Por Edison Ortiz
El siguiente texto es una evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric. A la vez analiza y describe su mandato como parte del ciclo de la crisis institucional que vive Chile ya casi por veinte años, que inició con Michelle Bachelet (2006), continuó con Sebastián Piñera, extendiéndose hasta el actual mandatario, proyectando un posible resultado presidencial para las elecciones de 2025.
A fines de 2011, el estudiante de derecho de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, representando a nuevas fuerzas políticas de izquierda se erigía como el flamante presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), luego de que Camila Vallejo, con una tremenda exposición pública durante ese año, fuese la carta fija del Partido Comunista (PC) a su reelección. Boric con la consigna –en abierta crítica a Vallejo y al PC–, “no seremos el comando juvenil de Bachelet” convencía en segunda vuelta a moros y cristianos (la derecha votó en bloque por él para impedir un nuevo mandato de la militante de las Juventudes Comunistas) y se hacía con la presidencia de la más importante federación universitaria del país y, junto con ello, daba inicio una vertiginosa y ascendente carrera política.
Como se sabe, él mismo y su entorno –muchos de los cuales eran hijos de actores políticos de la transición chilena– construyeron un discurso político a partir de la identidad generacional y en franca oposición a lo obrado por los gobiernos de la Concertación. Fue la época en que en un foro debatía con un expresidente del Partido Socialista (PS) y protagonista de aquel periodo y cuestionaba “la manera en que se habían hecho las cosas durante la transición”, y el segundo le respondía “otra cosa es con guitarra, Gabriel”. Frase que invocaría siendo ya presidente y luego de varios traspiés.
Dicha generación llegó al poder luego del agotamiento del proyecto transicional de la Concertación y del fracaso de las dos administraciones de Piñera, en un contexto de mucha agitación y malestar social sin haber enarbolado, más allá de consignas, ningún programa político. Sin mayoría en el parlamento, y originalmente, casi sin coalición política, con errores de gestión que son de manual de cortapalos que se cometieron desde el día uno –conformación del gabinete, cambio de mando, incursión a La Araucanía de la ministra Siches y un largo etc.–, la administración Boric acabó como proyecto político el 4 de septiembre de 2022 cuando se perdió estrepitosamente el plebiscito de salida. El resto ha sido una larga espera donde ha habido algunos aciertos –la figura de Mario Marcel para garantizar el macroequilibrio económico, el avance, pese a todas las dudas, en pensiones– seguidos siempre de volteretas, inflexiones, zigzagueos y renuncias. En definitiva, un gobierno que anda más cerca del fracaso que del éxito. En ese contexto no resulta casual que ningún miembro de su gabinete se hubiese proyectado al parlamento a modo de perpetuar su legado y que, por el contrario, la ciudadanía busque hoy, en rostros ya conocidos una salida a la crisis institucional y social que estamos viviendo, así como que a un año de abandonar su mandato el presidente en ejercicio Gabriel Boric, tenga un escuálido 29% de aprobación, muy similar a los de Bachelet y Piñera al concluir sus segundos mandatos y apenas dos puntos sobre su administración.
La candidatura presidencial recientemente anunciada de la exministra del Interior, Carolina Tohá, tampoco se puede endosar a Boric y su generación. Como se sabe la hija del exministro del Interior de Salvador Allende, José Tohá, pertenece a la generación de los 80 quien, en ese tiempo, fines de la dictadura militar, fue vicepresidenta de la FECH. Saltó al mundo público como subsecretaria de Ricardo Lagos en 2000, luego fue diputada, ministra con Bachelet, alcaldesa de Santiago y ministra del Interior de Gabriel Boric, luego del fracaso del plebiscito de salida en 2022.Es decir, con una larga trayectoria y experiencia política a diferencia de la generación del primer mandatario.
En la última encuesta previa a su renuncia como ministra tenía un 3% de apoyo y un 61% de rechazo como opción presidencial, es decir gente que, en ninguna circunstancia votaría por ella como opción presidencial, mientras Bachelet subía en las encuestas sin ser candidata. Finalmente, el asunto recién se ha aclarado con el anuncio de Tohá para participar de las primarias unitarias que pretende realizar la centroizquierda, así como por la carta recién difundida por la expresidenta Bachelet en que da un paso al costado en la lucha por una tercera magistratura justo los días previos a iniciar una gira internacional.
