Por Felipe Rodriguez Fonseca
Dos años después de asumir la Presidencia, Gustavo Petro se enfrenta a un panorama de desafíos considerables. Su gobierno, el primero de izquierda en Colombia, ha mostrado tanto aciertos como desaciertos en áreas clave como la paz, la seguridad y la economía. La ambiciosa agenda del mandatario ha estado marcada por logros significativos, pero también por grandes escándalos de corrupción, la fragmentación de sus políticas y dificultades para consolidar sus propuestas.
Lo bueno: los avances en la agenda de cambio
Uno de los principales aciertos del gobierno de Petro ha sido la implementación de la política de “Paz Total”, orientada a reducir la violencia mediante el diálogo con diversos actores armados, entre ellos el ELN, disidencias de las FARC y grupos ilegales como las Autodefensas Gaitanistas. Este enfoque ha permitido abrir mesas de negociación y lanzar iniciativas en regiones clave como Nariño, Cauca y Catatumbo, donde se han combinado esfuerzos de inversión social con operaciones militares para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. No obstante, la implementación de estas medidas aún presenta vacíos en términos de claridad y efectividad.
Por otro lado, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural representa un avance notable en el gobierno de Petro, ya que busca enfrentar los históricos conflictos por la tierra, una de las principales fuentes de violencia en Colombia. Este nuevo mecanismo especializado pretende ofrecer a campesinos y comunidades rurales un acceso más ágil y efectivo a la justicia, facilitando la formalización de la propiedad y la resolución de disputas agrarias. Sin embargo, como advierte Verdad Abierta, aunque la creación de esta jurisdicción es un paso significativo, su funcionamiento pleno depende de la aprobación de la ley de procedimiento. Sin esta ley orgánica, la jurisdicción no puede operar, lo que limita su impacto hasta el momento.
Con relación al cuidado del medio ambiente, un avance destacado en la agenda del gobierno de Petro ha sido la reducción significativa de la deforestación en la Amazonía, alcanzando una disminución del 54%, la más baja en 23 años, según datos oficiales del Ministerio de Ambiente. A esto se suma la reciente decisión de la Corte Constitucional que ratificó la exequibilidad del Acuerdo de Escazú, un paso crucial para la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Colombia. Este acuerdo fortalece la gobernanza ambiental, garantiza el acceso a la información, promueve la participación pública y facilita el acceso a la justicia en temas ambientales, además de ofrecer protección a los defensores del medio ambiente, cuya labor es extremadamente peligrosa en el país. En 2023, Global Witness reportó 79 asesinatos de defensores ambientales en Colombia, lo que representa el 40% de estos crímenes a nivel mundial, posicionando al país como el primero en Latinoamérica. La aprobación de este acuerdo es un logro clave del gobierno de Petro, que ha priorizado la agenda ambiental como uno de los pilares de su gestión, alineada con su visión de una transición hacia un modelo económico más sostenible y equitativo, y refuerza su compromiso con la justicia social y ambiental.
Finalmente, en el ámbito económico, el gobierno de Petro logró en 2022 la aprobación de una reforma tributaria centrada en impuestos progresivos que, según el Ministerio de Hacienda, logró reducir el déficit fiscal de 20 a 9 billones de pesos en 2024. Esto ha permitido financiar programas sociales y estabilizar las finanzas públicas. Asimismo, la reforma pensional aprobada en 2024, aunque aún está sujeta a revisión por la Corte Constitucional, representa otro avance significativo. Esta reforma aborda los retos futuros derivados del envejecimiento de la población colombiana, creando un sistema de protección para los sectores más vulnerables y garantizando una renta básica para millones de adultos mayores con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Lo malo: corrupción, fragmentación y crisis en la “Paz Total”
A pesar de los avances mencionados, la implementación de la “Paz Total” ha sido problemática y ha enfrentado numerosas crisis. La mesa de negociación con el ELN ha sido suspendida en varias ocasiones, y los diálogos con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC (EMC) se fracturaron, lo que ha resultado en una fragmentación de la estrategia. De acuerdo con el informe del segundo año del gobierno Petro de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), este estancamiento ha generado una “paz fragmentada” en lugar de una verdadera “Paz Total”. Sumado a esto, a pesar de los intentos por negociar con el Clan del Golfo, el gobierno no ha logrado avances significativos en esta mesa, lo que refleja las dificultades para articular un diálogo efectivo con los grupos armados.
El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo de paz con las FARC en 2016, ha señalado que el deterioro de la seguridad nacional y el fortalecimiento de las disidencias empeoraron bajo el gobierno de Iván Duque cuando la implementación del acuerdo de paz se estancó. Sin embargo, Santos también ha sido crítico del gobierno de Petro, subrayando que otorgar estatus político a las disidencias de las FARC es un error estratégico que ha contribuido a su fortalecimiento.
En cuanto a la política exterior, la postura de Gustavo Petro sobre la crisis en Venezuela ha sido prudente, promoviendo el diálogo para una solución pacífica sin adoptar una actitud confrontacional hacia el régimen de Maduro. Sin embargo, esta neutralidad ha sido vista como pasividad frente a las violaciones de derechos humanos, debilitando la imagen de Colombia en el escenario internacional y generando críticas a nivel nacional. En Colombia, esto se percibe como un desbalance en su política exterior, priorizando relaciones diplomáticas sobre la defensa de los derechos humanos, lo que afecta su credibilidad.
