Por Federico A. Jovine Rijo
Si la disyuntiva de los bolcheviques, al principio de la Revolución de Octubre, era de si hacer o no la “revolución permanente”, en República Dominicana se vive en un estado de campaña electoral permanente, que, si bien es cierto se ajusta a la idiosincrasia de una sociedad muy dada al debate y la discusión, también se explica en función de que la actividad política constituye el ascensor social por excelencia… y que aún funciona.
Así las cosas, cada proceso electoral se convierte en una oportunidad de validación o movilidad. En una sociedad con un 56,7% de informalidad en el empleo, acceder a una posición en el Estado permite –en el menor de los casos– asegurar una fuente de ingreso, cuando no de negocios o prebendas (31,3% de los empleos son públicos). En la periferia, a medida que nos alejamos del centro, esta dinámica es fundamental, pues en las provincias más pobres del país los cargos públicos se constituyen en la fuente principal de empleo formal. Sobre ese supuesto, cada proceso es crítico y determinante, y de cara a él se desplegarán cualquier medida a los fines de garantizar el resultado electoral que se procura.
Las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero fueron importantes por razones que iban más allá del hecho de que en las mismas estuviesen sometidos a disputa en 158 municipios y 255 distritos municipales; la selección de 3.849 cargos municipales electivos; o que el padrón de concurrentes habilitados tuviera 8.105.151 electores. En efecto, las mismas también deben ser leídas e interpretadas dentro del marco del proceso anterior –2020–, que dio al traste con el dominio hegemónico ininterrumpido de 16 años que mantuvo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que, en plena pandemia de Covid-19, posibilitó el ascenso del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Luis Abinader, a la presidencia de la república.
Es en dichas elecciones –las municipales de marzo y las presidenciales de junio de 2020– donde residen las claves de interpretación del proceso de febrero 2024, y –quizás–, las proyecciones del próximo mayo, pues los resultados de ambas elecciones estuvieron vinculados a tres externalidades no contempladas en ningún cálculo. Una derivada de la no resolución de las contradicciones internas en el PLD, que desembocaron en la impensable división del partido en octubre de 2019, con la salida de su presidente, Leonel Fernández –tres veces presidente de la República–, y la fundación de un nuevo partido –Fuerza del Pueblo (FP)–, lo que, por un lado fragmentó el voto del gobierno, a la par que permitió encapsular todas las falencias y cuestionamientos ciudadanos a determinadas prácticas del gobierno en un solo partido –PLD–, haciendo que su candidato presidencial –Gonzalo Castillo– cargará con todo el lastre de 16 años de gobierno, justo en el momento que otra externalidad (Covid–19) hacía mella en la popularidad del gobierno, en función de la gestión que este hacía de la pandemia, pero que ya venía resistiéndose a raíz de los cuestionamientos ciudadanos que habían desembocado en la “Marcha Verde” y que fueron potenciados por el Caso Odebrecht.
En ese contexto, la suspensión de las elecciones municipales de febrero por parte de la JCE, aduciendo fallas técnicas –tercera externalidad–, significó el punto de inflexión en el dominio del PLD, pues la ciudadanía la percibió como parte de una maniobra planificada de cara a vulnerar voluntad popular, lo que generó un proceso de concentraciones multitudinarias en plena pandemia (Plaza de la Bandera) y constantes expresiones de protestas (cacerolazos) que desembocaron en un hartazgo ciudadano generalizado que se tradujo en reclamo e indignación, y que Abinader, entonces opositor, supo capitalizar al presentarse como “El Cambio”… lo demás fue historia.
Al triunfo de las elecciones extraordinarias municipales de marzo, siguió una ola electoral que “barrió” con todo en las elecciones presidenciales y congresuales de junio, y lo que es más importante, que se configuró en el imaginario colectivo y de los operadores políticos (sin validación de estudios de medición), la idea de que las elecciones municipales (febrero 2024) determinarían las presidenciales (mayo).
En agosto de 2023, las mismas condiciones que permitieron el triunfo de Abinader en primera vuelta (la división del PLD) se mantenían inalteradas; con la agravante de que el proceso de crecimiento o no, tanto de Leonel Fernández (candidato de la FP), como de Abel Martínez (candidato del PLD) se daba dentro de la lógica de la canibalización del mismo nicho electoral, en un juego de suma cero.
