Las décadas de los 70 y 80 en el Cono Sur de nuestra América Latina se vivía bajo dictaduras militares o cívico – militares, de acuerdo al país. En 1980 Uruguay era presidido por Aparicio Méndez, Argentina por Jorge Rafael Videla, Paraguay por Alfredo Stroessner y Chile por Augusto Pinochet.

Eran años de libertades civiles cercenadas, de represión, de violaciones a los derechos humanos, de desapariciones, de exiliados, presos políticos, proscripciones y censuras. Parece difícil de creer, pero ese año y en ese contexto se convocó a la ciudadanía a las urnas en Chile y en Uruguay: en ambos países se plebiscitó una reforma constitucional que buscaba otorgarle más poder a los gobiernos dictatoriales.

El resultado en uno y otro país fue diferente. El 11 de setiembre de 1980 en Chile se aprobó la reforma pinochetista, en unos comicios que resultaron “sospechosos” y que fueron tildados de irregulares. Dos meses después, el 30 de noviembre del mismo año, en Uruguay se le dijo NO a la reforma constitucional que proponía el gobierno de facto.

En el país rioplatense el contexto fue sumamente interesante y tanto el proceso como el resultado traen enseñanzas que deben ser tomadas en cuenta hasta el día de hoy. Dos opciones se presentaron a la ciudadanía: SI a la reforma constitucional y NO a la iniciativa. El resultado se decidiría por mayoría simple.

El NO era apoyado por los sectores más demócratas y progresistas de los partidos políticos que eran legales (Partido Colorado y Partido Nacional), así como también por el Frente Amplio, que se encontraba ilegalizado. Los principales dirigentes que se enfrentaban a la dictadura en este proceso electoral estaban presos, exiliados o proscriptos, por lo que no tenían acceso a hacer llegar sus argumentos a la ciudadanía en forma tradicional. Los promotores del SI eran el gobierno de facto más algunos pocos sectores –los más conservadores– que integraban el Partido Colorado y el Partido Nacional. 

La campaña electoral fue absolutamente despareja, ya que el gobierno utilizaba su estructura para difundir las bondades de la reforma constitucional, ejercía presiones a periodistas y medios de comunicación y además hacía publicidad a través de afiches, gráficas, cuñas radiales y spots audiovisuales que podían verse en cines y en la televisión.

Quienes impulsaban el NO solo tenían la opción de hacer campaña en la clandestinidad, porque tenían absolutamente restringida la publicidad, no accedían a medios de comunicación ni podían tampoco convocar actividades públicas, más allá de que la dictadura permitió realizar tres mítines en Montevideo, uno de ellos intervenido y reprimido ferozmente por agentes del régimen.

Las fuerzas demócratas se valieron de los medios que tuvieron a disposición, el principal de ellos la imaginación para hacer llegar el mensaje a todos los puntos del país, eludiendo la censura y la represión. Allí fueron fundamentales los partidos políticos desde la clandestinidad, convocando a pequeñas reuniones en casas de familia a pesar de que no estaban permitidas; los sindicatos de trabajadores –estaban ilegalizados– también hacían llegar volantes e información a sus “afiliados”, al igual que los estudiantes organizados –estaba prohibido el gremialismo estudiantil–; la iglesia católica tuvo un rol determinante, cediendo en muchos casos las instalaciones para realizar encuentros políticos; también los integrantes de la cultura de todas las disciplinas se valieron del arte para entre líneas convocar a votar por el NO.

El papel de los medios de comunicación tampoco fue equitativo. Había un puñado de ellos más la prensa clandestina que apoyaba el NO, pero la “prensa grande” nacional, en forma arrolladora, apoyaba el SI. A esto se le sumaba la censura para expresar determinadas ideas o acceder a voceros.

Un hito de esa campaña lo constituyó un debate televisivo, el más importante y determinante que se haya realizado, en donde dos demócratas (Enrique Tarigo y Pons Etcheverry) se enfrentaron a dos representantes del régimen (Néstor Bolentini y Enrique Viana Reyes) , en un ambiente hostil con mucho humo de cigarros que se apreció sin cortes, en diferido y en blanco y negro por los uruguayos, aunque previamente se emitieron varios minutos de publicidad oficial.

El resultado del debate, si lo analizamos desapasionadamente, en lo argumental no hubo ganadores claros, pero el fondo del mismo fue determinante: dos demócratas se animaron a sentarse en una mesa con dos integrantes de la dictadura y afirmaron cosas públicamente que pocos se habrían animado decir si no querían terminar entre rejas.

Con mucha incertidumbre llegó la jornada del domingo 30 de noviembre. El triunfo del NO fue claro (57,2% a 42,8%). ¿Por qué ganó una opción que no pudo hacer campaña? Las investigaciones marcan varios factores: el peso histórico y la tradición de los partidos uruguayos (de los más longevos del mundo) que mayoritariamente estaban contra la dictadura; ciudadanos que votaban en contra de todo lo que promoviera el régimen; pero fundamentalmente el rol de los militantes anónimos que realizaron una campaña de hormiga, utilizando el boca a boca y generando actividades clandestinas. 

Como era de esperar, los festejos fueron prohibidos, pero esta campaña se constituyó en un hito fundamental para recuperar la democracia en 1985.
 

Foto tomada de las redes sociales oficiales de Xiomara Castro de Zelaya.

“Ganamos, ganamos”, dijo Xiomara Castro, candidata el Partido Libertad y Refundación (Libre), en la noche del domingo al proclamarse ganadora de las elecciones en Honduras.

Con el 30% de las actas escrutadas, Castro tenía un 53% de los votos, seguida por el oficialista Nasry Asfura (Partido Nacional) con el 34%.

En un discurso pronunciado en el comando de Libre, Castro anunció que formará un gobierno de “reconciliación”, de “paz y de justicia”. “Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, directa, porque vamos a las consultas populares. Esa será una norma para gobernar”, dijo y anunció que trabajará con las administraciones locales y el congreso.

Aseguró que “nunca más” un hondureño sufrirá el “abuso de poder”.

Insistió con ir por una democracia “directa” y “participativa”.

“Yo le tiendo la mano a mis opositores porque no tengo enemigos. Llamaré a un diálogo a partir de mañana con todos los sectores de la nacionalidad hondureña para que podamos entonces encontrar puntos de coincidencia y que esto nos permita conformar las bases mínimas para un próximo gobierno”, agregó Castro.

Afirmó que “todas las promesas” que realizó durante la campaña las va a cumplir.

“Vamos a entregar alma, vida y corazón para poder garantizar una patria diferente, una patria justa, equitativa, una Honduras libre e independiente con la capacidad de poder darle respuesta a tantas necesidades”.

Castro cerró su discurso diciendo: “Fuera la guerra, fuera el odio, fuera los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico. No más pobreza y miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre”.

Fuente: ARN – Agencia Regional de Noticias. Especial de las elecciones en Honduras.

Este domingo 28 se celebrarán elecciones generales en Honduras que marcarán la “continuidad del actual régimen político autoritario o su sustitución por un nuevo régimen que restaure la democracia y abra una nueva fase en la historia política del país”, señala el último informe de Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) de Honduras. Esta organización no gubernamental (ONG) es una de las referencias nacionales en relación a estudios de opinión pública, investigación y análisis en el país.

Según Gustavo Irías, Director Ejecutivo de Cespad, el resultado de las elecciones podría poner fin a doce años continuos de gobierno del conservador Partido Nacional de Honduras que se instaló a partir del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. En aquel momento, una alianza de sectores empresariales hondureños junto a las Fuerzas Armadas y el apoyo de Estados Unidos, derrocaron a Manuel Zelaya que, habiendo sido elegido por el Partido Liberal, inició un giro hacia la izquierda durante su gobierno que no pudo terminar. “Desde entonces, el Estado ha sido un botín para drenar sus recursos, evadir cargas fiscales y utilizar sus aparatos represivos en función de sus intereses. Es una élite inmensamente rica que ha construido un país con la mayor pobreza y desigualdad de toda Latinoamérica”, asegura Irías.

A partir del golpe de Estado, según Cespad, “se ha producido un proceso de remilitarización del Estado y la sociedad. Los militares se posicionaron, nuevamente, como el actor central en la gestión pública, rol institucionalizado a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Un aspecto central es que la seguridad pública ha sido militarizada por medio de la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que, con una periodicidad inicialmente temporal, ha terminado copando, de manera permanente, las tareas de seguridad”.

Asimismo, el informe señala que “se ha generado la concentración de todos los poderes del Estado en el Ejecutivo. Esta concentración, en principio, ha operado mediante la llamada Ley para la Optimización de la Administración Pública una normativa por la cual el Congreso Nacional ha renunciado a funciones propias, delegándolas al Ejecutivo, entre ellas, la potestad de “creación, modificación o suspensión de las Secretarías de Estado o de los Organismos e Entidades Desconcentradas”.

La instalación de un narco Estado

“Amparados en la crisis que provocó la ruptura constitucional del 2009, los grupos de narcotraficantes, presentes en el país desde los años setenta, escalaron sus acciones de los espacios locales a la institucionalidad pública nacional, controlando segmentos de esta institucionalidad e influyendo, mediante el financiamiento ilícito, en los resultados de las elecciones nacionales y locales”, asegura el Cespad.

Existen evidencias de que el grupo actualmente en el poder, presidido por Juan Orlando Hernández, ha estado implicado en diversas actividades corruptas, incluso en el tráfico de drogas. En marzo de este año, Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras fue condenado a cadena perpetua por un juez de Nueva York, por introducir 185 toneladas de drogas a Estados Unidos. Según la acusación fiscal esto se realizó con la colaboración de su hermano, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El presidente niega estar implicado, pero la oposición asegura que luego de dejar el gobierno seguramente será formalmente acusado y extraditado.

"Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida", dijo el juez Kevin Castel, quien condenó a Hernández.

Los fiscales del distrito sur de Nueva York aseguraron en su proceso que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue un “socio clave” de su hermano. "El acusado era un congresista hondureño que, junto a su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de narcotráfico violenta y auspiciada por el Estado", escribieron los fiscales al juez antes de la sentencia. Juan Antonio Hernández operaba "con total impunidad" gracias a la protección de su hermano que era el presidente de la República y contribuyó a la "putrefacción" de las instituciones de Honduras, enfatizó el Juez durante el juicio.

De acuerdo al análisis del director ejecutivo del Cespad, “esta dinámica descripta ha reconfigurado la élite hondureña, al grado que un sector de ese segmento, en los últimos meses, ha tomado distancia y ha roto con el actual régimen, formando un entramado en el que han quedado en posición de desventaja para hacer negocios, con reglas del juego de competencia desiguales, en las que los grandes beneficiarios han sido los sectores vinculados a las redes de corrupción. Esta reconfiguración se expresa en la actual disputa electoral, con un sector empresarial que se ha sumado a las fuerzas de oposición, en la apuesta por dar fin al actual gobierno del Partido Nacional”.

Amplia alianza opositora

Para Gustavo Irías, “las elecciones serán un cruce de camino entre la continuidad del actual régimen que ha dominado la gestión del Estado en los últimos doce años y la apuesta por dar fin a la autocracia electoral, en principio, para instaurar la democracia y probablemente iniciar una nueva fase en la historia del país, abocándose a la realización de reformas sustantivas esenciales para hacer frente a la multiplicidad de crisis que padece Honduras”.

Las fuerzas políticas que se enfrentan en las elecciones del domingo 28 de noviembre son prácticamente las mismas que en las últimas elecciones de 2017.

Por un lado, se encuentra el Partido Nacional que aspira a extender su mandato por cuatro años más. Su candidato a la presidencia es Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa, a quién se le considera un continuador de la gestión de Juan Orlando Hernández. El mismo Hernández ha desempeñado un rol muy importante en la promoción de Asfura, mediante la inauguración de obras públicas y un incremento de su papel mediático distribuyendo bonos y otros bienes de consumo de los hogares en situación de pobreza. Por otro lado, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción presentó, a principios del año, una demanda judicial contra Asfura y otros funcionarios municipales por la malversación de caudales públicos, fraude y abuso de autoridad. No obstante, el 1 de junio la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Asfura para que no se continúen con las investigaciones.

Por su parte, la oposición conformó la mayor alianza política en los últimos doce años. La candidata a la presidencia es Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación (Libre) de orientación de izquierda. Salvador Nasralla renunció a su candidatura presidencial por el Partido Salvador de Honduras y se sumó como vicepresidente en la fórmula. A su vez, otros partidos pequeños optaron por apoyar a Libre en lo que se considera como “la más amplia coalición de fuerzas políticas de oposición que se haya gestado en estos doce años de gobiernos del PN”.

Según Irías, “esta alianza va desde una derecha democrática, pasando por el centro, hasta llegar a sectores de izquierda. Su objetivo es dar fin con el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández. Además, los motoriza un programa mínimo que apuntaría a derogar algunas leyes que han desmontado el Estado de derecho, restablecer un ambiente apropiado para la reactivación económica, reformas democráticas del sector salud y educación; vacunación masiva contra la Covid-19 y abolir la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo”.

De acuerdo a la última encuesta de opinión pública publicada por Cespad previo a la veda, Xiomara Castro ganaría las elecciones con un 38% de los votos el próximo domingo. 

Fuente: ARN – Agencia Regional de Noticias. Especial de las elecciones en Honduras
 

El relato es una decisión política, no aparece por generación espontánea. El relato, como un paraguas, como una película, puede abrazar formas distintas de narrar. Para que eso sea posible hay que definir y construir un lenguaje común: identificar quiénes lo construyen, cómo, desde dónde y para qué. 

Por Ema Zelikovitch

Angélica Vitale Parra es feminista, licenciada en Sociología, diplomada en Educación, imágenes y medios por Flacso (Argentina), candidata a doctora por la Universidad de Alicante (España), del Programa Bienestar Social y Desigualdades. Cuenta con la totalidad de los cursos de la Maestría en Filosofía y Sociedad de la Universidad de la República (Uruguay). Es experta en comunicación institucional, género y violencia institucional. Dirigió equipos de comunicación en instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, coordinó campañas y estrategias de comunicación en estos y otros ámbitos incorporando la perspectiva de género.

¿Qué es para ti la comunicación política? 

Hoy no hay la posibilidad de pensar la política sin pensar la comunicación política. Es algo tan central como eso. Durante mucho tiempo la comunicación, y de hecho en la práctica, en muchas instituciones y en algunas campañas, la comunicación se pensó y se produjo como una cuestión instrumental de la política. Esa concepción producía esta práctica: “la comunicación transfiere contenidos que la política define”. De un tiempo a esta parte, por muchas razones, se ha podido salir de esa idea –hay formación sobre estos temas, hay un mayor desarrollo institucional de comunicación en el Estado y otras instituciones–, entonces, la comunicación política se ha repensado a la luz de nuevos paradigmas y esto necesariamente ha hecho revisar las prácticas de la profesión. 

Sobre comunicación política, como entre otros tantos temas, hay mucha gente que sabe, sin embargo, todavía no hay tanta gente que haya pasado por situaciones concretas de estar en ámbitos de toma de decisiones sobre comunicación política y menos sobre comunicación de política institucional, y eso es un dato, porque creo que la comunicación política, me podrán decir como en casi todos los temas, se puede conceptualizar pero se termina de conceptualizar en la práctica, porque en realidad la comunicación política es fundamentalmente praxis política, con un marco teórico de referencia. 

Los contextos y las realidades desde donde se tramita la comunicación tienen un peso significativo en la toma de decisiones comunicacionales, sobre todo en tiempos donde el vértigo que signa la época que vivimos, tensa de forma permanente los tiempos de las decisiones. Te podría decir que la comunicación política es un buen cuadrilátero de disputas de ansiedades y este no es un dato menor, porque para hacer buena comunicación hay que tener un ojo siempre puesto en la ecuación de las emociones que atraviesan los ámbitos –políticos u organizacionales– desde donde se comunica.

La otra cuestión que me parece fundamental de la comunicación política es que permite rescatar la ideología como dimensión de la política. Por lo menos hay una vertiente académica que rescata la ideología como una dimensión importante y, sobre todo, toma a la ideología como una dimensión sustantiva y no como un adjetivo descalificante. Si la comunicación política logra darle a la ideología un papel para la comprensión y la interpretación de los contextos logrará un abordaje de mayor calado. Estoy convencida de que es por ahí por donde se tiene que ir, pero esta es una convicción personal más amplia, que incluye a la comunicación, pero la trasciende en mucho.

Con los conceptos –con el de ideología también– pasa como con casi todo: hay conceptos que toman auge y otros que, en determinado momento, se entienden que son vetustos y se dejan de usar cuando en realidad no han perdido su potencia explicativa e interpretativa. Eso no es una cuestión de modas, es una cuestión de disputas discursivas, con “la idea de ideología” –y uso esa redundancia a propósito– pasa eso.

Hay algunos abordajes y reflexiones sobre la práctica que permiten que hoy a la comunicación la podemos entender como algo más que una cuestión instrumental de la política y algo más complejo que una serie de dispositivos técnicos. La comunicación política exige entender el humor social, el humor institucional.

¿Cómo es la cultura de la comunicación política en las instituciones públicas de Uruguay?

