Por Valeria Bonomi y Federico Musto
Este artículo resume los cinco años de gestión del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, estructurado en tres secciones: la campaña, la gestión y la salida. Si bien la sección central es la más extensa y algunos asuntos fueron dejados de lado, tanto el periodo de campaña electoral como la finalización de la gestión, una vez celebradas las elecciones de octubre, y el período de transición, son claros momentos para caracterizar en particular el liderazgo del exmandatario durante estos años.
El 1 de marzo Uruguay asistió nuevamente a un cambio de gobierno, dejando atrás un breve ciclo de cambio con un tinte conservador. En 2019, Lacalle Pou, liderando la Coalición Multicolor, ganó las elecciones nacionales poniendo fin a quince años ininterrumpidos de gobiernos del Frente Amplio. En este periodo, que va de marzo de 2020 hasta marzo 2025, Uruguay fue testigo de una forma particular de gobernar con un fuerte enfoque en la comunicación, impulsado en buena medida por la pandemia de la COVID-19 pero también como seña distintiva del presidente, atravesado por escándalos de corrupción, altos niveles de rotación a nivel del gabinete, metas propuestas en campaña que no lograron alcanzarse junto con un fuerte liderazgo que se mostró muy poco afectado por los problemas propios de la gestión.
La campaña
En 2018 Lacalle Pou inició su segunda precandidatura a presidente, tras la derrota que sufrió en balotaje ante Tabaré Vázquez en noviembre de 2014. De aquella sorpresa, como desafiante al Frente Amplio, pasó a ser el favorito, no solo del Partido Nacional sino para efectivamente lograr el cambio de gobierno.
El eslogan “Por la positiva” del 2014 se transformó tanto en “Es Ahora”, “Estamos preparados” y “Un Gobierno para Evolucionar”[1]. Una vez ungido como candidato del PN se sumó el “Lo que nos une”. Esto respondía a generar una narrativa de coalición que diera sustento a la estrategia que se venía adoptando desde la oposición: unidos por el cambio y contra el Frente Amplio.
A la vez que se construía la candidatura de Lacalle Pou, también se apostaba a generar el espacio de acuerdo, concordia y propuesta a lo largo de la campaña. Esa construcción interpartidaria facilitó la unión en la segunda vuelta, tanto en el respaldo conjunto a Lacalle Pou como el acuerdo programático, denominado Compromiso por el País. Esa construcción permitió, luego, desempeñarse en el gobierno. Aunque hubo algunas diferencias, la coalición se mantuvo, no solo durante todo el período, sino en la campaña para el balotaje de 2024 y con la promesa de mantenerse como coalición opositora 2025-2030.
La gestión
La Coalición Multicolor arribó al gobierno con el respaldo popular (obteniendo cerca de un 57% de los votos considerando de manera agregada a todos los partidos firmantes del Compromiso por el País), una mayoría legislativa que le permitía pasar las leyes necesarias (56 de 99 diputados y 17 de 31 senadores) y un horizonte de cambios tanto discursivo como plasmado en el documento. Esta situación permite, pasados los cinco años de gobierno, evaluar la gestión entre las promesas iniciales, las eventualidades emergentes y las acciones concretas.
El impulso inicial de transformación tuvo su freno inmediato tras el advenimiento de la pandemia por la COVID-19 a doce días de tomar el poder. De todas formas, y en paralelo a la gestión sanitaria, luego del impasse necesario, se comenzó a implementar parte de la agenda de gobierno, especialmente con la discusión y posterior sanción de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Otro freno a aquel impulso también fue la iniciativa de un mecanismo de democracia directa contra la LUC, que terminó en el referéndum de 27 de marzo de 2022. El gobierno y sus legisladores tuvieron que ponerse en campaña para defender los 135 artículos que se buscaban derogar.
La gestión de la pandemia estuvo determinada por una política de comunicación muy fuerte, de conferencias de prensa constantes (donde Lacalle Pou estuvo siempre presente acompañado de ministros y de científicos nucleado en el GACH[2]), una buena estrategia de vacunación y una fuerte estructura de protección social heredada (en lo que respecta a acceso a la salud, el esquema de protección social y de penetración en el territorio). A su vez, vale destacar, que no se llegó a una situación de restricción total de circulación o de aislamiento social, sino que se apeló a la “libertad responsable”, en concordancia con el discurso liberal del gobierno.
Más allá de los principales hitos iniciales, la pandemia y la LUC, el gobierno se enfocó en varios aspectos que, ayudados por el buen funcionamiento de la coalición a nivel parlamentario, pudo transformar en políticas concretas. Si bien, como se mencionó en la campaña electoral, no se buscaba tener una actitud refundacional[3] hubo varios temas en agenda donde se buscó legislar e incidir políticamente.