Además de esto, el gobierno de Gustavo Petro ha estado envuelto en graves problemas de corrupción que han erosionado la confianza pública. Uno de los principales escándalos involucra a su hijo, Nicolás Petro, quien está siendo investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras recibir dinero ilegal para presuntamente financiar la campaña presidencial de su padre. Otro caso destacado es el de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, quien fue jefa de gabinete del presidente y quien actualmente dirige el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Meza denunció que, tras ser acusada de robar dinero en efectivo de la casa de Sarabia, fue sometida a una prueba de polígrafo de manera irregular. Esta situación destapó una red de interceptaciones telefónicas ilegales, que involucró tanto a Sarabia como a Armando Benedetti, hoy embajador de Colombia ante la FAO, y también señalado por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sumado a estos casos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga al equipo del presidente de haber excedido los límites de financiación establecidos para las elecciones, lo que ha intensificado las críticas sobre la legalidad de la campaña y ha debilitado aún más la imagen de su administración.
Por otro lado, y como uno de los mayores escándalos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se vio envuelta en un escándalo de corrupción, con acusaciones sobre el desvío de fondos destinados a la gestión de desastres naturales, que habrían sido utilizados para enriquecimiento propio de las partes involucradas y para sobornar a congresistas y facilitar la aprobación de reformas del gobierno. Actualmente, está bajo investigación si ese esquema de corrupción también se utilizó para obtener apoyos a la reforma a la salud, una de las reformas clave del gobierno de Gustavo Petro, que finalmente se hundió en el Congreso tras enfrentar una fuerte oposición.
Adicionalmente, a lo largo de su mandato, Gustavo Petro ha mantenido una relación tensa con los medios, especialmente a través de la plataforma X. Estas disputas han generado rechazo en los ámbitos político y periodístico, y han sido motivo de preocupación para organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Un episodio controversial ocurrió cuando Petro llamó a algunas periodistas “muñecas de la mafia”, lo que provocó fuertes críticas por considerarse una estigmatización contra la prensa. La periodista Jineth Bedoya expresó públicamente su preocupación, señalando el peligro que representa este tipo de discurso para las periodistas en Colombia.
De acuerdo con las encuestadoras Emporia e Invamer, la desaprobación del presidente Gustavo Petro ha mantenido una tendencia sostenida, alcanzando el 64% en las últimas mediciones entre agosto y septiembre de 2024. Este nivel de desaprobación refleja el desgaste de su administración, enfrentando desafíos significativos en áreas clave como la seguridad, la lucha contra la corrupción, y la confianza institucional.
Esta serie de escándalos y tropiezos ha minado considerablemente el poder del gobierno de Gustavo Petro en el legislativo, debilitando su capacidad para avanzar con las reformas estructurales propuestas en campaña. La pérdida de apoyo clave de algunos miembros de los partidos de centro ha inclinado la balanza en su contra, dificultando la creación de consensos necesarios para la aprobación de reformas –como el caso de la reforma a la salud–. Sin un proceso efectivo de concertación política, el gobierno enfrenta el riesgo de que las demás reformas y propuestas de gobierno se hundan en el Congreso, lo que agravaría aún más su crisis de gobernabilidad.
Los retos: el camino por recorrer
De cara a los dos años restantes, el gobierno de Gustavo Petro tiene ante sí una serie de retos cruciales. En primer lugar, es imprescindible que logre articular de manera coherente sus políticas de paz, seguridad y desarrollo territorial, pues la fragmentación actual ha mostrado ser un obstáculo significativo para avanzar en la transformación del país. El gobierno debe enfocar sus esfuerzos en crear una estrategia clara y coherente que permita avanzar de manera efectiva en los diálogos de paz sin descuidar la protección de las comunidades, ya que en lo que va corrido del año se han registrado 47 masacres en Colombia. Además, Petro deberá negociar con límites claros y con un marco jurídico sólido que establezca los parámetros de las conversaciones con los grupos armados. El tiempo para implementar estas reformas es limitado, y será crucial evitar la prolongación de procesos sin resultados concretos.
Se vienen dos años complejos en los que el gobierno busca lograr la reforma a la salud, la reforma laboral, la consolidación de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como una nueva reforma tributaria. Estas reformas son fundamentales para el proyecto político de Petro, pero corren el riesgo de hundirse si no se realiza un proceso efectivo de concertación con diversos sectores. La capacidad de diálogo y de construcción de consensos será clave para evitar que se repita el fracaso de otras iniciativas del gobierno en el Congreso, como ocurrió con la reforma a la salud en su versión anterior.
En los dos años restantes del gobierno de Gustavo Petro, no solo está en juego la legitimidad política de su administración con respecto a las promesas de campaña, sino también el futuro de la izquierda en el poder en Colombia. El éxito o fracaso de su gestión será determinante para definir si la izquierda puede continuar en el gobierno o si las élites tradicionales recuperarán el control político. Si Petro no logra cumplir sus promesas y construir consensos con otros sectores políticos, facilitará el regreso de estas élites, a menudo contrarias a las reformas sociales y estructurales clave para la paz y el desarrollo del país.
Felipe Rodriguez Fonseca (Colombia) es politólogo con maestría en Ciencia Política y especialización en Trabajo en Desarrollo Comunitario con más de diez años de experiencia en investigación, análisis de políticas públicas y defensa de comunidades vulnerables en Colombia y Canadá. Ha trabajado en organismos como la Comisión de la Verdad de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
LinkedIn: Felipe Rodriguez Fonseca