El panorama en el oficialismo no es muy alentador con cuatro precandidatos que, o marcan muy poco –Tohá (3%)– o sencillamente no aparecen en las encuestas: Jaime Mulet y Vlado Mirosevic y una administración que apenas tiene un 27% de aprobación entrando ya el ejecutivo en la recta final de su mandato. En ese escenario, a menos que se produzca un hecho político muy significativo la administración Boric y la coalición oficialista tiene fecha de vencimiento. Incluso puede correr el riesgo, hoy cierto, de quedar fuera de la segunda vuelta con el actual panorama político.
Se agrega a lo anterior una derecha que luego del plebiscito de 2022 también tuvo su oportunidad histórica, en especial su ala más extrema representada por republicanos, pero que se la farreó literalmente con la propuesta constitucional regresiva y ultraconservadora que el pueblo de Chile también rechazó masivamente en diciembre de 2023. Se suma a ese escenario una derecha tradicional que no logra articular una propuesta programática que vaya más allá de defender y consolidar sus privilegios. Además, su fragmentación creciente y ausencia de liderazgos sólidos han ido abriendo un escenario político incierto. Si bien la aspirante de la derecha tradicional –Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN)–, Evelyn Matthei cuenta con la primera chance (26% en respuesta abierta), la dispersión del sector, primero con la figura de José Kast (Republicanos) y luego con el diputado Johannes Kaiser quienes marcan un 10% y 11% respectivamente como opción presidencial, no augura un buen futuro para la derecha desde la perspectiva de generar un programa político coherente o de ofrecer gobernabilidad cuando en particular dos de ellos han declarado abiertamente que no irán a primarias presidenciales y estarán en la papeleta de la primera vuelta.
La misma encuesta Criteria que le da baja aprobación al gobierno, lo mismo hace con la oposición: 68% rechaza su rol, frente apenas un 18% que lo aprueba.
El panorama electoral, si bien es favorable a la derecha ante una opción presidencial, lo cierto es que ninguna candidatura, hoy por hoy, garantiza el retorno del orden y la paz social existente hasta inicios del 2000 y un eventual tercer gobierno de la derecha puede nuevamente sufrir el síndrome de las administraciones anteriores que duran un año que ha sido la constante en los últimos cuatro mandatos presidenciales.
Administraciones de un año: signo de deterioro democrático
Si bien el fenómeno se puede percibir desde la primera administración de Bachelet, cuando el movimiento pingüino apenas tres meses de iniciado su gobierno puso en jaque a aquella administración, obligándola a concentrar su esfuerzo en el área educación, variable que no estaba como prioridad en su programa de gobierno, lo cierto es que pudo sortear aquel desafío e impulso algunas reformas significativas como la pensión básica universal garantizada y la notable mejora en las políticas de vivienda así como el trato a la primera infancia.
El fenómeno de las administraciones de un año como proyectos políticos se pudo evidenciar más nítidamente en la primera administración de Piñera, oportunidad en que luego de un exitoso 2010 con las medidas para la reconstrucción y con el rescate de los 33 mineros que llevó al presidente en ejercicio a alcanzar un 70% de aprobación se le vino el 2011 con la revuelta estudiantil, cuyo símbolo “No más lucro” en educación, hizo que su gobierno se acabara en agosto de ese año y llevó al entonces mandatario, en el momento más álgido de la protestas, a tener solo un 6% de aprobación. Cuando todo el mundo pensaba que el presidente debía renunciar, se produjo la muerte en un trágico accidente del conocido animador de televisión Felipe Camiroaga que dio un respiro al gobierno y cambió la agenda pública. Pero formalmente su gobierno, como proyecto político se acabó a mediados de ese año. El resto fue una larga espera y una administración que quedó en parálisis.
En 2014 asumió Bachelet, con un mandato que proponía cambiar Chile y que se hacía cargo de reformas profundas que estaban pendientes desde inicios de la transición, como el fortalecimiento de la educación pública, una nueva Constitución y una reforma tributaria que pusiera el foco en los más ricos, lo que en el lenguaje del senador del PPD Jaime Quintana se denominó “la retroexcavadora”. Apenas iniciado su ciclo, se lanzó rápidamente un paquete de cincuenta medidas que intentaban abordar esos desafíos y que, teóricamente, contaban con una mayoría parlamentaria. Algunas de ellas, con encrucijadas y dudas, como la gratuidad, una reforma tributaria con muchos vacíos, la reforma al binominal y otras que fueron un saludo a la bandera, como la propuesta de nueva Constitución despachada casi al filo de concluir su mandato.