Como aspectos centrales se buscó cambiar la perspectiva en el combate a la inseguridad, con aumento de penas –se observó un aumento de procesamientos por tenencia menor de estupefacientes, ampliación de la autoridad discrecional de la policía y algunas estrategias de prevención (Fynn, et al, 2024)–. Las políticas no dieron los resultados esperados, la inseguridad se constituyó como un problema estructural con cifras de delitos y estadísticas oficiales cuestionadas, en particular los datos de denuncias y de homicidios[4].
A su vez, se tramitaron reformas a nivel educativo y de seguridad social que generaron discrepancias a nivel ciudadano. Al respecto de la reforma educativa, no hubo inclusión de los docentes en el debate lo cual generó tensiones con las autoridades de ANEP, y la reforma de la seguridad social aprobada fue plebiscitada en las elecciones nacionales, consiguiendo más de un 30% de adhesiones a su derogación, por lo tanto, el gobierno entrante tiene entre sus propuestas generar un nuevo diálogo social sobre este tema.
Para evaluar la gestión de un gobierno la política económica es fundamental dado que tiene un impacto directo en el bienestar colectivo e individual. El voto económico es una dimensión importante para explicar los resultados electorales. En resumidas cuentas, la administración de Lacalle Pou deja el gobierno con un déficit fiscal parecido al heredado, siendo una de las narrativas más fuertes en la campaña de 2019. El vínculo entre el dólar controlado y la baja inflación ha sido comentado durante los últimos años, incluso con voces que alertaban de un marcado atraso cambiario. El poder adquisitivo de la población se vio afectado en los primeros años de gobierno de Lacalle Pou, se puede constatar una pérdida constante del salario real, por lo menos hasta mediados de 2023 donde se llegó a niveles de principio de 2020. Esta situación se dio en contexto de alza en los guarismos de ocupación, y de baja en la desocupación, pero con grandes contingentes de trabajadores con salarios sumergidos.
Otro aspecto central para analizar es el funcionamiento de la Coalición Republicana que a nivel legislativo funcionó, en términos generales, de manera sólida. Se puede destacar momentos tensos, particularmente con Cabildo Abierto. Este socio coalicionista promovió proyectos que no encontraron coincidencias en el resto de los partidos, pero sí, en algunos casos, en el Frente Amplio. Las leyes fueron aprobadas por el Parlamento, pero luego vetadas por el presidente. Por ejemplo, la ley forestal, un artículo de la ley de medios, tres artículos de la Rendición de Cuentas 2023 (donde se proponía la inhibición a fiscales de ejercer como abogados) o garantizar la indemnización a los extrabajadores de Casa de Galicia. De cara al próximo período de gobierno es importante tener en cuenta si la identidad partidaria de cada integrante de la coalición logra sobreponerse a la voluntad coalicionista de algunos líderes.
La gestión de Lacalle Pou se vio marcada por varios escándalos de corrupción en el círculo cercano al presidente, lo que explica en buena medida la alta rotación de figuras a nivel ministerial. Entre ellos se puede mencionar rápidamente la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, detenido en Dubai precisamente por haber llegado a Emiratos Árabes con un pasaporte falso. El escándalo generado a partir de la emisión del pasaporte “exprés” según algunos legisladores supuso la renuncia o remoción de varias figuras vinculadas a la cartera de seguridad como el ministro del Interior Luis Alberto Heber y el subsecretario Guillermo Maciel, o bien en la Cancillería como Francisco Bustillo y Carolina Ache (ministro de Relaciones Exteriores y subsecretaria de la cartera).
Otro evento con graves repercusiones a nivel de gobierno fue el caso Astesiano que tiene aún varias derivaciones con hechos de corrupción a distintos niveles de gobierno, a saber: Alejandro Astesiano, jefe de la seguridad presidencial fue detenido en setiembre de 2022 en el marco de una investigación sobre la emisión de pasaportes uruguayos falsos a ciudadanos rusos. Quien inicialmente fuera definido como un “funcionario intachable” por el presidente de la República, estuvo involucrado en una trama de corrupción con múltiples aristas que involucró a altos mandos del gobierno y funcionarios cercanos a Luis Lacalle Pou, que implican desde el uso de inteligencia del Estado para fines extorsivos o bien personales, la intermediación entre empresarios y oficinas del Estado para facilitar compras públicas, los negocios vinculados a la emisión de pasaportes apócrifos, etc. (Silva, 2024).