En primer lugar, las instituciones son muy heterogéneas en cuanto al desarrollo de la comunicación institucional. En segundo lugar, en los últimos tiempos, hay una identificación clara de que la comunicación es importante pero no todo el mundo sabe qué hacer con eso. En tercer lugar, la comunicación política institucional no debería distar mucho de lo que una institución quiere decir de sí misma y quiere contar a los demás, y también de cuánto está dispuesta a escuchar de los demás para tomar algunas decisiones. También hay algunas confusiones que dificultan los análisis sobre la comunicación. Cuando la gente dice “no se comunica bien” lo que muchas veces hay es un traspaso analítico de la política y la gestión a los aspectos específicos de la comunicación. Lo que quiero decir con esto es que la comunicación no puede sustituir ni el papel de la política ni el papel de la gestión y, por tanto, que la comunicación no puede revertir –por lo menos de una forma sostenida y verosímil– lo que no puede revertir un mala gestión o definiciones políticas desacertadas. En todo caso se pueden producir destellos de marketing pero no puede haber una comunicación “exitosa” (aunque ahí me meto en otro berenjenal que habría que problematizar), porque de la misma manera que una mala comunicación puede deteriorar aún más una mala gestión, no necesariamente una buena comunicación es capaz de revertir, a nivel de la opinión pública, una mala gestión. 

Hay que decir que hay mucha fantasía con esto de “la comunicación” y muchas veces, cuando se empieza a hacer agua políticamente o a nivel de la gestión, se quiere solucionar con la comunicación lo que no se pudo solucionar en esos otros planos, y eso es un espejismo. Quizás lo que sí puede hacer la comunicación frente a una mala gestión es advertir o blindar de cometer errores peores, pero no puede sustituir los malos pasos, porque entre otras cosas, uno de los principios más importantes de la comunicación política es que se tiene que parecer bastante a la realidad que vos querés comunicar. Si no se termina transformando en una caricatura, en un gesto de marketing, cuando en lo que tenemos que pensar –y esto da para una conversación aparte– es en ciudadanas y ciudadanos que necesitan información de calidad para tomar decisiones y ser personas plenas, y no en meros consumidores de oferta electoral. Es discutible también porque obviamente los ciudadanos nos hemos vuelto consumidores de la política en el sentido más mercantil pero hay un componente ciudadano que tiene que ver con los derechos y con las subjetividades que se sigue distanciando de las cuestiones estrictamente comerciales. En todo caso, quienes nos dedicamos a la comunicación lo que podemos hacer es dar pautas y pistas, poner sobre la mesa otros aspectos a tener en cuenta y, sobre todo, participar de las discusiones de fondo para poder hacer algo de todo esto. 

Si tenés buenas definiciones políticas y de rumbo y tenés un buen planteo estratégico, la comunicación puede jugar un papel hiperrelevante.  

Hay un tema sobre el que todo el mundo habla, sea o no del ámbito de la comunicación, que es sobre “la construcción del relato”. Este es un concepto importante y muy útil para resumir un montón de cosas, pero es un concepto que también se ha vaciado mucho y se usa con significados y sentido muy distintos e incluso equívocos. Por ejemplo, en los períodos de gobierno del Frente Amplio mucha gente de izquierda criticó la comunicación política que se llevó adelante y llegó a esgrimirse como una de las razones de la pérdida del gobierno bajo el enunciado “la gente no se enteró de lo que hacíamos”, y creo que ahí hay varios enunciados falsos. En primer lugar, creo que cuando se dice esto hay una hiperinflación de lo que la comunicación puede explicar acerca de comportamientos humanos complejos que tienen que ver con qué cosas pongo en mi menú para decidir lo que decido y para armar mis ideas y juicios sobre las cosas.

En segundo lugar, creo que otra opinión habitual es pensar que comunicar bien es atosigar con información y estoy convencida que ahí anida un error, otra falacia. Hay mucho escrito de por qué pensar eso es por lo menos una verdad a medias. No necesariamente un mayor flujo de información garantiza que las personas recepcionemos o procesemos lo que se nos quiere contar. Hay un volumen tan impresionante de información circulando sobre los más diversos temas que pensar que las personas estamos allí, como en un juego de estatuas, ajenas al ametrallamiento constante de estímulos y que nos activamos cuando recibimos “el mensaje” (ese que yo como ejecutor de la comunicación quiero dar) es de un simplismo insostenible. Me parece que pararse ahí es presumir de que la gente va a pensar en función de lo que yo le diga y que componentes de su vida, de su trayecto vital, intereses y prejuicios no juegan a la hora de formar opinión. La cuestión de construir un relato, de transmitir un conjunto de ideas generales, no tiene que ver con la sumatoria de información. Creo que la construcción de un relato es otra cosa: es construir cuatro o cinco ideas básicas que tienen que ver con un modelo político y con la filosofía, con la ideología y con la forma en cómo vas a implementar algunas cosas centrales de la política. Un relato es como un gran paraguas. Un relato político no tiene un nivel de detalle sobre cada una de las políticas sectoriales, se arma en base a tres o cuatro ideas fuerza que engloban una visión de país y del mundo, que deben ser claras respecto de en quién estás pensando cuando hacés política y en “dos o tres” decisiones que vas a tomar frente a las disyuntivas más sustantivas que presenta la política. Ese es el relato político. Las dos o tres grandes ideas acompañadas de otros ingredientes muy importantes como la mística, un humor, un estado del alma colectivo y de un sistema de valores que te interesa promover, que también es una cosa de la que la derecha se ha apropiado y que la izquierda ha tenido mucho prejuicio en abordar. 

En eso la batalla la ha ganado esa máxima tan conservadora de “se han perdido los valores” cuando en realidad la visión de izquierda perfectamente podría capitalizar haber promovido algunos valores como la no violencia, el respeto a los derechos de las personas, de la diversidad, los valores de la solidaridad y de lo colectivo. El discurso sobre los valores siempre ha estado muy asociado a la narrativa conservadora, también a la visión de la izquierda conservadora –que obviamente existe– pero creo que en la construcción de un relato esa dimensión tiene que estar (mejor dicho, está) aunque sea por ausencia. Ahí se te abre otra nueva cuestión, y es que para “hacerte” de esas cosas la comunicación y la política tienen que estar en la misma conversación y eso debe estar en diálogo estrecho y permanente con la gente, la de a pie. Si eso no ocurre, el relato puede estar “muy bien construido técnicamente” pero es muy probable que la gente no tenga ningún grado de identificación con eso. 

Es un ejercicio precioso pensar en estas cosas, porque hablar de relato político te exige pensar en cuestiones profundas de la política y también te exige pensar mucho en las palabras, en los conceptos, en el sentido de lo que se dice y el calado político de lo discursivo, en los sistemas de expectativas, en la construcción de subjetividades, en el valor de la política como herramienta emancipadora.  

Volviendo a la palabra (relato), hay como oleadas conceptuales; por ejemplo, en los últimos tiempos se habla mucho de empatía. Esto ya venía, pero se disparó en la pandemia. Ya sabemos, la empatía trata de ponerse en el lugar del otro y suena muy bien, pero me gusta pensar lo siguiente: cuando hablamos de esto, por ejemplo de empatía, ¿de qué estamos dejando de hablar? Estamos dejando de usar otras palabras, en este caso, por ejemplo de solidaridad, y esto tiene sentidos distintos pero también configuran cuestiones distintas. La solidaridad está mucho más vinculada como principio y como valor a las cuestiones que tienen que ver con la justicia, y la empatía está mucho más vinculada a las cuestiones de las decisiones personales.

Entonces, el conglomerado de conceptos que aparecen y que han permeado las narrativas, hacen que también las conversaciones públicas y políticas empiecen a estar colonizadas por determinados conceptos y que otros conceptos se manden al trastero. Algunos se ponen en desuso, otros se dejan en espera y a otros se les empieza a atacar por molestos. 

Pensemos en palabras como imperialismo y colonización, aparecen como conceptos viejos –y seguro que esas palabras que definían una realidad hoy están necesitando de otras explicaciones o que haya que enriquecer las interpretaciones buscando nuevas palabras– pero eso no quiere decir que las cuestiones centrales que definían ese concepto hayan desaparecido. No nombrar o denostar un concepto obtura una realidad y también una posibilidad. Y de todas estas cosas se debería hablar cuando hablamos de la construcción de un relato político.

Después, para que un relato se consolide y pueda ser “apropiado” por los distintos sectores sociales, además de su verosimilitud, tienen que aparecer narrativas particulares sobre distintas cosas: si es desde el Estado debería surgir desde las políticas sectoriales, y si es desde un partido político debería surgir del programa electoral o del programa de gobierno. Antes usamos la metáfora del paraguas, pero un paraguas no se abre si no tiene muchos rayos que lo sostengan, que le den soporte. Esas narrativas son los rayos del relato general.

Esto que estoy diciendo no ocurre por generación espontánea, hay que definirlo y construirlo. Para eso es necesario conocer el proyecto político y sus lineamientos, las definiciones, hacia dónde se quiere ir, cuáles son los problemas, las mayores debilidades y cómo se van a transmitir las debilidades. Eso es muy importante porque me parece un error pensar que la comunicación tiene que solo contar. Por supuesto que hay que transmitir logros, pero eso es tan importante como saber transmitir los problemas y las dificultades. A todos nos pasa que cuando entendemos, cuando tenemos elementos para saber por qué algo no sucede, nuestros juicios son distintos.

A mi entender, esas son las cosas que quienes trabajan en comunicación política –no en marketing político, que es pariente pero no es lo mismo– tienen que pensar, remover, para que eso que se llama relato empiece a “aparecer”, como quien trabaja en fotografía y empieza a revelar. 

¿Qué debería hacer entonces un equipo de comunicación política? Creo que tiene que haber un buen revelado y tiene que mostrar una película y una foto. Estamos todos muy preocupados por la foto, por el impacto, pero quienes saben de fotografía saben que la foto también tiene un proceso, una composición, una luz, un encuadre, la foto no es solo resultado. Pero también hay que poder construir película, incluyendo todo aquel momento de la comunicación en el que aparentemente hay silencios pero en el que no paran de suceder cosas.

Otro tema que me parece interesante vinculado a esto del relato es que se usa la idea de relato como una construcción mentirosa, mientras que los datos y la realidad son “la verdad”. Hace relativamente poco, aparecieron unas placas en las redes que decían relato VS datos. Bueno, eso entraña una discusión filosófica en sí misma que no abordaremos acá pero para bajarla a lo más concreto, diría que en realidad no hay relato si no hay datos y los datos son un relato. Esa dicotomía no existe, por lo menos en esos términos: poner al relato solo como una cuestión narrativa estéril que no tiene asidero en datos y construcción real es una equivocación. Es poner lo discursivo en el plano de “la mentira”, del engaño. Es un error conceptual y, por lo tanto, es un error político. Todos los relatos tienen una pretensión de verdad, el asunto es qué hace la política con eso.

Hay otra cuestión que me parece fundamental: las capacidades diferenciales que tiene la izquierda y la derecha para hacer esto de lo que venimos hablando. Hay diferencias, muchas y sustantivas. 

Una amiga me regaló un bolso hermoso que dice “son malos tiempos para los soñadores” y aunque me resista, hay algo de cierto. Son épocas de fuerte individualismo, la vida está colonizada por el mercado y no hay nada más individualista que la ideología mercantil, el relato de “salvate a ti mismo” está a la orden del día –tenés el bonus track de ser empático–. 

La pandemia dio flor de empujón a todo eso y con ese telón de fondo es que la política busca decir lo que tiene para decir. Las narraciones políticas tienen poros grandes por donde se cuela ese espíritu de época. La comunicación que produce la derecha tiene mucha más afinidad con la época, y la izquierda va dando voleas a contrapié. Y me dirán “¿el huevo o la gallina?”. Las dos cosas, aunque parezca imposible.

Otro punto al hilo de lo anterior es que la derecha es pragmática y resultadista y su comunicación es pragmática y resultadista. No le importa demasiado hacer el cuento largo, sin embargo, por la propia concepción de “lo político” la izquierda genera narrativas siempre parada en los procesos y en la construcción colectiva y eso exige un cuento largo. Es fácil darse cuenta que la época también es poco amable con los cuentos largos y procesa bulímicamente procesos cortos, resultados, información suelta. Ahí la derecha también tiene más posibilidades de estar en sintonía con los tiempos.

Un tercer asunto es que las narrativas políticas están asociadas a la defensa de distintos intereses y el cómo construyo esa narrativa básicamente tiene que ver con qué intereses defiendo y, por tanto, a quiénes hablo y de qué manera. Esos públicos a los que le hablás y que sienten que defendés sus intereses van a ser los mejores aliados para reproducir el relato. Está claro que la narrativa que construye la derecha tiene socios potentes, con mayores posibilidades y oportunidades en todo sentido. Los contratos narrativos de la derecha son mucho más compactos, más rígidos y más permanentes y cuentan con un elemento diferencial: manejan la agenda de los grandes medios de comunicación. Por el contrario, si los intereses que defendés son los de los más débiles, desprotegidos y vulnerados, tus socios son potencialmente más, aunque eso no necesariamente se traduce en su capacidad de reproducir la “narrativa que los defiende”. Es como si el relato de izquierda se construyera con perifoneo, mientras el relato de la derecha se construye a partir de los intereses de las corporaciones, de los grandes medios y del mercado. 

¿Qué elementos se están utilizando para la construcción del relato o de la identidad de la y el ciudadano desde los diferentes espacios políticos y sociales?

El gobierno está haciendo un gran despliegue de construcción de relato. Creo que en el primer tiempo el gobierno lo hizo muy bien. La pandemia le dio un leit motiv para su narración de los hechos. Al principio tuvo que recurrir bastante más a la idea de la herencia maldita, pero ni siquiera necesitaron mucho de eso porque como la realidad era tan dura, no tuvieron necesidad de enchastrar demasiado la cancha –aunque despuntaron el vicio con algunas denuncias que van cayendo por infundadas–, porque el gran mérito era timonear un barco en plena pandemia. Si bien en el sentido de la gestión y de la administración no querría estar en su piel porque pandemia y recesión económica son dos cuestiones difíciles, también hay que decir que hicieron cosas atroces –como el desmantelamiento de políticas dirigidas a poblaciones vulnerables– y sin embargo la evaluación pública no es mala. Es comprensible que frente a escenarios de crisis, de miedo y de sensación de que todo puede ser mucho peor, una gestión medianamente sobria se evalúe bien. Cuando las preocupaciones están más centradas en vivir o morir, obviamente otras cuestiones se desdibujan y en el sentido comunicacional eso fue claro. 

Por otro lado, en el caso de la izquierda o, mejor dicho, del campo popular, entiendo que la mejor decisión –no sin titubeos de algunos dirigentes– que tomó el conglomerado social progresista fue haber definido juntar las firmas para el referéndum. Eso es un hito político que tiene que aquilatar el campo progresista para construir su propio relato. La épica que construyó la levantada de firmas es un punto muy importante. 

Óscar Botinelli dijo que cuando las victorias o las derrotas no se leen bien, las derrotas pueden ser más derrotas y las victorias pueden ser espurias. Creo que, como siempre exige la política, hay que interpretar esa victoria para tener nuevos elementos para la práctica política y también para la comunicación.

Lo interesante de este momento es que cada uno pueda alinearse frente a un objetivo concreto que ahora va a ser el referéndum –no como objetivo final pero sí como una oportuna escala– y los distintos actores pueden aportar desde sus perspectivas particulares. Sin canto coral no es posible. Esas son para mí las narrativas que soportan el relato común de que “este es un gobierno de derecha, que excluye y que defiende intereses que son antipopulares y que las medidas que tiene la Ley de Urgente Consideración (LUC) van en esa dirección”. Ese es un relato para construir. Después, aunque parezca simplificador, la narrativa de los que trabajan en la educación tendrá que ver con las cuestiones vinculadas a la educación; la narrativa que harán los que trabajan con los temas de seguridad será la de los temas de seguridad; la narrativa que hacen quienes trabajan con temas de adopción será las cuestiones que tienen que ver con la infancia, y así con los múltiples asuntos. 

La idea básica que entiendo que una comunicación de izquierda debería transmitir es que detrás de este objetivo de derogación de la LUC, hay objetivos políticos mayores, que hay una trama amplia de sectores del campo popular que tienen en común el resultar perjudicados con medidas como las que componen la LUC y que tiene que haber muchas voces diciendo esto, desde sus lugares. Es una gran oportunidad política y también comunicacional y si la izquierda no sabe leer eso Uruguay va a tener otro período de gobierno a la derecha en el poder. Me parece que eso es lo que se está o se debería estar construyendo a nivel de relato. Debe haber gente haciéndolo. Después hay detalles y disquisiciones, pero básicamente es eso. 

¿Qué pasa con la polarización? 

