Por Xiomara Serrano
El pasado 4 de septiembre del 2022, se realizó en Chile, el tan esperado referéndum de salida, en donde las opciones Apruebo y Rechazo a un nuevo proyecto constitucional fueron las grandes protagonistas. A las 22 horas de ese día, ya los resultados eran irreversibles, el rechazo había triunfado de forma contundente con el 62% de los votos y la esperanza de tener un cambio en la Carta Magna y por fin terminar con la Constitución de la dictadura de Pinochet, parecía diluirse.
En las horas y días siguientes, se instaló un clima de incertidumbre ante el
nuevo rumbo que tomaría el país y cómo se lograría darle nacimiento a un nuevo proceso constituyente. La voluntad del pueblo fue clara y el gobierno del presidente Gabriel Boric, así lo sabía, más del 80% del país había votado en el referéndum de entrada por iniciar un proceso para cambiar la Constitución y ese mandato se debía cumplir, fue de esta forma que el mismo mandatario, fue el responsable de colocar la primera piedra que construirá el camino futuro.
El Acuerdo por Chile
Más de tres meses de intensas negociaciones, tuvieron que pasar para que el pasado 12 de diciembre del 2022, los partidos políticos que hacen vida en la política nacional se pusieran de acuerdo y lograran sacar adelante la hoja de ruta del nuevo proceso constituyente. En este documento que ha sido firmado, entre otros, por la Unión Demócrata Independiente (UDI) –partido de extrema derecha–, se han comprometido a respaldar en todas las instancias el avance del proceso. Pero, no todo es color de rosa tras este intento y es que, entre otros puntos, se establece que el nuevo ente redactor será una comisión mixta y no una Convencion Constitucional 100% electa por la ciudadanía, opción que había obtenido el 80% de los votos en el referéndum de entrada. Esta nueva comisión mixta estará conformada por 24 expertos que ya fueron elegidos entre el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, que comenzarán sus labores el próximo 6 de marzo y que tendrán tres meses para redactar un anteproyecto constitucional, que será presentado a cincuenta consejeros y consejeras que serán electos por la ciudadanía, el próximo 7 de mayo y que comenzarán sus funciones el 7 de junio. Estos últimos serán elegidos por circunscripción senatorial y deberá ser partidario.
Asamblea Nacional Constituyente o Consejo Constitucional
Era lógico pensar que, la extrema derecha solo se sentaría en una mesa de negociación para imponer algunas condiciones que no pensaban tranzar, fue de esta forma que se logró instalar como nuevo ente redactor a la Comisión de expertos y Consejo Constitucional. La única similitud presente es que igual que la pasada Convención Constitucional, ambas instancias funcionarán en las dependencias del Ex Congreso Nacional pero no solo será diferentes en su conformación, ya que se redujo más de la mitad a sus integrantes. Serán solo cincuenta electos y su principal rol será la redaccion de una nueva propuesta, pero no desde cero como lo hiciera la Asamblea Nacional Constituyente con sus 155 convencionales, sino con base al anteproyecto que contendrá las bases institucionales acordadas y pactadas por las fuerzas políticas en el Acuerdo por Chile, que redactará el Comité de experto, quienes seguirán con derecho a voz en las instancias posteriores y que finalmente las diferencias que surjan en la discusión serán zanjadas por un Comité Tecnico de Admsibilidad, instancia compuesta por catorce integrantes electos igual por el Congreso y que tendrán como labor resolver los requerimientos interpuestos en contra de alguna propuesta de norma, siempre y cuando, contravengan los principios constitucionales establecidos por las fuerzas políticas.
El voto obligatorio
¿Quién puede poner en duda la importancia que tuvo el voto obligatorio en el pasado referéndum de salida del pasado 4 de septiembre? Chile logró finalmente tener porcentajes de participación históricos en su padrón electoral y con esto se instala la urgencia de avanzar en restablecer el voto obligatorio. Es de esta manera que avanzó a pasos agigantados la tramitación legislativa del proyecto de ley que devolverá la obligatoriedad de voto al país y que se convierte sin duda en un elemento obligatorio para el análisis.
