Por Fabiana Barrios, Linng Cardozo y Noelia Ojeda Rodríguez
El fortalecimiento de las leyes en materia electoral, así como su aplicación son esenciales para mejorar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones que integran el Estado
El panorama del narcotráfico en la región “tiene múltiples implicaciones políticas e institucionales que nos obligan a pensar cómo funcionan el juego político y la democracia”. Juan Pablo Luna, investigador uruguayo.
1. El lejano encanto de la democracia
En el informe de Latinobarómetro –titulado La recesión democrática en América Latina– se señala que esta situación “se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, la preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos. La democracia en varios países se encuentra en estado crítico, mientras otros ya no tienen democracia”.
Otro elemento del diagnóstico que refuerza la situación en la región radica en la falta de confianza por parte de la ciudadanía en los sectores centrales de las democracias.
Así, los datos de Latinobarómetro informan que los actores o instituciones en los que más se confía son: la Iglesia con 61% de confianza, seguida por las Fuerzas Armadas con el 44% y la Policía con 36%.
La confianza en las instituciones sobre las que se define un régimen democrático y sobre las que se asienta el funcionamiento de las mismas se encuentran al final de la lista: el gobierno con 27%, el Poder Judicial con 25%, el Parlamento con 20% y los partidos políticos con 13%.
Uruguay no escapa al escenario regional, solo el 33% sostiene confiar en los partidos políticos, mientras el 65% sostiene confiar en la policía, y un 59% en las Fuerzas Armadas. Queda en evidencia que los partidos políticos (expresados en el Poder Ejecutivo y Parlamentos o Congresos) tienen un inquietante deterioro en las distintas sociedades.
El tono del debate público y la fragmentación política van construyendo un aroma o clima que intoxica las relaciones en la sociedad. Se suma al cuadro inquietante de los partidos políticos la percepción negativa sobre la Justicia. Por tanto, los tres pilares de esta democracia representativa están en jaque y con poca credibilidad, generando una crisis de confianza extendida y sostenida en el tiempo.
2. Marset tiene la palabra
El panorama antes descrito se suma a la ausencia de legislaciones que transparenten el financiamiento privado de los partidos. Hay legislaciones y controles débiles. Esto no hace otra cosa que aumentar la desconfianza en los partidos políticos y, consecuentemente, en el sistema democrático.
Lo ocurrido con el caso Marset[1] prendió las luces amarillas y los distintos partidos aceleraron sus negociaciones para tener una ley de financiamiento de los partidos políticos.
Uruguay posee una legislación sobre el punto, pero al parecer carece de profundidad y su aplicación es magra al no otorgarle poderes y recursos a la Corte Electoral, el organismo que debe controlar ese financiamiento, y que –al no parecer– no cuenta con los recursos necesarios para la tarea.
Algún dato sobre el complejo relacionamiento entre partidos y financiadores en el año 2021, el gobierno firmó un acuerdo con la empresa Kateon Natie y los extremos de este entendimiento fueron denunciados ante la Justicia. Finalmente se archivó el caso. No obstante, en seguida se difundió que Katoen Natie había financiado al Partido Nacional. El “aroma” de causa-efecto estaba instalado.
También generó suspicacias, los beneficios recibidos por una tabacalera que, luego, afectó la imagen del Uruguay en materia de políticas de salud.
Una nueva legislación debe contemplar, centralmente, que la Corte Electoral debe tener recursos para que los controles sean efectivos y eficientes. Una legislación sin recursos para el organismo contralor es un ademán demagógico. El proyecto que posee mayorías menciona a la Corte Electoral, al Tribunal de Cuentas y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), pero no define apoyos nítidos. La Corte Electoral tiene tan solo dos contadores.
Las zonas de conflicto
La financiación privada de los partidos políticos puede tender a generar deudas políticas con privados, que se saldan con políticas o acciones dirigidas para beneficios corporativos. Peligra el bien común y la cooptación del Estado por parte de intereses particulares. En esta sección analizaremos zonas de conflicto que parecen no estar resultas entre la Ley N° 18.485/09 de Partidos Políticos y el proyecto de ley de Partidos Políticos y Publicidad Electoral:
- El proyecto de ley establece máximos a las contribuciones y donaciones.
- Incluye las campañas internas, nacionales, departamentales y municipales.
- Las donaciones mayores a 7.000 UI[2] deben ser por pago electrónico.
- Establece la bancarización obligatoria de los partidos.
- Establece tiempos para la recaudación de fondos para las campañas electorales.
- Amplía las prohibiciones de quienes no pueden hacer donaciones como: asociaciones de profesionales, sindicatos, empresas concesionarias del Estado, gobiernos extranjeros, personas públicas no estatales, centros religiosos, personas jurídicas no estatales que tengan acciones del Estado, personas físicas o jurídicas que presten servicios audiovisuales.