Es real que por lo menos electoralmente Uruguay se agrupa en, más menos, mitades, y esto es un dato más contundente a partir del surgimiento de la coalición multicolor, pero la realidad es bastante más compleja y tiene muchos matices para que la analicen los cientistas sociales que se dedican a eso. En el orden de cosas de las que veníamos hablando, puedo decirte que también en este terreno, así como hablamos de conceptos como “relato”, hay otras palabras que toman centralidad: con esto de la polarización hay una palabra que se está usando mucho, muy en boga, importada de la otra orilla, que es la palabra “grieta”. Es un concepto que han construido y catapultado fundamentalmente los medios y la comunicación política de derecha. Creo que hay que tener especial cuidado con reproducir palabras que aparentemente lo explican todo pero que en la práctica –también en la teoría– difuminan cualquier posibilidad interpretativa de los contextos políticos. 

Cuando se dice que hay grieta, y se queda con ese concepto como un concepto totalizante y omni senso, en realidad está usando una coartada para no ir al tuétano y hablar de confrontación y contradicción de intereses. Si la grieta, si la polarización, es una forma de resumir conceptualmente la lucha de intereses me parece que flaco favor se le hace a la potencia que tiene la interpretación política de los hechos. Si se usa como síntesis de una dinámica de confrontación de intereses, es una forma de describirlo y punto. El problema es cuando los conceptos empiezan a usarse de forma tal que pretendiendo decirlo todo no explican nada y la polarización es un poco eso: si el país votó dos modelos de país tan diferentes efectivamente hay una polarización. Ahora, ¿efectivamente cada mitad está en las antípodas de la otra? No lo creo. De hecho para mi gusto, la izquierda uruguaya perdió mucho protagonismo y mucha posibilidad de construir un modelo con sello propio en la medida en que empezó a disputar la derecha y dejó de ser radicalmente antagónica con el modelo de derecha. En esa disputa por el centro, en esa disputa por “seamos lo más parecido a lo que la gente quiere”, la izquierda perdió pie narrativo. De todas maneras acá hay fenómenos muy complejos para analizar, porque el hecho de que muchos votantes del MPP hayan votado a Cabildo Abierto, supone todo un análisis. Uno puede hacer un análisis estrictamente económico o de clase, pero también hay un análisis en términos de cultura política, de narrativa política y de cómo la gente construimos a nuestros líderes que vale la pena hacer. 

¿Qué papel juegan los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales en la comunicación política, en la construcción del líder y en el afianzamiento del relato?

Lo primero que te diría es que la importancia que tienen los medios en la construcción de la cultura política y el humor social es casi toda. 

Cuando nos referimos a medios hablamos de narraciones que recibimos, de las cosas que deciden que veamos a través de las imágenes y de las cosas que no. No hay más que poner hoy un informativo –aunque hoy la gente recibe información por mil canales que no son los informativos– para darse cuenta de quiénes son los que hablan, cuántos minutos tienen de pantalla y quiénes no, quiénes no aparecen nunca. Todos tenemos un poco esa sensación de que lo que no aparece en los medios no existe. Lo que consumimos como información es producto de un montón de decisiones, que no están en un solo lugar, que afectan nuestra forma de ver y de entender las cosas. En realidad hay un flujo informativo que ni siquiera tenemos condiciones biológicas, cerebrales, de incorporar, entonces nos quedan algunas imágenes, destellos de algunas cosas, titulares, pero en profundidad conocemos poco, en algunos temas puede incluso que menos que antes. 

El otro aspecto que me preguntabas es que las redes no son un gran diálogo como buscan presentarse, son generadoras de sentido común, tiradoras de carros. De hecho la gente que maneja profesionalmente las redes sabe que en realidad lo que sucede es que genera agenda y genera “noticia” que después los medios masivos van a replicar. Hay toda una cuestión sistémica mucho más compleja en la que cada uno hace la partecita que le toca pero todos contribuyen a esa gran confusión. Los medios afectan, construyen realidad, proyectan voces y acallan otras, construyen humor social. Lo medios en apariencia grandes reveladores, son una máquina de tapar cosas y de amplificar cosas vacuas en nombre de la nota de color, como el chancho que se estrelló contra una vidriera en un pueblo estadounidense que nadie conoce. Pero después el tiempo es tirano y los tiempos escasos para detenerse en temas profundos. Te dirán: aburre, no entretiene.

Las redes sociales creo que son una gran plataforma para algunas cosas que están muy buenas, pero el tema es cuando eso empieza a sustituir a la acción colectiva y el encuentro con el otro. Creo que los movimientos sociales en su conjunto tienen que pensar muy bien su militancia en términos de estos nuevos tiempos. En mi opinión, por ahora, la construcción mano a mano, la corporalidad de la lucha, sigue siendo sustantiva. 

¿Qué desafíos crees que son necesarios abordar por parte de la izquierda en el campo de la comunicación política?
 
Debería haber una conversación, un intercambio y un sinceramiento interno en el ámbito más estrecho de lo político partidario, que incorporara a muchos actores del campo popular, sobre la comunicación política. Cuando uno está tan desnorteado en un ámbito, como creo que estamos en el ámbito de la comunicación política desde la izquierda, se tiene que ir a los fundamentos de las cosas, y los fundamentos de las cosas es que volvamos a hablar, volvamos a intercambiar. 

Otra cosa que me parece muy básica y que me resulta útil pensar así, en todos los órdenes de la vida, es que vamos a hablar para saber que cuando hablamos estamos hablando de lo mismo. Parece un trabalenguas pero eso también es construir relato. Construir relato es construir un lenguaje común. ¿Qué denominador básico común tenemos y compartimos para que todos salgamos abajo de esa bandera? Después pongamos los matices que queramos en nuestros grupos, pero sentémonos a hablar, que es casi como una ley primera.

Recomienda un libro sobre este tema.

Informar no es comunicar. Contra la ideología tecnológica, de Dominique Wolton.

Ema Zelikovitch (Jerusalén, Israel) es graduada en Filosofía y máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente reside en Montevideo, donde se desempeña como comunicadora en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y en la Universidad de la República. Es periodista, productora y conductora radial en Radio Pedal. Actualmente cursa la Diplomatura en Comunicación Política en la Universidad Austral de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Twitter: @EmaZel
 

The Pennsylvania Gazette fue uno de los diarios más importantes de Estados Unidos antes de la independencia del país del norte. Un año después de su fundación, en 1729, fue adquirido por Hugh Meredith y Benjamin Franklin, quien en el futuro sería considerado uno de los padres de la patria.

Franklin escribió varios editoriales bajo seudónimo, pero también se le atribuye la creación de un afiche propagandístico que se publicó en 1754, con motivo de alentar la lucha independentista contra Inglaterra.

El gráfico muestra una serpiente dividida en ocho partes, cada una de ellas con iniciales de regiones donde estaban enclavadas la mayoría de las colonias estadounidenses y un mensaje: JOIN, or DIE (únete o muere). La ilustración, que acompañaba un editorial que denunciaba el estado de desunión existente, jugó un rol fundamental en la campaña propagandística de la guerra de independencia.
 

Por Marcel Lhermitte

Cuenta la historia que el sultán Shariar, producto de que había encontrado a su esposa en brazos de uno de sus sirvientes, decidió castigar la infidelidad femenina de la forma más brutal que se le pudo ocurrir: asesinándolos y ordenándole a su visir que cada día le trajera una joven virgen, para casarse y degollarla en la misma noche. Hasta que un día llegó a su vida la hija mayor del visir, la bella Sherezade.

Nuestra heroína se casó con el sultán y al llegar la primera noche comenzó a narrarle una historia. Poco antes del amanecer la joven interrumpió sus palabras y prometió continuar su relato al día siguiente. Fueron tan encantadoras las palabras, cargadas de emoción y plagadas de aventuras, que la semilla de la expectativa se plantó en Shariar. El sultán no podía matarla, era necesario seguir descubriendo este nuevo mundo que vivenciaba nítidamente a través de la palabra. 

A lo largo de mil y una noches Sherezade se valió de sus encantos: el encanto de la voz, del tono, de los silencios y de la gestualidad; el encanto de la narración en su conjunto. De su relato dependía su vida, de sus palabras conseguir los objetivos que logró concretar casi tres años después.

El final de esta historia dice que Sherezade sobrevivió al sultán, este no pudo asesinarla y por el contrario, la amó, tuvieron hijos y vivieron felices hasta el fin de sus días. Nuestra heroína persuadió a través de la palabra y del relato, la conducta asesina de Shariar.

Este otrora maravilloso cuento persa, del siglo IX, se convierte en una historia espeluznante a los ojos de quienes nacimos más un milenio más tarde, ya que se trata de un hombre poderoso, asesino serial, feminicida, machista, que goza de impunidad y que, pese a ser reconocidos socialmente todos sus crímenes ni siquiera parece recaer sobre él una condena social, entre otras muchísimas lecturas que se pueden hacer al respecto.

Pero Las mil y una noches es un excelente ejemplo para graficar la importancia que tiene el relato en nuestra vida y para entender también que cada narrativa tiene su tiempo y su lugar, que los mensajes siempre serán decodificados de forma diferente, de acuerdo a las características particulares de los receptores, de su cultura, sus saberes, idiosincrasias, etcétera.

Desde que nacemos estamos sometidos a narrativas que nos marcan la vida y que nos dejan determinadas enseñanzas vinculadas a nuestra conducta particular y a nuestro rol en la comunidad que integramos. Muchas de ellas son configuradas con el objetivo de guiar nuestras acciones en sociedad.

La política no es ajena a esto, por el contrario, la narración de historias se ha constituido en una herramienta sustancial de la comunicación política, tanto en las campañas electorales como en los gobiernos, partidos, movimientos, organizaciones, etcétera.

“Un relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. Al exponer un conflicto, revela una verdad que aporta sentido a nuestras vidas”, dice el profesor de storytelling Antonio Núñez, en su libro ¡Será mejor que lo cuentes!  

La estructura del relato político tiene los mismos elementos que la del relato literario: un héroe y un enemigo; la presencia de amenazas latentes; una trama, que debemos presentar de acuerdo a los objetivos persuasivos que busquemos; un inicio, un nudo y un desenlace. También llegará a nuestros oídos y vista provisto de mitos, ritos, arquetipos, metáforas, parábolas, marcos, etc. que harán más fácil la decodificación del mensaje que nos quieren hacer llegar.

Un capítulo aparte merecería la construcción del personaje político, del héroe. Respetando las características personales que el candidato o gobernante tenga, es habitual que se busque fortalecerlas desde la comunicación. Ejemplos claros de ello son mandatarios que tratan de mostrar cercanía, y desarrollan acciones donde podemos observarlos, a través de los medios o en redes sociales, en contacto directo con la gente, almorzando en restoranes de precios moderados, viajando en transportes colectivos, etc. En su momento tanto el expresidente argentino Mauricio Macri o el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, entre otros, han usado este recurso. También hay políticos que construyen su personaje en base al éxito y el poder, como Donald Trump; el liderazgo y la fortaleza, Vladimir Putin; o el joven millennial y rebelde, Nayib Bukele.

Tan importante como los héroes son los enemigos, que se constituyen en la principal causa por la que debemos unirnos para enfrentar el mal. Para graficarlo con casos concretos: los gobiernos chavistas así muestran a las administraciones estadounidenses; o los gobiernos anteriores de signo ideológico contrario para la gran mayoría de los actuales oficialismos latinoamericanos, resultan ser los depositarios de todos los males. 

Desde los héroes, protagonistas principales de la historia, partirán gran parte de los mensajes que constituirán la narrativa de los gobiernos. Detrás de ellos estará trazada una planificación estratégica que buscará generar consensos en la población, pero fundamentalmente tratará de alcanzar los objetivos políticos trazados a través de técnicas de persuasión. 

Pero el relato político deberá convivir en un espacio en donde confrontará con otros relatos diferentes, provenientes de emisores que promueven otras ideas, que representan otros valores y tienen otros objetivos. Uno prevalecerá sobre los demás y se instalará en la opinión pública, conquistando apoyos y votos. 

Resultará vital entonces el contar con una estrategia si queremos alcanzar el éxito político, en campañas electorales o comunicación de gobierno, y que sobreviva nuestro relato. No en vano escribía el autor uruguayo Eduardo Galeano, en el texto Sherezade de su libro Mujeres, que “del miedo a morir nació la maestría de narrar”. 

Marcel Lhermitte (Uruguay) es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Ha sido consultor en campañas electorales en América Latina, el Caribe y Europa. Asesor de legisladores y gobiernos locales en Iberoamérica. Autor de los libros La Reestructura. La comunicación de gobierno en la primera presidencia de Tabaré Vázquez y La campaña del plebiscito de 1980. La victoria contra el miedo. Es columnista del semanario Voces de Uruguay, El Post Antillano de Puerto Rico, El Siglo de Guatemala, El Hurón de España y Nuestra República de Francia.
Twitter: @MLhermitte
Instagram: @marcel_lhermitte
 

En un mundo saturado de información donde la atención es un bien preciado cabe preguntarse qué rol cumple la comunicación política y si es concebible al margen de la implementación de políticas públicas, así como también quién establece las reglas del juego de la batalla ideológica y cultural.

Por Ema Zelikovitch

Rodrigo Amírola es Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió el curso de Posgrado Sin Permiso en Análisis económico y filosófico-político del capitalismo contemporáneo en la Universidad de Barcelona. Impulsó Podemos desde los inicios y trabajó en la Secretaría Política desde la formación hasta Vistalegre II. Posteriormente, ha colaborado también en diversas campañas de En Comú Podem. Actualmente, trabaja en la Vicepresidencia Segunda y en el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España.

¿Qué es la comunicación política gubernamental? 

La comunicación política gubernamental no es una simple transmisión de datos, acciones o proyectos legislativos, sino que tiene que ver con un proceso de legitimación del propio gobierno, marcando límites entre lo bueno y lo malo, o, dicho de otra manera, el establecimiento de horizontes en base a valores, símbolos o mitos que los justifiquen. Por ejemplo, cuando un miembro de un ejecutivo habla a sus conciudadanos ofreciendo argumentos y tratándolos como adultos está transmitiendo a la vez una cierta idea de lo que tiene que ser la ciudadanía. Por poner un ejemplo más concreto, cuando Joe Biden afirma que “su país no lo construyó Wall Street, sino los sindicatos y la clase media” no está solo planteando una proposición fáctica, sino que está situando su gobierno en una determinada línea de legitimidad y, al mismo tiempo, justificando sus políticas actuales en base al imaginario del New Deal y Roosevelt. 

¿Cuál es la importancia de la comunicación política para un gobierno?

La comunicación política para un gobierno es fundamental. Es difícil exagerar su importancia, aunque en los últimos tiempos vemos una cierta hiperinflación de la comunicación en la política. Ambas parecen confundirse en algunos casos por parte de sus protagonistas y en otros por sus críticos. En todo caso, es evidente que la comunicación gubernamental no puede pensarse en el vacío, sino en un determinado contexto social y político. 
En el caso español, al formar parte de un gobierno de coalición (Unidas Podemos y Partido Socialista Obrero Español), que cuenta con dos fuerzas políticas de peso desigual, tenemos una tensión: por un lado, existen dificultades no solo para desarrollar nuestro programa electoral, sino el propio acuerdo de coalición. Los avances se producen, pero no al ritmo, ni con la profundidad que en muchos casos nos gustaría. Al mismo tiempo, formar parte del gobierno nos permite y, en cierto sentido, nos obliga a comunicar como tal. 
Por un lado, desde el gobierno no es posible priorizar siempre el conflicto sobre el consenso. De hecho, es más bien al revés: hay una cierta preponderancia del acuerdo sobre los disensos, de lo común sobre lo particular. Si no, ¿cuál sería el sentido de ese proyecto común? Por otro lado, no es inteligente renunciar al lugar de enunciación del gobierno en su conjunto. Primero, porque desde ahí te proyectas como una fuerza que tiene capacidad de gobierno; segundo, porque remarcas el sentido de tu presencia en él. Muchas veces tenemos la tentación de petrificarnos en nuestro lugar de enunciación, en lo que ya somos de hecho. Sería un error conformarse con el papel de Pepito Grillo, que hace que la parte mayoritaria se mueva. Además, nuestra base social muy mayoritariamente es partidaria de este gobierno de coalición y nos evaluará para bien o para mal, como un actor fundamental que lo ha conformado y le ha garantizado estabilidad. 
Durante la pandemia, hemos visto hasta qué punto lo público y los trabajos esenciales eran vitales en nuestras sociedades. A través de la comunicación también se ha puesto de manifiesto y se ha ido construyendo una narrativa que, rescatando materiales antiguos, pone en jaque la visión neoliberal de la sociedad y la economía. Ahora, una vez estamos en el principio del fin de la pandemia con un proceso de vacunación muy avanzado, el gobierno tiene la oportunidad de seguir hilando ese nuevo discurso sobre la centralidad de lo público. Que el Estado democrático esté recuperando su papel protagonista en el imaginario popular es el primer paso para que pueda ampliar su capacidad de intervención en la realidad y de garantizar derechos a la ciudadanía. 

¿Quién está marcando la conversación pública en España? 

