Construir memoria en medio del conflicto: retos y responsabilidades

Por Daniela Castillo

En Colombia el carácter transformador de la construcción de memoria se ve empañado por la continuación del conflicto armado en los territorios. El ejercicio de la memoria es transcendental en la creación de herramientas para entender hacia dónde las sociedades no quieren regresar y qué no quieren repetir.

La historia nos ha mostrado cómo las sociedades una vez experimentan la violencia y el conflicto armado, buscan sanar y reconstruir el tejido social mediante el enjuiciamiento, la verdad, reparación, reformas institucionales y reconciliaciones. En dicho contexto, la justicia transicional se ha convertido en un marco internacional fundamental para la reparación de daños con tres ejes básicos: verdad, justicia y reconciliación –que incluyen enfoques específicos de enjuiciamiento, búsqueda de la verdad, reparación, reforma institucional y reconciliación–. Si bien esa es la generalidad, no se debe desconocer que el establecimiento del ‘modelo’ de justicia transicional no es el mismo para todos los países, y el diseño de sus mecanismos dependerá de las particularidades y necesidades específicas del contexto.

Uno de los elementos más relevantes en la implementación de la paz es la construcción de memoria y reconocimiento de narrativas históricas, para sanar y aprender del pasado. La memoria ayuda a dar sentido a la realidad en la que viven muchas personas, y se caracteriza por un proceso de selección constante entre qué recordar y qué olvidar. En un contexto de posconflicto, este proceso tiene que ser hecho por las víctimas, las instituciones gubernamentales, el Estado y la sociedad en su conjunto, donde todos tengan derecho a hablar y contar su propia narrativa. No existe un manual sobre cómo construir memoria; sin embargo, esta debe combinar las decisiones estatales y legales, el esfuerzo de las comunidades locales, su forma de hacer memoria y en general la convocatoria y participación de todos los actores del conflicto.

Colombia tiene uno de los conflictos armados más largos de la historia contemporánea dejando más de 9 millones de víctimas y siendo la segunda población desplazada internamente más grande del mundo. La multiplicidad de actores involucrados ha hecho que la complejidad del conflicto sea muy alta y al mismo tiempo, que el hecho de buscar la paz se convierta en un desafío nacional duradero. Durante más de 50 años el conflicto armado colombiano ha causado graves violaciones a los derechos humanos, particularmente en las zonas rurales, por lo que el país ha tratado de encontrar una salida pacífica al conflicto a través de diversos diálogos que no han tenido el éxito suficiente.

En 2005, cuando Colombia estaba adelantando un proceso de paz con grupos paramilitares, el gobierno creó el Grupo de Memoria Histórica (GMH) con la Ley 975, de Justicia y Paz, recopilando cientos de testimonios sobre diferentes eventos que ocurren durante el conflicto armado, describiendo eventos políticos y sociales. Este fue un importante punto de partida institucional para los procesos de memoria, el reconocimiento de los relatos de las víctimas, el entendimiento de lo que pasó y la continuidad de la construcción de la memoria social.

La memoria en Colombia se ha trabajado desde las comunidades como mecanismo de defensa y de conmemoración. En 1982 fue creada una organización no gubernamental llamada Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) que dedica sus esfuerzos a la lucha contra la impunidad y por la erradicación de la práctica de la desaparición forzada en Colombia. Con esto, las familias comenzaron a tener un rol inclusivo en los procesos de justicia y visibilizar sus necesidades, por lo cual, sus actividades fueron fundamentales para comenzar y fortalecer los procesos de memoria frente a las graves violaciones de los derechos humanos.

Para los años 90 se incrementó la violencia armada en los territorios, así como las masacres, los secuestros y el desplazamiento forzado. Para la época, las organizaciones de víctimas comenzaron a hacerse más visibles con el fin de participar y elevar sus peticiones en espacios públicos y políticos. En 1997 las marchas y movimientos ciudadanos fortalecieron el rol de la sociedad en los procesos de memoria, visibilizando, entre otros, rostros, cantos y símbolos de las víctimas de la violencia. Desfilaron miles de personas cargando pancartas, afiches, posters y coreando la exigencia de sus derechos y el reconocimiento de las víctimas; estos movimientos fueron ejercicios de memoria en contra del olvido. De igual manera, la Iglesia siempre ha jugado un papel relevante a la hora de construir paz en Colombia, uno de los mayores ejemplos fue el sacerdote jesuita Javier Giraldo fundador de la Comunidad de Duelo donde comenzó un trabajo de memoria por los asesinatos y masacres cometidos y ofreció un espacio para compartir los sentimientos y el dolor, con el objetivo de vigorizar la dignidad humana y la conmemoración de las víctimas.

