Por Cecilia Rocha y Verónica Pérez
Las ideologías importan. El giro a la izquierda latinoamericano amplió derechos para los sectores sociales desfavorecidos. En 2020 Uruguay culminó un ciclo de quince años de gobiernos de izquierda, al asumir el poder una coalición de derecha. ¿Qué representó este viraje para la inclusión social?
El avance de las derechas se consolidó en América Latina y Uruguay no fue la excepción. Luego de quince años de gobierno de izquierda, en marzo de 2020 asumió el poder una coalición de centro-derecha y derecha liderada por el presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. Las ideologías afectan los contenidos de las políticas de quienes gobiernan. Las izquierdas privilegian la igualdad. En consonancia, múltiples estudios demuestran que los gobiernos del giro a la izquierda del siglo XXI –aunque con variaciones– incluyeron grupos afectados por injusticias económicas y culturales (trabajadores, sectores populares, mujeres, colectivos LGBTQ+, y poblaciones indígena y afrodescendiente). Uruguay destacó con políticas como la negociación colectiva para trabajadoras domésticas y rurales, el aborto legal y el matrimonio igualitario. Las derechas, en cambio, consideran la desigualdad inevitable o costosa de corregir, priorizan la libertad, prefieren la asignación de recursos del mercado, y en lo cultural, en América Latina, defienden valores tradicionales1. Ante esto, cabe preguntarse: ¿Qué implicancias tuvo el viraje a la derecha en Uruguay en términos de inclusión social?
La coalición gobernante priorizó disminuir el déficit fiscal, objetivo en tensión con su promesa de mantener las políticas sociales. Este mes el Presidente anunció que la meta fiscal se sobrecumplió, demostrando que es posible compatibilizar ahorro e inversión social. Empero, la política de austeridad afectó seriamente algunas áreas. Los rubros educación y la vivienda sufrieron un fuerte recorte2, obligando por ejemplo a pausar los planes de regularización y realojo de asentamientos prometidos en la campaña. Otro ejemplo es la gestión de la crisis socioeconómica generada por la pandemia. El gobierno respondió fiel a su impronta liberal3, dejando a Uruguay como uno de los países latinoamericanos que menor esfuerzo fiscal hizo para paliar la situación, según la CEPAL, lo que redundó en un aumento de la pobreza que podría haberse amortiguado sacrificando parte del ahorro4. Los programas de transferencias monetarias se mantuvieron y ampliaron para contener a los sectores vulnerables durante la pandemia, pero acompañados por una preocupación por mejorar su eficiencia y focalización, a tono con la sospecha liberal acerca de cómo se asigna y usa la asistencia estatal5. El cambio de gobierno afectó otra política social “estrella” del gobierno anterior, el Sistema de Cuidados, que ampliaba derechos para personas dependientes y las mujeres, principales encargadas de esta tarea. El sistema fue calificado por el exsubsecretario de Desarrollo Social como una política de “país rico”, y rápidamente se desmanteló como sistema, al disminuirse su jerarquía institucional y presupuesto (Montevideo Portal, 1/7/20). En cuanto a las políticas laborales, la coalición prometió respetar la negociación colectiva por rama de actividad instaurada por la izquierda y lo hizo. Sin embargo, a diferencia del periodo anterior, el Ejecutivo favoreció al empresariado en las pautas salariales –contribuyendo a la fuerte caída que experimentó el salario real– y a la hora de votar ante desacuerdos entre las partes (La Diaria 7/3/22; ICD 2022). La relación conflictiva gobierno-sindicatos se refleja también en los discursos antisindicales de dirigentes del oficialismo, y en la inclusión en una ley “ómnibus” aprobada al inicio del periodo de cláusulas restrictivas del derecho de protesta.