En España, como en otros países de Europa, se observa ese fenómeno por el cual la narrativa hegemónica neoliberal de las últimas décadas se estuviese resquebrajando, hasta el punto de que las derechas políticas se han quedado sin un proyecto de país claro sobre todo en lo que se refiere a la dimensión económica. Pero, al mismo tiempo, el gobierno ha tenido dificultades para marcar la conversación pública en el día a día. No es un dato menor que el desgaste del Ejecutivo central producido por las medidas de restricciones por la pandemia ha generado diversos malestares sociales que parecen estar alimentando una ola reaccionaria. Además de la falta de previsión y anticipación por momentos, esta ola reaccionaria y una cierta habilidad de las derechas para seleccionar algunas batallas culturales, están poniéndoselo difícil al gobierno. 
Si no marcas tu conversación pública, alguien te la está marcando. El gobierno tiene que recuperar la iniciativa política y comunicativa para romper esa dinámica reaccionaria. No es suficiente vivir en el día a día y proyectar un futuro deseable para el 2050. Es necesaria una acción más decidida y establecer cuáles son los pasos necesarios hasta llegar a ese proyecto de país deseado.  
Por ejemplo: en los últimos meses en España se ha puesto en el centro del debate el aumento del precio de la electricidad y, en concreto, sus efectos en la factura de la luz. El gobierno, que tenía como objetivo bajar la factura de la luz, se encontró desprovisto de un plan claro para bajarla. Ha ido todo el rato como a remolque de este hecho y de la oposición. Varias semanas más tarde ha reaccionado con la bajada del 21% al 10% y también con medidas legislativas para abordar la reducción de los beneficios caídos del cielo de las grandes eléctricas. Incluso tomando medidas de peso, al haber reaccionado tarde, ha sido visto por la opinión pública como un parche. 
La comunicación no es una varita mágica, es una herramienta que va de la mano de la capacidad de anticipación a los problemas y de la aplicación de políticas públicas. No se puede pensar por separado. 

¿Qué pasa con el relato del progresismo cuando hay del otro lado una reacción (la derecha)? 

Se está utilizando mucho en los medios de comunicación españoles el término “polarización” para referirse a la tensión y conflicto que habría entre diferentes actores políticos. Este denota cierta neutralidad. Es un término que se puede aplicar a cualquier fuerza política independientemente de sus creencias e ideas, o su trayectoria. Me parece que es una pésima caracterización de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Vivimos en un tiempo con una extrema derecha creciente que es la mayor amenaza a la democracia y a la convivencia. 
La extrema derecha está tratando de movilizar el odio con sus mensajes, en muchos casos, adaptados a las redes sociales y a nuevos formatos para gente más joven. Movilizar el odio en situaciones extremas emocional o materialmente. Por ejemplo, la extrema derecha y los negacionistas hicieron circular muchos audios vía WhatsApp y otras redes sociales de supuestos médicos o enfermeros que decían que el coronavirus no existía. Todo tipo de teorías de la conspiración y bulos crecen entre la incertidumbre y el miedo, cuando la gente no sabe muy bien qué pensar, ni tiene referentes sociales sólidos. Creo que el progresismo no debe pensar que son armas o una especie de tecnología neutra que se puede utilizar en una dirección u otra. Evidentemente, hay que dar la batalla en los nuevos formatos, pero no el uso de propaganda de utilización de la mentira y movilización del odio. El progresismo tiene que utilizar otras herramientas y tratar de movilizar afectos contrarios, en el sentido de generar esperanza, posibilidad de confiar, de recuperar cierto sentido comunitario y transmitir tranquilidad y sosiego. Todo ello no solo a nivel comunicativo sino a nivel de política pública, de intervención del Estado y de intervención social o comunitaria. En buena medida, vemos que la extrema derecha crece en ese contexto de falta de estructuras intermedias, indiferencia social y odio. 

¿Hay explícitamente un trabajo de reversión, modificación o conversión del relato político gubernamental que trate de incluir una perspectiva de género?

No hay un plan de laboratorio del gobierno, pero ha ido cayendo por su propio peso. Este hecho tiene que ver con tendencias sociales profundas: por una parte, la ola feminista que ha habido en España durante los últimos años, que se materializó en dos huelgas feministas del 8M y un gigante movimiento con un componente fuertemente intergeneracional. Por otra, las mujeres han ido ocupando cada vez más espacios en el ámbito del trabajo, la sociedad y también la política. Además, ese cambio a nivel social, en mi opinión, nos empuja desde el progresismo a ver la presencia de mujeres en primera línea de la política no solo como una cuestión de justicia y sentido común, sino como una excelente oportunidad. La tranquilidad, el sosiego y el cuidado son atributos que están más asociados a las mujeres y, por lo tanto, a liderazgos femeninos. Algo de eso ya hubo en el ciclo 2015, en las ciudades del cambio, en concreto, protagonizado por Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente en Madrid y Barcelona. Estoy convencido que más pronto que tarde veremos en España por primera vez una candidata mujer a la presidencia. 
Tenemos que pensar cuál es el papel de la figura materna en el universo simbólico de nuestra sociedad y, en particular, de la base social del progresismo. La madre es quien cuida y protege ante la adversidad. En un momento de fuerte incertidumbre y de expansión del miedo, un determinado tipo de mujer, profesional, que sabe de los suyos y que es capaz de transmitir preocupación y cuidado puede tener un brutal potencial como catalizador de energía social. No solo por lo dicho anteriormente, sino porque además ofrece un modelo a la mitad de la población, que hasta ahora había carecido de él. 

¿Cuáles son los lugares y las formas, puntuales y concretas, con las que ahora se insertan en la sociedad ciertas líneas ideológicas?

Aquí me preocupa caer en una cierta fascinación por lo nuevo. Es evidente que hay no solo toda una serie de nuevos canales de comunicación, sino también de dispositivos, como los videojuegos o Twitch, que socializan a la gente más joven. Todos ellos están llenos de ideología y, a pesar del desigual terreno en el que se juega, los progresistas estamos obligados a competir con sus reglas. No solo porque ahí se están construyendo visiones del mundo y la sociedad desde edades tempranas, sino porque, de alguna manera, son espacios que van más allá de los espacios tradicionales de socialización. Por otra parte, la televisión sigue siendo una herramienta fundamental al constituir la visión del mundo de la mayoría de la gente en el día a día. Además de avanzar en la construcción de una esfera pública alternativa con nuestros propios medios de comunicación y difusión, y de generación de pensamiento, tenemos que ser capaces de transmitir mensajes de maneras efectivas en el territorio del adversario.

Recomienda un libro sobre este tema.

Si me lo permites, voy a recomendar dos: un clásico de Georg Lakoff, Política y moral: cómo piensan progresistas y conservadores y Los comerciantes de atención, un libro que explica cómo nuestra atención se ha convertido en un producto altamente cotizado por los grandes negocios de Occidente y que ello no tiene solo que ver con innovaciones tecnológicas de última hora. En este libro Tim Wu nos cuenta la historia del terreno de juego al que nos enfrentamos en el mundo de la comunicación política. Los dos libros están editados por la imprescindible editorial Capitán Swing, cuyo catálogo es excepcional y aporta materiales muy productivos para la esfera pública alternativa que deberíamos intentar construir. 

Ema Zelikovitch (Jerusalén, Israel) es graduada en Filosofía y Máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente reside en Montevideo, donde se desempeña como comunicadora en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y en la Universidad de la República. Es periodista, productora y conductora radial en Radio Pedal. Actualmente cursa la Diplomatura en Comunicación Política en la Universidad Austral de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Twitter: @EmaZel
 

Hasta el 22 de noviembre está abierta la convocatoria de Relato para presentar trabajos elaborados por estudiantes de Comunicación Política, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Periodismo, Ciencias Sociales, Humanas o carreras afines que se dicten en Iberoamérica.

Los textos seleccionados serán publicados en la sección Relato en el Aula, en la segunda edición de nuestra revista que se presentará en el mes de diciembre de este 2021.

Desde Relato nos hemos marcado el objetivo de promover el conocimiento y dar a conocer experiencias de campo que contribuyan a la formación en comunicación política, por tal motivo es que dedicamos un espacio exclusivo para los estudiantes, ya que consideramos que también en las aulas se elaboran contenidos que son muy valiosos para todos los que abrazamos esta profesión.

Convocamos a estudiantes a publicar trabajos monográficos, resúmenes de tesis o investigaciones que hayan sido realizadas en instituciones educativas. 

Los textos, que serán evaluados por el Consejo Editorial de Relato, deben ser inéditos, no podrán tener una extensión superior a los cuatro mil caracteres con espacios, deberán tener un título inferior a 75 caracteres con espacios y ser de propiedad de quien lo suscriba, quien lo cederá a Relato para su publicación. Se deberá anexar además una fotografía de él o los autores acompañado de un perfil biográfico de unos 300 caracteres con espacios aproximadamente y de un correo electrónico o redes sociales a través de las cuales los lectores puedan comunicarse con el autor. Se deberá consignar en qué centro educativo se presentó la investigación, en qué carrera, materia, el año de realización. 

Los materiales se recibirán a través del correo electrónico revista@relatocompol.com en formato Word, acompañados de los datos que solicitamos en la ficha que señalamos a continuación: 

Ficha 
Nombre y apellido: 
Centro de Estudio: 
Carrera: 
Materia: 
Título del texto: 
Año de presentación: 
País y ciudad: 
Correo electrónico del autor:

Por Ruben R. Morcecian 

En este artículo nos proponemos buscar alguna línea de pensamiento en orden a establecer o por lo menos intentarlo, qué cosa es desde un punto de vista jurídico un bitcoin o un tokens, es decir cuál es su naturaleza jurídica.

Dicha labor no es un asunto baladí ni insustancial, por el contrario, son muchos los efectos y problemas jurídicos que se pueden derivar de la creación, utilización y trasferencia de dichas cosas y empezar a encorsetar el fenómeno dentro de una categoría jurídica es una labor impostergable. 

El uso de las tecnologías como medio de transformación de los servicios financieros y de los medios de pagos o cancelación de obligaciones o, por qué no, como medio de reserva de valor, se viene dando paulatinamente desde hace ya varios años, pero su utilización explotó en la pandemia y la postpandemia, ello quizás como consecuencia de un fenómeno mayor que fue la digitalización de la vida: educación, trabajo, servicios, comunicación, compras y pagos, todo se hizo digital y lo digital irrumpió casi con fuerza y sin pedir permiso en las vidas de los ciudadanos, los cuales podían estar o no preparados, pero eso es otra historia que no se vincula con el tema en análisis (¿o sí? ¿Qué sucede con el sujeto poco avezado que se ve envuelto en negocios digitales aun sin quererlo?). 

La actividad bancaria, financiera y comercial siempre se desarrolló en un entorno de atención presencial, personalizada y con alto grado de materialidad de las relaciones, de la documentación, de los pagos y en definitiva de la información. En este nuevo escenario, producto de la situación de salud pública conocida, las entidades financieras han tenido que diseñar alternativas y canales de comunicación electrónicos que impusieron a sus clientes para el desarrollo de las relaciones con la institución. Todo un entorno de atención despersonalizada, con información contractual y control de la misma, desmaterializado y por ello altamente difuminado. 

En este escenario aparecen con mucha fuerza las billeteras electrónicas, las fintech, las aplicaciones de pagos y transferencias de dinero, muchas de ellas de las propias entidades bancarias pero otras de prestadores no bancarios. 

También tomó más fuerza un sistema o cosa o bien o valor, denominado monedas digitales. La más famosa de ellas, el bitcoin, es la moneda digital que en pocos años pasó de valer muy pocos dólares a miles de dólares. Y más aún, la tecnología blokchain en la que se basa el bitcoin, tiene el potencial de cobijar muchos más desarrollos, y de hecho se han desarrollado decenas de monedas digitales y otros instrumentos como los tokens, instrumentos fundamentales para la utilización de las diversas formas de pagos por aplicaciones u otras plataformas. 

Delimitación y contornos de la investigación 

La actividad financiera y bancaria, por la función que desempeña en la economía y en el ámbito social, ha sido siempre merecedora de especial atención y regulación. 

Dice Garrigues¹ que el Derecho Bancario se presenta en un doble aspecto: normas que afectan a la institución bancaria y normas que afectan a la actividad misma que el banco desarrolla. Al primer aspecto, regido predominantemente por normas de derecho público administrativo, corresponde el estudio del concepto jurídico de banco y el ejercicio de la profesión de banquero². El segundo aspecto, regido en su mayor parte por normas de derecho privado, se refiere a las operaciones bancarias traducidas en contratos entre el banco y sus clientes.

El carácter de intermediación en el dinero público, hizo que esas regulaciones vayan desde el derecho bancario administrativo hacia el derecho bancario contractual, con especial incidencia en la contratación con consumidores, realidad esta que llevó a sostener que existe un derecho bancario institucional y un derecho bancario contractual³, disciplinas que si bien reconocen distintos planos de regulación, se complementan bajo la común denominación de derecho bancario. 

Así la bancaria contemporánea se encuentra fiscalizada por organismos públicos con competencia administrativa, en Argentina el Banco Central es el organismo encargado exclusivamente de regular la política monetaria y por tanto actúa como órgano de contralor de todas las actividades bancarias y financieras. 

En este marco, la moneda en Argentina solo puede ser acuñada por el Estado, conforme la Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso 11 (ex 67 inc. 10) establece que: Corresponde al Congreso: ...Hacer sellar moneda, fijar su valor, y a su vez es el Banco Oficial quien tiene a su cargo la regulación de la emisión de dicha moneda. 

Ese derecho bancario administrativo regulatorio de la actividad resulta de obligada consideración en el tema en tratamiento porque de él se desprende quién regula el sistema monetario y cómo y de qué formas se regulan los mecanimos de intermediación de dinero, de adquisición y venta de valores negociables y los medios de pagos, y precisamente los instrumentos digitales por ahora escapan a esa regulación monetaria y de la actividad.

Ahora bien, siendo que estos bienes o instrumentos digitales no se encuentran regulados, ¿cuál es el motivo de su éxito? En materia monetaria y financiera un elemento fundamental es el referido a la buena fe y la confianza recíproca que debe existir entre los contratantes.

Naturalmente que todos los contratos están regidos por el principio de la buena fe, se encuentren o no normados en el derecho positivo respectivo: pero es indudable, como lo señala Garrigues, que conforme a los usos “el contrato bancario sea, en mayor medida que ningún otro, un contrato de buena fe, basado en la recíproca confianza”⁴, señalando además que ello obliga a los bancos a conducirse con la máxima diligencia y con exquisita buena fe. Y decimos que todo cuanto se pueda decir de los bancos es aplicable a otros sistemas de intermediación de dinero o de pagos. 

La confianza hace al correcto funcionamiento del sistema financiero del país, constituyéndose en la piedra angular sobre la que se fundamentan los institutos de este derecho bancario y cuya pérdida ha implicado tantos desvelos a la autoridad de contralor, en búsqueda de su restauración⁵. Y precisamente los instrumentos objeto de este estudio, cimentan su éxito y su valor en la confinza que el usuario deposita en ellos, confianza en un sistema que permite representar valor en un conjunto de datos y algoritmos que conforman una blokchain y partir de ella el desarrollo de los instrumentos, es decir que esa confianza difiere de la depositada en el sistema bancario por cuanto este cuenta con una regulación y control estatal que marcan el pulso a esa confianza, todo lo cual no existe en los entornos digitales referidos, no obstante, lo cual el usuario, como ya se dijo, confía en el sistema y es esa confianza lo que los ha elevado a la categoría de instrumentos de valor de alta consideración.

En el mercado financiero bancarizado o fuera de él, coexisten estos instrumentos digitales llamados tokens y las monedas digitales o criptoactivos, pero por lo acotado de este trabajo, es necesario delimitar el contenido de la investigación, por lo que no abordaremos cuestiones técnicas telemáticas o criptográficas, sino que someramente distinguiremos los conceptos para abocarnos a su posible encuadre jurídico.

Tokens y criptomonedas. Naturaleza Jurídica 

Sin entrar en conceptos técnicos específicos, podríamos decir que un tokens es una ficha u objeto digital que representa un activo, derecho o un crédito y que existe como anotación digital en una base de datos o cuenta dentro del complejo sistema de blokchain, resultando su titularidad de la referencia registral digital.

Hoy se afirma que cualquier derecho puede ser incorporado y representado en medios digitales, sea dinero, derechos sobre mercaderías o derechos sobre inmuebles, todo puede ser representado en blokchain y en un tokens. 

A su vez una moneda digital constituye un sistema encadenado de códigos de algoritmos a partir de su generación mediante la utilización de programas que se incorporan digitalmente a partir de los usuarios del sistema, que son llamados “mineros”, quienes utilizando sofisticados equipos informáticos resuelven problemas criptográficos que posibilitan la confirmación de las transacciones que se realizan en la red (y a partir de ahí cualquiera puede obtener bitcoins) de modo tal que cuanto más se trabaja como minero más problemas se podrán resolver y más chances de obtener bitcoins hay. Igual técnica utilizan otras monedas digitales.