La administración no terminaba de alcanzar su primer año de gobierno, todavía se podían oír el brindis con espumante en La Moneda por el primer aniversario exitoso del gobierno cuando, el 5 de febrero, la revista Qué Pasa hizo estallar el caso Caval, en que estaban directamente involucrados su hijo y su nuera, que derrumbó aquella administración, hizo titubear la continuidad de la presidenta al mando de La Moneda, paralizó durante meses al ejecutivo y concluyó con un giro al conservadurismo de ese ejecutivo. El resto, al igual que el primer gobierno de Piñera solo fue una tediosa espera.
Sin la rimbombancia ni los currículums de los ministros de su primer mandato, pero sí, con el ánimo firme de poner fin al ímpetu reformista de la anterior administración, el conocido empresario comenzó su segundo período. La cita de su ministro del Interior con empresarios en ICARE el 15 de marzo, apenas cuatro días luego de haber asumido, en que anunció que ese gobierno no avanzaría en un proyecto de nueva constitución que había impulsado su antecesora fue una muestra evidente de que se ponía ahora en marcha “la retroexcavadora”, pero en sentido contrario. Símbolo de aquello fue también el retiro de más de cuarenta actos administrativos que había tomado el ejecutivo anterior, casi al filo de concluir su mandato, así como la militarización de la Araucanía. El 14 de noviembre de 2018, la ejecución por efectivos de carabineros del comunero mapuche Camilo Catrillanca puso ya en jaque a su gobierno y lo paralizó aunque el golpe de gracia llegó casi un año después cuando, el 18 de octubre, se produjo el estallido social que fue precedido por una serie de desaciertos comunicacionales y políticos de aquella administración –“en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable” (Sebastián Piñera, 6 de octubre 2019); “han caído las flores, así es que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%” (Felipe Larraín, 8 de octubre de 2019); “El que madruga será ayudado con una tarifa más baja” (Juan Fontaine, 8 de octubre ante la subida del precio del pasaje en metro), etc. –que vio derrumbarse su gobierno apenas al año y siete meses de haberse iniciado y al igual que con el segundo período de Bachelet se estuvo muy cerca del desgobierno absoluto, situación que coyunturalmente salvó el acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre y que luego hizo la pandemia salvando así al segundo gobierno del empresario, hechos que además, liquidaron su agenda programática.
El 11 de marzo de 2022, asumía el presidente electo más joven de la historia de Chile, Gabriel Boric, con un mandato bien claro: finalizar el proceso constituyente que abrió el estallido social del 18 de octubre y que se cerraba con la propuesta de una nueva Constitución elaborada por la convención constituyente, elegida con ese propósito y que se votaría el 4 de septiembre de ese año.
Con una derecha en franca recuperación, luego del desastre electoral de 2021, el ejecutivo no tendría el camino fácil, con un parlamento casi igualado con la oposición para impulsar las grandes reformas comprometidas en su programa como lo eran la previsional y tributaria, la primera, aprobada con muchos sinsabores y la segunda sin destino cierto hasta hoy. Con un gabinete inicial sin experiencia política que partió con chambonadas desde el mismo día de su asunción, y sin un compromiso mayor por el plebiscito de salida, la opción Apruebo tuvo una estrepitosa derrota y, de paso, puso fin a ese gobierno como proyecto político. El resto, como las administraciones anteriores, solo ha sido una larga espera hasta que se cumpla el plazo final de una administración que, los días posteriores al 4 de septiembre de 2022, no pocos pensaron, no llegaría al final de su mandato.
La batalla por el congreso
En ese escenario incierto –una crisis institucional sobre la que no se vislumbra aún salida en el horizonte– con un oficialismo sin una candidatura presidencial, por ahora con alguna opción real y una derecha que puede ganar pero que, aquello no garantiza su éxito, se tornará clave la batalla por el Congreso Nacional, que este año debe renovar la totalidad de sus miembros –155– y un senado que renueva 23 de sus 50 cupos, en las circunscripciones I, II, IV, VI, IX, XI y XIV. Allí, el actual oficialismo apostará por impedir que la derecha tenga mayoría y esta, a su vez, buscará lo contrario para garantizar su programa de gobierno. En el oficialismo se ha hecho un llamado a construir una lista única en ese sentido y en la derecha la ausencia de primarias y con la presencia de tres candidatos que llegarán a primera vuelta sí o sí, será difícil converger en una sola lista parlamentaria unificada.
En lenguaje claro, con el escenario político actual la derecha puede ganar sin dificultades la presidencial, pero aquello no garantiza, dada su fragmentación, su gobernabilidad futura.
Edison Ortiz (Chile) es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, profesional del Ministerio de Educación de Chile y profesor colaborador del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago. X: @Edison.Ortiz.Go / Ig: @edison.o.gonzalez
