Por Daniela Castillo
El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP está próximo (en agosto) a cumplir ocho años y para el país ha sido uno de los hitos más importantes de su historia reciente. Es una muestra de paz, esperanza y reconciliación en medio de más de sesenta años de conflicto interno que lastimosamente, hoy en día continúa.
Cuando se firmó el Acuerdo Final de Paz (AFP) entendiendo el reto y la magnitud que significaba, se estimó en cerca de 25 años su implementación. No obstante, con todos los obstáculos y dificultades afrontados, se espera un tiempo mayor, tal vez extendiéndose en diez años más de lo previsto.
Durante el gobierno de Iván Duque el AFP no avanzó como se había previsto, incluso el mandatario pretendió cambiar el enfoque del acuerdo llamándolo “Paz con legalidad”, pero la realidad fue que durante el gobierno Duque la toma de decisiones se hizo centralizada –en Bogotá–, afectando la implementación de los programas a nivel regional, territorios más afectados. Asimismo, aceleró la aplicación del glifosato como mecanismo de control a la producción de drogas ilícitas, que como consecuencia desataron enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos. Se puede afirmar que hubo cierto avance en temas de la reincorporación y planes de desarrollo rural, pero en definitiva sus índices de implementación fueron bajos.
El siguiente gobierno, el actual, manifestó que recibió una paz sin recursos y sin rumbo. Con Petro en la Presidencia renació la ilusión de fortalecer la implementación del AFP y la idea de ser una prioridad para el gobierno. Estas suposiciones generaron una alta expectativa, que lamentablemente aún no se cumplen. Aún más, sorprendentemente el presidente Petro ha indicado que pretende demandar ante la Asamblea General de la ONU su incumplimiento del Estado colombiano, lo cual suena un tanto extraño ya que precisamente es él quien hoy representa.
En la medición del avance del AFP que hace el octavo informe del Instituto Kroc de marzo de 2024 se señala que, de las 548 disposiciones del acuerdo, solo el 32% se encuentra en estado completo, el 19% en estado inmediato, el 39% en estado mínimo y el 10% en estado no iniciado. Si bien es cierto que la implementación del acuerdo no se ha detenido, se demuestra que cada año que pasa los avances han sido escasos ya que se reflejan los altos niveles de disposiciones en estado mínimo y no iniciado. Incluso en el año 2023 se identificó que el porcentaje anual de disposiciones que iniciaron su implementación fue de 2%, que corresponde por debajo del promedio anual.
Para dar un vistazo global de implementación para diciembre de 2023, el punto 1: “Reforma rural integral” el 6% de las disposiciones no habían iniciado su implementación, el 70% se encuentran en estado mínimo, el 18% en estado intermedio y solo el 6% en estado completo. En el punto 2: “Participación política”, el 26% de las disposiciones no habían iniciado su implementación, el 43% se encuentran en estado mínimo, el 18% en estado intermedio y el 14% ya habían completado su implementación. El punto 3: “Cese al Fuego” el 9% de las disposiciones no había iniciado su implementación, el 22% se encuentra en estado mínimo, el 19% en intermedio y el 51% completado. El punto 4: “Solución al Problema de Drogas Ilícitas” el 3% de las disposiciones no había iniciado su implementación, el 45% en estado mínimo, el 29% en estado intermedio y el 23% en estado completo. El punto 5: “Víctimas”, uno de los más importantes ya que es todo lo relacionado a las víctimas, el 11% de las disposiciones no había iniciado su implementación, el 34% en estado mínimo, el 20% en estado intermedio y 34% en estado completo. Finalmente, el punto 6: “Mecanismos de implementación y verificación” el 6% de las disposiciones no había iniciado su implementación, el 21% en estado mínimo, el 14% en estado inmediato y el 58% en estado completo.
Estas cifras muestran que el desempeño de la implementación del Acuerdo está rezagado y avanza a paso lento, pero, además, con la desesperanza que en este gobierno pueda destrabar y avanzar con efectividad.
Es importante resaltar que al firmar el AFP se creó una política de Estado, esto quiere decir que todos los gobiernos deberán continuar con la implementación del acuerdo de paz, sin importar su ideología o programa de gobierno. Los datos anteriores indican que, para los últimos gobiernos, la implementación del acuerdo no ha sido una prioridad, lo cual ha generado que su cumplimiento sea lento y afecte especialmente a las víctimas del conflicto, excombatientes y futuros procesos de paz.
Paradójicamente uno de los obstáculos más visibles actualmente para el cumplimiento del acuerdo ha sido la priorización de la Paz Total, política del gobierno de Gustavo Petro. La Paz Total es la bandera más importante del actual gobierno, se supone que dentro de esta política se encuentra el fortalecimiento del cumplimiento del AFP, pero esto no ha sido una realidad. Incluso, en el año 2023 Rodrigo Londoño, líder de Comunes, dijo: “me sentía más seguro en el gobierno Duque, porque los otros grupos armados están muy envalentonados”, haciendo mención del fortalecimiento de los grupos armados en los territorios y la falta de garantías hacia los firmantes. Para el año 2023 asesinaron a 48 firmantes de paz y para lo que va del 2024 han asesinado once, esto solo ha demostrado la misma tendencia de violencia en contra de los firmantes, lo cual le quita credibilidad al intento de protección y cumplimiento a los excombatientes.
