Por Elda Magaly Arroyo Macías
La crisis de seguridad que se vive en el país sudamericano involucra factores tan complejos como los grupos del crimen organizado, la construcción de una figura política y las amenazas a los medios de comunicación.
El 2024 golpeó con fuerza a Ecuador. A inicios de año, las noticias que predominaban sobre este país estaban vinculadas a la violencia ejercida por los grupos del crimen organizado, por lo que casi de inmediato, el joven y recién proclamado presidente Daniel Noboa pronunció un discurso de mano dura contra la delincuencia, el cual le generó adeptos entre la población, pero también lo puso en el ojo del huracán ante una posible similitud con el salvadoreño Nayib Bukele.
La crisis social que experimenta Ecuador es crónica, pues arrastra factores que son constantes marejadas de combustible, en un fuego que no deja de avivarse. Uno de los componentes más importantes en esta situación crítica está ligada a la facilidad que han encontrado los cárteles de la droga para convencer a los jóvenes que no estudian ni trabajan en sumarse a sus estructuras bajo dos premisas: una rápida riqueza y un sentido de pertenencia.
Como en México y en El Salvador, este convencimiento ocurre cuando las organizaciones criminales aprovechan la falta de oportunidades y el poco desarrollo social que generan las políticas públicas que no son focalizadas hacia la prevención e integración de los jóvenes.
Durante los días más álgidos del estallido social, las imágenes que predominaban y quedaron documentadas en la toma del canal TC Televisión de Ecuador fueron las de quince jóvenes, cuyos rasgos fisionómicos permitían observar que ninguno excedía los 25 años, fuertemente armados y quienes reconocieron ser integrantes de la pandilla Los Tiguerones.
El amague cumplió con un propósito comunicativo, característico de los grupos criminales como emisores de información: infundir miedo, someter a través del terror y replicar el mensaje de un Estado doblegado ante la violencia.
La respuesta gubernamental fue la esperada, la inmediata reacción de la Policía de Ecuador al informar que atendían la situación y que incluso había detenidos, haciendo un llamado a la calma. Desde la perspectiva de la comunicación pública de la seguridad, en un momento de crisis como ese, se hizo lo correcto, no se dejaron vacíos informativos pese a lo duro de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo.
En tanto, la declaración del estado de excepción, de parte del presidente Noboa, y la advertencia de consecuencias reales para quienes atentaran contra el Estado fue mucho más contundente que la hecha meses atrás por su antecesor Guillermo Lasso, cuando fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, pues la comunicación de las fuerzas de seguridad se incrementó sin temor a mostrar imágenes explícitas en donde el Estado usa legítimamente la fuerza.
La construcción del actor público
Daniel Noboa, discursivamente, ha sido comparado con Nayib Bukele y ha incrementado su popularidad gracias a la famosa frase “mano dura” contra el crimen, incluso, fue su decisión de intervenir las cárceles lo que habría provocado la violenta reacción de enero, tras la fuga de varios líderes delincuenciales, pero sus acciones respaldan su dicho, ya que no solo se han hecho detenciones, sino que también hay resultados en la incautación de droga.
Ecuador es un punto estratégico para la producción y tráfico de droga en América, de ahí la fuerte presencia de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, quienes han trasladado su pugna desde México hasta esta parte del continente, pues su ubicación favorece a la fabricación y movilización de toneladas de cocaína.
Sin la incautación de droga, como se ha estado haciendo de parte de las fuerzas federales ecuatorianas, quienes se han coordinado estrechamente con sus homólogos de Colombia y Perú, los esfuerzos de Noboa quedarían solo en el discurso, por lo que deberá mantener la constancia y evitar que aparezca nuevamente la corrupción que permitió el asentamiento de los grupos criminales para incrementar el millonario negocio.
Sumar las fuerzas armadas a las tareas de seguridad pública es un camino recurrente en los gobiernos que buscan “pacificar” sus conflictos armados internos y si bien se obtienen resultados a corto plazo, es indispensable que haya una observación puntual y con una perspectiva civil y de derechos humanos, que no permita que la corrupción o el abuso del poder se conviertan en el génesis del círculo vicioso.
En el relato de la comunicación de gobierno, los primeros cien días son esenciales para mantener el convencimiento de quienes votaron por el proyecto político ganador, Noboa está en ese momento y conviene destacar que si bien, la mayor parte del tiempo ha estado montado en la ola de la crisis, también está dando respuestas con habilidades políticas que son parte del piso que se necesita para mejor la seguridad, habrá que ver si se sostiene durante su gestión.
Las amenazas a los medios
Informar en medio de un conflicto armado es una actividad de riesgo, pero también implica que se tenga una intensa preparación y profesionalización para ello, pues el trabajo no solo consiste en exponer y documentar los hechos, sino también en protegerse a sí mismo.
Los periodistas ecuatorianos atraviesan un momento complicado, pues la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, una organización no gubernamental del país, informó que, durante febrero, tanto las fuerzas de seguridad del Estado, como los gobiernos locales y las organizaciones criminales han protagonizado ataques contra la prensa.
Las agresiones han ido desde lo verbal, hasta amenazas y contacto físico contra reporteros y camarógrafos mientras realizaban coberturas de hechos relacionados con la seguridad. La crisis se agrava cuando sabemos que, en menos de un año, once periodistas ecuatorianos han recurrido al exilio, luego de ser intimidados con privarlos de la vida, por lo que además de trabajar para recuperar la paz, el Estado Ecuatoriano también tiene como tema pendiente la generación de mecanismos que brinden protección a los periodistas y así cimentar la gobernabilidad ante el ojo de la sociedad informada.
Elda Magaly Arroyo Macías (México) es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestrante en Administración Pública. Periodista y comunicadora especializada en Seguridad, Gestión y Atención de Crisis. Trabajó para Milenio Diario, Notisistema y Eastern Group de Los Ángeles, California, entre otros. Cuenta con formación policial, diplomada en seguridad ciudadana. Actualmente es directora de Comunicación de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en México.
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