Esta debilidad fue percibida en ambos partidos, y hubo conciencia de que solo la unidad total –ex ante– del bloque opositor podría brindar alguna posibilidad de revertir las tendencias proyectadas por las principales encuestas, las cuales venían mostrando el escenario favorable que tendría el gobierno en las elecciones de 2024; sobre la base, tanto de los niveles de aprobación del presidente, como del poco marcaje del candidato del PLD y la tasa de rechazo del de la FP.
En ese contexto se gestó la Alianza Rescate RD, suscrita entre los principales partidos opositores, la cual se presentó, más como una manifestación de interés que como un ejercicio real de unidad, tanto a nivel de dirección, gestión e implementación. En efecto, la ausencia de los expresidentes Fernández y Medina en el acto de lanzamiento de la alianza –ausencia que se ratificó en los hechos al estos no coincidir en ningún acto de la campaña electoral municipal–, venía a confirmar la hipótesis de que la “Alianza Rescate RD”, no había sido tal, y que más bien necesitaba ser rescatada.
La idea de formar un bloque opositor unificado era viable y necesaria, pero, como todo acuerdo, el sustrato sobre el que se basaba la alianza era la confianza que las partes contratantes pudieran tener entre sí, y ahí no solo se expresaban las viejas rencillas políticas entre dos expresidentes, sino también las heridas abiertas entre uno que se sintió perseguido y burlado en su propio gobierno (Leonel) y otro que piensa que la “traición” del primero les provocó la salida del gobierno (Danilo).
Con desacuerdos en demarcaciones que representaban más del 50% del padrón electoral, la fractura en las principales plazas hablaba de la inutilidad de la alianza en función de los objetivos opuestos encontrados. Para el PLD, partido articulado y estructurado, la alianza era viable porque le permitiría fortalecer sus capacidades congresuales y municipales y mantener un nivel aceptable de votos, incluso superior al que las encuestas proyectaban que podría sacar su candidato presidencial; no así para la FP, partido débil a nivel de estructuras, propuestas y recursos, que apostaba más a la fuerza y arrastre del liderazgo de Fernández, que a sus capacidades reales a nivel local.
En ese contexto de oposición dividida, a nivel territorial, la lucha por los gobiernos locales se volvía más determinante que la lucha congresual o presidencial, pues mientras más alejado, pequeño, pobre y desamparado sea el municipio, la alcaldía representa una fuente primaria de ascenso político, económico y validación social.
De 158 municipios a nivel nacional, 28 representan 5.757.088 votos (71,03%), de ahí que –independientemente de los esfuerzos locales– gobierno y oposición focalizaron recursos en estas plazas, no solo porque son más grandes, manejan nómina y presupuesto, sino porque representan más votos frente a la JCE de cara al manejo de recursos y abultan las cuentas de votos sacados, tan esenciales para la oposición al momento de cuadrar cuentas internas y mirar a mayo.
Dentro de Rescate RD, las oportunidades aumentaban si iba unida. El problema es que los intereses diferían en función de que, mientras Fernández veía a la alianza como el instrumento natural de su vuelta al poder, bajo la lógica de garantizar por medio de ella el endoso automático de los apoyos necesarios en un hipotético escenario de segunda vuelta, los del PLD la vieron como el mecanismo a través del cual podrían cuadrar cuentas en los municipios donde más ventaja llevaban –en función de sus mayores niveles de fortaleza institucional y operativa– y trabajaron enfocados en que al final hubieran más votos morados (PLD) que verdes (FP) y, de esa forma, no solo garantizar la mayor cantidad de gobiernos locales a sus estructuras partidarias, sino también para quedar a nivel de partido por encima de la FP y de esa forma compensar las debilidades de su candidato con unos resultados que subvirtieran el orden lógico de la nominación, frente a un Fernández que las encuestas presidenciales de cara a mayo lo dan de segundo, pero que los resultados municipales no se proyectaban de igual forma.
Así las cosas, para las elecciones municipales del 18 de febrero, de 158 municipios, el PRM llevaba 139 candidatos propios (88%); el PLD llevaba 109 (69%); y la FP 89 (56%). En otro orden, así impactaban sus propuestas a nivel de electores: PRM 6.122.315 (75,53%); PLD 5.015.644 (61,28%); FP 3.676.457 (45,35%). Es decir, que el mayor nivel de ofertas electorales en todos los territorios lo tenía el partido de gobierno, y, a nivel de los 28 municipios principales y la proyección de resultados en función de alianzas, el PRM llevaba 26 propuestas electorales, impactando en 6.122.315 votos (68.8%); el PLD, siete (2.183.513; 26,94%); FP, seis (1.183.468; 14,6%).