Podríamos decir que estos objetos o sistemas, en realidad son cosas por cuanto son susceptibles de apropiación, pueden transmitirse, y además reconocen un valor, pero nos parece muy acertada la definición que de bitcoin da el grupo de estudios de Abanlex, es una definición que según ellos mismos dicen es fruto de un trabajo conjunto de Alberto Gómez Toribio (informático), Ignacio Gomá Lanzón (notario) y Pablo Fernández Burgueño (abogado): “Un bitcoin es un bien patrimonial inmaterial ‘documento electrónico’, objeto de derecho real, en forma de unidad de cuenta, definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada ‘Bitcoin’, que permite ser utilizada como contraprestación en transacciones de todo tipo. Dichas unidades de cuenta son irrepetibles, no son susceptibles de copia y no necesitan intermediarios para su uso y disposición. Esas unidades de cuenta son de naturaleza virtual y se gestionan mediante procedimientos informáticos y a través de ciertas claves públicas y privadas, que permiten la transmisión de dichos bitcoins entre cuentas abiertas”. 

También se lo ha definido como como un bien patrimonial, privado, incorporal, digital, en forma de unidad de cuenta y creado mediante un sistema informático utilizado como medida común de valor por acuerdo de los usuarios del sistema. 

En Argentina la Unidad de Información Financiera (UIF) definió a la “moneda virtual” en la Resolución UIF 300/2014 que la refiere como la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción.

No hay duda que para la legislación argentina un bitcoin o un token son bienes. En efecto, el art. 16 del CCCN establece que los derechos recaen sobre bienes susceptibles de valor económico y que los bienes materiales se llaman cosas y que las disposiciones sobre cosas se aplican a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre, de donde sin mucho esfuerzo podemos concluir que estos procesos digitales que conforman un conjunto de códigos son bienes de valor económico y pueden entonces aplicárseles las disposiciones sobre las cosas.

Si es así entonces los tokens y las llamadas monedas digitales son cosas muebles, consumibles, representan un valor, pueden ser divisibles y son cosas que están en comercio (el art. 234 no las incluye como fuera del comercio). 

Claramente no son moneda , tanto por la clara norma constitucional hasta las propias reglamentaciones y leyes que rigen la actividad del Banco Central Argentino, ello por cuanto el token o la moneda digital (un bitcoin por ejemplo) no son emitidos por el Estado y por más que pueda argumentarse su masividad en las operaciones o en la aceptación pública, el hecho que solo el Estado nacional puede acuñar moneda obtura cualquier intento de asimilar el valor digital a una moneda, a no ser, claro está, que se convoque una asamblea constituyente y se reforme la Constitución o bien el propio Banco Central desarrolle su propia moneda digital.

¿Qué es entonces un activo digital de estas características? Pues se ha dicho que es un valor, que son anotaciones, que son meros problemas matemáticos que conforman un sistema, pero todos esos conceptos denotan el fenómeno pero no lo encuadran en una categoría jurídica.
Por ello nuestra posición consiste en que a partir de la condición de cosa o bien de estos instrumentos o sistemas, y poniendo el acento en tres aspectos que definirían su encuadramiento, esto es: 1) la incorporación de un valor; 2) su transmisibilidad y 3) su comercialización, es claro que la única figura legal actual bajo la que pueden funcionar estos instrumentos es la del título valor impropio. 

Como anotación electrónica el activo digital puede asimilarse la registración de un título valor, de mismo modo por su transmisibilidad. Ahora bien, sabido es que los títulos valores se transmiten por las reglas del endoso o de la cesión ordinaria, y que todo título valor reconoce a su portador un derecho autónomo. ¿Abastecen estos ítems un token o un bitcoin? Ciertamente que no, pero sí lo hacen respecto del título valor impropio (art. 1835 CCCN), es decir aquellos documentos que permiten identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que representan y que pueden circular sin la observancia de las reglas de la cesión. Tal creemos que es el funcionamiento de estos activos digitales, son anotaciones digitales en registros digitales que incorporan valor, que permiten identificar a quien tiene el derecho sobre ellos precisamente por efecto de cada registración en la blokchain y que pueden transmitirse sin observar las reglas de la cesión.

¹ Garrigues, Joaquín, Contratos bancarios, segunda edición, Madrid, 1965, página 4.
² Nuestra C.S.N. ha resuelto que las relaciones entre el Banco Central y las entidades financieras están regidas por el derecho administrativo.
³ Embid Irujo, José Miguel, en Prólogo a la obra de María del Mar Andreu Martí, La protección del Cliente Bancario. Editorial Tecnos, Madrid, página 13. 
⁴ Garrigues, Joaquín. Op. cit., página 44.
⁵ Bonfanti, Mario. Contratos Bancarios. Editorial, Abeledo-Perrot, página 34.
 

Ruben R. Morcecian (Argentina) es abogado (Universidad de Buenos Aires), especialista en Contratos y Daños, docente e investigador científico categorizado por la Universidad Nacional de La Plata. Director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, miembro del Instituto Autónomo de Derecho Contable y del Instituto Argentino de Empresas Familiares. Expositor, autor y coautor en trabajos de doctrina y libros de la especialidad. Doctorando en UMSA.

Por Juan Raúl Ferreira 

La muerte de Wilson se ha hecho sentir dentro de su partido. Había sido candidato, en 1971, año de la fundación del Frente Amplio, con un programa más parecido al de la izquierda que al del ala conservadora del Partido Nacional. La gente votó por abrumadora mayoría por un cambio, pero fue electo Juan María Bordaberry, candidato del continuismo. Dos años después dio un golpe de Estado.

Al regreso de la democracia, en las elecciones del 84 estuvo preso. En el 89 las encuestas le daban como ganador y muere un año antes. El Partido Nacional, ganó por 180 mil votos. Luis Lacalle Herrera (padre del actual presidente uruguayo), en las antípodas ideológicas obtuvo la Presidencia. Dijo al terminar su mandato, “Wilson dejó una correntada ganadora, murió, tomé la posta y gané”. Pero el wilsonismo no.

Lacalle fue a la Embajada de España cuando murió Franco, alzando su brazo derecho y cantó el himno Fascista. Wilson escribió a su sector, cortando para siempre con Lacalle. A partir de su muerte, el Partido Nacional abandonó sus banderas e izó las que representan todo aquello que él combatió en vida.

Tras las elecciones de 1999, Lacalle Herrera, dijo pertenecer a la generación herrerista que veía en Wilson un enemigo. “Rompió el movimiento, compró nuestros dirigentes”. Debí abandonar la reunión. Tras su muerte, condujeron el Partido Nacional los Lacalle, sin ocultar, su animadversión, a Wilson.

Hay algo, intangible en el wilsonismo: su carisma. Eso que hacía con solo intercambiar dos palabras. Presidentes, reyes y gobernantes de todo tipo le abrieron las puertas de par en par, al igual que la gente de a pie en Uruguay. Pero tenía un fuerte contenido ideológico.

En el centenario de Simón Bolívar, Wilson fue orador único en el Parlamento de Ecuador. Citaba: “en democracia, todo ciudadano debe tener por permitido lo que no esté expresamente prohibido por la ley”, (un espíritu contrario a la Ley de Urgencia del actual gobierno). “El Bolívar de hoy, el vigente en el siglo XX, el que nos llega”. Vale la pena leerlo. Culmina llamando a la Unidad Sudamericana. Parece condenar el asalto al UNASUR, al MERCOSUR y la sumisión a la OEA de hoy.

Cuando habló en el Congreso de Estados Unidos (junio de 1976) dice no pedir la intervención sino “que nos dejen solos. Que dejen de apoyar a la dictadura uruguaya”. El presidente Lacalle Pou inició su diplomacia enviando a su canciller a ver al secretario de Estado de Donald Trump. Visitó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al mes de asumir y a su par argentino, Alberto Fernández al año y medio. Apoya la OEA de Almagro. Vota para presidente del BID al candidato de Trump contra el de Argentina. 

En lo interno el gobierno denosta siempre a los gremios. Cercena el derecho de huelga y prohibe ocupar los lugares de trabajo por ley. La primera tarea que Wilson pidió a sus seguidores, la noche del Golpe de Estado de 1973, fue llevar alimentos a los lugares de trabajo ocupados por los huelguistas. “La ocupación es una extensión del Derecho de Huelga”. 

En octubre del 83 me escribió: “no es pensable construir un futuro sin la participación de todas las fuerzas gremiales, toma contacto dentro del país con el PIT y ACEEP, para lo que te pido invoques mi nombre y asumas mi representación”. El 16 de mayo en Bogotá, había dicho: “La CNT es la central única de trabajadores de mi país. Podrán ilegalizarla, pero nunca borrarla de la vida nacional”.

Este gobierno entregó la conducción de la política agropecuaria a dirigentes de las gremiales de productores. Wilson había dicho en su propuesta agropecuaria: “consumimos como ricos, producimos como pobres, la demanda no ha cesado de crecer, mientras que la oferta, sigue rígida. La demanda no se debe reducir, congelando los ingresos de los grupos más extensos de la población”.

Quería “asegurar en el medio rural la justicia social, estableciendo una nueva relación hombre-tierra-comunidad y distribuir el ingreso, y otros beneficios derivados de la propiedad de la tierra”. Hoy, la Ley de Presupuesto quiere matar al Instituto de Colonización. 

Sobre la compra de bancos fundidos, decía: “pagamos con plata de la gente la deuda de la banca para luego entregarla a extranjeros”. Sobre política tributaria propiciaba: “Mejorar la distribución del ingreso, sin que el sacrificio recaiga en los estratos de más bajos ingresos”.

Los tozudos hechos pueden más que mil discursos. 

Juan Raúl Ferreira (Uruguay), comenzó a militar muy joven. Preso tras el Golpe de Estado, se exilió en 1975. En EEUU en varias ONG denunció la dictadura. Fue senador, diputado, embajador uruguayo en Argentina, Defensor del Pueblo y presidente de la Institución Nacional de DDHH. Analista internacional en medios locales y extranjeros.
Twitter: @JuanRaFerreira
 

Por Natalia Giménez Ruella – Universidad de la República (Uruguay)

Las políticas públicas uruguayas orientadas al desarrollo empresarial, en el período 2005 – 2020, buscaron fomentar el emprendedurismo poniendo a disposición de las pequeñas y medianas empresas distintas herramientas para su desarrollo.

En este trabajo se expondrá sobre las políticas públicas referentes al emprendedurismo llevadas adelante entre los años 2005 y 2020 correspondientes a los tres períodos de gobierno del Frente Amplio. El objetivo de la monografía es describir los instrumentos e hitos insitucionales que llevaron a la agenda pública al emprendedurismo en Uruguay. Los datos que serán analizados en la misma exponen cómo dentro de estos gobiernos se entendió la emergencia de una institucionalidad con foco en el emprendedurismo. Las políticas públicas orientadas al desarrollo empresarial pusieron a disposición de las pequeñas y medianas empresas diferentes instrumentos para fomentarlo a partir de la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

Dentro del emprendedurismo encontramos todas las actividades realizadas por los emprendedores y empresarios, los cuales son considerados promotores fundamentales del crecimiento económico y la riqueza de los países. Estos actores promueven el desarrollo, la innovación y la productividad, siendo los mayores creadores de empleo en el mercado. La implementación de las políticas dentro del ecosistema emprendedor se generó a partir de una red de colaboración de profesionales técnicos, agencias gubernamentales e instituciones patrocinadoras. Estas agencias e instituciones apoyaron a los emprendedores asesorando y acompañándolos en sus primeros pasos para desarrollar sus negocios. 

En referencia a este mercado uruguayo, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son el 99,5% de las empresas privadas del país. Cerca de 189.000 empresas a lo largo de todo el territorio emplean al 67% de los trabajadores privados (640.000 personas). Como se había mencionado, la ANDE es la agencia que contribuye al desarrollo económico a través de diferentes instrumentos eficientes, eficaces y transparentes para las Mipymes. Es una persona pública no estatal creada por la Ley 18.602 (2009), reglamentada por el decreto 94/012. Se implementó a partir del 2016 en el tercer gobierno del Frente Amplio.

Según esta Agencia “... 2 de cada 3 personas ocupadas en el sector privado...” pertenecen a estas empresas y generan el 40% del Producto Bruto Interno (PBI). Para la agencia “... todas estas personas contribuyen a generar el tejido empresarial nacional, aportan al PBI, a la generación de empleo, a la innovación; y tienen un rol clave en el desarrollo del país...” y son fundamentales para la reactivación de la economía.¹ 

La evidencia empírica (extraída de la Encuesta Nacional de Mipymes 2017²) muestra que las empresas (Mipymes) son la principal fuente de nuevos puestos de trabajo, abriendo una ventana de oportunidad al emprendedurismo en la agenda política. Esto se debe a la relación entre el nivel de actividad emprendedora dentro de un país y el crecimiento económico que este revela. A su vez, los datos obtenidos por la Encuesta Nacional indican que: el 3% de las micro, el 6% de las pequeñas y el 10% de las medianas empresas realizan exportaciones de forma directa. Para el año 2017³, mediante el capital semilla ANDE se aprobaron 227 proyectos, 98 de los cuales ya han finalizado, generando 450 puestos de empleos permanentes.

A partir del 2020, la ANDE se posiciona como “... brazo ejecutor del Poder Ejecutivo de las políticas públicas para emprendedores y Mipymes...”, territorializando la atención, brindando servicios en todos los departamentos, generando alianzas con actores políticos, congreso de intendentes y la Unión Europea, creando fondos de desarrollo que apuntan a dinamizar la economía. Apuestan a financiar por medio del instrumento SiGa Emergencia alrededor de 10.000 créditos por 343 millones de dólares y por medio de programas de créditos dirigidos y seguro por cese de actividad otros 40.000 créditos por valor de 30 millones de dólares (Agencia Nacional de Desarrollo evaluación y Monitoreo, 2021, Informe de Monitoreo anual 2020)⁴. Todos estos instrumentos pusieron punto final a la atomización de los esfuerzos aislados en programas desconectados, logrando la eficacia y eficiencia en el uso y asignación de los recursos públicos.

Teniendo en cuenta que el emprender muchas veces se ve obstaculizado por el diseño institucional del país, existen varias dificultades para iniciar nuevos emprendimientos. Algunas son fallas propias del mercado que operan como restricciones en las aperturas y el desarrollo de nuevas empresas, otras son carencias institucionales, falta de capacitación, entre otras... ¿Podríamos considerar que el Estado uruguayo sigue la línea de un estado emprendedor?

¹ https://www.ande.org.uy/institucional/acerca-de-ande.html#quienes-somos 
² https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/encuesta-nacional-mipymes
³ Informe 3 años de Gestión 2016 – 2018 - https://www.ande.org.uy/images/evaluacion/Informe_3anosinteractivo_final.pdf
⁴ https://www.ande.org.uy/images/2021/20210309_-_IMA_2020_-_Version_web_vf_1.pdf 

Natalia Giménez (Uruguay) es estudiante de Ciencia Política de la Universidad de la República de Uruguay y coach ontológico y profesional independiente abocada a impulsar proyectos de emprendedores. Políticas Públicas con foco en el emprendedurismo en Uruguay en el período 2005 – 2020 es una síntesis de la monografía de grado de la licenciatura que prepara junto a su tutor, Alejandro Milanesi, para recibirse.
Twitter: @nato108
Instagram: @nato108 
 

Fotografía tomada de las redes sociales oficiales de Samuel García.

Por José L. Mendoza De Anda – Universidad IEU (Puebla, México)

El triunfo tiene marca registrada y es gracias al fenómeno social que se consolidó y que provocó que Movimiento Ciudadano se hiciera de la gubernatura del estado más importante del noreste de México

Nuevo León ha pasado por un proceso electoral muy singular y distinto al resto de los comicios nacionales que se vivieron el pasado 7 de junio en México, pues “la joya de la corona”, como muchos la nombraron, tomó reflectores una vez que el candidato Samuel García, de Movimiento Ciudadano, quien iniciara en cuarto lugar, pasara en solo dos meses a ser el candidato preferido entre jóvenes y adultos, pero ¿cómo sucedió?

En gran parte se debe a la transformación de la comunicación política, de la estrategia y táctica de convencimiento que puso en marcha Samuel García. El meme se convertiría en una opción real para la gubernatura de Nuevo León.

Aquí tenemos una fórmula perfecta, el uso de la poderosa influencer sampetrina Mariana Rodríguez en la campaña. El triunfo tiene marca registrada y es gracias al fenómeno social que se consolidó y que provocó que Movimiento Ciudadano se hiciera de la gubernatura del estado más importante del noreste de México.

De igual forma no podemos dejar de lado, que parte de la fortuna de García se debió a la caída de Clara Luz Flores, candidata de Morena, quien encabezó en todo momento las encuestas y que tan solo un mes después de arrancar la campaña pasaría al tercer lugar, puesto del que nunca pudo reponerse. De esta manera se intensificaría este discurso de sacar a la “vieja política de Nuevo León” y la llegada de algo “nuevo”, haciendo ver a la ciudadanía que votar por Flores o Adrián De la Garza (PRI) era lo mismo. Y qué mejor que explicarlo con un jingle que movió fibras emocionales al utilizar la “avanzada regia”, un movimiento de rock que surgió en Monterrey, en la década de los 90. “El camino es complicado, tomos hemos tropezado, pero ante la adversidad hay que volver a empezar. Hay que dejar el pasado, que lo nuevo ha comenzado y en cualquier dificultad, nos podemos ayudar. Es el comienzo, todo estará mejor. Ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo, Nuevo León”.