Una mención especial merece la nueva agenda de derechos, que en los últimos años fue bastión de movilización de los actores neoconservadores y las derechas radicales de la región, en especial, los asuntos de género y diversidad sexual. Durante la campaña, la coalición prometió no retroceder en los derechos adquiridos ni derogar legislación en la materia. Pero se activaron otras vías de reacción. Por ejemplo, en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Presidente manifestó su voluntad de llevar adelante una agenda provida, y las autoridades de la salud comunicaron que revisarían la implementación de la ley para evitar aplicaciones “automatizadas” del procedimiento. Este tipo de estrategia evita el costo de la reacción social que insume derogar la ley, pero obstaculizan de hecho la garantía al derecho al aborto. Desde el Parlamento tampoco se procuró derogar esas leyes. Empero, en solo dos años legisladores de distintos partidos de la coalición propusieron alrededor de quince iniciativas que tensionan los derechos de las mujeres, disidencias, infancias y adolescencias, muchas veces con el discurso de la “ideología de género” que se esparció en la región los últimos años. Entre estas se encuentra la promoción de la tenencia compartida obligatoria, nueva regulación sobre nacidos sin vida, la prohibición del lenguaje inclusivo en la educación y otros entes públicos, y la posibilidad de que los padres se opongan a la educación sexual en los centros educativos, entre otras. Así, la agenda de género del gobierno avanzó hasta ahora desde el Instituto Nacional de las Mujeres en temas que son los más “tolerados” por las derechas: violencia de género –en sintonía, además, con la preocupación por la seguridad ciudadana– y la participación femenina –se creó un programa de formación para mujeres políticas–.
En suma, los dos primeros años de gestión de Lacalle Pou evidencian elementos definitorios de las derechas: antiestatatismo, recorte de políticas redistributivas y defensa de valores tradicionales. Sin embargo, es una derecha más moderada que otras latinoamericanas: respeta el consenso distributivo6 al mantener políticas de transferencias monetarias, y evita derogar instrumentos centrales de la agenda de derechos. En los próximos años la coalición gobernante podrá mantener esta tónica o ahondar su agenda liberal y conservadora. Algunas señales sugieren una profundización de la agenda liberal-conservadora, al ponerse en marcha iniciativas encaminadas a profundizar la liberalización (como la reforma de la seguridad social) y la expansión de iniciativas contrarias a los avances culturales progresistas (como las mencionadas). La posibilidad de avanzar en esta dirección dependerá de la capacidad de sostener la cooperación de los socios de la coalición y de resistencia que puedan oponer el sindicalismo y los movimientos sociales, fortalecidos durante del giro a la izquierda.
1 Monestier, F. y G. Vommaro (2021): Los partidos de la derecha en américa latina tras el giro a la izquierda. Apuntes para una agenda de investigación; RUCP, 30(1), 7-22; Luna, J.P y C. Rovira Kaltwsser (2014), The Resilience of the Latin American Right, Johns Hopkins University Press.
2 Instituto Cuesta Duarte (2022). ¿Cómo nos fue a los trabajadores uruguayos en estos dos años de gobierno? www.cuestaduarte.org.uy
3 Ver Chasquetti, D. (2021): Cómo Uruguay enfrentó la pandemia del coronavirus, Iberoamericana, XXI, 76 (2021), 203-239; López y Hernández (2021): COVID-19, políticas y política en Uruguay: Del desempeño excepcional al escenario crítico, Análisis Carolina/15; y Rossel y Gutiérrez (2021): Uruguay’s Social Policy Response to Covid-19: Strong Fundamentals, Selective Expansion, CRC 1342 Covid-19 Social Policy Response Series, 15.
4 Brum, M. y M. De Rosa (2020): Estimación del efecto de corto plazo de la covid-19 en la pobreza en Uruguay. FCEA-IECON.
5 Rossel, C. y F. Monestier (2021). Uruguay 2020: el despliegue de la agenda de centro derecha en contexto de pandemia, Revista de Ciencia Política, 41(2): 401-424.
6 Niedzwiecki, S., y J. Pribble (2017). Social Policies and Center-Right Governments in Argentina and Chile, LAPS, 59(3): 72-97.
Cecilia Rocha Carpiuc (Uruguay) es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, candidata a Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, Magíster en Políticas Públicas y Género, y Licenciada en Ciencia Política. Investiga temas de políticas públicas y economía política, con foco en múltiples desigualdades y diversidad social.
Verónica Pérez Bentancur (Uruguay) se desempeña como profesora en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República. Es Doctora en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Sus líneas de investigación abarcan temas de partidos políticos, política y género y crimen en América Latina.
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