Las circunstancias de violencia a las que están expuestos los excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz se han incrementado; hasta el momento, no se observan garantías fundamentales para desarrollar de manera eficiente los procesos de reincorporación. Se requieren condiciones adecuadas de seguridad, servicios básicos y oportunidades de educación y empleo, solo de esta forma se podrán generar condiciones mínimas e íntegras para llevar a cabo un proceso de reincorporación efectivo, donde se entienda que los excombatientes son actores importantes para la construcción de paz en Colombia. Sin garantías para la reincorporación, la paz en Colombia estará cada vez más lejos.
Con la política de la Paz Total de Gustavo Petro se han abierto espacios para dialogar con diferentes grupos armados ilegales, lo cual es algo positivo. No obstante, es muy difícil intentar negociar o convencer a miembros de los grupos armados que realicen el tránsito a la legalidad si como Estado no somos capaces de cumplir lo que hace ya casi ocho años se pactó. El cumplimiento del AFP es en definitiva una de las acciones más relevantes para la dejación de armas y construcción de paz, especialmente en Colombia, donde el conflicto es tan complejo y requiere de más acciones y menos discursos.
El AFP ha sido instrumentalizado por diferentes líderes políticos, tal como por ejemplo actualmente la polémica gira en torno a una propuesta del presidente Petro quien afirma que dentro del Acuerdo se habilita la posibilidad para convocar una Asamblea Constituyente. Posición confrontada abiertamente por líderes y firmantes del Acuerdo tales como Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle y Rodrigo Londoño, quienes afirmaron que en el acuerdo no existe ningún párrafo ni línea que mencione que Colombia esté facultado a convocar una Asamblea Constituyente, considerando que la propuesta del presidente Petro es totalmente descabellada. Más que una herramienta política, el AFP debe ser una herramienta de construcción de confianza para que otros grupos tengan la credibilidad que firmar la paz sí sirve, por esto es la importancia de cumplir lo pactado y generar las garantías.
Uno de los desafíos del cumplimiento del Acuerdo es que persisten los conflictos armados en el país afectando a líderes sociales y firmantes de paz, generando violación de los derechos fundamentales de la población, demostrando la evidente incapacidad institucional para garantizar la seguridad de las personas en los territorios. Por esto, dentro de la política de Paz Total, el gobierno debería realizar acuerdos concretos, así sean regionales, dentro de los espacios de diálogo con los diversos grupos armados, enfocados en el respeto por la vida humana y medioambiental, con el fin de que los grupos demuestren en la práctica su verdadera voluntad de paz y dejación de armas.
Es importante concretar y centrar el respaldo técnico, político y financiero alrededor del cumplimiento de los seis puntos del Acuerdo, acompañado del apoyo internacional, actores relevantes para generar confianza y credibilidad en el proceso de cumplimiento. Por otro lado, con el decreto 0717 del 5 de junio de 2024 que crea el “Gabinete de Paz” para todo lo relacionado con las políticas y proyectos de paz, se debe priorizar en sus funciones la ejecución del AFP y finalmente, la Unidad de Implementación del AFP y las entidades ejecutoras, deberán impulsar una estrategia de articulación con otras políticas públicas relacionadas con el Acuerdo.
Existe un gran reto para cumplir el Acuerdo de Paz y aunque ya estamos llegando al 32% de los 25 años establecidos para su implementación, aún hay tiempo para no extenderlo tanto. La población colombiana ha llegado al punto de “normalizar” la violación de los derechos humanos; debiendo acostumbrarse a vivir entre la violencia. Pero esto no obsta para que los colombianos vean en el cumplimiento del AFP una oportunidad de construir nuevos caminos para fortalecer el verdadero Estado democrático de derecho, soporte de confianza para futuros y próximos procesos de paz. El Estado colombiano y particularmente su gobierno, debe priorizar y definir cronograma para incrementar los niveles de implementación del Acuerdo en el próximo lustro, asegurando el acompañamiento de políticas económicas, sociales y de seguridad en las regiones, enviando un mensaje contundente de que el conflicto no puede ser el camino de las reivindicaciones.
Si bien la cocción a fuego lento suele ser un método rápido y eficiente en gastronomía, no funciona necesariamente para la implementación del Acuerdo, ya que lo que se requiere es garantizar que tengamos al final un muy buen y oportuno resultado. Hay que lograr celeridad y efectividad en su ejecución.
Daniela Castillo (Colombia) es politóloga de la Universidad del Rosario, LLM en derechos humanos y justicia transicional de Ulster University y doctoranda en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Experta y asesora en temas de paz, justicia transicional y Derechos Humanos, con entendimiento único de la naturaleza y dinámica de los conflictos que afectan a Colombia y con experiencia en sector público y privado para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y diálogos de paz con grupos armados ilegales.
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