Por Sebastián Hernández Matute
En este artículo se realiza una breve narración del primer año del gobierno de Bernardo Arévalo en la presidencia de Guatemala, sus principales retos, aciertos y desaciertos. Se explora de forma sucinta la difícil puesta en marcha de un gobierno que aspira a ser reformista, en un país complejo que se resiste a cambiar y con una población que exige resultados tangibles e inmediatos. Se enlistan algunos de los hitos positivos y negativos del 2024 y se concluye con un llamado de atención para que el gobierno encause sus fuerzas en las batallas populares, las de la gente más necesitada.
El gobierno de Bernardo Arévalo asumió el poder tras una larga y convulsa transición. Entre amenazas de muerte al presidente electo, acciones intimidatorias del Ministerio Público que buscaban entorpecer la transición poniendo en duda los resultados de la elección y una ciudadanía que salió a las calles en defensa de los resultados electorales y la transición democrática del poder, llegó el 14 de enero de 2024, una tarde que se convirtió en noche y una noche que se convirtió en madrugada. Al filo de las 12, Bernardo Arévalo era juramentado como presidente de la República.
En las calles del país la gente se había congregado para celebrar el inicio de un nuevo gobierno, un gobierno de esperanza, de una prometida nueva primavera.
Arévalo inició con el gran reto de cumplir con las altas expectativas de la población guatemalteca. El nuevo gobierno llegaba para romper –como lo había prometido en campaña– con las dinámicas de corrupción e incapacidad arraigadas en las instituciones públicas y sus funcionarios. También, para acabar con la ausencia histórica del Estado y poner en marcha un proyecto transformador que cambiara positivamente la realidad de las mayorías históricamente excluidas, abordando temas como la desnutrición y la pobreza, la falta de acceso a la educación, la pobre infraestructura hospitalaria, el abandono de la red vial y la inseguridad en las calles del país. Todo esto frente a una sociedad impaciente, esperando cambios inmediatos y visibles, razonablemente harta de excusas y desconfiada de sus gobernantes.
La piedra en el zapato
Los primeros días de la administración abrían una ventana de oportunidad para tomar decisiones trascendentales que marcaran la línea de la política de gobierno. Entre ellas, la relación con la Fiscal General, Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, quien abiertamente posicionó a la institución como la antagonista principal de la gestión del presidente y su figura, como la de la guardiana de la continuidad del sistema corrupto enquistado en el Estado guatemalteco.
Había quienes veían que el respaldo popular del que gozaba el presidente era suficiente para dar un golpe contundente en la mesa y destituir a la Fiscal General, como establece la Constitución política de Guatemala. Sin embargo, el análisis del presidente y su equipo de asesores jurídicos fue otro. El temor por el posicionamiento de la Corte de Constitucionalidad, que protege a Porras, y que tiene el poder para interpretar a su antojo la constitución, llevó a Arévalo a tomar decisiones a medias, sin claridad ni estrategia. En cada acción poco calculada, poco decidida, relacionada con la Fiscal General, la figura presidencial salió debilitada.
Esto, no pasó desapercibido por los adversarios políticos, quienes celebraban la debilidad de las acciones del mandatario. Pero tampoco por los simpatizantes del gobierno, quienes, frustrados, veían una oportunidad perdida para, por fin, acabar con la principal figura de la corrupción que tanto se prometió erradicar.
La doctrina Arévalo
Es probable que, la discusión sobre la Fiscal General, sea una discusión de élites politizadas. Para el grueso de la población los problemas son otros: conseguir cómo alimentar a sus familias, la violencia, no poder acceder a servicios de calidad o que no existan carreteras para conectar sus comunidades.
Sin embargo, la actitud con la Fiscal, parece repetirse en cuanto a decisiones para la implementación de políticas de gobierno. El equipo presidencial ha tenido que recular en varias de sus decisiones al no planificarlas o tomar las acciones necesarias con la determinación suficiente para asegurar su éxito.
El primer año de gobierno tuvo sus luces y sombras en cuanto a la implementación de políticas que abordaran estas problemáticas.