Las elecciones del 18 de febrero constituyeron un ejemplo de civismo, orden y transparencia. Sin incidentes destacables, ese día fueron habilitados 16.851 colegios electorales en 4.295 recintos, y, de un padrón de 8.105.151 electores convocados votaron 3.775.587 (46,67%), para una abstención nominal de 53,33%, ligeramente superior a marzo 2020 (50,86%). Si al padrón general de electores le descontamos los dominicanos que viven en el exterior, y que estaban habilitados para votar en las municipales –de haberse traslado al país (870.000; 10,73%)–, la abstención real sería de 47,8%. El número es de preocupación, pero no crítico ni atípico en unas elecciones municipales y, por demás, el más bajo en la región en elecciones en 2024 (Jamaica 71%, Costa Rica 69%, El Salvador 69,9%). Jamaica 71%, Costa Rica 69%.
No obstante, análisis aparte, los partidos políticos deben plantearse en qué se está fallando. La encuesta Gallup-RCC Media del 14 de marzo de 2024 indica que, del universo total de ciudadanos que no votaron, el 51,2% lo hizo, o bien “porque no tenía deseo” (22,9%), o tenían “dificultades para ir a votar” (15,3%), o “no tenía simpatía por ninguno de los candidatos” (13,3%); y de ese mismo universo de encuestados, el 29,7% entendía que el “descontento con los partidos políticos”, o la “desconfianza en la clase política” (29,0%), podrían ser posibles razones de dicha atención. En todo caso, el dato es un llamado de alerta que las próximas elecciones determinarán si se corresponden a un patrón, derivado de cansancio ciudadano, o más bien unos resultados y una valoración inherente a las dinámicas de las elecciones municipales.
Los resultados de las elecciones se ajustaron bastante a las proyecciones realizadas en función de la oferta total de candidatos hecha por cada partido, con la salvedad de que el gobierno encabezaba una alianza con 22 partidos RD Avanza, y la oposición no pudo trabajar unida en las principales plazas donde podría haber tenido un mejor desempeño, por las razones anteriormente expuestas.
A nivel de alcaldías y distritos municipales (DM), el PRM ganó 122 y 150, respectivamente; para un total del 47,34% de los votos emitidos (58,88% con los 22 partidos que le acompañaron); el PLD ganó 15 alcaldías y 36 DM, para un 22,39% de los votos emitidos; la FP, 6 alcaldías y 36 DM, para un 14,22%.
A la luz de los resultados, el PRM se consolidó como la fuerza hegemónica, fortaleciendo sus posibilidades de cara a las elecciones presidenciales y congresuales (Abinader, 64%, Gallup-RCC); mientras, la oposición se debilita (Fernández, 19%, Gallup-RCC) , en razón de que el PLD, a pesar de que su candidato está en tercer lugar en las encuestas presidenciales (Abel, 12%, Gallup-RCC), como partido fue más exitoso que la FP a nivel de demarcaciones ganadas en febrero (+150%) y de votos alcanzados (+57%), lo que dislocaría el “orden natural” de la boleta electoral en un acuerdo opositor de cara a una remota segunda vuelta.
De cara a mayo, todos los partidos comparten el desafío de movilizar al electorado precisamente en las zonas de mayor concentración del voto (en promedio, en los municipios más poblados la abstención fue superior al 55%), por lo que los resultados de febrero obligan a redefinir las estrategias en función de los resultados y las proyecciones de las encuestas, las cuales han sido asumidas como válidas por la mayoría.
Una vez más, la política se vuelve centro de debate y movilización en la sociedad dominicana; y mientras el presidente suspende inauguraciones de obras a partir del día 20 de marzo y ha accedido a participar en un debate presidencial –el primero desde 1962–, todos los candidatos transitan el camino que los acerca al 19 de mayo, mientras los hechos parecen precipitarse aceleradamente hacia la cita final.
Federico A. Jovine Rijo (República Dominicana) es escritor, poeta, montañista, abogado especializado en derecho de mercados financieros; analista político y consultor en gobernabilidad, gestión de procesos de fortalecimiento institucional, planificación y desarrollo local, alianzas público-privadas, sostenibilidad territorial, responsabilidad social empresarial y gestión de crisis.