Si bien estos son los dos hechos de corrupción que parecen haber afectado en mayor medida la gestión, no fueron los únicos, otros temas que marcaron a este gobierno fueron la concesión del Puerto de Montevideo hasta el año 2081 a la empresa belga Katoen Natie calificada de ilegal y arbitraria por la oposición; la renuncia del ministro de Turismo, Germán Cardoso tras una serie de compras directas a una empresa de publicidad, Kirma Services, que saltaron los procedimientos de compra correspondientes[5]. A la entonces ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Cabildo Abierto, Irene Moreira, le fue solicitado dejar el cargo luego de que adjudicara una vivienda de forma directa a una militante de su partido, lo que generó una crisis en el seno de la Coalición Multicolor, dado que este caso puso en duda la permanencia de Cabildo. Las acusaciones de explotación sexual de menores a uno de los principales senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés, hoy en prisión preventiva; así como las designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande que terminaron en la renuncia de Carlos Albisu como su presidente son otros de los escándalos que opacaron la gestión.
“Durante las administraciones anteriores, los cambios derivados de los escándalos políticos fueron marginales (Chasquetti, Buquet y Cardarello 2013, 38). Los escándalos políticos durante el gobierno de Lacalle Pou socavaron la ventaja de la política no política del gobierno como recurso diferencial de la administración; fueron muy prominentes en el ciclo de noticias e impactaron en la opinión pública de manera negativa” (Fynn, et al 2024:458, traducción propia).
La salida
Hay dos aspectos a considerar sobre el fin de la gestión de Lacalle Pou. En primer lugar, la buena evaluación que tuvo a lo largo de su gestión independientemente de la buena o mala evaluación de su equipo al frente del Poder Ejecutivo, los diferentes escándalos de corrupción brevemente abordados en este artículo, así como el aumento de la pobreza, inseguridad, entre otros.
La evaluación del presidente a lo largo de los cinco años de su gobierno, por una parte, muestra cómo logró desacoplarse en buena medida de los problemas de su gestión. El momento de mayor afectación fue a finales de 2022, cuando el jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, fue detenido. Asimismo, vale mencionar que esta valoración favorable no se trasladó ni a su equipo de gobierno ni tampoco en las elecciones de 2024 a su delfín, Álvaro Delgado. El fuerte personalismo y la gestión marcadamente presidencialista no logra una transmisión o “efecto contagio” a su entorno.
El otro asunto es que, luego de haber participado activamente de la campaña electoral, y por lo tanto alcanzar una banca en el senado, ya que lideró dos se los sectores más importantes del PN, Lacalle Pou anunció tanto su renuncia como senador, como su incorporación al Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), una vez finalizado su mandato como presidente. ¿Qué implicancias podría tener esta decisión? Estas usinas de pensamiento mejor conocidas como think tanks desempeñan un papel fundamental en la producción y difusión de ideas, en este caso favorables al libre mercado, desregulación, disminución del rol del Estado; conectando de algún modo la academia con la política. La unión de Lacalle Pou a un espacio como el CED además de reforzar al propio centro, implica también el mantenimiento del espacio de influencia para el expresidente, pero evitando la rendición de cuentas propia de la actividad legislativa. Por otra parte, los think tanks son espacios de articulación y coordinación con otros espacios de generación de pensamiento, por lo tanto, se trata de una oportunidad para ampliar sus redes de influencia, coordinar a nivel global y al mismo tiempo articular con el sector privado. No se trata en absoluto de una decisión inocua, sino por el contrario, puede ser interpretada como una estrategia de ejercicio de oposición con una mirada de largo plazo de cara a las elecciones de 2029 en Uruguay.
La ¿inexorable? tensión entre libertad e igualdad
Tanto en Ciencia Política como en Economía está presente el trade off entre la libertad y la igualdad. De manera simple, se puede entender que, si se prioriza la libertad económica, dejando una mínima intervención estatal, es posible que aumente la desigualdad. En el otro extremo, apostar por mayor igualdad, puede significar un avance sobre la libertad, a través de aumento de impuestos, regulaciones.
Para finalizar, a casi 24 horas de terminar su período el gobierno de Lacalle Pou distribuyó un informe donde evaluaba sus cinco años de gestión con un título sugerente: “Uruguay más libre”. Sostiene que la libertad fue el punto de partida del gobierno de coalición, fue el concepto que guio la respuesta a la pandemia con la libertad responsable, para gestionar la educación, la seguridad y las relaciones laborales. Mientras el salario real no creció durante tres años, el índice de Gini aumentó, particularmente en los sectores más vulnerables, y el aumento de la pobreza infantil. Por lo tanto, si bien la igualdad nunca fue puesta como prioridad del gobierno saliente no es posible hablar de mejoras en este sentido.