Esta fórmula de casi tres millones de seguidores en redes sociales aseguraría convertir los likes en votos, donde además de posicionar a Rodríguez como la imagen central de la campaña de García, se mantuvo constante la promoción del consumo local, lo que incrementó seguidores, emprendedores y simpatizantes buscaran a Mariana para que sus marcas fueran más vistas. Todos querían la foto.

Así funciona el marketing en su expresión más banal. La marca consiguió su lugar en la campaña, superó incluso al candidato y al partido, puesto que solo es cuestión de voltear a ver el cambio del pantone de Movimiento Ciudadano para adoptar un naranja fosforescente en alusión a la frase de Mariana Rodríguez, “fosfo fosfo”.

“Mi esposa, mi complemento (…) anda al pie del cañón. Ella anda aquí en la calle. Parte importantísima de la campaña es Mariana, obviamente”, así lo expresó García Sepúlveda en una entrevista que realizó con el medio de comunicación Latinus, dejando claro que el ascenso que tuvo no podría entenderse sin Rodríguez.

No hay publicidad negativa, los errores del pasado de García se convirtieron en aciertos del presente, esto combinado con Mariana Rodríguez generó un fenómeno sin precedentes, transformando por completo la forma de hacer política, dejando claro que cada vez será mayor la penetración de las redes sociales en la toma de decisiones. Evolucionando así, el politictainment como eje rector de una campaña ganadora.

José L. Mendoza De Anda (México) es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestrante en Administración Pública. Consultor político en Nuevo León. La comunicación fosfo fosfo de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, es una síntesis de un trabajo presentado en el máster en Administración Pública de la Universidad IEU (Puebla, México).
Twitter: @PepeMendozaMx
 

Por Elda Magaly Arroyo Macías

Plantearnos la pertinencia de hablar sobre comunicación pública de la seguridad es mucho más complejo que explicar cuál es el objetivo de una institución gubernamental que informa sobre detenciones, aseguramientos de objetos ilícitos o cualquier logro que se considere como una acción policial. La trama es mucho más que “policías y ladrones”.

María José Canel explica que “entendemos por comunicación institucional el conjunto de reglas, principios, procedimientos y aplicaciones que con, recursos informativos, llevan a cabo las instituciones públicas con el fin de lograr consensos, influir en las conductas de los gobernados, conseguir el bien público y lograr la gobernabilidad”.

Hasta aquí se podría decir que lo habitual, lo que dice la norma, pero qué pasa cuando lo que hay que comunicar es un hecho o una serie de ellos, cuyos principales componentes son: la violencia, percepción de inseguridad, quebranto de la ley, víctimas y victimarios, armas de fuego, policías, peritajes, derechos humanos, entre otros.

El profesional especializado en este rubro debe tener clara la distinción de conceptos, entre violencia y seguridad, pues ambos términos son el eje narrativo de la comunicación pública y el periodismo policial. Tener una buena comprensión de ambos le permite establecer y comprender las intenciones comunicacionales de los dos grandes emisores de información, pues por un lado están las instituciones públicas y por el otro los medios de comunicación.

En términos jurídicos, la violencia es la coerción grave e injusta que se ejerce sobre otra u otras personas derivando en acciones delictivas. Básicamente es el uso de la fuerza para conseguir algo. Todas y todos somos susceptibles a padecerla en algún momento y en cualquiera de sus modalidades.

Mientras que la seguridad pública es una función del Estado y sus respectivos ámbitos de competencia, con el fin de proveer las acciones que garanticen la integridad de la ciudadanía, tanto en su persona como en sus bienes, además de garantizar el orden y la paz públicos.

Para las instituciones policiales la responsabilidad, ya lo dice Canel, está sobre la obtención de los consensos, la influencia en la conducta de los gobernados, conseguir el bien público y lograr la gobernabilidad, mientras que para los medios de comunicación, la decisión de una nota de portada o como principal de un noticiero puede estar sustentada bajo los principios noticiosos de interés público, actualidad, novedad y consecuencia, así como el incremento de la audiencia.

Estas diferencias no significan que ambos emisores sean opositores, pues cada uno tiene su función social y se necesitan de manera mutua, bajo la relación gobierno-prensa, sin embargo, en el ámbito de la seguridad, las condiciones para la emisión de información, desde una entidad gubernamental son distintas a las de cualquier otra institución pública.

El caso mexicano

En México, desde 2016, se aplica el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, lo que implicó un cambio radical en la impartición de justicia, pero sobre todo, una nueva manera de contar los hechos de seguridad, no solo para los medios de comunicación sino para las mismas instituciones públicas, pues por primera vez se presentaron regulaciones en la manera de informar.

Las instituciones gubernamentales y sus comunicadores enfrentan retos y limitantes que se establecen en el marco jurídico, pues hay que cumplir con leyes, reglamentos, protocolos y guías de actuación como la publicada por la entonces Procuraduría General de la República, en donde se establecen los criterios para informar con base en las atribuciones que otorga la ley, se plantea una metodología de difusión y se explica el sigilo, confidencialidad y reserva en una investigación, así como las consecuencias jurídicas para quienes no respeten esta normativa.

Cinco años después, la curva de aprendizaje aún no concluye, pues los medios de comunicación siguen percibiendo una manera de censura desde el gobierno, aunque las acciones de una oficina de comunicación de una corporación policial, en la actualidad, implica el cumplimiento de una normativa.

En México, hasta antes del 2016, la presunción de inocencia se limitaba a las buenas intenciones de los periodistas, quienes agregaban el prefijo “presunto” al señalamiento de un imputado, se mostraban rostros y datos personales sin darle importancia al proceso jurídico donde el objetivo fuese la impartición de justicia, la “corte mediática” juzgaba y condenaba. En este proceso y camino que se ha emprendido los comunicadores institucionales y medios de comunicación debieron aprender a trabajar y desterrar los viejos vicios como la filtración de información, pues toda información obtenida de una fuente oficial puede y debe ser considerada por la defensa del imputado y con ello, poner en riesgo la obtención de la justicia para la víctima, por ello es necesario que hablemos de comunicación pública de la seguridad.

Elda Arroyo (México) es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestrante en Administración Pública. Trabajó para Milenio, Notisistema y Eastern Group de Los Ángeles, California, entre otros. Cuenta con formación policial y actualmente es directora de Comunicación de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en México.
Twitter: @elda_arroyo 
Instagram: @eldaarroyo
 

Por Jonathan Cabrera

Para iniciar tomaré algo que popularizó el expresidente español Felipe González cuando establecía la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, refiriéndose a esta última como aquella articulada por lo más duros críticos a los gobiernos en los distintos medios de comunicación incluyendo en estos tiempos los influencers en las redes sociales. En cambio, la opinión pública, es el punto de vista y afirmación común entre los ciudadanos.

Durante una campaña electoral, o durante la misma gestión de gobierno, estudiar de forma profunda cómo se mueve entre los ciudadanos la sensación de cambio o continuidad ayudará a construir la estrategia efectiva, ya sea para la aplicación de medidas o políticas públicas que puedan ser impopulares o continuar programas que ante la opinión publicada puedan ser condenados, como pueden ser los casos de corrupción de administraciones pasadas.

República Dominicana

En las elecciones presidenciales del año 2020 medimos durante ocho meses el interés de cambio de gobierno en la opinión pública. Al hacer la pregunta de forma simple, sobre si continuábamos con el mismo partido de gobierno o había que cambiarlo: esta última afirmación llegó a marcar un 82% en la población y nunca bajó a menos de 70%. Los resultados en un proceso electoral matizado por suspensión de elecciones y posposiciones alimentadas por la debilidad institucional y el COVID-19 tuvieron como ganador a Luis Abinader en las elecciones presidenciales.

¿Por qué la opinión pública hizo la diferencia para establecer la estrategia de cambio? El cambio convirtió en un sentimiento generalizado en la población votante y así lo demostraban los estudios demoscópicos aplicados. Sin embargo, la opinión publicada cooptada en los medios de comunicación tenía una opinión favorable al partido de gobierno y crítica ante la oposición.

No obstante, los asesores de campaña o de gobierno tienen un desafío constante contra los bulos informativos que bien diseñados pueden tener un efecto efímero, pero dañino ante la opinión pública y, por consiguiente, entre la ciudadanía y los votantes.

Es importante destacar que existe una relación estrecha entre el espacio público y la opinión pública. Que el macroentorno y el microentorno moldean la opinión de los ciudadanos y votantes, estos son muy sensibles ante los acontecimientos en su ecosistema. Cuando analizamos la opinión pública no se puede confundir con las creencias, valores, ideas, ni con la cultura. Para esto, se debe hacer con métodos aportados por la sociología, ciencias políticas, psicología social, etcétera.

Desentrañar cómo opina la gente sobre los asuntos políticos, cómo se mueve entre ellos, cómo se divulgan, cómo lo adaptan a su realidad social, a su entorno aporta en la construcción de las tácticas en el diseño de la comunicación estratégica.

Jonathan Cabrera (República Dominicana) es presidente de Newpartners, empresa de estudios de mercado y opinión en República Dominicana con veinte años de experiencia en estudios de mercado, opinión y barómetros sociopolíticos. Ha trabajado para diversas campañas políticas para candidatos y consultores durante más de diez años.
Twitter: @joncabrera
Instagram: @joncabrera_

Por José Cuesta Novoa 

Gustavo Petro es un hombre de cultura híbrida, nació el 19 de abril de 1960 en la costa caribe colombiana, en Ciénaga de Oro, un municipio del departamento de Córdoba; sin embargo, de muy pequeño comenzó a vivir en el frío municipio cundinamarqués de Zipaquirá, en donde estudió tanto la primaria como la secundaria. 

Diez años después de su nacimiento, Colombia experimentó un pavoroso fraude electoral en contra del movimiento alternativo Alianza Nacional Popular (ANAPO), liderado por el general Gustavo Rojas Pinilla. El 19 de abril de 1970, el candidato presidencial Gustavo Rojas Pinilla, ganaba las elecciones en forma holgada a su más inmediato contendor, Misael Pastrana Borrero, hasta cuando se fue la luz en todo el país, suspendiéndose el conteo electoral en la Registraduría Nacional del Estado Civil, medida acompañada con la declaratoria del toque de queda y la militarización de todo el territorio nacional. 

Al otro día, como fue costumbre en la década del 70 del siglo pasado en América Latina, el gobierno de turno apoyado en la fuerza de las bayonetas, proclamó el triunfo presidencial del conservador Misael Pastrana. Consumándose de esa forma un descarado fraude electoral. 

Tras el fraude electoral surgirá el insurgente Movimiento 19 de abril (M-19), del cual, años más tarde, el joven Gustavo Petro Urrego va a ser parte. Alguien diría que es un hombre signado por las flores de abril.

Como militante del M-19, fue detenido, torturado y convertido en preso político. Jugó un papel importante en la decisión de buscar una solución política al conflicto armado, finalmente el M-19, pacta un acuerdo de paz con el Estado Colombiano en 1990. El exitoso proceso de paz de M-19, sirvió de plataforma para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que culminó en la proclamación de la Constitución del 91. A juicio de Petro, la Constitución del 91 es la base programática del movimiento Colombia Humana y el Pacto Histórico. 

La actividad pública de Petro inició en el municipio de Zipaquirá como Personero; después como concejal. Luego de los acuerdos de paz, se convierte en parlamentario de la AD-M-19; en 2011 es electo popularmente como alcalde mayor de Bogotá, segundo cargo público del país, en donde adelanta una gestión admirable con su plan de desarrollo Bogotá Humana.

En el año 2018 fue candidato a la presidencia de la República por el movimiento ciudadano Colombia Humana, logrando pasar a la segunda vuelta, hecho histórico para un candidato progresista, obteniendo más de 8 millones de votos, convirtiendo Colombia Humana en la segunda fuerza política en el país y en la oposición más férrea al presidente Iván Duque. 

Actualmente es el más opcionado aspirante a la Presidencia de la República, según todas las encuestas realizadas durante los últimos ocho meses.

Proyecto progresista y multicolor

Culminadas las elecciones presidenciales de 2010, en las cuales Petro obtuvo 1.331.267 votos, representando un 9,13% del total de la votación, el excandidato cree indispensable que el Polo Democrático Alternativo (PDA), aborde con todo el rigor del caso la crisis que experimenta la colectividad por cuenta del escándalo de la corrupción provocado por el tristemente célebre “cartel de la contratación”, en el que están involucrados directamente los hermanos Moreno Rojas. Iván Moreno para esa fecha se desempeñaba como senador de la República, mientras que Samuel Moreno había sido elegido alcalde mayor de Bogotá para el período 2008-2011. El alcalde Moreno es suspendido por la procuraduría el 3 de mayo de 2011.

Luego, la justicia colombiana lo condenará a diecinueve años de cárcel por su participación directa en el “cartel de la contratación”, un fenómeno de corrupción político-administrativa de inmensas proporciones.

Ese fenómeno de mayúscula corrupción fue el florero de Llorente para que Petro tomara la decisión de abandonar las huestes del Polo Democrático Alternativo. A su juicio, y como resultado de una investigación que él mismo había adelantado en compañía de un grupo de dirigentes de esa colectividad, existían suficientes pruebas que demostraban la responsabilidad de los hermanos Moreno Rojas en la trama criminal que culminó en el peor acto de corrupción cometido contra el erario del distrito capital. Dada la fortaleza de las conclusiones y lo inobjetable de las prueba halladas en el curso de la investigación, Petro y un grupo importante de líderes exige que la Comisión de Ética del Polo suspenda en forma inmediata a los hermanos Moreno, mientras se adelanta la investigación penal por parte de la justicia ordinaria, como una medida concreta de responsabilidad política, demostrando con ello en forma fehaciente ante la opinión pública la voluntad de condenar cualquier asomo de corrupción en la conducta de sus dirigentes y sus militantes en general. Ante la negativa del Polo de actuar en forma contundente contra los responsables del “cartel de la contratación”, Petro entiende que este proyecto ha sido cooptado por el clientelismo y la corrupción, razón por la cual decide abandonar el partido que él mismo había ayudado a fundar.

Petro inscribe un programa de gobierno con visión futurista, que permite el aterrizaje de la sociedad colombiana y de su aparato institucional a las realidades de nuestro siglo. El programa contempla tres ejes: adaptación del territorio al cambio climático, ordenando el territorio a partir del agua; lucha contra cualquier forma de segregación social, económica y espacial, y defensa de lo público. 

De los tres ejes del programa de gobierno, el de mayor fuerza innovadora es el que apunta la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático. En este ámbito Colombia le reconoce desde distintas orillas al exalcalde de la Bogotá humana ser el pionero de los derechos de la naturaleza, de la tierra, del agua, de las formas de vida de los animales: guardadas las debidas proporciones, si Antonio Nariño fue el precursor de los derechos humanos en el Nuevo Mundo, Petro lo es de los derechos de las múltiples formas de vida objetivadas y cosificadas por el mercado para su explotación, fundamento de una economía fósil o extractivista.

Bogotá Humana 

Según los historiadores, Bogotá contaba en los años 50 del siglo pasado con aproximadamente 500 mil habitantes, la capital de Colombia en la mitad del siglo XX era una ciudad pequeña, cuyo crecimiento vertiginoso desde el punto de vista urbanístico se debe curiosamente a la barbarie de la guerra, provocada por el enfrentamiento entre bandos que disputaban el control político y territorial en los departamentos del interior del país. Los estudiosos del llamado período de la violencia liberal conservadora advierten que el saldo trágico de esa contienda bélica ascendió a 300 mil muertos, más un masivo fenómeno de desplazamiento forzado de familias campesinas de los departamentos en los cuales se libraron estas refriegas militares: Boyacá, Meta, Cundinamarca, Huila y Tolima. Dado que la violencia liberal-conservadora fue un enfrentamiento que se dio básicamente en el centro del país, las víctimas del desplazamiento forzado de esta época terminan asentándose en la ciudad de Bogotá. 

El cambio climático representa el agotamiento de una época; de un paradigma de producción industrial y de distribución basado en el mercado; de una cultura del consumo; de un modelo de energías fósiles, y de la filosofía del antropocentrismo. Repensar el mundo implica trascender la categoría del desarrollo, porque esa idea mató la naturaleza, los mares, los ríos, los páramos y las montañas; la tierra, en general, fue ofrendada para saciar la lógica codiciosa de los mercados. Ello ha sucedido a nombre del desarrollo, del crecimiento económico y del progreso, visión mítica que heredamos de la modernidad, prevista como un ascenso infinito hacia mejor, a tal punto que, si se pudiera establecer un hipotético corte en ese ascendente proceso de bienestar de la humanidad, se podría constatar que esa última generación podría vivir en el penthouse civilizacional, el esplendor absoluto y el confort ilimitado que prodiga el bendito progreso, tal como lo había pensado el filósofo alemán Immanuel Kant. Sin embargo, la realidad de finales del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI desmienten las ilusiones kantianas. El edificio civilizatorio del progreso y del desarrollo no tiene agua, no tiene luz, el aire está envenado, el planeta sufre de alopecia y la tierra muere de sed.

