Por Elda Magaly Arroyo Macías
El brutal asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador ilustra cómo la violencia se ha convertido en uno de los principales tópicos a comunicar, así como el manejo político que se le da a la seguridad y la radicalización de los discursos populistas.
Una serie de disparos asestando en su objetivo, un proyecto político conmocionado por la caída de uno de sus principales líderes, un país en shock ante la confusión y la violencia, pero, sobre todo, un hombre perdiendo la vida, fue lo que la audiencia presenció con la muerte de Fernando Villavicencio el pasado 10 de agosto, cuando intentaba abordar un vehículo al terminar un mitin más de la agenda, en su camino rumbo a la Presidencia de Ecuador.
Las amenazas ya habían sido recibidas, pero también minimizadas porque no se contaba con el suficiente equipo de seguridad y ante riesgos de esa naturaleza, ninguna prevención se puede escatimar, aunque la intención sea comunicar seguridad y tranquilidad, la consecuencia se agrava cuando el resultado implica la muerte.
Para ningún político es fácil ofertar seguridad como parte de su proyecto, es y será un tema al que muchos prefieren darle la vuelta o bien ceñirse a un discurso radical en donde la “cero tolerancia” y la “mano dura”, sea el común denominador que después enfrentará cuestionamientos, incluso del mismo sector que lo populariza.
El arraigo de los problemas vinculados a la delincuencia es mucho más profundo que el pensamiento simplista de “más leyes, más castigos” y cuando esto pasa es porque el candidato no ha comprendido que la inseguridad se combate a partir de las oportunidades y el desarrollo sociocultural de su comunidad, de lo contrario, lo que oferta simplemente son retrocesos en los avances de los derechos humanos.
Las señales de alerta
Las condiciones de Villavicencio eran de vulnerabilidad y estaban a la vista de todos. En múltiples ocasiones expresó el riesgo en el que se encontraba, inicialmente desde su carrera periodística y hasta las serias acusaciones que mantenía en contra del expresidente Rafael Correa y el grupo que lo respalda, sin embargo, todo parecía simple política, aunque el factor violencia, ya estaba presente y solo era necesario observar las señales de alerta que se comenzaron a gestar desde mucho antes.
Ecuador es un ejemplo claro de una crisis crónica que comenzó en 2019 por temas políticos y que ha mutado a una violencia incontenible, cuya única respuesta son paliativos que han ido agravando la situación al punto en que la inseguridad y los grupos criminales se han convertido en la mayor preocupación de los ecuatorianos, incluso, por encima del desempleo y los aumentos en la canasta básica.
Una encuesta realizada por la empresa Ipsos, dedicada a la investigación de mercados señala que para el 51,5% de los ecuatorianos[1], sin importar su rango de edad, están más preocupados por la inseguridad, pues prevalece el sentimiento de miedo, incertidumbre y se arraiga en el imaginario colectivo las amplias posibilidades que hay de ser víctima de la delincuencia.
Las primeras señales aparecieron cuando se confeccionó la narrativa política de bonanza económica, generada por los precios del petróleo que permitieron la entrega de subsidios y fondos a sectores populares del país, aquí se debió dejar claro que podría ser algo temporal, pues los dividendos que provienen de recursos no renovables suelen ser limitados y la realidad apareció en poco tiempo, la plata, los apoyos se agotaron, por lo que fue necesario ajustarse el cinturón fiscal, lo que generó descontento en la población y que también sumaría en su enojo a los grupos indígenas, cuya deuda histórica sigue siendo enorme.
Desde entonces, las acusaciones entre los diferentes bandos políticos han sido el común denominador, señalamientos de corrupción, tráfico de influencias y desvío de fondos han sido las principales noticias que se conocen del país, sin embargo, poco a poco se han ido agravando porque ahora están teñidas de violencia y criminalidad. El magnicidio de Villavicencio marca un hito en la política del país y si bien era algo que se podría haber considerado en un inventario de riesgos, ningún equipo político quiere pensar en un escenario de tal magnitud.
La seguridad como preocupación
Las problemáticas de seguridad relacionadas con la violencia y el crimen organizado, así como sus efectos en la sociedad, son la principal preocupación de los votantes en América Latina. Ecuador, no podría ser la excepción, pues desde hace años, los niveles de criminalidad han ido en aumento, sobre todo los homicidios, pues se estima que la tasa de decesos violentos podría cerrar este 2023 con 40 por cada 100 mil habitantes, una cifra altísima en proporción a su población, convirtiéndose así en uno de los países más violentos de la región.
Que la ciudadanía mantenga entre sus principales preocupaciones la seguridad es natural, pues es una función pública a cargo del Estado, lo que implica este, a través de sus instituciones, se haga cargo de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz pública, pero no siempre es así.
Los ciudadanos evalúan a sus gobiernos a partir de su capacidad para resolver problemas y la seguridad es uno que debe ser atendido desde una perspectiva multifactorial y no con promesas que lleven a la construcción de discursos radicales.
Elda Magaly Arroyo Macías (México) es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestrante en Administración Pública. Periodista y comunicadora especializada en Seguridad, Gestión y Atención de Crisis. Trabajó para Milenio Diario, Notisistema y Eastern Group de Los Ángeles, California, entre otros. Cuenta con formación policial, diplomada en seguridad ciudadana. Actualmente es directora de Comunicación de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en México.
Twitter: @elda_arroyo
Instagram: @eldaarroyo
[1] Muestra recabada entre julio y agosto de 2022.
