un estimado de 96.000 adeptos organizados y enraizados en los barrios más empobrecidos.
El triunfo presidencial de Bukele en febrero de 2019, ocurrió con la menor participación electoral de los últimos veinte años. De un padrón de 5,2 millones de electores, solo participó el 51,8%. Bukele obtuvo 1,4 millones de votos. Durante su mandato sendas investigaciones de laureados medios como El Faro, publicaron sólidas evidencias sobre negociaciones secretas de funcionarios del gobierno con las pandillas, en los que, a cambio de prebendas penitenciarias y supuestos estímulos económicos, los criminales se comprometían a “bajar” los homicidios y continuar el apoyo político electoral a Bukele y su partido, Nuevas Ideas. Establecieron que los oscuros tratos comenzaron siendo Bukele alcalde de San Salvador, con denuncias que motivaron una investigación fiscal formal.
El 9 de febrero de 2020, Bukele asaltó la Asamblea Legislativa con unidades del ejército bajo el pretexto de conminar a los legisladores para aprobarle un paquete de préstamos para financiar sus planes de seguridad. Un año después, el mandatario consolidó su imagen de hombre fuerte preocupado por la seguridad pública, arrasando en las elecciones legislativas de febrero 2021, asegurándose una holgada mayoría calificada. El 1 de mayo, instalada su mayoría legislativa, destituyen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, imponiendo, sin el procedimiento Constitucional, magistrados afines a su gobierno. Destituyeron al fiscal general eligiendo a uno dócil; se ordenó destituir a todos los jueces que cumplieron 60 años de edad para “limpiar” la jurisdicción, nombrando jueces afines a su proyecto, develando así su autoritarismo.
El 26 de marzo de 2022 ocurrieron 62 homicidios. En tres días sumaron 87. Una brutal presión de las pandillas al gobierno. Estos crímenes fueron el mayor número de víctimas fatales desde la guerra civil. Investigaciones periodísticas de El Faro revelaron que el móvil fue la ruptura de las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Estas elevaron la violencia, y en reacción, el día 27 Bukele ordenó al Congreso imponer el Régimen de Excepción por 30 días, desatando su denominada Guerra Contra Pandillas.
El giro de timón de Bukele fue imponer el Régimen de Excepción y declarar su Guerra Contra Pandillas, buscando eludir la agenda económica y social, las secuelas de la pandemia, la crisis económica mundial, el deterioro de las finanzas públicas, el excesivo endeudamiento, el fracaso del Bitcoin que provocó el cierre de las fuentes de financiamiento internacional, la caída de las exportaciones y el empleo, una grave inflación y escaso crecimiento económico. Esta guerra consolidaba su imagen de hombre fuerte enfrentado al efecto más visible de la pobreza: la violencia criminal de pandillas. Una apuesta política y electoral audaz para apuntalar la iniciativa inconstitucional de su reelección presidencial en el 2024.
El artículo 30 constitucional establece que el Régimen de Excepción solo se puede prorrogar 30 días si prevalecen las circunstancias que lo motivaron. El gobierno afirma reiteradamente la ausencia de homicidios, pero contradictoriamente extiende el Régimen de Excepción por décima cuarta vez, dejando en evidencia que el Régimen es su “garrote” intimidatorio para ejercer control social, perseguir a la prensa independiente, organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, Organizaciones No Gubernamentales, defensores de Derechos Humanos y críticos al régimen.
Antes del Régimen de Excepción había 39.000 personas privadas de libertad en El Salvador; desde entonces han sido apresadas 69.000 personas más, incluyendo a miles de inocentes cuyo único delito es ser y parecer pobres. Un promedio de 605 presos por 100 mil habitantes convierte al país en la nación con más personas privadas de libertad en el mundo, en precarias condiciones de reclusión, sin alimentación, escasa atención médica, precaria asistencia jurídica, audiencias virtuales masivas hasta con 500 detenidos, limitada defensa pública de tres a cuatro minutos, rompiendo de esta forma con las Reglas Nelson Mandela establecidas por Naciones Unidas.
Grotescas imágenes recorrieron el mundo en una operación mediática para capitalizar el rechazo popular contra las pandillas por sus atrocidades. Durante varias semanas concentraron a cuatro mil reclusos en dos centros penitenciarios. Seleccionaron cuidadosamente a los tatuados con marcas visibles alusivas a pandillas, raparon sus cabelleras, los mostraron encadenados, con los torsos desnudos, en ropas menores, como fieras acosadas durante el traslado para inaugurar el mayor centro penitenciario de Latinoamérica que recluirá a cuarenta mil presos. Todo para acentuar la imagen de mano dura del presidente Bukele en su Guerra Contra Pandillas y apuntalar su campaña electoral por la reelección.
Eugenio Chicas Martínez (El Salvador) es administrador de empresas y consultor de temas democráticos y electorales. Director del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Fue diputado de la Asamblea Legislativa y diputado del Parlamento Centroamericano. Exsecretario de Comunicaciones de La Presidencia de la República. Fue fundador del FMLN. Columnista del Diario El Mundo.
Twitter: @EugenioChicas