Entre las luces, un mecanismo para mejorar la infraestructura escolar mediante el remozamiento de más de 10 mil escuelas públicas. Esto a través de un desembolso a las asociaciones de padres de familia, quienes, según las necesidades y prioridades de las escuelas de sus hijos, ejecutaron los recursos. Así se repararon techos, se pintaron paredes, se construyeron baños o compraron pupitres para miles de niños y niñas a nivel nacional. Una primera medida para responder al abandono de las escuelas del país.
En materia de seguridad, el gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, apostó por la profesionalización y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. En 2024 se graduaron más de 3 mil nuevos agentes de policía. También, se inició con la renovación del Sistema Penitenciario, tomando el control de uno de los centros carcelarios más peligrosos del país, el cual fue remodelado en su totalidad y convertido en un centro de máxima seguridad en donde se trasladó a privados de libertad de alta peligrosidad relacionados a las extorsiones. El 2024 cerró con la tasa de homicidios más baja de los últimos diez años (a excepción de 2020, año de pandemia).
En materia social, el gobierno puso en marcha la iniciativa “mano a mano”, un programa de mejora integral de hogares, en donde múltiples instituciones de gobierno intervienen para mejorar las condiciones de la vivienda en comunidades priorizadas. A través de este programa se logró declarar el primer municipio libre de pisos de tierra, un hito importante en la lucha contra la desnutrición. También hubo avances en la cobertura de la red eléctrica en departamentos del país en donde no había acceso a la red nacional.
Si bien el gobierno del presidente Arévalo tuvo avances importantes, existe una percepción generalizada de lentitud y parsimonia, marcada por la dificultad de resolver temas puntuales como las mejoras en el Aeropuerto La Aurora, el hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista a Palín-Escuintla, la construcción de nuevas rutas y el mantenimiento a la red vial que por temas administrativos y burocráticos no avanzaron. También es un factor importante mencionar que existe una gran cantidad de obras de infraestructura que están paralizadas desde el gobierno anterior por casos de corrupción; sin embargo, la nueva administración se ha esforzado por desjudicializarlas y así poder culminarlas.
Si sumamos a esto la constante comparación con el país vecino, El Salvador, vemos que el gobierno de Arévalo enfrenta una fuerte presión por ofrecer resultados rápidos, tangibles y populistas. Algo en lo cual no ha sido bueno.
La gestión presidencial se ha visto afectada también por su relación con el Congreso de la República. La aprobación del presupuesto para el 2025 estuvo señalada por el favorecimiento a los diputados a través de asignaciones presupuestarias para obras, una práctica asociada a los gobiernos anteriores. Si bien, se articuló una alianza inicial alrededor de temas muy puntuales, ni el gobierno, ni la bancada oficial fueron capaces de mantenerla.
Una de las críticas más constantes, ha sido la poca capacidad de comunicar. El gobierno de Arévalo no encontró durante su primer año, una forma atractiva y consistente de hacer llegar su mensaje a la población. Esto abrió la puerta para que las narrativas de los sectores opositores ganaran tracción, mientras el aparato de gobierno no fue capaz de combatir la desinformación que, a través de noticias falsas, narrativas tendenciosas y bots de internet fue eficientemente esparcida por quienes se oponen a la gestión.
Esto ha sido problemático también para difundir los éxitos del gobierno. Tras un año, es aún difícil identificar con claridad las políticas estrella del gobierno de Arévalo, sus objetivos concretos y cuál será su legado.
El 2024 fue un costoso año de aprendizaje para el gobierno. La figura presidencial se encuentra desgastada. Sin embrago, la esperanza no ha muerto. Arévalo tiene aún la posibilidad de responder a la población que clama por cambios. Es necesario pensar y trabajar en lo popular, trabajar por aquello que la gente de a pie va a recordar como un legado que hizo su vida cotidiana un poco más fácil, un poco menos sufrida. La gente necesita alegría, volver a emocionarse y pensar que la costosa llegada de Arévalo al poder no fue una oportunidad perdida.
Sebastián Hernández Matute (Guatemala) es un politólogo de 26 años, apasionado por la política y la música. Instagram: @sebastianmatez X: @sebastianmatez
