El discurso del pacto de corruptos en Guatemala (2015-2019)

Por Luis Guillermo Velásquez Pérez

Introducción

A raíz de la revelación de un caso de corrupción en las aduanas del país que involucraba al presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías (2012-2015) se generaron una serie de movilizaciones sociales entre abril y septiembre de 2015 que condujo a la renuncia del binomio presidencial y al avance de una agenda anticorrupción en dos sentidos: cárcel para los corruptos y reformas legales de las instituciones clave.

Esa afrenta contra el estado natural de las cosas en un Estado dirigido por élites políticas, económicas y militares profundamente inmovilistas que catalogan todo tipo de modificación o cambio de carácter social como “comunismo” desembocó en una estrategia basada en dos ejes: una mediática-discursiva y una política-diplomática.

Este artículo se concentra en la desagregación del primer eje, el cual implicó a decenas de bots en redes sociales, generadores de opinión de medios de comunicación financistas de campañas electorales, políticos aliados al gobierno de Jimmy Morales (2016-2020), activistas fundamentalistas y de ultraderecha, así como de miembros de las élites nacionales, quienes utilizaban mensajes relativos a la justicia selectiva y al anticomunismo para restituir el orden político que se encontraba bajo amenaza y que era el resultado de la adaptación de las viejas estructuras contrainsurgentes en las estructuras constitucionales y democráticas creadas por la nueva Constitución de 1985 y los Acuerdos de Paz de 1996.

Justicia selectiva

La justicia selectiva fue el elemento discursivo central de los perseguidos por delitos de corrupción, por sus aliados y por los que imaginaban que serían investigados. Fue utilizado para cuestionar la ausencia presentación de casos en contra de X o Y sectores o personalidades que, desde su perspectiva, eran corruptos y aún no habían sido perseguidos.

Un discurso fácilmente desmontable basado en los hechos y las evidencias como se observa más adelante a partir de la descomposición de los principales mensajes y argumentos del pacto de corruptos.

Tabla 1. Relatos del pacto de corruptos

MensajeArgumento
Para cuando…Aducían que el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (2008-2012) estaba siendo protegido, hasta que en febrero de 2018 se presentó el caso Transurbano que implicaba a empresarios del transporte, al presidente Álvaro Colom y a sus ministros, obligándoles a cambiar el argumento y decir que la protegida era Sandra Torres, secretaria general y candidata presidencial de las elecciones 2015 y 2019, hasta que en febrero de 2019 fue acusada por financiamiento electoral ilícito.
Exceso de prisión preventivaAducían que se estaban abusando de la figura jurídica condenando a los acusados sin ser demostrados culpables teniendo responsabilidad sobre lo que les ocurriera como del suicidio del doctor Jesús Oliva[1].
Instituciones, no personasAducían que la animadversión, la polarización y el sesgo ideológico de los casos no era por la CICIG en sí misma sino por la forma en la que Iván Velásquez, su comisionado, dirigía la exposición pública tanto de la Comisión como de la presentación de las investigaciones, especialmente tras haber sido declarado como non grato por el presidente Morales en agosto de 2017 como reacción al caso presentado en contra de su hermano y su hijo en enero por fraude al Estado y en contra de él en agosto por financiamiento electoral ilícito, ambos en el mismo año.

Fuente: elaboración propia.

Es un hecho notorio que el avance de los casos los obligaba constantemente a modificar el “para cuando” porque lo cierto es que las investigaciones de CICIG-MP (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – Ministerio Público) eran presentadas hasta que estaban consolidadas[2], las cuales alcanzaron a más de 1.540 personas de diversas ideologías, partidos políticos, funcionarios públicos y sectores institucionales, mediáticos y económicos del país. También de que existía una intención de construir en el imaginario social de que ambas instituciones se estaban extralimitando obviando deliberadamente y a beneficio propio que la prisión preventiva la dicta el juez (no la fiscalía); que al investigar estructuras de poder naturalmente están compuestas por personas con capacidad de fugarse u obstaculizar la investigación; que su exceso es un fenómeno sistémico previo a la llegada de la Comisión en 2008, al punto de que en enero de 2019 la cantidad de privados preventivos era mayor a la de los sentenciados; y de que, hasta septiembre del mismo año, el 70% de las personas acusadas por CICIG-MP gozaban de medidas sustitutivas[3].

Finalmente, cuando se dieron cuenta del apoyo social mayoritario al trabajo de la Comisión concentraron los esfuerzos discursivos y mediáticos en Velásquez con la intencionalidad de posicionar la idea de que se debía prescindir de él para que la lucha anticorrupción continuara, dado que había sido un error estratégico crear un conflicto directo con quien tenía a cargo la renovación de la CICIG. Además de la ironía de que eso implicaba hablar del manejo de los tiempos políticosal mismo tiempo en que basaban todo su rechazo a la lucha anticorrupción en una supuesta politización de la justicia y persecución política, significaba el intento de condicionar de su trabajo y bajar el perfil de las investigaciones, de combatir la gran corrupción a combatir la mediana corrupción, la que no afecta los grandes intereses de las élites nacionales. Obviando de nuevo un dato no menor referente a la eficacia y la efectividad de Velásquez, ya que entre 2013 y 2017 había presentado 26 casos de gran corrupción, mientras que su antecesor entre 2011 y 2013 no presentó ninguno tipo de caso. Tampoco hubo voluntad real de extender el mandato de la Comisión a cambio de la llegada de un nuevo comisionado. En el fondo era una estrategia más para garantizar privilegios e impunidad.