- El proyecto de ley faculta a la Corte Electoral el cumplimiento de las obligaciones comprendidas en el artículo 1. El apartado 24, en la sección que trata del financiamiento público se crea un Fondo para el Fortalecimiento Democrático de los Partidos Políticos que “será administrado por la Corte Electoral. Se integrará con la totalidad de lo recaudado por el concepto de multas aplicadas por la Corte Electoral (…)”[3].
- Si todos cumplen la normativa ¿cómo se financia el Fondo? ¿Qué recursos genuinos tiene la Corte Electoral?
- Faculta al Poder Ejecutivo a disponer una contribución a los partidos políticos para gastos en las elecciones municipales. Esto es un avance a la normativa anterior.
- Todavía persisten diferencias en torno a artículos referidos a la posibilidad de conceder, a los partidos políticos y candidatos, espacios gratuitos en canales de televisión para las pautas de publicidad en el horario central, en tiempos de campaña electoral, y una posible compensación a esos medios por los minutos que no podrían vender con fines comerciales.
- Durante las campañas electorales se amplía el tiempo del espacio por medio de los partidos en medios audiovisuales como contrapartida al pago del Estado en esos medios.
- El argumento está dado en el Capítulo VI. Publicidad en los Períodos Electorales, artículo 12 que señala “en cumplimiento del deber del Estado, establecido en el artículo 2 de la Ley N° 18.485, del 11 de mayo de 2009, de contribuir a solventar la participación de los partidos políticos en las elecciones mencionadas, facultase al Poder Ejecutivo a establecer las contraprestaciones pertinentes a los servicios referidos en el inciso primero de este artículo, por el otorgamiento de publicidad”.[4]
- Si el Estado debe pagar a los medios audiovisuales, no es espacio gratuito.
3. Militantes de los grises y vacíos
En un país caracterizado por un escaso control para con el asunto del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, el solo hecho de poner sobre la mesa el tema, es un avance histórico. No obstante, revisando y viendo las opiniones, medidas y proyectos latentes, “no tengo dudas, pero tampoco certezas”.
Y acá es donde las preguntas, intentan encontrarse con las respuestas, pero una duda da nacimiento a la otra, como si todo fuera un gran “gris” o “vacío”, en lo referente al tema.
¿Por qué el proyecto se demora y da tantas vueltas si la ley debería de darnos seguridad y transparencia? ¿No estamos todos trabajando en pro de un país más transparente? ¿A quién realmente le está complicando el tema? ¿Desconocemos como sociedad el riesgo real que estamos tomando al dejar que el proyecto en debate eterno y no tomar cartas en el asunto o simplemente o simplemente nos hacemos los que no vemos lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y que obviamente Uruguay no está apartado ni mucho menos alejado?
Andrea Fabiana Barrios (Uruguay) es analista de marketing. Cuenta con estudios en Derecho en la Universidad de la República, actualmente cursa el Diplomado en Comunicación Política en la Universidad CLAEH. Es máster en Programación Neurolingüística, especializada en neuromarketing, neuroventas, publicidad, digital y ciencias de la comunicación (lenguaje no verbal y oratoria). Cofundadora de Código Marketing. Autora del libro GPS Directo al Marketing Digital.
Instagram: @andreafabianabarrios / LinkedIn: Andrea Fabiana Barrios
Sitio web: https://andreafabianabarrios.com/
Linng Cardozo (Uruguay) es periodista, artista plástico y sommelier. Como periodista ha trabajado en distintos medios. Colaborador Ha colaborado como editor, coautor y autor de diversos libros, como El baúl de Yhavé, (2010) y La caja de fósforos (2022). Fue columnista en la FM 97.9 (M24) como analista de asuntos públicos. Actualmente escribe sobre los mismos temas en la revista Caras y Caretas. Obtuvo el premio “Vladimir Herzog” de “Periodismo y Derechos Humanos (Brasil, 1986)
X: @linng55 / Instagram: @linngcardozo
Noelia Ojeda Rodríguez (Uruguay) es licenciada en Ciencia Política cuenta con un posgrado en Afrodescendencia y Políticas Públicas, ambos títulos emitidos por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Diplomada por la Universidad CLAEH en Intervención Socioeducativa en Privación de Libertad con énfasis en el enfoque de Derechos Humanos y las Perspectivas de Género y Diversidad. Es integrante de Mizangas, Movimiento de Mujeres Afro. Actualmente cursa el Diploma en Comunicación Política en la Facultad de la Cultura del CLAEH.
Instagram: @mizangasmujeresafro / Instagram: @noe.acuaria
[1] El uruguayo Sebastián Marset fue señalado por su presunta participación en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, lo que derivó en una situación crítica para la política local, que incluyó la renuncia de la vicecanciller Carolina Ache en 2022.
[2] La UI (Unidad Indexada) es una unidad monetaria utilizada en Uruguay para ajustar operaciones financieras y comerciales, tomando como referencia la variación de precios de la economía, a través del IPC.
[3] Partidos Políticos y Publicidad. Cámara de Senadores. Carpeta 1164/2023
[4] Ibíd.