José Cuesta Novoa (Colombia) es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, líder social y político desde los ámbitos universitarios y su militancia juvenil en la guerrilla urbana del M -19 hasta nuestros días en la "Colombia Humana". Defensor de la paz, la democracia y la Constitución de 1991, del ambiente, la salud pública y la defensa del Hospital San Juan de Dios. Defensor de los derechos de las nuevas ciudadanías. Profesor universitario y escritor. 

Twitter: @jcuestanovoa
Instagram: @jcuestanovoa 

Por Marcelina Romero

Modificar una constitución no es algo que suceda todos los días. La carta magna de los países es en gran medida el eje del desarrollo y el bienestar de los pueblos, o al menos, así debería ser. Claro está, que el derecho no es una simple elaboración intelectual, no es letra muerta que permanece en el tiempo y revive ante aplausos de académicos involucrados con el poder judicial o, en el peor de los casos, con el poder de turno; debe contemplar el bien de mayorías y minorías; debe tener sus raíces bien profundas, metidas en las sociedades, en su historia, en su geografía. Quizás por este motivo, no resulta de utilidad real copiar modelos que provienen de países europeos o norteamericanos. 

Hace ya más de doscientos años, después de los procesos de independencia, que las constituciones latinoamericanas se “basan en” modelos extranjeros -United States Constitution (1787), Constitución española (1812), Carta Constitucional de Francia (1814)-. 

En los últimos veinticinco años, América Latina abrió enérgicamente un espacio fundamental en la construcción de nuevas constituciones, más democráticas más progresistas y plurinacionales. Indudablemente, Latinoamérica reaccionó así a un pasado en el que se vulneraron los derechos humanos; en el proceso de transición desde regímenes autoritarios, sembró una expansión en materia de derechos y garantías individuales: proteger la identidad de las personas y su privacidad, su derecho a la información, los derechos del consumidor y, como necesidad urgente y tardía, las protecciones por razones de género, religión y raza. 

Las constituciones son documentos fundacionales, el suelo firme sobre el que camina -y a veces baila- la política; un suelo donde la ciudadanía puede vivir, planificar y disfrutar de la vida con la sensación de previsibilidad y perdurabilidad que conduce al desarrollo y la prosperidad. No se trata entonces, de hacer un injerto sobre estructuras que poseen distintos principios. 

Entre 1978 y 2008, se engendraron numerosas reformas constitucionales y quince constituciones. La premisa: fortalecer los derechos individuales y colectivos, y que esa solidez genere nuevas vías para la participación ciudadana. Algunas lograron que esa tendencia perdure en la cotidianidad. Quizás se torna apremiante ir a los cimientos de las instituciones, pero para eso, deberíamos acudir a expertos en el tema que desglosen uno por uno los valores que rigen nuestras constituciones. Por ahora, es una tarea pendiente. 

América Latina precisa un corazón jurídico distinto, uno que palpite al ritmo de los pueblos originarios, de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno, de los beneficios de la educación.
 
El cambio se corresponderá con las demandas de la ciudadanía, donde prevalezca un horizonte trazado por la democracia y sus valores: justicia, libertad, igualdad y, por supuesto, la paz. Con estas premisas (exigencias), el progreso será un hecho y no una promesa.

Quizás este artículo suene esperanzador y épico. Sin embargo, todo lo que sucede detrás de la modificación de una Carta Magna proviene de largas luchas sociales y una atmósfera política que gira entre tornados y tormentas.

En Chile, la lucha por una nueva constitución ha sido extensa. La Constitución vigente -llamada también constitución Pinochet (1979-1990)-, fue aprobada en 1980; chilenos y chilenas le atribuyen las peores consecuencias sociales, políticas y económicas. La Carta Magna que rige Chile tuvo un padre intelectual, Jaime Guzmán, quien jugó un papel fundamental durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien plasmó su mirada conservadora del mundo, quien supo encontrar una especie de candado para evitar cambios futuros, y quien en 1979 aseguró que “la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Y eso efectivamente funcionó durante todos estos años. Su expresión “los únicos derechos absolutos son los de Dios” sirve de muestra para comprender sobre qué cimientos se construyó lo que hoy es la carta magna Chile. ¿Alguien pone en duda que las normas deben emerger de un proceso de discusión democrático? 

Las movilizaciones expresaron una y otra vez su descontento; la voz del pueblo expresó quejas en contra de la carta magna actual, porque consagra un sistema económico que está muy lejos de proporcionar los servicios básicos a la ciudadanía, por ejemplo, atención médica y pensiones dignas para millones de chilenos y chilenas. A partir del 18 de octubre de 2019, las masivas protestas estallaron en reclamo de una mayor igualdad social.

Nadie desconoce que el movimiento estudiantil de 2019 fue el sector más aguerrido. Por supuesto, también lo fueron los adultos mayores, aquellos que con su trabajo ofrendaron al país sus mejores años, y quienes junto a los estudiantes, reclamaban buenas prestaciones de salud y pensiones de seguridad social dignas. Es decir, los extremos generacionales unidos ante un objetivo común: redactar una nueva Constitución que los represente. 

Numerosos sectores de la comunidad, organizados e integrados a través de las redes sociales, se sumaron al reclamo. Una muchedumbre que reclama los mismos derechos: gratuidad de la educación en sus diferentes niveles, acceso asistencial a la vivienda e higiene, temas de identidad de género, matrimonio igualitario y acceso al derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. 

Luego de esa petición social se llegó a un acuerdo político: la redacción de la Constitución se hará de manera colectiva.

En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, el 79% de la población aprobó la redacción de una nueva Carta Magna. Un logro más del feminismo en la región, las mujeres fueron la punta de lanza de los movimientos sociales. Es la primera vez a nivel mundial que un órgano constituyente está compuesto paritariamente (77 mujeres - 78 hombres); además, es la primera vez que una convención posee tantos escaños reservados para pueblos indígenas: 17 de los 155, de diez pueblos originarios. 

De las 17.076.076 personas que en el Censo 2017 respondieron la pregunta sobre identificación con un pueblo originario, 12,8% se consideraron pertenecientes al pueblo indígena, y por fin ese porcentaje de la población tendrá voz y voto en la redacción de la Carta Magna del Estado de Chile. Quienes dudan de esta información pueden recurrir a la ley 19.253, donde se reconoce la existencia de nueve pueblos indígenas: aymara, quechua, atacameño, colla y diaguita en el norte del país; mapuche, kaweshkar o alacalufe y yámana o yágan en el sur, y rapa nui de la Isla de Pascua, en Chile insular, para terminar de pintar el mapa del territorio chileno. 

“Por primera vez, las naciones originarias hemos sido convocadas en Chile a redactar una Constitución” dice con orgullo la mapuche Elisa Loncón, originaria de la comunidad mapuche Lefweluan y presidenta de la Convención Constitucional, elegida con el voto de 96 de los 155 integrantes del órgano. Claramente, Chile tiene una deuda con los pueblos originarios y quizás, con esta nueva Constitución, se pueda subsanar tanta ausencia. 

Si realizamos un paneo en la Patria Grande, la gran mayoría de las constituciones mencionaron a los pueblos indígenas y, como hemos aprendido, lo que se nombra existe. Aunque en algunos casos, esas referencias sean deficientes o negativas, lo importante es que estén consideradas en su texto. Algunas constituciones los llamaron “habitantes nativos”, otras “poblaciones indígenas” o simple y erróneamente “indios”. En algunos casos se los menciona para integrarlos; en otros, para civilizarlos, evangelizarlos, educarlos… sin embargo, en el caso de Chile sorprende la indiferencia absoluta con sus pueblos originarios, dado que directamente no se los nombra. Chile no menciona a sus pueblos indígenas desde su independencia, tampoco lo hizo en sus siete constituciones. Hoy, dicho proceso aspira a saldar una deuda histórica. 

Para mediados de 2022, la sociedad chilena vivirá un nuevo plebiscito que aprobará o rechazará la nueva Constitución. La duración del Órgano Constituyente será de nueve meses, prorrogables a tres por única vez, hasta culminar la tarea de plasmar en la nueva Carta Magna los valores de la ciudadanía chilena. 

Los constituyentes debaten y confronta ideas; en el orden político, Chile se encuentra fracturado, dividido. Por lo que denotan las redes sociales y sus conversaciones, la ciudadanía activa sigue defendiendo posiciones antagónicas. La paz más sólida es la que se edifica sobre la justicia social, eso no cabe duda, ¿o sí?. El pueblo chileno unido exige una alta conciencia política. 

La reciente renuncia del constituyente y vicepresidente adjunto Rodrigo Rojas Vade provocó desazón y enojo. Rojas fue una de las figuras clave de las protestas de 2019, habiendo construido su campaña política sobre la base de un cáncer que jamás existió; esto pone de manifiesto lo inescrupulosos que pueden ser algunos personajes que aparecen en la escena política levantando la bandera del pueblo mientras esconden intereses individuales. 

Quienes forman parte de la Convención Constitucional, órgano encargado de redactar la nueva Constitución de Chile, reanudan el camino hacia los objetivos señalados una y otra vez, aunque los medios realizan sus jugadas. La Convención Constitucional hace todo lo posible para llevar a cabo la tarea encomendada por el pueblo, mientras el movimiento popular mira de reojo a la clase dominante que se esmera por no ceder ni un centímetro sus privilegios. 

La Convención busca zonas de coincidencia más allá de la confrontación para ir avanzando hacia los consensos indispensables para redactar lo que será la piedra fundamental de Chile. 

El pueblo sabe que solo la voluntad política puede garantizar la "equidad social” asignando recursos para financiarla, universalizándola; de otro modo, cualquier logro se limitará a una mera prestación.

Claro que las constituciones no pueden corregir los problemas de salud ni los problemas de pensiones si no van acompañadas por políticas públicas diseñadas, implementadas y sostenidas en el tiempo. 

La nueva Constitución no debe ser utilizada como bandera electoral, se requiere solvencia técnica, alto consenso social y político, dotándola de mayor eficacia jurídica. 

La única salvación posible es la reconstrucción de las instituciones. Para que un proyecto nacional sea sólido debe estar erguido sobre los pilares de una construcción colectiva, y Chile está en camino de crear una sociedad más justa y más plena. 

*Witrampange tami dungu - Alza tus voces. (Mapudungun, la lengua mapuche) 

Marcelina Romero (Argentina) es consultora política y Comunicadora feminista reside en Estados Unidos, corresponsal de medios nacionales e internacionales. Máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, George Washington University, miembro de la Red de Politólogas. Fundadora Radio Radar U.S.
Twitter: @lmarcelinaromer  
Instagram: Marcelina Romero
 

Por Luis Eduardo Cisneros

A poco más de cuarenta días de asumir la presidencia, si algo viene mostrando el gobierno de Pedro Castillo, es una inmensa incapacidad de gestión pública, comunicación y liderazgo frente a la ciudadanía. Su imagen y visibilidad se encuentran opacadas por la figura de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, el partido que llevó a Castillo a la presidencia. A ello se suman las constantes denuncias sobre personajes de su círculo más cercano. 

Cerrón, quien enfrenta una serie de pedidos de prisión por denuncias de corrupción sucedidos durante su paso por el Gobierno Regional de Junín, se ha convertido en una especie de presidente paralelo que pone y saca ministros, y que incluso desautoriza declaraciones de ministros del gabinete presidido por el también polémico Guido Bellido.

Paralelamente, la sombra del grupo terrorista Sendero Luminoso en algunos integrantes del gabinete Bellido, quien se encuentra investigado por apología al terrorismo, abre viejas heridas históricas, más aún, cuando a pesar de las evidencias, el presidente peruano asegura que las críticas “son parte de aquellos que buscan derrocarlo”.

Todo esto sucede, mientras los precios de los alimentos esenciales se han disparado a precios inusitados para una macroeconomía peruana estable durante más de dos décadas, pero que ha tenido solo en agosto una inflación de 4.5%. A ello se le suma un dólar que se mantiene en más de 4 soles (previo a las elecciones se mantenía entre 3.30 y 3.40 soles) y una tercera ola de Covid-19 pronta a llegar, que encuentra al país con menos del 25% de su población vacunada, y sin un plan o estrategia visible frente a esta nueva ola pandémica.

La incertidumbre política ha generado una fuga masiva de capitales y la paralización de grandes y medianas obras de inversión. Uno de los sectores más afectados son las micro y pequeñas empresas (Mypes), que vienen siendo asfixiadas desde el gran empresariado que las somete a pagos de hasta 180 días. Más de 2 millones de Mypes, vienen quebrando o pasando a la informalidad, debido a su imposibilidad de acceder a créditos bancarios, y a la dificultad de poder contar con un flujo de caja a corto plazo.

Lo paradójico de esta situación, de esta muerte lenta de las más de dos millones de Mypes, es que el Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por el ministro Pedro Francke, ligado la izquierda moderada peruana, tiene en sus manos una ley y reglamento que permitiría que este importante número de empresas, tengan la opción a través del factoring, de contar con sus pagos a los ocho días de emitidos sus comprobantes de pago.

Se calcula que la promulgación de esta ley generaría más de nueve mil millones de soles anuales, reactivando un sector productivo que se encuentra en estado de coma. Nadie entiende hasta ahora, como un gobierno de izquierda, se niega a aplicar medidas como estas, mientras al mismo tiempo, viene dando luz verde a bonos y subsidios que no hacen sino mermar una caja fiscal fuertemente golpeada.

Mientras el Ejecutivo permanece en estado crítico permanente, el Congreso de la República también viene experimentando una crisis de gobernanza e incapacidad de establecer alianzas políticas estratégicas capaces de generar un control político legítimo, alejado de las aún vigentes percepciones ciudadanas, respecto a que el único objetivo la vacancia de Pedro Castillo. 

La reciente otorgación de la confianza a un gabinete, que salvo dos excepciones, se encuentra integrado por ministros relacionados con Sendero Luminoso o con escasa o nula experiencia en los temas que manejan sus secretarías de Estado, ha significado un triunfo simbólico para el gobierno de Castillo, y serios cuestionamientos a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien enfrentará en estos días una moción de censura que busca retirarla de su cargo, tomando como pretexto unas supuestas declaraciones suyas en donde afirmaba que “la calle pide vacancia”.

Lo que pasará en los próximos meses en el Perú es completamente impredecible. Lo que sí es seguro, es que persistirán las confrontaciones de poderes, el revanchismo de aquellos que perdieron las elecciones, y seguiremos soñando con una clase política ajena a intereses particulares o que buscan en el poder aquella impunidad que nos condena a la normalización de la corrupción y clientelismo, desde hace décadas.

Luis Eduardo Cisneros (Perú) es comunicador estratégico y político con más de veinte años de experiencia en entidades del sector público y privado. Ha sido asesor político de la vicepresidencia de la República del Perú, y de una gama amplia de ministros de Estado. Actualmente es asesor de altas direcciones de gremios y empresas del sector privado. Fue periodista de investigación en Canal 2 de Perú, y redactor de la Revista Caretas y es columnista del diario Perú 21. CEO de la empresa de comunicación estratégica Lec & Hunter en Perú y Uruguay.
Twitter: @luiseduardocis
Instagram: @luiscismen

Por Francisco Grandón

Tras un año 2019 sacudido por un estallido social derivado de las desigualdades sociales del país y con la pandemia del COVID-19 en pleno apogeo, Chile comenzó en 2020 un ciclo electoral que ya comienza a vivir sus últimos procesos democráticos.

Como resultado de las movilizaciones sociales que convocaron a millones de personas en distintas partes del país, las cuales permitieron abrir los espacios para realizar por primera vez una constitución democrática, la sociedad chilena se vio inmersa en una vorágine de representatividad sin precedentes. 

Tras los comicios celebrados para elegir concejales, alcaldes, gobernadores regionales, constituyentes y ratificar candidaturas presidenciales, los chilenos y chilenas vivirán, este 21 de noviembre una nueva elección, donde tendrán la oportunidad de elegir sus futuros representantes para consejeros regionales, diputados y senadores, además de un o una nueva presidente.

El país transandino parece enfrentar un cambio sociopolítico y cultural que avanza de manera avasalladora frente a las nociones políticas prestablecidas. Las recientes elecciones permiten vislumbrar una necesidad de cambio de representantes, pero más aún, una modificación al modelo político, económico y social en el país. Rápidamente quedaron atrás los días de efervescencia y lucha, los menesteres sufridos y exacerbados por la pandemia, han forzado a la sociedad chilena a buscar alternativas que les permitan dejar atrás el actual modelo para dar paso a uno nuevo.

Primarias presidenciales

Las elecciones presidenciales tuvieron su puntapié inicial con las primarias presidenciales vinculantes que permitieron, a dos coaliciones políticas en Chile, elegir a sus candidatos: Apruebo Dignidad y Chile Vamos. Otras coaliciones y partidos políticos decidieron restarse del proceso legal, definiendo sus candidatos y candidatas de manera autónoma o realizando consultas ciudadanas no vinculantes.