La amenaza comunista

Proveniente del discurso cultural del anticomunismo con raíces en el siglo XIX y reforzado durante la guerra fría para el derrocamiento del presidente democrático Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954); fue utilizado para apelar a una población predominantemente conservadora previniendo de la venezualización y la inserción de la agenda globalista en el país. El primer punto fue particularmente visible en la oposición a las reformas constitucionales a la justicia entre 2016 y 2017. Zury Ríos y Ricardo Méndez Ruiz, líderes fundamentalistas y de ultraderecha, aseguraban que estas reformas respondían al socialismo y convertían al país en Venezuela. En realidad respondía a las propuestas nacionales que habían sido discutidas y acordadas por diferentes actores desde los Acuerdos de Paz hasta el Diálogo Nacional de 2016[4], así como a los lineamientos de reforma acordados en las convenciones internacionales para fortalecer los sistemas de justicia en América Latina. Es decir, en consonancia a lo que habían hecho Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Perú en materia de carrera y administración judicial. De hecho, hasta 2018, solo Honduras, Nicaragua y Guatemala era los únicos países de la región que no tenían órganos de especialización, mientras que el sistema venezolano estaba completamente intervenido.

Esta práctica de utilizar a Venezuela, cuando no a Nicaragua, como recurso de miedo no solo era sin sustento sino de forma hipócrita. Por ejemplo, el 8 de abril de 2016, el MP incautó documentos del Banco de los Trabajadores, uno de los bancos más grandes del sistema, para determinar si existió lavado de dinero en las transacciones realizadas por la empresa DHK Finance Inc., relacionada con militares y funcionarios públicos venezolanos. Sin dejar de lado el refugio que supuso Nicaragua para los políticos y empresarios fugados de la justicia, al punto de que el régimen autoritario de Ortega les brindó “asilo político” a algunos de ellos.

El segundo punto basado en asociar la reafirmación conservadora a la oposición al trabajo anticorrupción. Buscaban convencer a la población de que apoyar la lucha anticorrupción implicaba apoyar la agenda globalista que se estaba observando con la llegada del barco de Women on Waves al puerto de San José en febrero de 2017 y la avanzada feminista en México, Argentina y Chile a lo largo del último quinquenio. Lo cierto es que las únicas propuestas formales para avanzar en una agenda de ampliación de derechos durante el período, en sintonía con una minúscula parte de las deudas históricas del Estado guatemalteco en términos de inclusión social, fueron las propuestas de paridad étnica y de género para la reforma electoral y el reconocimiento de los ordenamientos jurídicos mayas[5] en la reforma a la justicia en 2016, así como las iniciativas de ley presentadas en 2017 por la diputada Sandra Morán relativas a la despenalización del aborto en niñas menores de 14 años que hubiesen sufrido una violación, la protección y la reparación para las menores víctimas por parte del Estado, así como el reconocimiento de la población transgénero. Ninguna fue aprobada.

Si bien la operación mediática-discursiva no desmanteló el apoyo social hacia las instituciones anticorrupción debido a que durante el último año de su mandato contaba con el 72% de aprobación aun cuando habían pastores influyentes que la atacaban desde su púlpito, no recibió una respuesta contundente por parte de los sectores democráticos organizados con una construcción política más amplia de los efectos de la corrupción en la vida cotidiana para convertir ese apoyo actitudinal en una fuerza social para el cambio político. Se limitaron en cambio a desarrollar un papel defensivo con respuestas generalmente legalistas e institucionalistas hacia la diversidad de ataques de los sectores pro-impunidad. Fue, entonces, la operación política-diplomática de estos sectores la que resultó suficiente para detener la lucha anticorrupción, desmovilizar y desmoralizar a la sociedad y para restaurar el sistema político.

Luis Guillermo Velásquez Pérez (Guatemala) es politólogo y maestro en Estadística Aplicada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y maestrando en Política Científica y Tecnológica en la Universidad Estatal de Campinas. Fue asesor en el Congreso de la República de Guatemala, ha sido profesor universitario y ha desarrollado proyectos en Transparencia y Gobierno Abierto. Trabaja especialmente temas relacionados a políticas públicas, crisis de la democracia, captura del Estado y a la relación entre tecnología y política.

Twitter: @Piches_

Instagram: Piches1993


[1] Acusado por la adjudicación anómala de un contrato para la atención de enfermos renales en el Instituto de Seguridad Social.

[2] Hasta que Consuelo Porras fue nombrada fiscal general en mayo de 2018 por Jimmy Morales y comenzó a desarticular el trabajo de la FECI a cargo de Juan Francisco Sandoval.

[3] En el caso concreto de Oliva le solicitaron al juez que antes de conceder una medida sustitutiva, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses hiciera una evaluación para determinar el estado de salud del detenido y que ellos hicieran las recomendaciones para resguardar su salud, tal y como establece el procedimiento legal. Si bien dieciocho días después de esa audiencia no le habían realizado la evaluación cabe destacar que la responsabilidad recaía en el Sistema Penitenciario y no en la fiscalía.

[4] Podía participar cualquier colectivo de la sociedad civil y el único requisito era presentar al menos una propuesta de reforma. Un resumen de las reformas puede encontrarse aquí: https://www.plazapublica.com.gt/content/reformas-la-justicia-de-que-lado-vamos-ponernos.

[5] Su oposición de hecho mostró el racismo como componente transversal del discurso del pacto de corruptos. Decenas de publicaciones con fake news y spots radiales financiados por la cúpula empresarial mentían asegurando que los latigazos, linchamientos y cualquier otra violación a los derechos humanos sería legalizada, además de tratarles de manipulados y poco inteligentes.

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