También, considerando la cuestión de la libertad que sí se ha puesto como prioritaria, hay de fondo una definición filosófica o ideológica de la libertad en los términos propuestos desde el gobierno: la noción de libertad promovida desde la derecha suele centrarse en la libertad individual. Sin embargo, esta visión deja de lado que la libertad no es solo la posibilidad de actuar sin restricciones, sino también la capacidad real de ejercer derechos y oportunidades en igualdad de condiciones.
Bibliografía consultada
Bucheli, B.; Garcé, A. (2021). Blancos. Presentación del volumen. en J. Rilla, J. Yaffé (Dir.) Partidos y movimientos políticos en Uruguay. Historia y Presente. Blancos (pp. 41 – 44). Crítica.
Caetano, G. (2021). El liberalismo conservador. Ediciones de la Banda Oriental
Cardozo, L. (2024). El país de la bisectriz. Polarización amable, la excepcionalidad uruguaya. Pescado Rabioso.
Chasquetti, D.; Garcé, A. (2021). El PN en la democracia restaurada (1985-2019) en J. Rilla, J. Yaffé (Dir.) Partidos y movimientos políticos en Uruguay. Historia y Presente. Blancos (pp. 105 -117). Crítica.
Fynn, I., Pérez Bentancur, V., Tiscornia, L. (2024). Uruguay 2023: la seguridad como un desafío persistente y el declive del Non-policy Politics como un activo político. Revista de Ciencia Política, 44 (2), pp. 443-462
Leonis, E. (2020). Luis Lacalle Pou presidente. Planeta.
Silva, L. (2024) El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva. Sudamericana.
Supervielle, D. (2015). La positiva. Los secretos de campaña de Lacalle Pou. Aguilar.
Supervielle, D. (2022). La Libertad Responsable. La pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou y el futuro de Uruguay. Fundación Konrad Adenauer.
Valeria Bonomi (Uruguay). Es politóloga, diplomada en Comunicación Política por la Universidad Claeh. Analista de social listening con foco en campañas electorales. X: @bonomi_vale
Federico Musto (Uruguay). Es politólogo, docente e investigador de la Universidad de la República. X: @_crococroco
[1]El asesor Roberto Lafluf sostenía que “A ‘la positiva’ la queremos mucho, pero es parte del pasado. Vamos a mirar para adelante, no queremos ningún contacto con la campaña anterior (…) lo único que vamos a mantener es el logo, pero con algunos cambios en la estética. Nuestro nuevo eje es otro. […] Leímos el estado de ánimo de los uruguayos y está claro que quieren un cambio de rumbo. De todos modos, no nos parece usar la palabra cambio sino evolución” (Leonis, 2020:220)
[2] Grupo Asesor Científico Honorario encabezado por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, encargado de brindar información científica actualizada sobre el por entonces desconocido virus.
‹https://www.gub.uy/presidencia/gach›
[3] Durante la transición en 2019 Lacalle Pou señaló: “Uruguay es una gran nación construida por mucha gente a lo largo de su historia y nosotros no tenemos complejos refundacionales, lo que está bien hecho lo vamos a mantener, lo que está mal hecho lo vamos a cambiar”. El Observador (2 de dic. 2019) «Lacalle Pou: “no tenemos complejos refundacionales”». Recurso en línea. Recuperado de: ‹https://www.telenoche.com.uy/nacionales/lacalle-pou-no-tenemos-complejos-refundacionales›.
[4] El Observador (18 feb. 2025) «Más de la mitad de los uruguayos ven un aumento de la delincuencia, según encuesta de Interior: dos de cada diez sufrieron un delito en el último año”». Recurso en línea. Recuperado de: ‹https://www.elobservador.com.uy/nacional/mas-la-mitad-los-uruguayos-ven-un-aumento-la-delincuencia-segun-encuesta-interior-dos-cada-diez-sufrieron-un-delito-el-ultimo-ano-n5985607›
[5] Hubo una investigación en fiscalía por este caso, y si bien se entendió que hubo irregularidades administrativas, en diciembre de 2022 la causa fue archivada. El Observador (5 dic. 2022) «Fiscalía archivó la denuncia contra exministro Cardoso pero mantiene la causa Kirma». Recurso en línea. Recuperado de: ‹https://www.elobservador.com.uy/nota/fiscalia-archivo-la-denuncia-contra-exministro-cardoso-pero-mantiene-la-causa-kirma-2022125123431›.