El “Acuerdo Por Chile” sin ponerse de acuerdo
Si bien parecía que se avanzaba como nunca antes en acuerdos y coincidencias, la realidad de la histórica polarización golpeó fuerte la mesa y nos hizo regresar a la realidad, y es que, como siempre, tanto la izquierda como la derecha enfrentarán las próximas elecciones del 7 de mayo en listas divididas. Y es así como los partidos de izquierda y centro izquierda irán en dos listas: por su lado estará Unidad Para Chile, conformada por Apruebo Dignidad, el Partido Socialista y Partido Liberal; mientras tanto, en Todo Por Chile dirán presente el Partido Por la Democracia, Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano.
Misma situación vive la derecha que tampoco logró ponerse de acuerdo y se inscribieron en dos pactos: Chile Seguro, integrado por Evolución Política (Evopoli), Renovación Nacional (RN) y la UDI; y más al extremo de la derecha, escribiendo pacto como partido solitario, estará el Partido Republicano, del excandidato presidencial José Antonio Kast.
Otro que decidió correr esta carrera en solitario es el nacido Partido de la Gente, del excandidato presidencial Franco Parisi, uno de los grandes ganadores de las pasadas elecciones legislativas irrumpiendo con fuerza como nueva fuerza política en este nuevo Congreso, con más de diez diputados, pero que es la primera baja de este primer año legislativo, ya que oficialmente desaparecieron como bancada, debido a diferencias internas, que han generado renuncias, nuevas militancias y expulsiones de la mayoría de sus diputados al partido, donde actualmente solo tendrían oficialmente la continuidad de dos representantes en el nuevo período legislativo que parte el 11 de marzo.
Las dudas de legitimidad
Chile seguirá dando razones para el análisis a quienes nos gusta la política y su acontecer. Para algunos analistas, el próximo 7 de mayo será una prueba de la aprobación a la gestión del presidente Boric, para otros este nuevo proceso carece de legitimidad por haber perdido la esencia del mandato dado por el pueblo el pasado 25 de octubre del 2020.
Y es que la duda se instala con fuerza a raíz de que en este nuevo proceso no existe la posibilidad de que movimientos sociales o independientes realmente logren estar en la papeleta, ya que, en el Acuerdo por Chile, se deja claro que solo los partidos políticos formados o en proceso de conformación podrán tener la opción de participar. Realidad diferente a la vivida en el proceso anterior, donde las organizaciones y movimientos sociales lograron gran representación y más allá de la evaluación que le demos a su desempeño, era una realidad que con su sola presencia en el ente se podía observar la diversidad presente en la sociedad chilena.
Uno de los puntos que mayor debate generó en la pasada discusión constitucional fue la eliminación del Senado y que Chile tuviera un congreso unicameral, discusión que no se dará en esta oportunidad ya que ese tema quedó cerrado y hace parte de las Bases constitucionales fundamentales que dieron origen a este nuevo proceso y que partidos políticos pusieron como mínimos para poder avanzar. El derecho a la vida también está expresado y da pie a dudar que podamos avanzar en poder discutir sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, punto que enciende las alarmas en las organizaciones feministas que hacen vida en Chile.
Difícil se ve además el panorama para lograr consenso y tratar de avanzar en una propuesta que, aunque estará lejos de parecerse a la votada el pasado septiembre, garantice mínimos de derechos que no están contemplados en la Constitución actual, los analistas no se atreven a dar los 3/5 que serán necesarios en todas las votaciones y que obligará a negociar para tener la necesaria mayoría.
Y en medio de este clima de incertidumbre, Chile estará próximo a iniciar su período de campañas a consejeros y consejeras constitucionales, que tendrán la titánica labor de buscar la mayor cantidad de votos, ahora obligatorios de los más de 15 millones de ciudadanos que según la última información del Servicio Elextoral de Chile (Servel) conforman el padrón provisorio.
Xiomara Serrano (Venezuela) es politóloga, licenciada en Estudios Políticos y de Gobierno. Ha sido consultora en campañas electorales y asesora de legisladores y ministros en Venezuela y Chile.
Twitter: @xdcs90
Instagram: @xioserra90