Entre las coaliciones que sí realizaron primarias se encuentra Chile Vamos, conglomerado de centro derecha que está conformado por los partidos Renovación Nacional (RN), Unión Democrática Independiente (UDI) y Evolución Política (EVOPOLI). En estos comicios se presentaron cuatro candidatos, Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (EVOPOLI) y Sebastián Sichel (Independiente), siendo electo este último.
Por su parte, Apruebo Dignidad, coalición compuesta por los diferentes partidos y movimientos que conforman el Frente Amplio (FA), Revolución Democrática (RD), Convergencia Social (CS), Comunes (Cs), Fuerza Común (FC) y Unir, además del pacto Chile Digno, integrado por el Partido Comunista (PC), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH), presentó dos candidaturas, las de Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC), resultando victorioso el primero, obteniendo más de un millón de votos.

Ambas candidaturas ganadoras de las primarias presidenciales representan un cambio de perspectiva respecto a cómo la ciudadanía chilena se estaba expresando y demandando. Debido a los acontecimientos de octubre de 2019, la sociedad chilena parecía dirigirse inevitablemente hacia los polos políticos, potenciando figuras que esbozaran discursos populistas y demagógicos. 

La llegada de la pandemia marcó un punto de inflexión de este camino. La crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19 parece haber hecho replantear la perspectiva de futuro de una sociedad que demandaba cambios drásticos. Si bien aún los anhelan, aparentan quererlos de una manera más moderada, para así no exacerbar las heridas que ha dejado la epidemia del coronavirus.

Ambos candidatos, Boric y Sichel, son rostros que vienen a renovar la presidencia que hace ya dieciséis años ha rotado entre dos nombres: Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Igualmente, uno y otro tuvieron que competir con adversarios que, en cierta medida, representaron en sus campañas, una visión de país que no se adaptaba a la de la sociedad chilena de hoy.

Se completa la papeleta presidencial

Además de Boric y Sichel, el Servicio Electoral de Chile, organismo encargado de los procesos electorales en el país, ratificó recientemente las candidaturas presidenciales de la senadora Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), José Antonio Kast (Partido Republicano), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Franco Parisi (Partido de la Gente). Quienes fueron inscritos directamente a través de sus partidos o participaron de consultas ciudadanas no vinculantes, como la candidata de Nuevo Pacto Social.

La disputa por el centro

El centro político comienza a posicionarse como el terreno donde se asentará la contienda electoral, y ahí destacan tres candidaturas que tienen el potencial suficiente para disputarlo. Además de Boric y Sichel, candidaturas ya mencionadas como moderadas dentro de sus sectores, se une Provoste, representante de la coalición de centro izquierda, Nuevo Pacto Social, compuesta por el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Por la Democracia y la Democracia Cristiana, siendo este último el partido al cual pertenece la actual senadora.

El proceso previo a la llegada de la pandemia, en el que los polos se estaban fortaleciendo, dejó un forado en el centro que había sido despreciado debido el contexto social, pero que se ha transformado en protagonista tras la debacle causada por el COVID-19. El centro, vacío, creció lo suficiente para tomar retazos de sectores de izquierda y derecha, dejando espacios suficientes para que los diferentes conglomerados políticos pudieran comenzar a asentarse en él para crecer tanto como les sea necesario. Provoste, Boric y Sichel, iniciaron ya una reyerta para conquistar una porción suficiente que les permita ganar la elección presidencial.

Quien resulte ganador, tendrá a cargo una tarea titánica que los chilenos y chilenas no han presenciado anteriormente. Él o la futura presidenta del país será responsable de liderar un proceso de cambio sociopolítico único en la historia del país con la implementación de una nueva Constitución escrita democráticamente, paritaria y con participación de sus pueblos originarios. Los vientos de cambios que cruzan la cordillera ya están sorteando sus blancas montañas y la ciudadanía aguarda con esperanzas lo que traen consigo.

Francisco Grandón (Chile) es Relacionador Público y Máster en Comunicación Creativa y Estratégica. Se desempeña como consultor en comunicación política y campañas electorales, especializándose en el proceso de elaboración, construcción y desarrollo de la estrategia. Ha participado en elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales en Chile.

Twitter: @fgrandong

Por Xavier Peytibi

Cada una de nuestras apariciones en medios, cada conversación con amigos sobre una candidatura genera una percepción. La suma de percepciones positivas genera una decisión.

Vivimos tiempos de campañas permanentes, donde una campaña dura hasta el último segundo porque aumenta año con año la indecisión política y porque, en una sociedad conectada, podemos generar constantes percepciones en la ciudadanía para hacer que las y los indecisos finalmente se decidan por nosotros. Pero para hacerlo, debemos conectar nuestra campaña online y offline. Porque lo que se hace en la red debe tener visibilidad en la calle, y porque lo que se hace en la calle debe tener visibilidad –en forma de contenidos– en la red. Eso son las campañas conectadas.

Es por ello que todo suma para lograr que te recuerden favorablemente. Se logra todo paso a paso. Gutiérrez-Rubí lo ejemplifica magníficamente en alguna de sus ponencias cuando habla de un gran árbol y una gran nevada. Imaginen ese árbol, lleno de nieve en sus ramas. De repente, una de sus ramas se rompe y cae. Pero no caerá con el primer copo de nieve que se posa en sus ramas, sino, tal vez, con el copo de nieve número 25, 40 o 212. Cada uno de esos copos de nieve ha ido haciendo fuerza, y lo ha logrado, finalmente, que la rama se rompa y caiga.

La metáfora de la rama y los copos de nieve sirven para explicar cómo convencer, en estos tiempos de conexiones múltiples, al votante indeciso, o al antiguo votante que duda si volver a votar por nosotros. Cada uno de nuestros mensajes, segmentado o no, publicitado o no, cada una de nuestras imágenes y nuestras palabras, cada una de nuestras apariciones en medios, cada conversación con amigos sobre una candidatura, genera una percepción. La suma de percepciones positivas genera una decisión.

Y es que son a veces menudencias, pequeñas percepciones, pequeñas relaciones online u offline, las que cambian las cosas, porque cuando los votantes indecisos o los no demasiado informados políticamente piensan en un candidato al que votar el día de las elecciones, suelen recordar estas percepciones. En su libro The Reasoning Voter, el politólogo Samuel Popkin argumentaba que aparentemente incidentes menores influencian la racionalidad del voto de una persona. Para Popkin, muchos votantes indecisos usan un conjunto de atajos mentales en que apoyarse fuertemente para tomar su decisión de voto.

La low-information rationality, como lo denomina Virginia García Beaudox se refiere a un tipo de razonamiento que se vale de atajos en evaluar y obtener la información para simplificar el proceso y decidir su candidato. La autora cita un artículo de Robert Jervis y su teoría de la “búsqueda del borracho". Un viejo chiste habla de un borracho que, en buscar las llaves de su coche, perdidas en la calle, no busca cerca del lugar donde, probablemente han caído, sino bajo una farola lejana de donde las ha perdido, argumentando que lo hace porque allí hay buena luz y está iluminado. 

Siguiendo esta metáfora (y este mal chiste que cuento en mis clases), se postula que en política las personas, en muchas oportunidades, no se guían por la información más adecuada sino por la se encuentra más fácilmente disponible o “iluminada”. La farola es una metáfora para explicar que, en muchas ocasiones, las personas nos guiamos por aquella información a la que tenemos un rápido acceso psicológico aunque en primera instancia, para un analista político, esta información parece inadecuada o irrelevante en relación con el problema. Pero es lo que recuerdan y, a menudo, lo único que recuerdan.

Si creamos estas percepciones, si conseguimos que nos recuerden positivamente por algo, a través de relaciones, de llamadas telefónicas (las relaciones personales y las llamadas son siempre lo que mejor se recuerda), de contenidos, de mensajes, etcétera, llegaremos a gente que de otra manera sería imposible. Debemos crear oportunidades comunicativas de todo lo que hacemos como candidatura. Todo suma, on y offline, para generar percepciones positivas, para ser recordados, para lograr que, en boca de urna, en la “farola” del interior de su cerebro (parafraseando a Jervis), nos vean a nosotros.

Si no nos diferenciamos, perderemos. Si no nos recuerda, perderemos. Busquemos siempre la memorabilidad.

Xavier Peytibi (España) es politólogo y consultor de comunicación política en Ideograma. Autor de Las campañas conectadas. Comunicación política en campaña electoral.

Twitter: @xpeytibi
Instagram: @xpeytibi
 

Por Lucio Guberman

El pasado domingo 12 de setiembre se votó con tranquilidad en Argentina y se llegó a un nivel de participación importante en las PASO, solo un poco más bajo que en las elecciones prepandemia. 

Se cumplieron los protocolos de cuidado y la ciudadanía se adaptó a las demoras que se dieron en las filas de votación, más largas que las habituales.

Los resultados fueron sorprendentes, sobre todo para los encuestadores que venían monitoreando la campaña y, en especial, para aquellos que hicieron bocas de urna. 

Se votó en toda la Argentina dividida en veinticuatro distritos. No hay aquí, a mitad de los mandatos presidenciales ninguna elección que tenga al país como distrito único, todos los legisladores provienen de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la lectura es nacional. Y en esa lectura es insoslayable hablar de una derrota del gobierno de Alberto y Cristina Fernández.

Juntos por el Cambio (JxC) se impuso por amplio margen en las cuatro provincias con más votantes y bancas: Buenos Aires, Ciudad Autónoma (CABA), Córdoba y Santa Fe. Es cierto que en todas JxC logró la mayoría considerando la suma de todos sus precandidatos que fueron a Primarias en las que hubo mucha enjundia. Uno de los desafíos opositores, por lo tanto, será volver a reunir en el candidato o candidata ganadora en cada distrito a esa sumatoria lograda en las PASO.

La lectura más simple que se viene haciendo es que el gobierno recibió un castigo producto de la inflación y el retraso de los ingresos con relación a ese índice. Sin embargo, las encuestas –sí, ya sabemos, las mismas que no anticiparon el resultado–, aún las realizadas por consultoras vinculadas a la oposición y publicadas en medios hostiles con el gobierno, marcaban a unas semanas de las elecciones una mejoría de las calificaciones oficiales. No era muy fuerte el repunte pero era consensuado entre todas las firmas que existía y se atribuía a los avances en la vacunación contra el COVID-19 y al repunte de la actividad económica, incentivado por el aguinaldo en julio y la inyección de fondos para el consumo por parte del Estado.

Pero la publicación de una foto del presidente Fernández festejando con amigos el cumpleaños de su pareja en la residencia dio una nueva orientación a la opinión pública. No fue como otros escándalos que no variaban las preferencias del electorado orientadas por la grieta entre peronismo y antiperonismo. La foto abatió electorado que votó al PJ de Alberto Fernández en 2019. La foto deprimió, desencantó y desmovilizó. La gran pregunta es si el gobierno tiene capacidad para revertir con política en tan solo cuarenta y cinco días la decepción que supo conseguir.

Lucio Guberman (Argentina) es consultor político. Magíster en Ciencias Sociales (UBA). Fue Director del Posgrado en Comunicación Política de la Universidad Nacional de Rosario y Coordinador Académico del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política (Corporación Andina de Fomento – George Washington University – UNR).

Twitter: @gubermanonline
Instagram: @lucioguberman
 

Por Fabián Cardozo

Es considerado un “gurú” de la comunicación política en América Latina. De alto perfil y concepciones muchas veces polémicas, Jaime Durán Barba es uno de los principales referentes de la profesión. 

Uno de sus últimos trabajos fue en la campaña electoral ecuatoriana, cuando contribuyó notoriamente, en pocas semanas, en conseguir el triunfo presidencial de Guillermo Lasso. 

Una frase inmortalizada por el presidenciable en el último debate lleva la marca registrada duranbarbista: “Andrés, no mientas otra vez”, un marco que se parece mucho al “en qué te han convertido Daniel”, que el entonces candidato Mauricio Macri (otro de sus asesorados) le espetó a Daniel Scioli, también en un debate presidencial, pero en Argentina.

Tan polémicos como imprescindibles resultan varios de los aportes que nos dejó en la primera edición de Relato Podcast, en donde expresó filosas opiniones sobre la realidad política del continente, apreciaciones sobre el trabajo de un consultor e imperdibles consejos para la nueva generación de profesionales de comunicación política.

Segmentación y relato
El relato es sumamente importante, tanto en las campañas como en la comunicación de gobierno o en la comunicación política en general. Por eso hay que valorar la importancia de su construcción como una herramienta, pero resulta fundamental segmentarlo, de acuerdo a la zona geográfica y estrato social al que se dirige. “Es muy difícil que un mensaje que le guste a la gente de Recoleta entre a La Matanza”, dice Durán Barba en referencia a lo ejecutado en campaña junto al expresidente argentino Mauricio Macri.

Allí es donde ingresa un concepto clave como es la investigación, que es absolutamente necesaria en campañas electorales. “Investigamos qué música les gusta, qué comen, qué piensan sobre el sexo o la amistad”, en la forma más exhaustiva posible.

Claro está que no hay recetas, ya que de acuerdo al resultado de la investigación surgirán insumos que deben ser procesados y anexados a la construcción de un relato que tenga en cuenta la cultura de cada país.

“En México es más peligroso si usted patea un perro que si critica al Fondo Monetario Internacional”, ejemplifica el consultor, y añade: “la gente se volvió muy autónoma, ya no cree en cualquier relato”.

Los consultores deben adaptarse a las situaciones y al material que tienen. “Si el candidato es bueno y tiene un buen equipo, es muy difícil perder. Si es malo, no hay remedio. Hay que ver la política desde los ojos de la gente, no con los del círculo rojo”.

América Latina
Las nuevas tecnologías juegan un rol cada vez más importante en la vida de la gente, al punto que se puede decir que “hay un nuevo dios que certifica lo que es verdad en el mundo. No es la iglesia ni el partido comunista. Es Google”.

Jaime Durán Barba reside en Argentina, por lo que es inevitable su análisis de lo que acontece en el Río de la Plata. “En Argentina va a terminar volando en pedazos el peronismo. En Uruguay prima el sentido común, ninguno quiere salvar al mundo”, vaticina el consultor.

Luis Lacalle Pou debería “tener espacio” para ejercer liderazgo en América Latina, “es el presidente más sistemático y organizado del continente en este momento. Mujica es un tipo sensato con un gran sentido del humor. No es un delirante como Pedro Castillo.

En cuanto a la mirada global sobre el continente, dice: “están pasando cosas muy desconcertantes en México, Ecuador y Perú, entre otros países. Y eso se debe a la gran libertad que han ganado los electores”.

La formación 
Más allá de la consultoría política, Durán Barba dedica buena parte de su vida a la formación. Desde la Universidad George Washington o a través de innumerables conferencias, trasmite su mensaje y conocimiento empírico a las nuevas generaciones.

Su principal consejo es “dedicarse a estudiar”, porque la nueva camada de consultores “se han vuelto muy de papel. No leen”.

Claro está que “la Consultoría se aprende en el taller. En la Universidad los docentes deben de haber hecho campañas”, pero al mismo tiempo para completar la formación es necesario “vincularse con un consultor que haga campañas para trabajar allí y hacer experiencia”.

El otrora militante de izquierda revolucionaria en su juventud reivindica la independencia política del consultor: “Hay que ser agnóstico, si estás muy identificado con una ideología o candidato pierdes objetividad (…). Hay que tener una formación intelectual fría”. 

Fabián Cardozo (Uruguay) es consultor en comunicación política y campañas electorales. Diplomado en Comunicación Política UBA y Diploma de Especialización en Marketing Político y Comunicación de Gobierno Camilo José Cela (España). Periodista con veinte años de trayectoria en medios uruguayos e internacionales actualmente en la tv pública y en la agencia de noticias Sputnik. Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Desde allí impulsó el pacto ético de todos los partidos políticos con representación parlamentaria del Uruguay.

Twitter: @facardozo
Instagram: @fabicar16

Al tiempo que el relator nos introduce en un camino en que impera la magia y acapara nuestros sentidos, a poca distancia se instalará un nuevo orador, con un relato distinto, y a sus lados otros, y otros más, hasta poblar gran parte del espacio en que habitamos. Traerán consigo relatos diferentes; altos y bajos; agudos y graves; en susurros y a los gritos; trágicos y felices; en colores y en blanco y negro... Tan solo relatos.

Este es el nuestro. Nuestro relato. El de un grupo de profesionales de la comunicación política que tienen a América Latina como su hogar, sin importar el sitio donde residan. Una casa de puertas y ventanas abiertas, que se congratula de recibir visitas sin importar su origen. 

Así nace Relato, como un espacio de perfil académico y profesional, sin fines de lucro, que se traza el objetivo de promover el conocimiento, y compartir análisis y experiencias cotidianas vinculadas a nuestro trabajo de campo. Un sitio que también invita a aquellos estudiantes que se estén formando en el campo de la comunicación política para que tengan un lugar de difusión de sus investigaciones. 

Hemos decidido utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance: la página web, la revista digital, el podcast, el canal de YouTube y las redes sociales. Todo al servicio del conocimiento, de nuestra profesión y sobre todo de quienes nos acompañen a transitar por este camino que juntos empezamos a andar.

A partir de este momento, vamos a contarte nuestra historia, aquí comienza nuestro Relato.