En 2011 el gobierno impulsó la ley 1448 para las Víctimas y la Restitución de Tierras, con la intención de brindar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones. Esta normativa fue un avance importante para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el establecimiento de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que identifican los derechos constitucionales.

En el mismo año se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) al amparo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la misión de recopilar y recuperar escritos, testimonios, crear el museo de la memoria y cualquier otro material que documente la guerra y las violaciones a los derechos humanos.

A pesar de los esfuerzos puestos en el Acuerdo de paz con las FARC-EP, Colombia sigue intentando procesos institucionales y sociales de memoria, para recordar lo ocurrido, pero desafortunadamente dicha memoria se ha construido de manera selectiva, priorizando intencionalmente ciertas narrativas sobre otras, sesgando así lo que pasó en el conflicto y construyendo una memoria no plural. Y es que la memoria no puede ser selectiva porque desvirtúa ante el mundo y nuestras futuras generaciones lo que sucedió en realidad y termina beneficiando a algunos sectores en particular, deteriorando los procesos de reconciliación, perdón y no repetición.

Las relaciones y procesos de memoria en los territorios se han visto bloqueados por las desconfianzas sociales e institucionales que han existido, generando a futuro la importancia de tener presente cómo sobrevivir en un entorno tan violento e injusto, afectando la propia identidad y expectativas de paz. La extensión del conflicto es una afectación para los procesos de duelo y de memoria debido a que algunos miembros de la comunidad afectada pueden optar por permanecer en silencio y callar su historia. Por otro lado, los ‘perpetradores’ que deciden contarla en medio del conflicto pueden ser vistos como ‘traidores’ y esto dificulta los procesos de conmemoración, recordación y rememoración.

Por la antigüedad del conflicto, los procesos de memoria en Colombia han iniciado desde hace varios años, con esfuerzos encaminados a no olvidar lo que pasó, incluidas las víctimas. Ello no ha sido fácil debido a que, el proceso suele comenzar después del fin del conflicto, pero en Colombia este ha sido tan diverso y dinámico, que el país asumió hacer memoria estando aún en él. Lamentablemente la violencia en Colombia ha estado presente a lo largo de su historia, convirtiéndose, para generaciones enteras, en un paisaje cotidiano, desnaturalizando el verdadero sentido de la paz.

Los procesos de memoria en Colombia son complejos y complicados, ya que las graves violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo. Si bien es cierto que la memoria no garantiza la no repetición, sí ayuda a entender a la sociedad lo que pasó y reflexionar sobre aquellos eventos a los que no quisiera volver.

Es fin primordial de la construcción de memoria histórica recoger, procesar e integrar los relatos de las víctimas en los diferentes informes, y contribuir al conocimiento de las distintas verdades y memorias de la violencia en el país. Sin embargo, en Colombia el carácter transformador de la construcción de memoria se ve empañado por la continuación del conflicto armado en los territorios.

Es importante destacar que la memoria ha sido un concepto utilizado por las sociedades salientes del conflicto como un proceso que ayuda a sanar y reparar las heridas que ha dejado dicho conflicto armado. Es así como la construcción del proceso debe propender por honrar a los que sufren los daños colaterales con una relación entre qué recordar y qué olvidar y tal decisión debe ser el resultado de un consenso de todas las voces del conflicto, para no caer en una jerarquía de narrativas, privilegiando expresamente a algunos sectores. más que otros.

El ejercicio de la memoria es transcendental en la creación de herramientas sociales, judiciales y políticas tendientes a comprender palmariamente hacia dónde las sociedades no quieren regresar y qué no quieren repetir. Ese es el reto y la responsabilidad que le asiste a Colombia, especialmente cuando no puede aplazar construir memoria en medio del conflicto, que aún subsiste.

Daniela Castillo (Colombia) es politóloga de la Universidad del Rosario, LLM en derechos humanos y justicia transicional de Ulster University. Doctoranda en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Experta y asesora en temas de construcción de memoria histórica después del conflicto, con experiencia en sector público y privado para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, asesora política y técnica en temas de paz y experiencia en investigación.

TWITTER: @Daniela_C93

INSTAGRAM: @dccastilloo

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