Por Elda Magaly Arroyo Macías
Los discursos oficiales transitarán de una lógica de combate al crimen organizado hacia una lucha contra el terrorismo, lo que implica la adopción de términos diferentes, estrategias y justificaciones distintas.
La comunicación pública en materia de seguridad atraviesa un punto de inflexión. La reciente declaratoria del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, para nombrar a los cárteles de la droga como grupos terroristas no solo modifica el enfoque gubernamental de prácticamente toda Latinoamérica sobre el crimen organizado, sino que impone nuevos desafíos para quienes informan sobre el tema, sean periodistas, consultores o voceros oficiales. Este cambio redefine las narrativas, reconfigura la percepción pública y exige estrategias de comunicación mucho más precisas, responsables y resilientes ante un escenario cada vez más polarizado.
Nombrar es dotar de significado, y en seguridad, la denominación de un grupo criminal no es un asunto menor. La clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas no solo tiene implicaciones jurídicas y operativas, sino también comunicacionales. El filósofo Saul Kripke sostiene que un nombre no describe a la persona u objeto al que se refiere, sino que simplemente lo señala o designa, con la designación de los cárteles como grupos terroristas cambiará la comunicación de los hechos relacionados con la seguridad, pues antes los términos como crimen organizado, delincuencia organizada o incluso cárteles evocaban una serie de descripciones específicas como: tráfico de drogas, violencia local y corrupción. Sin embargo, al llamarlos terroristas, el nombre cambia su carga semántica sin necesidad de agregar nuevas descripciones. Siguen siendo los mismos grupos, pero ahora se les coloca en una categoría con implicaciones distintas en términos de política, seguridad y percepción pública.
Desde el gobierno
El primer reto lo enfrenta el discurso oficial, pues los comunicadores gubernamentales deberán transitar de una lógica de combate al crimen organizado hacia una lucha conta el terrorismo, lo que implica la adopción de términos, estrategias y justificaciones distintas. La retórica gubernamental pasará de hablar de “desarticulación de estructuras delictivas” a una narrativa de “protección de la seguridad nacional”, alineándose con el marco discursivo de la lucha antiterrorista.
Esta modificación afectará la percepción de la audiencia. La población ya no verá a los cárteles únicamente como actores del narcotráfico o la violencia criminal, sino como una amenaza con implicaciones más amplias. Este cambio de percepción puede generar apoyo social a políticas más restrictivas, pero también podría derivar en un incremento del miedo y la desconfianza en las instituciones de seguridad.
Aunque un cártel haya operado históricamente como un grupo criminal enfocado en el narcotráfico, la nueva designación lo sitúa en otro marco discursivo: el terrorismo, que evoca amenazas a la seguridad nacional, intervenciones militares y un enemigo de dimensiones globales. Conceptos como Estado Terror se ubican en el umbral, facilitando el uso del terror como herramienta de control y represión sobre su propia población o dando la justificación para intervenciones extranjeras.
Cuando el Estado recurre a un uso sistemático de la violencia, intimidación y el miedo bajo el argumento de la seguridad nacional, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la vigilancia extrema, la represión de la disidencia y la censura de los medios de comunicación se hacen presentes. Además, se construye una narrativa oficial, basada en la propaganda y manipulación para justificar el uso del miedo como una necesidad para la estabilidad del país.
El desafío en la comunicación
Esta transición en la definición de los cárteles de la droga como grupos terroristas implica un desafío no solo para los comunicadores de las instituciones gubernamentales, quienes, en muchos casos, lamentablemente, no cuenta con una especialización en seguridad, sino que también los periodistas y consultores tendrán que informar bajo una nueva modalidad y con una narrativa diferente.
Si antes se hablaba de operativos policiales o estrategias de contención, ahora el discurso podría girar en torno a tácticas antiterroristas, cooperación internacional y seguridad interior. Términos como radicalismo, amenaza nacional, estado de excepción u operaciones encubiertas, entre otros se harán cada vez más presentes, corriendo el riesgo de banalizarlos o sobreexplotarlos al grado de que pueda distorsionarse su verdadero significado.
Para quienes trabajamos en seguridad, la clasificación de los cárteles como terroristas abre un dilema complejo: el tratamiento de la información.
En primer lugar, se corre el riesgo de que esta nueva narrativa refuerce discursos simplificados que desdibujen las dinámicas reales del crimen organizado. Mientras que el narcotráfico responde a estructuras con motivaciones económicas, el terrorismo tradicional suele estar vinculado a causas ideológicas o políticas. Equipararlos puede llevar a interpretaciones erróneas y a una cobertura mediática que privilegie el impacto sobre la precisión.
Además, el etiquetado de “terroristas” podría justificar un mayor control sobre la información. Los gobiernos, en nombre de la seguridad nacional, suelen implementar restricciones a la cobertura periodística, limitar el acceso a fuentes y endurecer las sanciones contra quienes investigan estos temas. En este contexto, el ejercicio periodístico y la labor de comunicación gubernamental deberán encontrar un equilibrio entre informar con veracidad y evitar el sensacionalismo que pueda amplificar el miedo.
La recepción de la audiencia
El impacto en la percepción de la ciudadanía será significativo. La designación de los cárteles como grupos terroristas podría generar un mayor respaldo a estrategias de seguridad más agresivas, incluyendo el uso de las fuerzas armadas y la cooperación internacional para intervenir en el territorio. Sin embargo, también puede profundizar la desconfianza en las autoridades, sobre todo si las acciones gubernamentales no se traducen en resultados concretos de pacificación.
Además, la audiencia global tendrá un rol clave en la amplificación de narrativas. La retórica antiterrorista internacional suele ir acompañada de estrategias de propaganda y manipulación de información. Es previsible que actores políticos utilicen este nuevo marco discursivo para justificar medidas extraordinarias, buscar apoyos externos o incluso desviar la atención de problemáticas internas.
La comunicación de la seguridad tras la clasificación de los cárteles como grupos terroristas enfrentará un doble reto: construir una narrativa efectiva que informe sin distorsionar la realidad y, al mismo tiempo, evitar que la comunicación oficial pierda credibilidad ante una sociedad cada vez más crítica.
El mayor desafío será para los gobiernos. Su discurso deberá ser sólido, pero sin caer en la militarización del lenguaje; eficaz, pero sin fomentar el miedo; transparente, pero sin vulnerar estrategias operativas. Para periodistas y analistas, la responsabilidad es aún mayor: explicar sin alarmar, contextualizar sin justificar y, sobre todo, resistir la tentación de replicar discursos que simplifican un problema de seguridad complejo.
En este nuevo escenario, la comunicación no solo será una herramienta informativa, sino un factor clave para la legitimidad de las estrategias de seguridad. Y en ese terreno, cada palabra importa.
Elda Arroyo (México) es periodista y comunicadora con más de veinte años de experiencia, especializada en seguridad y gestión pública. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y magíster en Administración Pública. Ha trabajado en medios como Milenio Diario, Notisistema y el Eastern Group de Los Ángeles, California. Su enfoque estratégico en Seguridad, Gestión y Atención de Crisis es clave en la comunicación gubernamental. Fue coordinadora de Comunicación en la Secretaría de Seguridad de Jalisco, México y actualmente es directora de Comunicación Social del Gobierno de Tlajomulco. Ha sido docente en universidades de América Latina, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de comunicadores. X: @elda_arroyo | Ig: @eldamarroyo
